UN 12 PARA NO OLVIDAR

Por Rodrigo López Oviedo

Un 12 para el recuerdo. ¡Qué hermoso 12! Los campesinos e indígenas, venidos de todos los rincones del Tolima, hicieron de este pasado 12 de octubre una fecha para la historia. En cumplimiento de las tareas del Paro Nacional, lograron colmar en número de miles (tal vez casi 4 mil) las principales calles de Ibagué, mientras nos arengaban con sus consignas de esperanza, nos animaban con sus pancartas multicolores y su espíritu rebosante de fe en sus propias fuerzas, pero sobre todo, con ese entusiasmo capaz de devolverles la confianza en un futuro mejor a quienes, habiéndola profesado en el pasado, hoy actúan como si la hubieran perdido.

Estos campesinos e indígenas salieron desde La Francia hacia el centro de la ciudad, pero antes quisieron visitar ese crisol de ideas llamado Universidad del Tolima, de donde han salido tantos líderes populares. El recibimiento allí recibido erizó  la piel de los marchantes. Formando calle de honor, los estudiantes les hicieron saber que entendían la justeza de sus reivindicaciones; que su lucha también era la del movimiento estudiantil, y que los acompañarían hasta el destino final. Para probarlo, unieron su paso al de ellos y con ellos llegaron a la Gobernación, siempre con la alegría de sus zanqueros y la vocinglería de sus consignas que, aunque no muy coincidentes con las maneras hipócritas que a veces se esconden tras el buen decir, sí reflejaban el espíritu de la marcha.

En total podríamos decir que, ahora con los estudiantes, la movilización alcanzó a unas 5000 personas; de ahí que el primer triunfo llegara pronto y que estuviera representado en el recibimiento que les hiciera el gobernador, Delgado Peñón, y en el compromiso ante la comisión que para el caso se había conformado de atender cinco problemas que les son comunes a campesinos e indígenas: El agro; la tierra y el territorio; los derechos humanos; la paz con justicia social y la inversión social.

Estos temas corresponden a las principales exigencias formuladas, y desde este sábado se vienen reuniendo los delegados de parte y parte para concertar soluciones a tan espinosos problemas. Lamentablemente, no todo es positivo. Pese a la buena voluntad que se ha observado en el curso de las conversaciones, algunos temas no han podido ser atendidos por la ausencia de los representantes de dos entidades a las que les corresponde una buena cuota de compromiso en la solución de los contenidos de la agenda en estudio: Incoder y Cortolima. Ojalá que al momento de salir a la luz este comentario, los representantes de estas entidades hayan comprendido la magnitud de su responsabilidad y actúen de conformidad.

EL VECINDARIO ENSEÑA

Por Rodrigo López Oviedo

El pueblo venezolano acaba de ofrecerle al mundo un nuevo triunfo electoral, con el cual le ha agradecido a su presidente, Hugo Rafael Chávez Frías, los denodados esfuerzos que ha venido realizando para hacer de Venezuela un país distinto al que recibió de las oligarquías hace 14 años.

A diferencia de tales gobiernos, los de Chávez se han orientado a resolver las necesidades más angustiantes de la población, con resultados de excelencia en varios campos: El desempleo, por ejemplo, lo redujo al 7,9 por ciento; acabó con el analfabetismo y llevó al país al quinto lugar en el mundo en cobertura universitaria; los planes de vivienda marchan de manera sostenida; la atención en salud básica es total y gratuita y se trabaja en lograr que la medicina especializada adquiera igual cobertura y calidad.

Tales logros no son obstáculo para reconocer que subsisten problemas que dan motivo a la maledicencia de los medios, como el de la corrupción, la violencia callejera y la inflación, que aún bordea el 27 por ciento. Pero se les están aplicando correctivos, al igual que a otros que también comprometen la tranquilidad ciudadana.   

A propósito de medios, este triunfo tiene el mérito adicional de haberse logrado en medio de la jauría desatada por la mayoría de ellos, que aún están en manos oligárquicas. Quienes algunas veces nos torturamos con Globovisión sabemos de la saña con que actúan. No obstante, Chávez pudo salir airoso para seguir defendiendo un proyecto político orientado a verter sobre el pueblo ese “máximo de felicidad” de que hablara el Libertador Simón Bolívar. ¿Cuál fue su secreto? Simplemente haber logrado superar años y años de división en una izquierda que de palabra se decía simpatizar con la unidad y de hecho se negaba a impulsarla.

La pregunta que debemos hacernos es: ¿y a nosotros cuándo nos toca? ¿qué debemos hacer para superar esos oleajes que de pronto elevan nuestro estado de ánimo a las crestas unitarias para dejarlo caer luego en el desaliento de la desunión? La respuesta nos la da nuestro vecindario: la de supeditar a los intereses generales los intereses personalistas de los robledos, los dusanes, las claras, que han llegado incluso a calificar como un triunfo los exiguos 170 mil votos de la pasada consulta del Polo, en lugar de ver en tales resultados un llamado a la rectificación.

Si los replanteamientos no se dan entre los dirigentes de esta especie, nuestra propia respuesta tendremos que seguirla buscando en organizaciones como la Marcha Patriótica, la Minga Indígena y el Congreso de los Pueblos, que buena muestra nos han venido dando de estar inspirados en ideales menos egoístas.

LA SEMANA DE LA INDIGNACIÓN

Por Rodrigo López Oviedo

Los problemas que azotan al país se están haciendo tan insoportables  que, para exigirle soluciones al Gobierno a los más acuciantes, las organizaciones que mejor interpretan los intereses populares, y que siempre han estado dispersas, se han visto obligadas a ponerse de acuerdo en realizar un conjunto de movilizaciones entre el 4 y el 12 de octubre, período al que han denominado “Semana de la Indignación”.

No es para menos. La calamitosa situación de los trabajadores, el abandono a que fueron sometidos sus sistemas de salud y educación, las inexistentes posibilidades de solución bajo el actual régimen de las oligarquías, la caída en cascada de la calidad de vida, las nefastas locomotoras del plan de desarrollo, entre muchos otros problemas, obligaron a los mismos trabajadores, pero también a estudiantes, artistas, deportistas, intelectuales, indígenas, afro descendientes, y a las organizaciones de mujeres, de derechos humanos, de los barrios y demás sectores sociales y populares a organizar esta importante jornada.

La Semana de la Indignación será la respuesta de una población que ha comenzado a ver en las políticas del régimen la causa de que los ricos sean cada vez más pocos y más ricos mientras los pobres elevan su número en espiral al tiempo que se hacen cada vez más pobres y más negados en garantías para el ejercicio de sus derechos de asociación, movilización, huelga, participación electoral, e incluso a la integridad física y sicológica y a la vida.

