Quienes han venido creyendo que el mandato de Santos le reportará al país los beneficios que serían de esperar de un gobierno inspirado en los intereses populares han debido encontrar frustrante la experiencia del pasado 31 de agosto en el Senado de la República, pero tambien confirmatoria de las razones que le asisten al Polo Democrático Alternativo para mantenerse en la oposición.
En la sesión de ese 31 de agosto estaba previsto un debate sobre la responsabilidad oficial en hechos que han conmosionado a la opinión pública, pero en particular el de la fosa común de la Macarena, en la que se supone la existencia de cerca de dos mil cadáveres, correspondientes a “falsos positivos”.
Fue tan flagrante la falta de garantías para que pudiera realizarse ese debate que a la Senadora citante, la profesora Gloria Inés Ramírez, ni siquiera se le facilitaron los servicios técnicos y de televisión necesarios. Esto hacía inocua toda intervensión, pues tampoco asistieron las bancadas de gobierno en número siquiera significativo y ni qué decir de los ministros citados, el de Defensa y la de Relaciones Exteriores, ambos con excusas que nunca se corroborarán.
Pero no es la oposición la que pierde con estas actitudes cómplices con el crimen de quienes deberían ser ejemplo de decoro en el ejercicio del control político. El que pierde es el país al ponerse en desmedro la confianza en una institución congresual que, según el parecer de algunos ingenuos, estaba hecha para redimirse de ese estado de ignominia en que terminó de sumirse durante las últimas legislaturas. El que pierde es el país al permitir que se siga diluyendo la confianza en el futuro que podría construirse con una dirigencia que, a diferencia de la actual, no andubiera tan comprometida en lo que pueda reportarle réditos personales como en el cumplimiento de sus responsabilidades como constructora de nación.
El actual Congreso tiene que abocar una agenda legislativa que incluye las leyes de víctimas y de tierras. Por su relación directa con los intereses de quienes han visto vulnerados sus derechos en los más recientes conflictos, sería de esperar de estos proyectos una discusión juiciosa y ajustada a esas necesidades. Sin embargo, los síntomas indican que la discusión quedará reducida a litros de babas, a no ser que el accionar de la oposición en el Congreso lo acompañemos con una entusiasta movilización ciudadana, como la que han convocado FECODE y la CUT para este próximo nueve de septiembre en defensa del régimen especial de salud del magisterio y otras reivindaciones de carácter más general. Si las calles no se quedan esperándonos, estaremos aportando nuestra valiosa contribución.
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