Cumpliendo con lo dispuesto el pasado 26 de mayo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno nacional publicó la sentencia que profirió tan alto Organismo dentro del proceso seguido contra el Estado colombiano por la muerte de Manuel Cepeda Vargas, quien fue asesinado el 9 de agosto de 1994 cuando fungía como Senador de la República y director y columnista del Semanario Voz.
Tal sentencia, difundida el pasado 28 de noviembre a través de El Espectador, evidencia cuánta razón tenía el Senador al señalar que el genocidio a que estaban siendo sometidos el Partido Comunista y la Unión Patriótica, de los cuales el propio Manuel Cepeda era militante destacado, era el producto de una alianza entre los organismos de seguridad del Estado y el paramilitarismo, urdida con el fin de acabar con la oposición al régimen y preservar los intereses del gran capital.
Esta alianza adquirió características dantescas con la formulación y ejecución de lo que se conoció como “plan golpe de gracia”, el cual sirvió para poner bajo tierra a cinco mil militantes de izquierda, cancelar con broche de sangre los acuerdos de paz de La Uribe y sustraer de la acción política a miles de militantes tibios que prefirieron aplazar sus anhelos de paz y de cambio para tiempos de calma.
Al valorar los hechos, la Corte evidenció que Cepeda fue víctima de una ejecución extrajudicial con la que le castigaron su militancia en la oposición; que existió una estructura organizada que determinó, planificó y llevó a cabo su asesinato; y que en la ejecución participaron por lo menos dos miembros del Ejército Nacional, coordinados por mandos superiores y secundados por paramilitares.
No en vano se les negaba al Senador y demás miembros del Partido Comunista y de la Unión Patriótica la protección que tanto reclamaban ante las persistentes amenazas de que eran objeto. De allí que la sentencia señale que “la ejecución del Senador Cepeda Vargas fue propiciada, o al menos permitida, por el conjunto de abstenciones de varias instituciones y autoridades públicas de adoptar las medidas necesarias para proteger su vida”. En otras palabras, los crímenes cometidos como producto de ese nefasto “plan golpe de gracia”, entre las cuales está el de Manuel Cepeda, fueron crímenes de Estado.
Esta sentencia es un rotundo mentis a la propaganda oficial, que siempre ha negado la participación del Estado en los incontables episodios de muerte con que se nos ha lacerado a los colombianos. Pero es también un triunfo para quienes se dieron a la tarea de recuperar para la historia la imagen de uno de sus más importantes líderes.
1 comentario:
Muy buen post, estoy casi 100% de acuerdo contigo :)
Publicar un comentario