Por Rodrigo López Oviedo
No sé si risa o lástima, pero uno de tales sentimientos debió despertar el presidente Santos cuando manifestó que ordenaría el retiro del proyecto de reforma a la ley de educación superior “en un gesto de buena voluntad”.
Cuál buena voluntad, nos preguntamos, si lo que movió su decisión no fue más que el temor a que aumentara la protesta en las calles, como intuía que ocurriría, y en efecto ocurrió el 10 de noviembre, cuando los estudiantes asumieron los retos de impedir que se les deje sin el reconocimiento de la educación superior como un derecho y evitar que este se convierta en una mercancía más, como ha ocurrido con tantos otros.
El proyecto de reforma a la educación superior contemplaba en sus trazos iniciales la pretensión de abrirle la puerta al capital privado a través de la autorización para que las universidades funcionaran con ánimo de lucro, lo cual se convirtió en el primer motivo de las encendidas protestas; tan encendidas que ya de entrada obligaron al Gobierno a refundir tan impopular anuncio.
Y no es que los estudiantes estuvieran cómodos con la Ley 30. Muy por el contrario, ella constituye el soporte legal al pisoteo de principios que a cualquier persona con ideales apenas sí liberales deberían resultarle inconculcables, como son los de la autonomía universitaria, la democracia, el cogobierno y la total financiación estatal, incluidos el bienestar universitario y el pasivo pensional.
Por eso no ha sido suficiente con el anuncio de retirar el regresivo proyecto. Los estudiantes quieren efectivamente una reforma, pero progresista, de avanzada; y ello es lo que justifica que el movimiento se haya materializado en tantas marchas y mítines y en un paro de casi dos meses de todas las universidades públicas y buena parte de las privadas. A este movimiento hay que destacarle que no se ha dejado llevar por los anuncios intimidatorios del Gobierno de que las protestas están azuzadas por el terrorismo.
De allí que hayan resultado tan razonables los procedimientos empleados en las concentraciones y desfiles, todos ellos orientados a impedir que fuerzas oscuras se infiltren con falsos radicalismos para justificar la represión y el rompimiento de la protesta.
Estando a la espera de lo que pueda ocurrir entre el Gobierno y la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, a los estudiantes debe quedarles claro que el haber logrado mediante la unidad que el Gobierno retirara del Congreso el proyecto de Ley es una gran victoria; y también que mediante la unidad se pueden obtener condiciones apropiadas para levantar pronto el paro y conseguir después la reforma que consulte los intereses del pueblo.
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