Y será la respuesta también de quienes han comenzado a entender que necesitamos de una verdadera soberanía, es decir, soberanía que funcione sin embajadores que se creen virreyes, sin imposiciones de la banca imperial, sin bases militares extranjeras y sin consorcios minero-energéticos transnacionales que, asociados con las mafias, despojan a los campesinos de sus tierras y los fuerzan al desplazamiento.

En desarrollo de la jornada, el cuatro de octubre se realizará la movilización por el trabajo digno; el ocho, las movilizaciones en respaldo de la Mesa de Diálogos por la Paz con Agenda Social y en defensa de la universidad pública; y del 9 al 11, los campamentos por la salud y la Seguridad social.

Los anteriores son solo algunos ejemplos de las muchas actividades que se realizarán, y se aspira a que desemboquen en el Paro Nacional del 12 de octubre que están  organizado cientos de organizaciones. Sin embargo, se sabe de las dificultades que hay para que así ocurra, lo cual no será obstáculo para que tales organizaciones continúen con la iniciativa.

Del vigor demostrado en estas movilizaciones dependerá en buena medida el afianzamiento de los reclamos populares en la Mesa de la Habana.

PROBLEMAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

Por Rodrigo López Oviedo

En frase que patentiza bien lo que es la picaresca de nuestro pueblo, y que además refleja la gravedad del problema que se pretende denunciar, “ahora resulta más barato enviar las basuras a través de Servientrega que mediante los servicios de Interaseo”.

Claro que lo de basuras es un decir, pues bien sabemos que entre las empresas prestadoras de servicios públicos hay una reñida competencia para ver quién se queda con el primer lugar, no solo en mayores tarifas, sino también en cuanto a abusos con los usuarios.

El nuestro es un país de leyes, pero de leyes y jurisprudencias burladas.

La sentencia de la Corte Constitucional C-150 de 2003 señaló que, antes de la suspensión de un servicio público, al usuario se le debe notificar el acto administrativo que lo ordena y correrle el traslado correspondiente para que haga los descargos e interponga los recursos respectivos antes de proceder al corte del respectivo servicio. ¿Será que esto se cumple?

Según sentencia 16850 del Consejo de Estado, los costos del alumbrado público deben correr por cuenta de los municipios en lugar de  cargarse a la factura del servicio de energía eléctrica. ¿Estará alguna autoridad sancionando por la inobservancia de este fallo?

Según el artículo 144 de la Ley 142, los suscriptores o usuarios podrán adquirir los instrumentos necesarios para medir su consumo “a quien a bien tengan; y la empresa deberá aceptarlos siempre que reúnan las características técnicas” adecuadas. ¿Será que esta regla funciona así entre nosotros?

La Corte Constitucional expidió la Sentencia Unificadora SU-1010 del 16 de octubre de 2008, en la cual se reitera que los prestadores de servicios públicos domiciliarios carecen de toda potestad para imponer sanciones pecuniarias a sus usuarios, en razón a que dicha facultad no tiene sustento legal. Con fundamento en tal fallo, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se pronunció el 24 de febrero de 2009 mediante la resolución SSPD–20091300004765 informándoles a las prestadoras de servicios públicos que les quedaba “terminantemente prohibido” imponer tal tipo de sanciones a sus usuarios. ¿Será que los cortes y cobros por reconexión de estos servicios no constituyen sanciones, y sanciones dobles, a unos usuarios que a lo sumo han incurrido en la falta de no contar con los recursos para el pago oportuno de tales servicios?

Como las respuestas a estas preguntas son obvias, los ciudadanos que se las han formulado ya vienen forjando movimientos de rechazo a tan malos procederes de las prestadoras y a la connivencia con ellas de los entes de control. Hacemos votos porque esos procesos continúen y porque pronto se encuentren haciendo parte de un torrente común.

ACERCA DEL SISTEMA ELECTORAL

Por Rodrigo López Oviedo

Un aspecto al que se le ha reconocido particular importancia en el “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” es el relacionado con el de la participación política. De ello hablan los puntos segundo y tercero de la agenda, lo cual hace prever que, de concluir felizmente los diálogos, las condiciones que en tal campo queden dibujadas no serán iguales a las del régimen de falsa democracia y de exclusión que rigen actualmente.

La participación política es un derecho al que en teoría podemos acceder todos los colombianos. Sin embargo, el sinnúmero de magnicidios pre y poselectorales que nos ha tocado sufrir, los continuos escándalos de fraude que acompañan cada elección, la falsificación de cédulas, el voto de los difuntos, los dineros de las mafias, las campañas ventajosas y plagadas de engaño, la compra-venta de jurados, de testigos electorales y de respaldo ciudadano, para solo mencionar algunos procedimientos con los cuales se tuerce la voluntad de los electores, nos permiten afirmar que tal derecho solo existe como caricatura, y que también en ese campo se está necesitando de todo un revolcón institucional que haga real y creíble nuestra falsa democracia.  

Tal revolcón debe partir del reconocimiento de que, en gran medida, el conflicto armado ha sido alimentado por la extrema desconfianza que el establecimiento despierta en sus elecciones. Un botón basta de muestra: nadie creyó en el triunfo presidencial de Misael Pastrana Borrero, y esa incredulidad le dio vida al Movimiento M-19. Por eso necesitamos con urgencia de un sistema electoral que sea capaz de ofrecer plenas garantías a la ciudadanía de que los resultados que se emitan en cada contienda electoral son el reflejo auténtico de su voluntad.

Ese nuevo sistema electoral debe partir de una base de datos debidamente depurada, blindarse con avances tecnológicos tan importantes como el voto electrónico y montarse bajo la supervisión y asistencia científica y técnica de un grupo de expertos internacionales que, además de su comprobada probidad, esté rodeado de las garantías que se  hagan necesarias para que al final pueda emitir un dictamen claro y detallado acerca de las calidades alcanzadas con el nuevo sistema. No de otra forma podremos concurrir a las urnas (y urnas pasará a ser simplemente un decir) con el convencimiento de que la voluntad que colectivamente depositemos en ellas sea la que finalmente termine siendo reconocida. 

Si queremos que lo que sobrevenga a los acuerdos Gobierno-FARC sea un plan estructurado para la paz, como lo queremos todos los colombianos de bien, debemos presionar para que esos acuerdos tomen en cuenta aspectos como los anotados.

