COLOMBIANOS EN VENEZUELA

Por Rodrigo López Oviedo

Muy comedido resultó el senador Hernán Andrade con los empresarios y trabajadores colombianos que viven en Venezuela. Los invitó a regresar al país, “en donde sí se les darán las garantías que están reclamando para vivir mejor”.

De dónde le haya nacido esta preocupación al Senador, es cosa que él debería aclarar; sobre todo porque podría presumirse que está acudiendo a falsas manifestaciones de nacionalismo para resolver algunos cuantos problemitas de la coyuntura electoral ya en curso, en la cual hay una creciente masa de despabilados uribistas que ya no ven tan claras las posiciones del Presidente -y más bien sí alto el riesgo de verlo ante los tribunales internacionales-, lo que les ha mermado su interés electoral de antaño.

Pero es posible también que el Senador esté haciéndose eco de algunos sectores oligárquicos que, conmovidos ante los profundos cambios que se están viviendo en Venezuela y asustados por la posibilidad de que puedan ser tomados de modelo por los colombianos, han optado por ocultarlos, cuando no por tergiversarlos. Es lógico. Tienen mucho que perder con el contagioso ejemplo de un gobierno que le ha puesto coto al modelo neoliberal -que tanta primacía le da al capital- y ha estimulado las capacidades transformadoras del pueblo venezolano en bien de un proceso que está llamado a convertirlo en el centro de las preocupaciones del Estado; ha recuperado la soberanía nacional y supeditado las recomendaciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional a las necesidades nacionales; ha sometido al control del Estado las riquezas del subsuelo, y los recursos derivados de tales riquezas los ha traducido en programas de salud, educación, vivienda, cultura, que han hecho de la satisfacción de estas necesidades auténticos derechos populares y no meros nichos de mercado para la explotación capitalista. Y si estos ejemplos espantan a nuestras oligarquías, mucho más sus efectos generales, que preferirían verlos reflejados en mayores dividendos: mejoramiento constante en los índices de desarrollo humano y reducción de la pobreza del 50 al 32 por ciento.

Sin embargo, cualquiera sea su trasfondo, la actitud del senador Andrade es digna de encomio, sobre todo entre quienes vemos en esa diáspora de más de tres millones de colombianos una vergüenza que clama pronta solución. Lo que resulta extraño es que tan humana preocupación le haya surgido al cabo de tanto estar desentendido de ella, como también de la otra, la de los también aproximadamente tres millones de colombianos que fueron expulsados del campo por el narcotráfico, el paramilitarismo, los megaproyectos de las transnacionales y la alianza genocida de todos esos protagonistas. Antes que los de Venezuela, son estos colombianos los que reclaman la prioritaria atención del Estado, no solo por ser mucho más angustiosa su tragedia, sino porque esta desde hace mucho se convirtió en indigencia, sin que el Estado se haya preocupado por ofrecerles a sus víctimas algo más que limosnas.

Mientras tanto, el Senador debe informar dónde están las garantías que, según dice, pueden dárseles a quienes se repatríen de Venezuela y explicar por qué no ha activado las iniciativas correspondientes para beneficiar con ellas a nuestros desplazados del interior y a ese otro 20 por ciento de colombianos que están en la indigencia. No hacerlo confirmaría los términos de este comentario, además de darle méritos para el título de demagogo.

EL CONCEPTO DEL PROCURADOR

Por Rodrigo López Oviedo

Pese a los graves errores cometidos dentro del proceso que dio lugar a la Ley de segunda reelección presidencial, la afinidad ideológica existente entre el presidente Uribe y el procurador Alejandro Ordóñez hacía presumir que el concepto de este funcionario sobre tan importante instrumento desembocaría en una solicitud de exequibilidad, como en efecto ocurrió. Sin embargo, el país esperaba los términos en que el Procurador la justificaría, pues ello dejaría ver el grado de sumisión del funcionario a los dictados del poder.

