Con mucha expectativa marcha en el Congreso el proyecto de Ley de Víctimas. Como está redactado, lo que finalmente saldrá será un remedo de Ley que no garantizará reparación ni justicia a sus beneficiarios, y sí un estímulo para nuevas violencias.
El Polo Democrático Alternativo ha sido el único partido en manifestarse opositor al proyecto. No se trata, por supuesto, de una oposición abstracta y estéril. Por el contrario, fiel a sus propósitos, ha señalado objetivamente sus limitaciones para que los derechos de las víctimas resulten finalmente reivindicados. De allí que haya remitido al presidente Santos sus criterios respecto de esas limitaciones y de la forma de corregirlas.
Además de criticar la carencia de consultas a los afectados para que el proyecto pudiera enriquecerse con algunos conceptos que debilitaran cualquier prejuicio en su contra, el Polo ha cuestionado que se confunda lo que es la reparación integral con simples medidas asistencialistas, de las cuales el país quedó saturado luego de ocho años de un mandato que no tuvo mejores argumentos que la limosna pública para mantener su popularidad.
Pero peor que lo anterior es que se haya incluido dentro del texto lo previsto en el proyecto de acto legislativo conocido como Regla Fiscal, que someterá la inversión social a las políticas de equilibrio fiscal establecidas por el Gobierno. La reparación quedará convertida, entonces, en mera expectativa, sin mandamiento imperativo que la haga cumplir.
Muy por el contrario, el Polo exige garantizar la reparación patrimonial integral a las víctimas y asegurar su efectiva asistencia jurídica a través de un Sistema Nacional de Representación Judicial integrado por una Defensoría del Pueblo fortalecida en sus recursos y por una nueva unidad de Policía Judicial de apoyo técnico a la Fiscalía General de la Nación. Esta nueva unidad de Policía Judicial estaría destinada exclusivamente a la persecución de bienes originados en el despojo, con los cuales se incrementarían los recursos del Fondo de Reparación.
Aspectos fundamentales de las propuestas del Polo son los relacionados con la formación de una Comisión de la Verdad que se dedique “al esclarecimiento de las estructuras económicas de los aparatos criminales”, el reforzamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la exigencia al Gobierno nacional para que cumpla su obligación de gestionar la entrega de los bienes de personas extraditadas que hayan sido responsables de violaciones a los derechos humanos.
Con aportes como estos, el Polo pretende hacer de su papel de oposición una acción reivindicativa. Los frutos, sin embargo, solo se verán si refuerza su acción parlamentaria con la presión de masas. Y ello requiere del compromiso de toda la militancia.
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