PARA ABRIR CAMINOS DE PAZ

Por Rodrigo López Oviedo

Conocido el último informe de la Corporación Nuevo Arco Iris sobre la forma como ha evolucionado la violencia en Colombia durante los últimos diez años, los seguidores de la Seguridad Democrática deberían hacer un alto en su respaldo a esa política del Imperio y de las derechas en Colombia. Confrontar los decires del Gobierno y de los grandes medios con la realidad que nos presenta este informe los llevaría a comprender que los progresos alcanzados no han sido tantos como los que les han querido hacer ver, aunque sí muy costosos para el erario, para la tranquilidad ciudadana y para la paz.

Este estudio, que se basó en cifras oficiales y en una ardua investigación de campo, asegura que si bien el Gobierno ha tenido éxitos militares sobre las organizaciones ilegales, los mismos no han sido tan sostenidos como para impedirle a las FARC la recuperación de algunos territorios ni al ELN su restablecimiento. Los narcoparamilitares, por su parte, siguen en su accionar, y hoy generan más violencia que la guerrilla, además de que actúan con fines políticos e ideológicos bastante afines a los del uribismo, y han logrado “explayarse” en ciudades como Bogotá y Medellín.

Si exceptuamos el 2002, año durante el cual se dio un pico poco representativo, por lo exageradamente alto, de la tendencia general de las acciones bélicas de las FARC, cuyo promedio anual entre 1997 y 2007 llegó a 1004 acciones, del informe resulta revelador el que durante 2008, es decir, durante el sexto año del ascenso de Álvaro Uribe a la Presidencia, tales acciones bélicas hayan ascendido a un mil 354, es decir, el 35 por ciento por encima de ese promedio. Pero más revelador resulta aún que, con todo y ser el de 2008 un número ya de por sí alto, el de enero a octubre de 2009 supera en el 25 por ciento el de las acciones presentadas en igual período de aquel año.

Estas cifras dan entonces a creer que era cierta la afirmación de algunos analistas, quienes le señalaban a esta guerrilla el estar acudiendo a la estrategia del repliegue en respuesta a las acciones reforzadas de la fuerza pública de los últimos años; y que tal vez a ello, y solamente a ello, obedezca la recuperación que la fuerza pública ha hecho de parte del territorio nacional; recuperación que, según el mismo informe, solo ha llegado al 55 por ciento y a cerca de 700 municipios.

Señala Nuevo Arco Iris en su informe que los resultados militares de la Seguridad Democrática se han topado con “un techo” que deja al país ante dos alternativas: profundizar en la política de guerra o escoger la vía de la negociación. El pensamiento democrático desde hace mucho tiempo se pronunció por la vía de la negociación, y el informe comentado le confirma la razón en sus críticas al camino de la guerra. Ojalá ese pensamiento democrático, haciéndose mayoritario en la confrontación electoral que se avecina, pueda superar la criminal alianza narco-paramilitar de derecha que desde hace ya buen tiempo tiene copados importantísimos espacios de la vida nacional. Lo contrario es permitir que el país siga siendo empujado por el despeñadero en que desde hace más de 60 años está cayendo, pese a la resistencia de los mismos sectores democráticos.

ENTRE LAS PRESIONES Y LA INDISCIPLINA

Por Rodrigo López Oviedo

Al ministro de Agricultura, doctor Andrés Fernández, le cupo la suerte de entonar los cánticos de la victoria ante la fallida moción de censura que presentaron contra él los senadores de la oposición. Los votos que a su favor depositaron 41 senadores le fueron suficientes para quedar oficialmente absuelto de responsabilidades ante uno de los escándalos más bochornosos que hayamos conocido en nuestro largo historial de corrupciones.

Se trata, sin embargo, de un triunfo relativo. La absolución real, esa que solo puede impartirse con una razonable convicción de inocencia, no la obtuvo ni la podrá obtener de los ciudadanos de bien, y ni siquiera de estos 41 absolvedores de oficio. Ellos saben que el voto lo dieron a pesar de sus certezas en contra, ya que si bien no han visto al Ministro directamente involucrado en los actos que provocaron la propuesta de moción, ni tal cosa pretendieron comprobarla los proponentes, sobre él sí pesa la responsabilidad política derivada de su condición de escudero de los verdaderos protagonistas, Uribe y Andrés Felipe Arias, contra quienes resultan más que probatorias las desproporcionadas cifras con que terminaron beneficiados algunos individuos y familias, que si bien son de variada catadura moral, coinciden todos en su uribismo.

