El tupido nudo de incondicionales que rodea a Uribe no parece tener una característica que lo defina mejor que el de la complicidad interesada. Así quedó demostrado con la santa alianza que formaron en torno a los ministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio cuando éstos fueron denunciados por prácticas de cohecho para lograr la aprobación del Acto Legislativo que autorizó la primera reelección presidencial. Quedó demostrado también con los múltiples entrecruces de respaldos ilícitos que surgieron ante la necesidad de sacar adelante la segunda reelección. Y quedó demostrado, en general, cada vez que el Jefe de Estado demandó a sus hombres el respaldo para sus iniciativas, así existiera el temor de que esos respaldos vinieran seguidos de investigaciones judiciales; al fin de cuentas, el aparato judicial no daba indicios de tener mucha independencia, y más bien sí de estar mediatizado por el propio Presidente, como lo dejaron entrever los fiscales Luis Camilo Osorio y Mario Iguarán.
El problema de las complicidades interesadas es que se rompen cuando los integrantes dejan de ver representados en ellas sus propios intereses, y se restablecen a impulso de los mismos intereses. Esto fue lo que percibimos durante la semana pasada, cuando los nuevos aires que se respiran en la Fiscalía nos dejaron descubrir cómo los más altos funcionarios de la Casa de Nariño habían convertido la sede presidencial en cueva de Rolando, desde donde orientaban la más escabrosa “empresa criminal” dirigida a desarrollar las delictivas prácticas de las interceptaciones telefónicas a todo el que diera señales de tener ideas diferentes a las del régimen, así fuera magistrado de las Altas Cortes.
Las respuestas de los altos cuadros del uribismo, pero más concretamente las de quienes fungen como sus candidatos a la presidencia de la República, no se hicieron esperar. Ellos no sabían nada, todo fue a sus espaldas, y esas prácticas, que desde ya repudian, en sus gobiernos no podrán volverse a presentar. Mientras tanto, Uribe y sus cómplices directamente implicados que se defiendan como puedan.
La pregunta obligada es: ¿Estaremos los colombianos dispuestos a permitir que estas complicidades, hoy rotas de palabra, se restablezcan con el acceso a Casa de Nariño de los mismos que las han usufructuado de acuerdo a sus conveniencias?
Hay suficientes razones para invocar un cambio en el manejo de la nación, lo cual implica un relevo político, pero ninguna más objetiva que cualquiera de las que nos están dando los jueces con sus fallos. Qué ojalá las transformemos este 30 de mayo en una decisión en las urnas que cuatro años más adelante nos haga sentir con orgullo que acertamos.
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