UNA SEGUIDILLA INJUSTA

Por Rodrigo López Oviedo

Es innegable que nuestras oligarquías están comprometidas en una lucha integral contra el movimiento armado. Ningún resquicio quieren dejarle abierto a sus protagonistas, y están en su derecho. Lo inaceptable es que tan extremo celo las haya llevado a excesos tan graves como el de perseguir a otros luchadores que, al igual que aquellos, enfrentan las injusticias del sistema e impulsan cambios revolucionarios, aunque utilizando, con grandes riesgos, los procedimientos legales.

Cuando en tiempos de Belisario Betancur el movimiento insurgente salio a la plaza pública a defender sus tesis, logró conquistar numerosos escenarios de representación popular en una inédita alianza que se conoció como la Unión Patriótica. El resultado final no pudo retratar mas claramente el carácter criminal del sector más derechista de esa oligarquía: los candidatos presidenciales de la UP, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, calleron asesinados por el paramilitarismo, al igual que ocho congresistas, 13 diputos, 70 concejales, 11 alcaldes y cerca de cinco mil militantes de base, firmemente ligados a organizaciones de masas.

Y con todo lo que de amargo hay en el cuadro anterior, en él no están todas las calamidades de la Unión Patriótica ni de las frustradas intensiones del movimiento armado de reintegrarse a la vida ciudadana. También miles de militantes de la UP tuvieron que buscar el exilio, sin que aún hoy haya dejado de pesar sobre ellos el peligro de perder la vida o la libertad, o la de sus familiares más cercanos.

Precisamente uno de ellos es el periodista Joaquín Pérez Becerra, a quien el Gobierno de Venezuela, en una decisión que le ha valido rechazos de todo el mundo, entregó a las autoridades colombianas, que lo sindican de ser el Canciller europeo de las FARC.

Pérez Becerra ejercía como concejal de la UP en el municipio caucano de Corinto cuando, a consecuencia del exterminio a que fue sometida esta organización, se vió obligado a buscar el exilio. Suecia no solo lo acogió, sino que, años después, al valorar sus actitudes ciudadanas, le confirió la nacionalidad. Resulta difícil imaginar a Joaquín Perez en actividades que fueran más allá de su condición de periodista y al gobierno de aquel país equivocarse en materia tan grave como la de otorgarle su nacionalidad sin merecerla. Su único pecado ha sido el de querer llenar desde Anncol la carencia de verdades objetivas que exhibimos en Colombia, donde lo que abunda es el periodismo sometido al régimen.

A Pérez Becerra ya le concedió la embajada sueca la asistencia jurídica necesaria. Eso habla bien de lo que él representa para su segunda patria. Igual debería representar para nosotros, sus compatriotas de nacimiento.