El resultado de la espera no favoreció en nada al funcionario. Al menos nos hubiera gustado verlo disimulando en la búsqueda de sus justificaciones; procurando evitar que se le viera cómplice de las laceraciones que viene sufriendo nuestra Carta Constitucional; pero avocó su pecado con descaro, como si no lo corroyera ninguna vergüenza y como queriendo decir que de presentársele de nuevo la ocasión, lo haría otra vez, con tal que se le reconociera comprometido con los intereses reinantes.

Porque precisamente eso es El Procurador: un hombre comprometido con los dueños del poder, que son los mismos dueños del capital. De allí que haya aceptado algunos de los vicios cometidos dentro del proceso, pero sin reconocer la posibilidad de que alguno pudiera comprometer la exequibilidad de la norma aprobada.

En el concepto, resulta como para enmarcar la limitación que el Jefe del Ministerio Público le pretende establecer al contenido de los pronunciamientos de la Corte. De manera acertada señala que solo puede referirse a aspectos procedimentales, en lo cual coincide con el mandato constitucional. Lo cuestionable es que hace ver como extrañas a tales aspectos las violaciones, por ejemplo, de los topes de financiación de la recolección de firmas, del contenido ideológico del texto del referendo y del mandato constitucional que ordena que este tipo de leyes sea tramitado en dos períodos congresuales ordinarios y consecutivos.

Y más allá de la permisividad del Procurador ante estas violaciones, se dieron muchos otros aspectos que deben alertar al pensamiento democrático, antes de tenerlos que ver convertidos en jurisprudencia de la Corte Constitucional. Uno de ellos es el de admitir que textos irreconciliables por lo diferentes, terminen conciliados por una comisión que resultó mayoritariamente proclive al despropósito plutocrático de mantener asido al poder a un hombre que garantiza con más eficacia que ningún otro el mantenimiento del statu quo.

Pero tal vez el más peligroso sea el de comparar e igualar al constituyente primario y al presidente en cuanto a potestades para generar normas. Según el Procurador, así como el Congreso puede introducirle cambios a las iniciativas del mandatario, también puede hacerlo a las del constituyente primario. Este fue el argumento con el que justificó el cambio de los participios “ejercido” y “elegido” en el texto del referendo y es el que ha dejado carente de esencias otras convocatorias, como el referendo del agua.

Por ahora nuestras esperanzas están cifradas en la Corte. Ella ha dicho: “si la Corte constata que en la aprobación de una pregunta hubo un vicio de procedimiento (…) es obvio que no puede permitir que dicha pregunta sea sometida al pueblo”. Pero como la vida nos da sorpresas, es bueno que nos preparemos para la pelea que vendrá, si la norma se declara exequible: Convocar a hundirla con la más activa abstención popular.

DE DEFINICIONES, PANDEMIAS Y NEGOCIADOS

Por Rodrigo López Oviedo

Navegando por internet, me encontré con una perla colosal de la independiente Red Voltaire, sobre la cual nada han dicho los medios. Resulta que la forma como la OMS definía una pandemia en marzo del año pasado ya no es la misma de hoy. Pandemia era entonces un virus nuevo, de rápida propagación, para el cual no existía inmunidad y que provocaba una alta tasa de enfermos y de muertes. Curiosamente, a partir del 30 de abril del mismo año, para declararse una pandemia no se requiere que el virus traiga consigo un grueso número de enfermos o de muertos, porque muertos y enfermos, que eran los que le daban al término connotaciones de espanto, desaparecieron de la definición.

Según Red Voltaire, detrás de la modificación está la alianza de dos organizaciones muy importantes, la Organización Mundial de la Salud y su asesor Grupo Europeo de Trabajo Científico sobre la Gripe (ESWI), con unos laboratorios farmacéuticos productores de vacunas.

Según los términos de la alianza, los laboratorios farmacéuticos financian el ciento por ciento de los presupuestos del ESWI y las dos terceras partes del de la OMS; el ESWI asesora a la OMS sobre las pandemias que estén en riesgo de aparecer y de las vacunas con que se pueden atacar; y la OMS declara la pandemia y recomienda al mundo los medicamentos respectivos. Obviamente que para que siga habiendo financiación, las recomendaciones deben coincidir con los productos que estos laboratorios estén en condiciones de ofrecer al mercado, pues tal financiación depende de lo obtenido por ellos con la venta de las vacunas recomendadas.