Con esta absolución, pero especialmente con los muñequeos hechos desde Palacio para lograrla, quedaron al desnudo los reales compromisos del Gobierno ante este vergonzoso flagelo, y en especial los anunciados por Uribe en sus anteriores campañas, incluida la del primer referendo: aprovecharse de él en la medida en que sirva al propósito de eliminar restricciones contrarias a los intereses oligárquicos y transnacionales.

Pero también el resultado hizo ver que de la aplanadora de ayer solo va quedando el reducido grupo de congresistas que coinciden con el Mandatario en sus intereses de clase. Los demás solo están dispuestos a concederle el respaldo que venga acompañado de halagos capaces de opacar esas reservas morales que los llevarían a dejarse seducir por los incontrovertibles argumentos de la oposición, como ocurrió con algunos al momento de esta votación.

Pero tampoco la oposición pudo ofrecer el balance deseable. Sus 30 votos pudieron haber sido más si se hubiera propuesto contrarrestar la amenaza de estigmatización que se cernía contra algunos de sus miembros por tener entre sus allegados a personas también beneficiadas con los programas motivo de la moción. Al aceptarse impedidos, no parece que hubieran estado concientes de que el problema no radicaba en recibir, pues nada de malo había en ello si se cumplían los requisitos, sino en las estrambóticas sumas que el Gobierno desvió hacia mafiosos, paramilitares y potentados o que pagó a delincuentes que estaban camuflados entre muertos y suplantados, con lo cual se protocolizaron actos que las autoridades muy seguramente llegarán a calificar de peculados.

Pero también la oposición careció de la disciplina que el caso requería. En momentos de tan suma importancia, no haber estado atenta a la votación la privó de un resultado que si bien pudo no ser suficiente para sancionar al Ministro, al menos sí le habría servido para salir fortalecida de una de las coyunturas más importantes que se hayan dado en el Congreso. Los senadores ausentes le deben una explicación convincente al país. Al menos eso esperamos en el Polo de Gustavo Petro y Gloria Inés Ramírez.

ESTRATEGIAS DE DIVISIÓN

Por Rodrigo López Oviedo

Los acontecimientos que siguieron a la Consulta del Polo Democrático Alternativo pareciera que se hubieran concertado con él para ayudarlo a salir de toda incertidumbre. Especialmente aclarada quedó la que le daba posibilidades a Gustavo Petro de poner su candidatura en una baraja con todos los demás candidatos opuestos a Uribe y a sus caniches, para sacar de ella el nombre de quien en representación de todos asumiera definitivamente la candidatura presidencial. Quienes se creía que podrían participar de tal escogencia optaron por dejarse contar en la primera vuelta y le facilitaron al Polo llegar a ella con su propio candidato, como lo decidió su II Congreso.

Siendo claro lo anterior para los grandes medios, y sabiendo que allí se agotó una veta que podían explotar para hacer ver al Partido como un escenario de contradicciones irreconciliables, ahora se obstinan en hacer ver como tales algunos forcejeos, como el que se está dando entre algunos aspirantes a llegar a su presidencia. Tales forcejeos resultan naturales en todas las organizaciones, y más en el Polo, que surgió de los anhelos de unidad de bastiones importantes de la vida nacional, pero también de una reforma política que habría dejado sin personería a sus fuerzas componentes si se hubieran empecinado en seguir cada cual por su lado.

Esas organizaciones tenían sus propias apreciaciones políticas, y algunas tal vez aún las conserven. Pero todas entendieron que solo actuando unidas podrían acercarse a la materialización de sus mayores propósitos. De allí que los desprendimientos que ha sufrido el Polo hayan resultado escasos y casi todos, por fortuna, susceptibles de enmienda. Y aunque pueden presentarse otros, lo importante es que lo que ha ido quedando es cada vez más consistente y esperanzador.