UNIDAD CONTRA EL DESANGRE

Por Rodrigo López Oviedo

Pese a que los primeros acercamientos para alcanzar la paz parecían indicar que estaban acompañados de las mejores intensiones entre las partes, ya comenzaron a presentarse desencuentros que obligan a prender alarmas a quienes queremos que esta valiosa oportunidad cuaje debidamente.

Siendo una de las más importantes motivaciones de este proceso la de ponerle fin al desangre nacional, no se entiende que haya posiciones tan contrarias a ese propósito como la de rechazar un cese de las confrontaciones militares hasta tanto no se llegue a pactos sobre los demás temas de la agenda. Con tal actitud, se está evidenciando un temor reverencial hacia los sectores más extremos de la derecha, del militarismo y de quienes se lucran con la sangre de nuestro pueblo, que es la forma más ominosa del pasivo social con que quedan balanceadas las utilidades producidas por la guerra a tan abyectos personajes.

De esas posiciones debe retirarse el presidente Santos. Él bien sabe que unas discusiones bajo la confrontación armada, con todo el torvo aprovechamiento mediático a que da lugar, solo pueden beneficiar a quienes están, no con el deseo del pronto fin de la guerra, sino de abortar las conversaciones.

Por fortuna, como lo han manifestado las propias FARC, su propuesta de cese bilateral de las acciones militares no es prerrequisito para el inicio de las conversaciones, como tampoco lo es la presencia de Simón Trinidad en la mesa de negociaciones. Ellas son conscientes de que un empecinamiento en tales ideas sería un terrible obstáculo para un proceso que cuenta con la debilidad propia de todo lo que está en ciernes, pero en cuya feliz culminación están llamadas a ser las primeras comprometidas.

Sin embargo, una cosa es que las negociaciones se adelanten en medio del fuego cruzado y otra que la llamada sociedad civil, apropiándose del papel activo que como víctima le corresponde, no exija el alto temporal al baño de sangre ni presione el abordaje sin mezquindades del contenido de la agenda acordada, al tiempo que levanta sus propias exigencia de solución a los múltiples problemas que hoy padecemos.

Se trata de empeños en los que, por cierto, debemos estar concertados los colombianos de bien, pero muy especialmente las dirigencias de las organizaciones, movimientos y partidos que se han manifestado proclives a la solución política del conflicto armado, así como los que de manera reiterada han rechazado el uso de las armas con fines políticos. En esta coyuntura política podemos encontrarnos todos. El Paro Nacional del 12 de octubre y la Constituyente por la Paz, en preparación, son dos buenas oportunidades para demostrar que estamos inspirados en tal voluntad.

EL PROCESO DE PAZ NECESITA BLINDARSE

Por Rodrigo López Oviedo

Confirmados por el presidente Santos los acercamientos que ha hecho con las guerrillas, conocida la agenda de los diálogos que vendrán y establecida la forma en que se realizarán, a los colombianos nos corresponde rodear y defender el proceso para que lo que de él salga, incluida la salida política del conflicto, sea de la mayor conveniencia para los intereses de las inmensas mayorías.

Se trata de unas conversaciones nada fáciles, pues bien es sabido el carácter estructural de las causas que nos han mantenido en guerra por más de cincuenta años y las grandes transformaciones políticas, económicas y sociales que deben operarse para que no solo cese este desangre, sino también para que no vuelva a repetirse.

Para infortunio de nuestro país, en esos propósitos transformadores no nos encontramos todos. Ya son muchos los personeros de oscuras ideologías que se han manifestado en su contra. En esa actitud, el país ha comenzado a ver a los usufructuarios de los 26 billones de pesos del presupuesto anual que se destina a la guerra, que no querrán desprenderse de tan carnosa tajada. Y verá también a quienes se benefician de un statu quo que tendría que alterarse, así sea solo en parte, si se quisiera que este proceso en ciernes pudiera transformarse en hechos verdaderamente generadores de condiciones para la paz, que son las que el país espera que sobrevengan a estas conversaciones prontas a iniciarse.

Pero incluso a los propios representantes del alto Gobierno que se sentarán a la mesa con los representantes guerrilleros habremos de verlos en resistencia obstinada a los cambios que les abrirían las páginas de la historia por ser los que se necesitan para sacar al país de esta cincuentenaria violencia. Fieles representantes de lo más atrasado de su clase oligárquica, se empecinarán en utilizar los diálogos para exigir rendiciones unilaterales, entregas de armas, olvidos de los camaradas en las cárceles, tolerancias ante los actuales remedos de democracia, etcétera, y ofreciendo solo a cambio las más parcas interpretaciones de lo consignado en la agenda de conversaciones.      

De allí que estemos necesitados de que, como ciudadanos que nos ha tocado poner los muertos en ambas filas del conflicto, nos comprometamos a cerrar filas a favor de un buen desenlace, en lugar de permitir que por no proporcionar el blindaje que solo las masas con su accionar pueden aportar, se vuelvan a repetir viejas frustraciones. Si la mesa está por servirse, de nosotros depende que el plato fuerte no dé cuenta de que se nos volvió a sacrificar la paloma de la paz, pues hoy, más que nunca, necesitamos de sus arrullos.

DIÁLOGOS EN CIERNES

Por Rodrigo López Oviedo

Si fuera cierto que el Gobierno nacional y las guerrillas de las FARC se encuentran en tanteos serios y sinceros para comenzar la búsqueda de una solución política al ya casi cincuentenario conflicto social y armado que ha azotado al país, la sociedad en pleno debería mostrar su regocijo y apoyar tan noble propósito.

Han sido muchos los sufrimientos que el pueblo colombiano ha padecido por culpa de esa atroz combinación de diversas formas de violencia que desde siempre han ejercido en su contra las castas oligárquicas más reaccionarias, las mismas que hoy se empeñan en cubrir de estigmas una iniciativa de cuyo curso tienen sospechas y que, de ser cierta, a todos los demás debería alborozarnos.

Lo más curioso es que quien más estigmatiza hoy los presuntos diálogos es el mismo personaje que, estando en las postrimerías del primero de sus dos mandatos, anunció con bombo y platillos haber llevado a la guerrilla al principio de su fin, todo para justificar el cambio de un articulito de la Constitución que le garantizaría un nuevo período presidencial, durante el cual remataría su obra. Seis años después, esa guerrilla no solo no muestra ningún signo de decaimiento, sino que sigue hablando y dando de qué hablar, al tiempo que nuestro pueblo se sigue desangrando y sufriendo de desplazamientos, desapariciones y extremas privaciones.