Tan abigarrado entrecruce de intereses fue el que llevó a que en Abril, sin mucha publicidad, se hiciera la modificación de la definición anotada, y a que el 30 del mismo mes se le diera carácter de pandemia a la gripe A (H1N1). En tal fecha, todos nos asustamos, la OMS recomendó el tamiflú y los laboratorios que lo producen y distribuyen, miembros del conjunto empresarial en mención, encontraron cómo redimir sus costos de producción, resarcirse de sus “filantrópicos” gastos y elevar a cantidades exponenciales sus tradicionales ganancias.

Para fortuna de la humanidad, en todo el mundo hay ojos avizores. El parlamento de los Países Bajos ya puso el grito en el cielo y el gobierno de Rusia ha pedido a la propia OMS las explicaciones pertinentes.

Mientras tanto, el ministro de la Desprotección Social en Colombia, siete meses después de que se anunciara la pandemia, salió a comunicarle al país que invertirá 30 mil millones de pesos en la compra de un millón 999 mil 930 vacunas de tamiflú para repartirlas gratuitamente entre la población de alto riesgo. Parece no haberse dado cuenta de que la A H1N1 no pasó de ser una simple epidemia a la que se le bautizó pandemia con el solo fin estrenar la definición, y de la que, antes que mayor número de muertos y enfermos, solo es dable esperar grandes ganancias para los productores y distribuidores del tamiflú y, hasta de pronto, alguna apreciable suma en comisiones para los compradores. ¿O tal vez sí…?

Por lo que a mí respecta, mi condición de alto riesgo es inexistente y del susto ya me curó la Red Voltaire. El Ministerio puede ahorrarse los dólares de mi vacuna.

OJO CON LOS ARCHIVOS DE REYES

Por Rodrigo López Oviedo

Si pudiéramos creerle a lo divulgado de los supuestos archivos de Raúl Reyes, deduciríamos que no era mucho el aprecio que este comandante guerrillero le profesaba al senador Jorge Enrique Robledo. Sería de esperarse. Desde muy joven, el hoy Senador se hizo conciente del ya opresivo estado de cosas que se vivía en el país, y asumió el compromiso que, a su entender, ello demandaba: participar en la conformación de un frente capaz de arrebatarle al capital el predominio en las decisiones estatales para dejarlo en manos del pueblo, sin que ello implicara participar de la combinación de las formas de lucha con que otros sectores, buscando el mismo fin, respondían a las prácticas genocidas de la oligarquía, de las cuales no escapaban siquiera los más importantes líderes populares. El país aún llora a Jorge Eliécer Gaitán, asesinado hace 61 años en pleno centro de Bogotá.

De esa vocación pacifista, de su convicción de que el camino de las armas no es el indicado para llegar con el pueblo al poder, muchas han sido las manifestaciones públicas que ha hecho este Senador. La academia, el periodismo, la lucha gremial y la partidaria han recibido pruebas reiteradas de que tal ha sido su pensamiento; pruebas tan irrefutables como la que se deduce del hecho de tener vida militante desde siempre en una organización política, el MOIR, que se ha caracterizado, entre muchas otras cosas, por una táctica política en que no tiene cabida la lucha armada.

Pese a tan probada línea de conducta, el senador Robledo está hoy enfrentando un procedimiento disciplinario de la Procuraduría, que lo investiga por el simple hecho de que su nombre figura en los susodichos archivos de Reyes, sin importar que esa supuesta figuración evidencie signos adversos, tanto en el pensamiento como en el sentimiento de un comandante guerrillero del que era lógico esperar un conocimiento bien informado del Congreso y de sus protagonistas.

Esta investigación, por supuesto, es una farsa más, como las que con el supuesto mismo origen se han montado contra prestantes personalidades de la vida nacional, especialmente del Polo Democrático Alternativo, como Gloria Inés Ramírez y Carlos Lozano, e incluso contra otras ajenas al Partido, como la que comprometió al candidato conservador Álvaro Leyva Durán,

Sin embargo, esta investigación debe preocupar de una manera muy especial al movimiento democrático del país, pues parece orientada específicamente a crear una idea de credibilidad en los computadores de Reyes mediante el procedimiento de presentar datos de público conocimiento como originados en él, así lleven una interpretación contraria a su contenido, como viene ocurriendo en el caso Robledo.