El deber de hoy no es otro que el de perseverar en el mantenimiento de esa esperanza, e iluminados por ella, ir atendiendo los requerimientos de cada hora, sin dejarles espacio a posiciones como las que encarnan ciertos personajes que desde siempre han sido defensores del statu quo, y ahora, por arte de birlibirloque, aparecen transformados en portaestandartes del bien ajeno.

Tales personajes se han dado a la tarea de impartir consejos a diestra y siniestra con el solo propósito de alimentar egos y reventar los logros alcanzados mediante tantos esfuerzos de unitadad. Con respecto a lo primero es posible que estén logrando algunos resultados. Con respecto a lo segundo, más les valdría reforzarse con nuevas estrategias, y bien sabemos que lo intentarán.

Por eso, el Polo debe procurar ponerles sordina a las desafortunadas críticas que también dentro de él se lanzan contra algunos de sus dirigentes, tal vez en respuesta a los conceptos de inexplicable encomio que repetidamente dan sobre determinadas políticas oficiales. Aunque es cierto que tales conceptos no le permiten mostrarse claramente como el partido de oposición que quiere ser y le dan pábulo al equívoco de hacerlo ver como una congregación susceptible de amoldarse a propuestas contrarias a su Ideario de Unidad, criticarlos con la acidez que utilizan algunos militantes solo sirve para hacerles el juego a esos propósitos divisionistas y distraerlo de las dos tareas más importantes del momento: conformar el más amplio frente contra el referendo uribista y llevar a las urnas a los millones de colombianos que coinciden con él en los anhelos de cambio.

UN ACUERDO CONTRA NUESTROS PAÍSES

Por Rodrigo López Oviedo

Buena maña se dieron los negociadores del Acuerdo que comprometió a Colombia a permitir que Estados Unidos utilizara siete bases militares y otras más. Buena maña para que su redacción fuera suficientemente enmarañada en cuanto a los propósitos de fondo, pero clara respecto de los beneficios concedidos al país del norte.

Lo que se suponía iría a ser un instrumento contra el terrorismo y el narcotráfico y estaría circunscrito a lo que pudiera hacerse dentro de nuestras fronteras, terminó siendo un “Acuerdo complementario para la Cooperación y la Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad”, inspirado en la intención de “fortalecer la relación estratégica de seguridad entre las Partes” y de “enfrentar las amenazas comunes a la paz, la estabilidad, la libertad y la democracia”.

Quien quiera entenderlo que lo entienda: defensa, seguridad, paz, libertad y democracia son palabras mayores. Al utilizarlas, se rebasaron los publicitados propósitos antinarcóticos y antiterroristas y Colombia quedó casada con el bando estadounidense para cuando quiera que se presenten fenómenos que, a juicio de este, afecten los intereses que se esconden tras tales palabras. Con el Acuerdo se protocolizó una entrega más de nuestra soberanía y se extendió una patente de corso contra nuestros vecinos latinoamericanos y caribeños, especialmente contra los que han demostrado no ser muy amigos de las políticas estadounidenses.

Salvo una cláusula inocua que obliga a las tropas norteamericanas a rendirles a las nuestras las debidas cortesías cuando por motivos del Acuerdo algunos miembros de estas traspasen sus fronteras, son los norteamericanos los únicos favorecidos en todas las esencias generales del Acuerdo, pero también en las particulares. Sus operadores y familiares a cargo tendrán para sí un sinnúmero de derechos, de los cuales, a manera de ejemplo, mencionemos el de la inmunidad penal; el de la exoneración del pago de tasas, aranceles y tributos; el del otorgamiento de visas preferenciales y de cortesía, y el de no tener que permitir la inspección de sus equipos de transporte y de los bienes que estén registrados en sus declaraciones de aduana.

Claro que algunas personas quedaron exceptuadas de tantos beneficios: los operadores colombianos, civiles y militares.

Rechazo especial merece el que los operadores extranjeros no se considerarán residentes o domiciliados en Colombia. Esto significa que los ingresos económicos que aquí perciban no estarán sometidos a ningún gravamen. Pero también merece seria crítica el que se les haya concedido autorización para que establezcan estaciones receptoras y difusoras de radio y televisión por satélite sin necesidad de tramitar licencias y sin que ello genere costos para Estados Unidos.