El balance no da entonces para loas. Se requiere hacer de la sensatez la perpetua compañera de un proceso en el cual debe partirse del reconocimiento de la probada ineficacia militar y que no se oriente exclusivamente al silencio de los fusiles. Las guerrillas no estarían dispuestas a aceptar tal cosa después de tantos años de haber estado en lucha tras un programa que hoy conserva plena vigencia, así su conquista les haya resultado esquiva. Aceptarían, sí, una solución que les garantice algunas reivindicaciones contenidas en él (reforma agraria, por ejemplo), al igual que posibilidades para continuar su accionar político a través de mecanismos que vayan más allá de los actuales remedos de democracia.

Por eso se hace necesario desarrollar un gran movimiento que parta de la experiencia de organizaciones como Colombianas y Colombianos por la Paz, que ya tienen andado algún camino en ese propósito. Una de las tareas principales de tal movimiento debe ser la de contrarrestar las engañifas y escepticismos que urdan contra la paz quienes se lucran con el multimillonario negocio de la guerra y que con triquiñuelas y trapisondas pretenderán reeditar fracasos como los que produjeron en procesos que bien conocemos, como el de El Caguán, e impedir que la llamada sociedad civil se movilice para hacer realidad esta nueva esperanza.

ANTE LA CRISIS DEL POLO

Por Rodrigo López Oviedo

Con la decisión de excluir a los comunistas del Polo Democrático Alternativo, 16 miembros  Comité Ejecutivo Nacional han hecho evidente su intención de atravesársele al propósito del Partido de abanderar la unidad de la izquierda y de orientar a los necesitados hacia el establecimiento de un nuevo poder.

Tal decisión ha merecido el rechazo de buena parte de las bases partidarias, las cuales ven en ella un contrasentido, pues pone al partido en contravía de las señales del momento presente, caracterizadas por el fortalecimiento de diversos núcleos de izquierda, hoy en camino de unidad.

Como argumento central se esgrimió el de la doble militancia, dado el apoyo del Partido Comunista a la Marcha Patriótica. Tal justificación no ha convencido mucho, pues aunque hay gran cantidad de militantes que no hacen parte de ninguna organización aparte del Polo mismo, otros muchos militan además en los partidos que conforman el Polo, a los que nunca se les ha exigido disolverse, pues lo lógico es que conserven su integridad orgánica si el Ideario de Unidad no agota todas las expectativas políticas contenidas en sus particulares programas.

Tal es el caso del Moir, una de las organizaciones que abanderó la exclusión del Partido Comunista. El Polo no le ha avalado al Moir su táctica de alianzas con la burguesía nacional ni su rechazo a la reforma agraria, pero el Moir no ve en ello ningún obstáculo para permanecer en el Polo, ni el Polo ha visto en tales tácticas impedimento para mantenerlo en sus filas mientras defienda el Ideario de Unidad y los estatutos. 

Y si se menciona al Moir es solo para dar cuenta de uno de los casos más emblemáticos de lo que, en concepto de esta organización, podría denominarse doble militancia, ya que los ejemplos son tantos cuantas tendencias políticas hay en el Polo. La propia presidenta, doctora Clara López, milita en la organización política de su esposo. De allí que si la decisión de excluir se aplicara con el rigor que se le aplicó al Partido Comunista, tendríamos a un Polo posiblemente más puro, pero ideológicamente enclenque, cuantitativamente diezmado y sin ninguna posibilidad de ponerse a la cabeza de las transformaciones que requiere el país.

El Comité Ejecutivo Nacional del Polo está en la obligación de rectificar decisiones como esta, y varias más, que han llevado al Partido a los niveles más bajos de aceptación social, pese a ser la única organización de oposición institucional al régimen. No hacerlo podría conducir a que fueran las propias bases las que adelantaran la rectificación, removiendo de sus cargos a quienes de manera tan torcida los vienen ejerciendo.

LA CRISIS DEL POLO

Por Rodrigo López Oviedo

Con el alborozo propio de quien da una noticia deseada por siempre, uno de los medios que se precian de mayor independencia, el Noticiero CM&, dio a conocer a través de su sección Uno, dos, tres que el Polo había “expulsado” de sus filas a uno de sus bastiones más importantes, el Partido Comunista Colombiano, por respaldar a la Marcha Patriótica y estar en la actividad política legal y en la vía armada.

Sacudido por el impacto de la novedad, me dirigí a la página del Polo a conocer de primera mano tan trascendental decisión y me encontré con que no existía resolución en tal sentido. Hallé, sí, una declaración  política a través de la cual el “Comité Ejecutivo Nacional considera que la práctica de doble militancia asumida por el Partido Comunista Colombiano, excluye  a sus miembros del Polo Democrático Alternativo”.

Sin desconocer la trascendencia de esta declaración, como tampoco los desarrollos que pueda tener ni los efectos que le traiga al Partido, lo cierto es que de su contenido no se puede colegir la existencia de ninguna sanción, pues “considerar” no es lo mismo que “resolver”, y en caso de sobrevenir alguna, esta tendría que adoptarse mediante las reglas del debido proceso, como corresponde hacerlo a una organización democrática.

Lo que sí resulta claro es el empeño de los medios en mostrar de la izquierda tan solo sus dificultades, sin intentar entregar un panorama siquiera aproximado de la realidad para que sean los lectores, escuchas o televidentes mismos los que saquen sus propias conclusiones. El Partido Comunista, por ejemplo, ante la mencionada declaración, expidió su propio comunicado dejando claro su rechazo a la sindicación de doble militancia y explicando que ella “es el pretexto que utilizan quienes quieren adueñarse del aparato partidario (es decir, del Polo) para convertirlo en una fábrica de avales e instrumento de alianzas sin principios”. Tal comunicado no tuvo ninguna difusión.

De todas formas, el Polo está afectado por graves problemas y eso no lo podemos negar. Sin embargo, esperamos que, haciendo un uso sincero de la crítica y la autocrítica, se fortalezca en la búsqueda de una pronta y adecuada solución, como fue el querer de la reciente Conferencia Ideológica Nacional celebrada en Bogotá, y como parece quererlo el propio Ejecutivo Nacional, según se deduce del texto de su mencionada declaración política, mediante la cual se comprometió a “trabajar intensa y consecuentemente en el impulso para forjar el más amplio frente de todas las fuerzas de izquierda y democráticas del país”. Fuerzas de izquierda y democráticas respecto de las cuales no puede haber ninguna exclusión que no esté sólidamente justificada.