De esta manera queda sembrada en el subconsciente colectivo la idea de que como la información objeto de la investigación es cierta, ciertos deben ser los computadores y ciertos los datos que de allí nos digan que salieron. Logrado este objetivo, la nueva etapa consistirá en hacer montajes aún peores, entregándole a la ciudadanía las conclusiones que les interese y con la cobertura que les convenga, solo que ya anunciando simplemente la fuente (los archivos de los dichosos computadores), pero sin necesidad de dar a conocer los textos probatorios; la imaginación pública los dará por conocidos y, sin saberlo, se pondrá en el juego. A tal estado nos puede llevar la seguridad democrática.

KYOTO MURIÓ EN COPENHAGUE

Por Rodrigo López Oviedo

Boicoteada por las potencias, terminó en Copenhague la XV Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático.

De ella se esperaban, para el 2020, al menos dos compromisos que garantizaran posibilidades de vida en nuestro planeta para las nuevas generaciones: Que la emisión de CO2 no superara el 75 por ciento del que se emitía en 1990 y que no se produjera un incremento de la temperatura global superior a 1,5 grados.

Para infortunio de las especies vivas del planeta, quienes decidían en este Evento no eran los representantes legítimos de los pueblos, lo cual habría facilitado el acuerdo, sino, disfrazados de tales, los emisarios del gran capital transnacional, más interesados en conservar las altas tasas de ganancia que en encontrar mecanismos que permitieran preservar para la vida esta gran casa común a la que denominamos Tierra.

La Conferencia pudo estar adornada con la presencia de los representantes de más de 20 mil organizaciones de carácter ambientalista, pero los organizadores no ofrecieron lo que era de esperarse, solo represión, para garantizarles su participación. Esto las llevó a que tuvieran que reunirse en un evento paralelo, del cual no era posible esperar conclusiones que comprometieran a país alguno, aunque sí dos consignas que de seguro iluminarán las acciones futuras de las masas en todo el mundo: “Si el planeta fuera un banco, ya lo habrían salvado” y “No cambiemos el clima. Cambiemos el sistema”

Sindiquemos, entonces, con total justicia, como los grandes responsables del fracaso de la XV Conferencia a los representantes de Estados Unidos y de los más poderosos países de Europa, a los cuales les pareció que la hecatombe terráquea, vaticinada por el mundo científico, podrá escoger a sus víctimas, y que lo hará como lo hace el mismo gran capital cuando actúa como dueño de sus mezquindades contra los trabajadores: a favor suyo y endosándole las pérdidas al resto de la humanidad.

A propósito de mezquindades, referencia especial merece el presidente Uribe, quien llegó a la Cumbre con más interés en aparentar esfuerzos por lograr soluciones que en dar evidencias claras de estarlas buscando. Esto fue lo que hizo con su mentiroso discurso, a través del cual pretendió ocultar las culpas que le pesan como cliente UNO A de Monsanto y del peligroso glifosato.

Y también merecen especial mención, pero con signo contrario, los países agrupados en el ALBA, con Venezuela, Bolivia y Cuba a la cabeza. Con sus pronunciamientos, dejaron señalado con toda claridad el norte al que debemos dirigirnos quienes nos encontramos al sur de la ignominia: dignidad, soberanía, respeto y, por sobre todo, unidad contra el capitalismo, causante como el que más del desastre climático al que la humanidad se halla enfrentada. Especialmente severa fue el ALBA al enjuiciar la actitud de Obama al imponer un documento “cocinado” en la oscuridad de la noche y a espaldas del evento mismo, mientras en el evento paralelo continuaban coreando lo que había que decir: ¡No cambiemos el clima, cambiemos el sistema!

Con las decisiones tomadas, todas carentes de compromisos vinculantes, podemos cantarle un réquiem al Protocolo de Kyoto. ¡En Copenhague le dieron muerte!

