UN RECONOCIMIENTO

Por Rodrigo López Oviedo

Aunque, en general, ningún medio de comunicación descuida el fin último de toda empresa capitalista, el de generar utilidades, la gran mayoría de ellos orienta su artillería al propósito de amarrar a los usuarios a las concepciones ideológicas y políticas de los dueños, casi todas coincidentes en la defensa de los beneficios de las clases dominantes.    

En realidad, a los grandes medios nada les importa el deber de tener bien informada a la ciudadanía. Lo importante es explotar el derecho a informar conforme a los intereses mencionados, así haya que disimularlos mediante prácticas que  generen apariencias de objetividad, como las que realizan al criticar uno que otro desliz de esas clases dominantes o de alguno de sus miembros, pero sin que ello implique cuestionamiento alguno al conjunto de políticas relacionadas con el sostenimiento del sistema imperante.

Pero en medio de tan malsanos objetivos, se están consolidando alternativas de información que si bien no circulan de manera tan masiva como los medios oligárquicos, sí cumplen con la responsabilidad de informar objetiva, oportuna, clara y verazmente, en muchos casos con heroísmo, como es el caso del semanario Voz, la Verdad del Pueblo, que ha visto caer asesinados no solo a cientos de sus distribuidores, sino también a uno de sus directores, el inolvidable senador Manuel Cepeda Vargas.

Por eso resultó tan conmovedor el acto de reconocimiento que se le hiciera a Voz el 15 de diciembre en Ibagué cuando el Cabildo Municipal, a través del Concejal William Rosas, le entregara a su actual director, el doctor Carlos Lozano Guillén, una resolución aprobada por el Cabildo ibaguereño a instancias del mismo Concejal.         

El semanario Voz ha sido considerado el periódico independiente y revolucionario por antonomasia. Y no solo por la cantidad de mártires que le ha entregado a la historia del país. También, y fundamentalmente, porque ha sabido conjugar la  información objetiva, clara, veraz y oportuna con el análisis clasista de la realidad, al tiempo que ha servido como instrumento de educación de las masas, de su unidad y de su organización, en medio de tantas fuerzas repelentes como son las que gravitan en torno al movimiento popular.

Este semanario está cumpliendo 55 años de existencia. Lo menos que podemos hacer es unirnos solidariamente a tan magna celebración y expresarles nuestro agradecimiento a todos los que están vinculados a sus páginas, incluidos los cientos de obreros y campesinos que arriesgan su libertad, y hasta su vida, en la empeñosa tarea de distribuirlo. El solo esfuerzo que tal distribución conlleva vale un potosí. Y ni se diga lo que valen los esfuerzos de redacción y edición. A todos, mil gracias y felicitaciones.

LA REFORMA AL FUERO MILITAR

Por Rodrigo López Oviedo

Numerosos han sido los escándalos protagonizados por la Fuerza Pública colombiana, muchos de ellos como consecuencia de la formación que han recibido sus oficiales en la Escuela de las Américas, un centro de adoctrinamiento militar a través del cual el gobierno de los Estados Unidos imparte su filosofía de represión a los ejércitos al sur del Río Bravo con el fin garantizarse la hegemonía en el Continente.

Ahora resulta que a esos escándalos se pretende ponerles sordina mediante el procedimiento de reformar los artículos 116, 152 y 221 de la Constitución Nacional, con lo cual se lograría que la justicia ordinaria opere de manera meramente residual ante el aparato coercitivo del Estado, pues la generalidad de las conductas anómalas de sus miembros serían conocidas por la justicia penal militar.

Obviamente que tan aviesos propósitos no pueden contar con el beneplácito de ningún demócrata, pues bien conocidos son los múltiples ardides de que ha sido víctima la llamada savia y cumplida justicia, ardides con los cuales se ha logrado el execrable disfrute de la impunidad por parte de los autores intelectuales y materiales de más de dos mil casos delictivos investigados, de los cuales solo tres han terminado en sanciones ejemplarizantes.         