GRAN CABILDO AGRARIO Y CAFETERO

Por Rodrigo López Oviedo

Tal vez la mayor perversidad que le ha tocado sufrir al pueblo colombiano ha sido la de tener que convivir con unas castas oligárquicas que han prescindido de todo escrúpulo en su propósito de hacerse al mayor cúmulo de riquezas. Ni siquiera les preocupa que haya que desplazar comunidades enteras, derramar sangre o tener que utilizar las fuerzas del Estado en tan avieso propósito. Lo importante es elevar las tasas de ganancia en la explotación del trabajo ajeno y de la naturaleza.

Los megaproyectos son buena prueba de ello. A donde quiera que lleguen quienes han de desarrollarlos, llámense AngloGold Ashanti, Pacific Rubiales, Gran Colombia Gold, Greystar, etc., los pobladores respectivos pueden estar seguros de que comenzarán a ser víctimas de las peores formas de presión para que dejen sus territorios. Quienes no ceden a la tentación del oro tendrán que atenerse a la persuasión del plomo o salir a engrosar las filas del desplazamiento en las cabeceras municipales. De todas formas, y cualquiera que sea el medio, el resultado no será otro que el más execrable despojo.

Tan escabroso cuadro cuenta con el agravante de que la fuerza pública, en lugar de ponerse del lado de nuestros campesinos, forma unidad de cuerpo con los poderosos, y todo dentro del propósito de garantizarles la prevalencia de las políticas de la confianza inversionista y el desarrollo de las orientaciones contenidas en la llamada locomotora minero-energética, así enmascaren su presencia con alguna que otra obra reclamada por la comunidad, como viene ocurriendo en desarrollo del llamado Plan Consolidación.

Pero los campesinos no duermen. Al igual que lo hace el resto de nuestro pueblo, ellos han venido fortaleciendo su conciencia y buscando soluciones de fondo. Por eso en Chaparral, en Cabildo Abierto, se reúnen este siete de agosto a discutir la penosa situación por la que atraviesa su economía agraria, fundamentalmente cafetera, y las implicaciones que son de esperar de obras como la hidroeléctrica del Amoyá y del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Este Cabildo Abierto fue programado por El Comité Departamental de la Marcha Patriótica y hace parte de un conjunto de actividades que se irán cumpliendo en la medida en que las condiciones se muestren propicias. Su éxito dependerá del grado de madurez y compromiso con que las reciban las demás organizaciones sociales y políticas, ante las cuales la Marcha misma habrá también de hacer compromisos de respaldo a las iniciativas que de ellas vengan. En resumidas cuentas, la unidad no es más que una constante sumatoria de esfuerzos a través de los cuales se fortalecen las iniciativas de quienes están comprometidos en desarrollarla.

¡POBRE PIEDAD!

Por Rodrigo López Oviedo

Sí, ¡pobre negra! Nada de lo que diga será del gusto de los dueños del poder. Todo lo que mencione será motivo de escándalo. Por más razonables que sean sus críticas, por más acierto que haya en sus apreciaciones y más entrados en razón sus señalamientos, todos ellos serán motivo de la más agresiva campaña en su contra.

¡Pobre Piedad! Lo que hizo en el Cauca, visto dentro del marco objetivo de sus propósitos, no fue más que defender a comunidades por siempre violentadas, a las cuales les asiste el derecho a vivir en paz, como nos asiste a los demás colombianos, solo que a diferencia de casi todos nosotros, ellas sí han venido cumpliendo la más férrea defensa de ese derecho.

Las exhortaciones de la negra no tuvieron más intensión que la de animar a las  comunidades indígenas en su lucha por la paz. “No queremos más guerra, no queremos bases militares y, sobre todo, no queremos que desprecien a la comunidad con el argumento de una base militar, que se gasta la plata de los impuestos en una guerra que la gente no quiere y no necesita”. Tal fue el reclamo planteado, según transcripción hecha por el diario El Tiempo en su registro de lo ocurrido.

El problema es que entre los demás ciudadanos también cunden las bases militares y de policía. Visitar cualquier poblado es encontrar a solo una o dos cuadras de su parque principal la respectiva sede, debidamente rodeada de sacos de arena para proteger de un ataque a los efectivos de esos cuerpos. La pregunta es: ¿Y a la ciudadanía, que se encuentra al rededor de tales instalaciones, quién la defiende? Como la respuesta es nadie, lo mejor es que también nosotros nos pongamos firmes para que la guerra salga de los cascos urbanos al tiempo que nos vamos fortaleciendo en el propósito de sacar de los cuarteles esa llave de la paz que Santos dice tener, pero que él mismo niega estar utilizando.

La ex senadora Piedad Córdoba merece nuestro respaldo. Toda la actividad que esta valerosa mujer ha realizado ha estado inspirada en la creación de mejores condiciones de vida para sus compatriotas. Al frente de Colombianas y Colombianos por la Paz, desempeñó un destacado papel en el retorno a  la libertad de muchos civiles, policías y soldados víctimas de la guerra. Como senadora, impulsó importantes debates e iniciativas, como la del Estatuto del Trabajo, derrotada por la bancada uribo-santista. Como activista en general, viene jugando un destacado papel al frente de la Marcha Patriótica. Esa es la negra que queremos y a la que debemos rodear con nuestra solidaridad.

BAUTIZO EN LAS CALLES

Por Rodrigo López Oviedo

El pueblo sigue reclamando en las calles, y con qué vigor, soluciones inmediatas a un sinnúmero de problemas. Tal vez el más importante sea el del desempleo. Quien lo padece no puede resolver otros problemas que podrían solventarse con un salario. Pero a la par que empleo digno, es decir, bien remunerado y con todos los derechos prestacionales y de seguridad social que se merecen los productores de la riqueza nacional y que una sociedad democrática debe garantizarles, este pueblo también está reclamando las contraprestaciones que es lógico esperar de un Estado que no solo le cobra impuestos, sino que también debería ser el administrador eficiente de las riquezas de la nación.

El problema es que las ingentes sumas originadas en los impuestos se destinan en elevadísimo porcentaje a la defensa de los intereses de las clases oligárquicas, y las riquezas patrias le vienen siendo entregadas al capital extranjero a precios de gallina flaca.

Por eso las protestas callejeras se estén convirtiendo en pan de cada día, y cada día cobran mayor esplendor y fuerza. Las del pasado 19 de julio, realizadas en todo el país, estuvieron orientadas a la derogatoria de la Ley 100, de la cual fue ponente un señor que después terminó luciendo poncho y perrero desde la Presidencia de la República y al que le debemos que la salud esté saliendo de cuidados intensivos rumbo a la morgue. Varias de estas protestas contaron, como casi nunca había ocurrido, con la presencia de autoridades oficiales en varias ciudades, lo cual deja traslucir que el descontento no está solo entre los gobernados.