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Aprovecho esta ocasión para manifestar mi deseo de pronta recuperación al maestro Benhur Sánchez. Su pluma y sus pinceles tienen aún mucho que aportarle a la cultura en nuestro querido país.

QUEJA AL SUPERINTENDENTE DE SALUD

Por Rodrigo López Oviedo

Mientras vacilaba para este comentario entre los temas de la Reunión de Copenhague y el Informe sobre la toma del Palacio de Justicia, me vi en un percance de salud que me resolvió la incertidumbre en favor de la denuncia del hecho al Superintendente de Salud. Los siguientes fueron los términos:

Respetado Superintendente:

Aproximadamente a las 9 A. M. del 30 de Septiembre de 2009, estando de consulta con el otorrinolaringólogo Jaime Ernesto Baquero en los consultorios de la NUEVA EPS de la carrera 5ª con calle 42 de Ibagué, me sobrevino un desmayo con convulsiones y pérdida del sentido de la ubicación. El mencionado doctor Baquero me prestó sus esmerados auxilios y me remitió a urgencias para que me examinara un neurólogo.

Esta remisión demoró más de dos horas en materializarse, pues los funcionarios administrativos de la EPS no hallaban ambulancia ni centro de urgencias con neurólogo a donde me pudieran remitir. Por fin, aproximadamente a las 11.30 A. M., fui remitido a la Clínica Ibagué, pero cuál no sería mi sorpresa al saber que ésta Clínica no disponía de un neurólogo.

Como a eso de las 2.30 P. M., luego de tomarme un TAC y otros exámenes, la Clínica Ibagué me devolvió a la NUEVA EPS con el argumento de que allí encontraría un neurólogo atendiendo las citas del día. No habiendo ya ambulancia, regresé en taxi a la NUEVA EPS, donde efectivamente estaba atendiendo el neurólogo Germán Alonso Palacios. Se imaginará usted mi nueva sorpresa al saber que este hipocrático doctor Palacios se negó a atenderme porque, según dijo, ese lugar no era un centro de urgencias. Al final, sólo pudo lograrse que este profesional revisara el TAC y me formulara fenitoína mientras conseguía una cita.

Para el 22 de octubre de 2009 logré cita con el mismo doctor Palacios. Ese día me formuló nuevamente fenitoína y me ordenó un electroencefalograma. La fecha del encefalograma, inexplicablemente, solo pudo concretarse el 19 de diciembre, día en el que por fin se me practicó el examen, aunque sentado en una silla porque el sitio carecía de camilla, y sosteniendo en mis propias manos una lámpara, pues tampoco se disponía de un trípode.

Y como si lo anterior fuera poco, allí, en pleno examen, mientras sostenía aquella lámpara, me sobrevino una nueva pérdida de conocimiento, con todo y convulsiones. Lo que vino después fue ver a mi esposa que me sostenía en sus brazos al tiempo que clamaba por una camilla, por un médico y por una adecuada atención. Nos sugirieron entonces ir a las urgencias de la Clínica Minerva donde encontré que efectivamente tienen un neurólogo, pero que resultó ser el mismo doctor Palacios que me negó su atención el 30 de septiembre, quien tampoco ahora pudo atenderme porque, ríase señor Superintendente, sólo atiende a los hospitalizados de la Clínica, no a los de urgencias.

Ante lo anterior, cabe preguntar: ¿Nos hemos quedado en la NUEVA EPS sin un servicio tan vital como el de urgencias? ¿Tampoco las clínicas contratadas por LA NUEVA EPS están obligadas a prestarlo? ¿Ni siquiera un aspecto tan sensible como la salud podrá contar con la atención diligente del Estado? ¿Habrá quién le ponga freno al abandono en que vamos quedando los colombianos?

El país espera su respuesta, señor Superintendente.

UN DISCURSO CÍNICO Y PREPOTENTE

Por Rodrigo López Oviedo

Leer las palabras de Obama en agradecimiento a su Nobel de Paz es encontrarse con un discurso cínico y prepotente.

