Las liberaciones de Josué Daniel Calvo y Pablo Emilio Moncayo parecen ser el capítulo final de las devoluciones unilaterales en que se hallaban comprometidas las FARC, y con las cuales buscaban ganarle simpatía ciudadana a otras liberaciones, solo que ya no únicamente de soldados y policías, sino también de los guerrilleros que están purgando penas por rebelión y delitos conexos.
Gestos como el de estas liberaciones deberían ser recibidos con desprendimiento, aún más si vinieron con una propuesta de intercambio humanitario que ya no contiene condicionantes de tan ácido rechazo en el Gobierno, como el de la zona de despeje, y acompañados de una solicitud de la senadora Piedad Córdoba al Gobierno nacional para que este presente un borrador de propuesta de intercambio humanitario que contemple como único requisito la exclusiva condición que están poniendo las propias FARC: una mediación internacional.
Tanto la propuesta como la solicitud valen un Potosí, y no únicamente para las 21 personas que todavía están retenidas y sus familias. Lo valen si consideramos que pueden acercarnos a la anhelada paz, sin la cual es imposible recuperar para la vida y el desarrollo social los ingentes recursos humanos, materiales y económicos que se están desperdiciando en la guerra.
El problema radica en cómo aprovechar la propuesta y la solicitud desde la sociedad civil, pues con el gobierno de Uribe a todo lo que se ha llegado es a un sí tan cargado de reticencias que más parece una enfática confirmación de las tantas negativas de intercambio que han salido de sus labios. Al fin de cuentas, él es el representante de los sectores que están más en la derecha del espectro político nacional, por los cuales no solo profesa la más extrema obsecuencia, sino que con ellos está comprometido a preservar la guerra, que es a lo máximo que puede llegar con su empeño de aniquilar a una fuerza insurgente que ha sorteado, ya por 46 años, las más extremas condiciones de existencia, los más descomunales embates y una que otra traición o infiltración, todo ello sin claudicar en el propósito de alcanzar a través de las armas las transformaciones sociales que otros también quisiéramos para Colombia, aunque por otros métodos.
Los próximos comicios presidenciales son la mejor oportunidad para que los colombianos podamos respaldar masivamente estas iniciativas para la paz con justicia social. El Polo Democrático Alternativo es el más comprometido en reivindicar esta opción, según lo decidido en dos congresos partidarios. Su candidato, Gustavo Petro, debe ajustarse a tales decisiones y en torno a ellas buscar el apoyo de la ciudadanía. Otras opciones serán las mismas de la guerra.
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