Pero, además de lo anotado,  tuvo otro ingrediente especial, del cual lo único lastimoso es que, como suele suceder, haya terminado siendo silenciado por los grandes medios. En medio del multitudinario despliegue de camisetas blancas con que se adornaron los concurrentes, otros cientos de ciudadanos se hicieron sentir con otras camisetas, blancas también, pero con un Bolívar desnudo al pecho que empuñaba el tricolor nacional. Eran hombres y mujeres que salieron de los más diversos confines de la patria a  constituir los Consejos, los Comités y las Juntas Patrióticas departamentales, es decir, las instancias de dirección regional que han de replicar en cada departamento las orientaciones nacionales de la Marcha Patriótica, y que quisieron recibir su bautismo en esta jornada.

Ese es el camino que viene trasegando nuestro pueblo: el camino de la organización al calor de sus propias movilizaciones. Es el camino que debe recorrerse cualquiera que sea el altar en el que se comulgue, especialmente si es en el del Polo, si no se quiere quedar desbordado por la historia.

LOS USUARIOS SE ORGANIZAN

Por Rodrigo López Oviedo

En una acción defensiva que ha sido provocada por los abusos de las empresas prestadoras y comercializadoras de los servicios públicos domiciliarios, los usuarios hemos emprendido una acción organizativa en Ibagué, en la cual estamos echando mano de las mismas normas que regulan la prestación de tan importantes servicios.

Los problemas de los servicios públicos fueron mayúsculos en la ciudad cuando los prestaba el Gobierno directamente, pero se  agravaron, sobre todo en costos para el usuario, cuando sobrevinieron las soluciones derivadas del Consenso de Washington, que sirvió de soporte a las fracasadas tesis neoliberales y a las normas privatizadoras.

De allí que, a la larga, los usuarios terminaremos dándonos cuenta de que debemos ir más allá de la defensa de nuestros intereses y buscar incluso la derogatoria de algunas de tales normas, pues, en la práctica, solo han servido para apuntalar un régimen de iniciativa privada que ha resultado hostil a los propósitos de servicio, que deberían ser los que gobiernen el corazón de las empresas que los prestan.

La derogatoria debe comenzar por la Ley 142 de 1994. Esta ley le estableció tantas garantías al capital privado que prácticamente lo blindó de la competencia oficial. El organismo oficial que le quiera hacer competencia debe hacerlo bajo las mismas condiciones de rentabilidad del inversionista privado; es decir, procurándose una utilidad por lo menos equivalente a la que le sería viable obtener a ese inversionista. Se trata, por supuesto, de una exigencia absurda, pues si algo debe buscar el sector oficial es procurar el buen servicio a la sociedad antes que los rendimientos al capital.  

Lo anterior no quiere decir que la nueva organización, a la que se le conocerá como ASODEUSUARIOS, no deba salir en defensa del IBAL, el único establecimiento ibaguereño que logró salvarse de la racha privatizadora. Aunque sabemos que sus servicios, especialmente el de acueducto, siguen la senda del marchitamiento, este Instituto debe protegerse de cualquier iniciativa privatizadora, franca o soterrada, y a ello debe orientarse la inteligencia y el esfuerzo ciudadanos, debidamente encausados a través de su organización.

Por fortuna, este nuevo proceso organizativo ha girado en torno a probados dirigentes salidos de la entraña popular, con demostrada solvencia moral y que ya han tenido ocasión de demostrar en otras luchas su vocación de entrega a la causa de los más necesitados; causa que por lo demás, en este caso, nos cobija a todos. Por eso están extendiendo una invitación amplia a la Asamblea de aprobación de estatutos que se realizará este martes 17 de julio, a partir de las 6 P.M., en el quiosco comunal del barrio Departamental. Allí nos veremos.

LA PARTÍCULA DE HIGGS

Por Rodrigo López Oviedo

Sin entender mucho de física, como de ninguna otra ciencia, pero todavía con alguna posibilidad de asombro ante sus sorprendentes logros, no puedo dejar pasar desapercibido el maravilloso descubrimiento de la partícula de Higgs, la cual permite que la humanidad por fin tenga respuesta a inquietudes tan antiguas como la relacionada con los fenómenos que debieron presentarse en el inicio mismo del universo para que, con la condensación de la energía, surgieran las primeras partículas materiales.  

La existencia de la partícula de Higgs fue predicha por el científico inglés Peter Higgs (de allí su nombre) en 1964. Es decir, que para demostrar que existía se requirió de casi media centuria de denodados esfuerzos de alta investigación, así como también de sofisticados laboratorios, poderosos aceleradores de partículas, monumentales colisionadores y avanzadísimos equipos de cómputo.

También se la conoce con el nombre de partícula de Dios, o partícula divina, por el extraordinario papel que jugó en los primeros nanosegundos del big bang para que ocurriera el nacimiento de la materia. De igual manera,  algunos se han atrevido a llamarla partícula maldita por los inconmensurables costos que demandó descubrirla.

Aunque tan impías denominaciones han sido el producto de una creatividad ajena a la comunidad científica, lo cierto es que en ellas se ve reflejado el eterno conflicto entre dos visiones del universo: la que lo ve como el producto de un soplo divino, nacido de una manera preestablecida y para siempre, y la que lo percibe como el producto en evolución de inmensas fuerzas naturales, siempre en un avasallante desarrollo. Un conflicto soterrado a veces, franco otras, que siempre ha enfrentado a las fuerzas del progreso con el oscurantismo y que no ha dejado de producir profundas huellas de dolor en el corazón de la humanidad. Pero también un conflicto en el que las fuerzas del progreso, marchando de la mano de la ciencia, han venido tomando ventaja, llevando incluso a los personeros de las posiciones más dogmáticas a recular en sus apreciaciones, como bien lo hizo el Vaticano recientemente al negar la existencia de cielos y de infiernos más allá de esta vida terrenal.

Comprobar la existencia de la partícula Higgs requirió del esfuerzo de más de cinco mil científicos y de incalculables recursos. No obstante, resulta suficientemente justificador de tan descomunal inversión el que se hayan logrado alcanzar pruebas que permitan superar infundados credos milenarios. Están por verse los efectos que sobre otros campos de la ciencia puedan derivarse de este descubrimiento. Ojalá nos alcance el día para saber que esos efectos han llegado, así la ignorancia en que nos mantiene el sistema no nos permita comprenderlos.

