LOS USUARIOS SE ORGANIZAN

Por Rodrigo López Oviedo

En una acción defensiva que ha sido provocada por los abusos de las empresas prestadoras y comercializadoras de los servicios públicos domiciliarios, los usuarios hemos emprendido una acción organizativa en Ibagué, en la cual estamos echando mano de las mismas normas que regulan la prestación de tan importantes servicios.

Los problemas de los servicios públicos fueron mayúsculos en la ciudad cuando los prestaba el Gobierno directamente, pero se  agravaron, sobre todo en costos para el usuario, cuando sobrevinieron las soluciones derivadas del Consenso de Washington, que sirvió de soporte a las fracasadas tesis neoliberales y a las normas privatizadoras.

De allí que, a la larga, los usuarios terminaremos dándonos cuenta de que debemos ir más allá de la defensa de nuestros intereses y buscar incluso la derogatoria de algunas de tales normas, pues, en la práctica, solo han servido para apuntalar un régimen de iniciativa privada que ha resultado hostil a los propósitos de servicio, que deberían ser los que gobiernen el corazón de las empresas que los prestan.

La derogatoria debe comenzar por la Ley 142 de 1994. Esta ley le estableció tantas garantías al capital privado que prácticamente lo blindó de la competencia oficial. El organismo oficial que le quiera hacer competencia debe hacerlo bajo las mismas condiciones de rentabilidad del inversionista privado; es decir, procurándose una utilidad por lo menos equivalente a la que le sería viable obtener a ese inversionista. Se trata, por supuesto, de una exigencia absurda, pues si algo debe buscar el sector oficial es procurar el buen servicio a la sociedad antes que los rendimientos al capital.  

Lo anterior no quiere decir que la nueva organización, a la que se le conocerá como ASODEUSUARIOS, no deba salir en defensa del IBAL, el único establecimiento ibaguereño que logró salvarse de la racha privatizadora. Aunque sabemos que sus servicios, especialmente el de acueducto, siguen la senda del marchitamiento, este Instituto debe protegerse de cualquier iniciativa privatizadora, franca o soterrada, y a ello debe orientarse la inteligencia y el esfuerzo ciudadanos, debidamente encausados a través de su organización.

Por fortuna, este nuevo proceso organizativo ha girado en torno a probados dirigentes salidos de la entraña popular, con demostrada solvencia moral y que ya han tenido ocasión de demostrar en otras luchas su vocación de entrega a la causa de los más necesitados; causa que por lo demás, en este caso, nos cobija a todos. Por eso están extendiendo una invitación amplia a la Asamblea de aprobación de estatutos que se realizará este martes 17 de julio, a partir de las 6 P.M., en el quiosco comunal del barrio Departamental. Allí nos veremos.