Una de las mayores críticas que antecedieron al Acuerdo estuvo relacionada con lo tardíos que resultarían para Colombia los informes sobre las operaciones realizadas. En respuesta, el Gobierno manifestó que, al contrario, los procedimientos se diseñarían de tal forma que podría conocer de tales operaciones en tiempo real. Leído el Acuerdo, la razón terminaron teniéndola los críticos, pues el texto señala claramente que las partes operativas “podrán” presentar a sus gobiernos un informe de las labores realizadas y logros alcanzados con una periodicidad… ¡anual! Es decir, que ni siquiera “tendrán” que presentarlos, y en caso de hacerlo, lo harán cuando ya todo pataleo resulte inútil.

Ante semejante Acuerdo, cualquier país digno llevaría ante los tribunales al gobernante que tan vergonzosamente lo entrega a intereses extranjeros.

DISCRECIONALIDADES INCONVENIENTES

Por Rodrigo López Oviedo

Muchos comentarios provocó la decisión tomada por la Dimayor ante la agresión sufrida por un juez de línea en Pasto. Ya el equipo local tenía prácticamente asegurada la victoria cuando alguien descargó un guijarro sobre uno de estos servidores. De inmediato, el árbitro decretó la suspensión del juego, lo cual acarreó que los tres puntos pasaran a manos del visitante, pese a no saberse con cuál equipo simpatizaba el vándalo.

Algo parecido ocurrió en el Senado el pasado 27 de octubre. Desde hacía algunos días, el país venía conociendo indignado cómo los recursos del programa Agro Ingreso Seguro se estaban repartiendo por millonadas entre terratenientes afines al Presidente Uribe y al ex ministro Andrés Felipe Arias. Ante semejante expoliación, la bancada del Polo Democrático Alternativo había citado al ministro de Agricultura, doctor Andrés Fernández, para que respondiera por tales hechos, pero lo que se esperaba fuera un encendido debate terminó convertido en la acción abortiva más repugnante que hayamos conocido: inmediatamente después de que una de las figuras más cimeras del Senado, el polista Jorge Enrique Robledo, desnudara el hecho corrupto, cayó sobre el hemiciclo una salva de aplausos que dio pie a que el presidente de la Corporación -el antes no, pero hoy sí uribista doctor Javier Cáceres- aprovechara para levantar la sesión y salvar al Ministro de la vergüenza de no poder responder a los argumentos del Senador.

Lo cierto es que, igual a lo ocurrido en Pasto, aquí no se supo de quién fue la iniciativa de las palmas. Si nos atenemos al motivo, fácil sería pensar que fue de los polistas. Pero si examinamos lo ocurrido a la luz de lo que suele darse en las células legislativas, donde es sabido que las barras no pueden acompañar las intervenciones de los congresistas con vítores ni vituperios, la conclusión ya no resulta fácil. Al igual que en aquella ciudad, bien podría haberse dado el hecho de que algunos partidarios de unas bancadas se camuflaran entre las contrarias para desencadenar contra estas el castigo establecido por unas normas solo recordadas en aquel momento por quienes incitaban a su violación.

Pero dejemos el campo de las elucubraciones y preguntémosle al Doctor Cáceres: Señor Presidente: ¿habría usted levantado tan abruptamente la sesión si con tal decisión se hubieran afectado los intereses de su jefecito, el presidente Uribe? ¿Lo habría hecho en las sesiones aquellas en que se definía, ya contra el reloj, la suerte del referendo? ¿No teme que con este antecedente, salido de su vocación autoritaria, se vuelva costumbre el camuflar amigos entre enemigos para que con vítores se busque impedir que se aprueben algunas decisiones que resulten estorbosas?

Este caso debería hacernos pensar en lo urgidos que estamos de algunas reformas a un cuerpo congresual en el cual no importa la calidad de los argumentos, sino la bancada a la que se pertenece, aunque bien sabemos de la disposición de algunos congresistas a patear contra su propio arco con tal de no dejarse ver tan comprometidamente cómplices de hechos de corrupción tan monumentales como el que generó este debate.

Pero particular interés debería despertarnos la necesidad de ponerle cortapisa a las muchas discrecionalidades de que están investidos los presidentes de estas corporaciones, a fin de evitar tentaciones totalitarias como ésta, en la que cayó el doctor Cáceres.