EL PUEBLO LA TUMBÓ

Por Rodrigo López Oviedo

Solo se requirió una semana para que las gabelas y la impunidad que campeaban en la reforma a la justicia, y que beneficiaban a los representantes de la casta oligárquica en el Congreso, las Cortes, el generalato y el alto Gobierno, cayeran demolidas por la respuesta popular, que bien pronto les notificó a los tres poderes que los aires que hoy oxigenan al movimiento social son aires de resistencia y de cambio, parecidos a los que despeinan el paisaje en otros lares.

Lo bueno de este trance es que, además, le ha servido al país para evidenciar que su Presidente carece de la entereza suficiente para reconocer la responsabilidad mayúscula que ha tenido en el estercolero suscitado, no solo por haber contado con una polea de transmisión permanente en las discusiones del Congreso, su ministro de Justicia, sino por haber estado atizando a su bancada de la Unidad Nacional para que desconociera los justos reparos de la oposición y le aprobara el adefesio que finalmente sacó a las calles a las vanguardias democráticas del país en procura de dar inicio a los procedimientos  revocatorios.

Ojalá que eso tan bueno continúe siéndolo. Y seguirá siendo bueno si no nos conformamos con ver por los suelos este nefasto proyecto y, al contrario, avanzamos hacia el entendimiento de que solo mediante transformaciones revolucionarias, orientadas a la creación de un Estado democrático, amigo de la paz, cimentado en los intereses de los ciudadanos y comprometido en avanzar hacia la abolición de toda explotación del hombre, podremos hacer de Colombia el paraíso que está llamado a ser por tener los recursos naturales y humanos que para ello se necesitan.

Por supuesto que no se trata de una bagatela. Es una tarea descomunal, revolucionaria, que sin embargo podemos cumplir si entendemos e interiorizamos la importancia de tres ingredientes que ya han demostrado su eficacia en otras luchas: La unidad para juntar recursos humanos y materiales, la organización para que no se desperdicien y la movilización para sacarles el provecho que a todos convenga.

Son ingredientes teóricamente compartidos por el PDA, la Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos, la Mane, la Minga Indígena, la CUT y muchas otras organizaciones sociales y políticas. Desafortunadamente, y esto es lo malo, sin que se hayan visto materializados en acciones conjuntas. Si viéramos que la alegría de haber logrado el archivo del nefasto Acto Legislativo sirviera de estímulo a todas estas organizaciones, sería de esperar que se pusieran de acuerdo para sacar adelante, por ejemplo, un paro cívico nacional que le hiciera entender al Gobierno que le llegó la hora de poner sus barbas en remojo. 

¡QUÉ VERGUENZA DE REFORMA!

 Por Rodrigo López Oviedo

Fue tanta la desfachatez con que actuó la aplanadora santista en el Congreso, y tan aberrantes los cambios que terminaron por introducirle los conciliadores de Senado y Cámara a la que era una insulsa reforma a la justicia, que el propio jefe de la banda, perdón… de la bancada, el presidente Santos, no pudo resistir el desbordado cúmulo de rechazos que tan vergonzoso acto legislativo generó, tanto nacional como internacionalmente, y se vio obligado a objetar el proyecto.

No era para menos. La impunidad y las gabelas campeaban en el texto aprobado. La violación al régimen de inhabilidades, por ejemplo, ya no causaría la pérdida de la investidura a los congresistas, y, por toda sanción, los infractores solo serían objeto de una suspensión por el término de un año.   

En igual sentido, el filo de la justicia quedaba pendiendo exclusivamente sobre el ciudadano del común, pues, a partir del acto legislativo, los organismos de investigación y acusación nada tendrían que hacer ante gobernadores, generales, ministros, representantes, senadores y magistrados, quienes solo podrían ser detenidos después de unos engorrosos trámites, siempre y cuando concluyeran en una resolución de acusación. Lo de esperarse entonces no sería otra cosa que la suspensión de más de mil quinientas investigaciones que en el momento se adelantan contra funcionarios aforados, la inmediata preclusión de buena parte de tales investigaciones y la excarcelación de los sindicados, ya que ni siquiera fue aprobado un régimen de transición que preservara lo actuado.

Si todo lo anterior no es legislar para la impunidad, ¿cómo puede llamársele?  

El país debe permanecer alerta. No sabemos hasta dónde el presidente Santos tan solo esté aparentando lavarse las manos con su arrebato de objeciones, y en lo íntimo de su ser tenga el deseo de aprovecharse del berenjenal jurídico en que quedó el país para transmitirle un mensaje contrario a su bancada, todo con el ánimo de que prevalezcan los aberrantes entuertos que contiene el Acto Legislativo.

Pero el pueblo ha venido tomando consciencia de que la solución está en su más activa participación, pero ahora orientada a derogar la reforma y revocarles el mandato a los congresistas que tan aviesamente le dieron su voto favorable. En tal sentido, el Polo Democrático Alternativo ya acogió el referendo como procedimiento para lograrlo. Puede ser, y de ponerse en curso, hay que apoyarlo. Pero también está ocupando sitial de honor en la agenda popular el paro cívico nacional, hacia el cual está trabajando la Marcha Patriótica. Son procedimientos que, al contrario de contraponerse, se complementan, y sobre los cuales nuestro pueblo sabrá ponerse de acuerdo. Ojalá no haya obstáculos en las alturas.

LA RESPUESTA

Por Rodrigo López Oviedo

Como los trabajadores siempre hemos sido los trompos de poner, ahora debemos prepararnos para recibir una nueva agresión o disponernos a enfrentarla.

El Senado acaba de aprobar en primer debate un proyecto de Ley con el supuesto fin de crearnos un seguro contra el desempleo. No se trata, por supuesto, de devolvernos la estabilidad laboral perdida en los forcejeos con el neoliberalismo ni de concedernos un auxilio de supervivencia mientras conseguimos un nuevo trabajo. Al contrario, se busca restringirnos a un 50 por ciento el uso de las cesantías que recibimos cuando perdemos el empleo, pues el otro 50 entrará a hacer parte de un fondo que no reconoce intereses, y que solo llegará a nuestras manos en seis cuotas mensuales a partir de esa pérdida, siempre y cuando permanezcamos desempleados.

Lo que pretende el Gobierno es agregarle una derrota más a las mil que ya hemos sufrido los trabajadores colombianos. Para no ir muy atrás, recordemos las históricas luchas que se libraron en tiempos de la Junta Militar que sucedió a Rojas Pinilla. Interesados en elevar su capacitación, los trabajadores de entonces se dieron a la tarea de lograr que el Gobierno y los empresarios financiaran la creación y sostenimiento de un ente de formación profesional para el trabajo. Ese propósito no fue posible, y el movimiento obrero terminó renunciando a un punto de lo que recibía de las Cajas de Compensación para fundar y sostener, con los recursos liberados, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Y a pesar de que el 22 de junio de 1957 los trabajadores creamos el SENA para nuestra propia capacitación, sus recursos han sido objeto de desviaciones aberrantes. El 25 por ciento de su presupuesto, por ejemplo, se destina a las arcas de Colciencias,  así como muchos otros de sus recursos se desvían hacia programas de fomento empresarial, competitividad, desarrollo tecnológico, entre otros, de cuya importancia nadie duda, pero cuya financiación debería hacerse con recursos empresariales.

