Por Rodrigo López Oviedo
Un aspecto al que se le ha reconocido particular
importancia en el “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera” es el relacionado con el de la
participación política. De ello hablan los puntos segundo y tercero de la
agenda, lo cual hace prever que, de concluir felizmente los diálogos, las
condiciones que en tal campo queden dibujadas no serán iguales a las del
régimen de falsa democracia y de exclusión que rigen actualmente.
La participación política es un derecho al que en
teoría podemos acceder todos los colombianos. Sin embargo, el sinnúmero de
magnicidios pre y poselectorales que nos ha tocado sufrir, los continuos
escándalos de fraude que acompañan cada elección, la falsificación de cédulas,
el voto de los difuntos, los dineros de las mafias, las campañas ventajosas y
plagadas de engaño, la compra-venta de jurados, de testigos electorales y de
respaldo ciudadano, para solo mencionar algunos procedimientos con los cuales se
tuerce la voluntad de los electores, nos permiten afirmar que tal derecho solo
existe como caricatura, y que también en ese campo se está necesitando de todo
un revolcón institucional que haga real y creíble nuestra falsa democracia.
Tal revolcón debe partir del reconocimiento de que, en
gran medida, el conflicto armado ha sido alimentado por la extrema desconfianza
que el establecimiento despierta en sus elecciones. Un botón basta de muestra:
nadie creyó en el triunfo presidencial de Misael Pastrana Borrero, y esa
incredulidad le dio vida al Movimiento M-19. Por eso necesitamos con urgencia de
un sistema electoral que sea capaz de ofrecer plenas garantías a la ciudadanía
de que los resultados que se emitan en cada contienda electoral son el reflejo
auténtico de su voluntad.
Ese nuevo sistema electoral debe partir de una base de
datos debidamente depurada, blindarse con avances tecnológicos tan importantes
como el voto electrónico y montarse bajo la supervisión y asistencia científica
y técnica de un grupo de expertos internacionales que, además de su comprobada
probidad, esté rodeado de las garantías que se
hagan necesarias para que al final pueda emitir un dictamen claro y
detallado acerca de las calidades alcanzadas con el nuevo sistema. No de otra
forma podremos concurrir a las urnas (y urnas pasará a ser simplemente un
decir) con el convencimiento de que la voluntad que colectivamente depositemos
en ellas sea la que finalmente termine siendo reconocida.
Si queremos que lo que sobrevenga a los acuerdos
Gobierno-FARC sea un plan estructurado para la paz, como lo queremos todos los
colombianos de bien, debemos presionar para que esos acuerdos tomen en cuenta
aspectos como los anotados.
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