Ni siquiera organismos internacionales que se han caracterizado por su condición de simples correveidiles de la política norteamericana, como lo es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se han declarado al margen de esta preocupación y, por el contrario, han formulado sus reparos a una reforma constitucional que está llamada a extenderle velos de impunidad a cuantos crímenes de Estado sean ejecutados mediante órdenes reproducidas en los cuarteles.

Quienes al igual que José de Jesús Orozco, presidente de la CIDH, consideramos que la competencia de la justicia penal militar debe ser considerada “excepcional y restrictiva" y no la regla universal, que es en lo que la convierte la actual reforma, debemos movilizarnos en procura de evitar que sigan prevaleciendo los intereses de la peor reacción en el manejo de las políticas militares, como hasta hoy ha venido ocurriendo.

El aparato de justicia en Colombia requiere de profundas transformaciones democráticas que acerquen la justicia al pueblo, que permitan conocer la verdad sobre tantos crímenes que contra las organizaciones y dirigentes populares se han cometido, que garanticen una justa reparación por ellos y, sobre todo, que hagan inocuo cualquier intento de impunidad. Una reforma de esta naturaleza no puede debilitar aún más la administración de justicia mediante el robustecimiento de instancias que favorezcan a aparatos que, como los de las Fuerzas Armadas y de Policía, no han permanecido al margen de las estadísticas criminales del país.

EL CAMINO EQUIVOCADO DEL PRESIDENTE SANTOS

Por Rodrigo López Oviedo

Nada de orgullo nos produce la reacción del gobierno colombiano ante el fallo de La Haya. Nos hace acordar del muchacho riquito de la cuadra que, cuando alguna decisión no le gustaba, amenazaba con echar mano a su balón e irse.

Retirar al país del Alto Tribunal no puede ser la respuesta: ya lo hecho, hecho está, y el fallo es inapelable. Tal retiro solo va a dejar a nuestro país por fuera de un concierto inmenso de naciones que han entendido que para preservar la paz se requiere de mecanismos idóneos e imparciales a los que se pueda acudir en caso de conflictos que no puedan resolverse directamente entre las partes.

Pero con atizar la hoguera bélica tampoco puede responderse. El pueblo nicaragüense, al igual que el colombiano, ha tenido que trasegar por duros años de una violencia en la que los únicos beneficiados han sido los empresarios de la guerra, amén de unas oligarquías que han aprovechado tal ambiente para perpetuarse en el poder y hacerlo garante de su posición dominante dentro de la sociedad. Sólo ahora, con la revolución sandinista en marcha, nuestros hermanos han comenzado a vislumbrar un horizonte de luces, y mal haría Colombia con convertirse en el instrumento del Imperio que impida la consolidación de tan importante proceso.

Cómo contrasta la posición del gobierno Santos con la que ha asumido Daniel Ortega. A las soterradas agresiones del primero, el segundo ha respondido con una invitación al diálogo, todo con el más generoso ánimo de garantizarles a los pescadores de la zona, nuestros compatriotas sanandresanos, unas condiciones de trabajo que en nada demeriten las actuales y que, por el contrario, tiendan a mejorar, como vienen mejorando, en general, las del propio pueblo nicaragüense.

Y no se trata de nada nuevo. Recordemos que Nicaragua hace parte de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América –ALBA-, un tratado mediante el cual los ocho países integrantes buscan colaborarse y complementarse política, económica y socialmente, en pie de igualdad, como medio para superar los desequilibrios que los afectan. Gracias a ese tratado, el mundo ha visto cómo circulan médicos cubanos por entre la Alianza ofreciendo su formación científica, cómo el petróleo venezolano irriga sus industrias a precios subsidiados, en fin, cómo estos países brindan con desprendimiento, y a la vez reciben, la expresión de sus ventajas comparativas, todo en función del bien común y no de los apetitos del gran capital.

Ese es el camino que el presidente Santos debe tomar, en lugar de soltarles las riendas a los arrebatos bélicos de algunos personajillos que ya han demostrado su peligrosa condición.