El proyecto analizado va por la misma línea de muchos servicios que el Estado debe atender con sus recursos, y no con los de los trabajadores. No está bien que las Cajas de Compensación Familiar se dediquen, por ejemplo, a programas de educación, existiendo un ministerio para atender las necesidades en ese campo. O que se hubiera desmontado el Inscredial para trasladar parte de sus responsabilidades a las mismas Cajas. Ni que las obligaciones tributarias del gran capital se reduzcan en desmedro de la inversión social o trasladando el valor reducido a mayores coberturas del IVA. Por fortuna, ya estamos dándonos cuenta de todos esos raponazos y preparando la respuesta: un vigoroso paro cívico nacional.

MARCO CONSTITUCIONAL CONTRA LA PAZ

Por Rodrigo López Oviedo

Del marco constitucional para la paz que actualmente discute el Congreso no pueden esperarse ofertas seductoras que les hagan sentir  a las fuerzas insurgentes que valió la pena estar 50 años en el monte, sufriendo privaciones, arriesgando la vida y orientando luchas, y que llegó la hora de la reinserción. Lo que saldrá será una engañosa oferta orientada a quebrar la lealtad de los guerrilleros de base, a quienes con melosas propagandas se les hará creer que reinsertarse es todo cuanto  necesitan para poner el cielo en sus manos, pues a los jefes ni siquiera se les reconocerá el derecho ciudadano a acceder a cargos de elección popular.

Así de mezquina es la condición de nuestras oligarquías. La confrontación social y armada existente en el país, cuya existencia ahora cuenta por fortuna con el reconocimiento del Gobierno, no surgió por el alma negra de quienes han estado al mando de las distintas organizaciones guerrilleras, sino por haber sido expulsados los campesinos de sus tierras y proscritos los líderes populares de toda representación social y política.

Esa condición no ha cambiado en lo más mínimo. Todavía siguen en curso viejos procesos de expulsión de los campesinos de sus tierras en una alevosa contrarreforma agraria a la que el Gobierno no se compromete a ponerle fin; continúan vulnerándose los derechos a la sindicalización, a la representación, a la integridad personal y a la vida; los dirigentes populares tienen que desarrollar su actividad bajo esquemas de seguridad que les restan eficacia a sus liderazgos, y en cuanto a los derechos fundamentales, estos han sido transformados en mercancías, como bien lo pueden constatar quienes requieran servirse de los establecimientos de salud, educación o agua potable, para mencionar solo algunos ejemplos.

Entonces, siguen sin solución, y agravándose, los problemas que dieron origen a las organizaciones guerrilleras. Por eso, si se quiere que estas se  reintegren a la vida civil, se necesitará de gestos que, antes que de ellas, provengan del establecimiento, y que estén representados en principios de acuerdos de solución a tales problemas, comenzando por el reconocimiento de espacios desde los cuales las guerrillas puedan interactuar con las ramas del poder público y la sociedad civil.

Lamentablemente, esos gestos no se ven en el proyecto de acto legislativo. Al contrario, lo que ha dejado  ver el Congreso durante las sesiones en curso es no estar interesado en replantear viejas posturas. Lo que saldrá de sus deliberaciones es un nudo gordiano de dificultades que solo podrá ser desatado por la ciudadanía si resuelve ponerse en pié, como parece estarlo haciendo a través de la Marcha Patriótica y otras estructuras organizativas.

INDIGNACIÓN A LA COLOMBIANA

Por Rodrigo López Oviedo

Las vigorosas marchas de los trabajadores estatales, realizadas bajo el cálido sol del pasado 30 de mayo y el pesado silencio de los grandes medios, representan una ratificación de la indignación que hemos venido evidenciando durante los últimos años y a la que nos están conduciendo todas las políticas neoliberales de las castas oligárquicas en el poder.

Podría decirse que los colombianos, mediante tales movilizaciones, nos estamos sintonizando con muchos otros pueblos del mundo, otrora poderosos y estables, como los europeos y de Estados Unidos, de los cuales resultaba impensable verlos en el estado de conmoción en que hoy se encuentran, exigiendo el fin de políticas que a nosotros también nos han sido impuestas y que al igual que a nosotros los están dejando sin pan y sin techo, sin educación y salud.

Sin  embargo, a diferencia de tales movilizaciones, las nuestras no obedecen a inciertas convocatorias que llegan por las redes y de las que se desconocen sus orígenes, aunque hayan tenido garantizado su éxito por tocar las fibras más sentidas  por esas sociedades, que  ya habían sido estimuladas por políticas neoliberales  impuestas con el fin de exacerbar la explotación en provecho de los dividendos del gran capital o buscando la solución de la profunda crisis capitalista.

No, nuestras movilizaciones, ya sean las adelantadas por los corteros de caña, por los trabajadores de la salud o de la educación, por los indígenas con su Minga, por los estudiantes universitarios con su MANE, por los luchadores contra la megaminería, por quienes salen en defensa del medio ambiente y la soberanía, o bien sean las movilizaciones del Congreso de los Pueblos o de la Marcha Patriótica, todas esas movilizaciones sociales han tenido en común que se sabe a cierta quienes las han convocado y con qué propósitos y, lo que es más importante, que casi todas han dejado estructuras de organización que les permiten proyectar nuevas movilizaciones en procura de sus objetivos, tanto los específicos como los generales.

Tal vez el factor de menor progreso, pero que a las claras nos muestra un derrotero hacia el que debemos avanzar, es el relacionado con la sincronización de todas esas iniciativas y organizaciones. Seguimos todavía sometidos al espíritu de capilla, aunque con obispos y arzobispos menos dados a los dogmatismos del pasado y más llamados a dialogar. Eso es lo que se está logrando a través de la Coordinación de Movimientos Sociales y Políticos de Colombia y lo que quedó corroborado con la movilización de la Marcha Patriótica.

Ojalá que ese espíritu prevalezca y se desarrolle. Nuestros indignados hermanos, los trabajadores europeos y estadounidenses, recibirían agradecidos nuestro aleccionador ejemplo.