Impregnado de ese espíritu de guapetón perdonavidas que parece contagiar a casi cuanto compatriota suyo se hace inquilino de la Casa Blanca, Obama llegó a Oslo con una pieza oratoria que más pareció un galimatías de guerrero pacifista, hecho a propósito para que el Comité Nobel no tuviera pena de reiterarse como otorgante de un Premio que fue establecido para reconocer logros de paz y que terminó entregándolo al presidente de la potencia que, con Alemania, más dolor y muerte ha causado en el mundo.

Aparentando desconocer el protagonismo del aparato de guerra norteamericano, Obama inocentemente confiesa que las manifestaciones de destrucción y muerte que ha sufrido la humanidad obedecen, no en gran parte a la actividad de ese aparato, sino a la inagotable “capacidad de los seres humanos de idear nuevas maneras de matarse”, a que “la maldad sí existe”, a que “la fuerza es a veces necesaria”, y a “las imperfecciones del hombre y los límites de la razón”, ante lo cual él se reserva el derecho de actuar unilateralmente, si es necesario para defender a su país.

Por supuesto que tan enternecedoras palabras no alcanzaron para desteñir siquiera las horribles manchas que cayeron sobre el Comité Nobel al profanar el Premio con el craso error de esta escogencia.

Muchas de las críticas que sucedieron al discurso no fueron más que repetición de las que hubo cuando se supo sobre quién recaería la distinción; solo que ahora estaban confirmadas por los “olvidos” de lo dicho en campaña, aunque más valdría decir que por las certezas de que el presidente de Estados Unidos, quienquiera que sea, no puede ni intentar siquiera torcer la voluntad del estamento industrial – militar de ese país, ni subvertir su papel rector de la política de guerra que establece desde el Pentágono.

Por eso resultan mentirosas las afirmaciones de Obama en el sentido de que Estados Unidos no es responsable de una de las dos guerras en que hoy se encuentra directamente comprometido. Lo es, y no solo de esa. Lo es de casi todas las que vinieron después del holocausto en que nos hundió el fascismo, y lo será de las que vengan si no logramos encontrar el mecanismo que lo haga retroceder en las tesis que expuso su presidente sobre guerras justas y guerras preventivas, a las cuales se puede acudir, según dijo, si se libran como último recurso o en defensa propia y si la fuerza utilizada es proporcional a la de los contrincantes y no se somete a civiles a la violencia.

¡Qué cinismo! ¿Será que las fuerzas que Estados Unidos despliegan en Irak y Afganistán actúan en defensa propia y son proporcionales a las que pueden utilizar los naturales de esos países? ¿Será que lo fueron las que desplegaron en Vietnam, Laos, Camboya o Grenada? ¿Será que las víctimas de estos conflictos no fueron o están siendo fundamentalmente los civiles, como lo fueron casi exclusivamente las de Hiroshima y Nagasaki? Y con respecto a “último recurso”, ¿será que así se seguirá llamando la falta de docilidad de los gobiernos que por carecer de ella terminarán siendo agredidos?

Definitivamente se trató de un discurso cínico y prepotente.

ESTADO Y JUSTICIA

Por Rodrigo López Oviedo

Según conceptos surgidos y puestos en práctica ante las tareas de reconstrucción que quedaron de la 2ª Guerra Mundial, el Estado social de derecho es la forma como debe organizarse la sociedad para que las distintas ramas del poder público puedan armonizarse y garantizar la justicia social y la dignidad humana.

El Polo Democrático Alternativo ha incorporado ese concepto a su Ideario de Unidad. Allí se define que un Estado social de derecho es el que, además de ser soberano y pluralista, hace efectivos los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de la población, así como los de protesta, organización y huelga, y asegura el respeto de las libertades y garantías democráticas consagradas en la Constitución.

La Constitución del 91 establece que Colombia es un Estado Social de derecho, al cual le corresponde: “Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”.

Como puede observarse, no es por carencia de conceptos ni de normas por lo que nuestra población está tan separada de las satisfacciones que se derivarían de un Estado Social de Derecho. Ha sido más bien por falta de gobernantes comprometidos con tales satisfacciones, de una conciencia que la haga sentirse con derecho a exigirlas y de un grado de organización que le garantice posibilidades de éxito en su lucha por reivindicarlas.

Lo que puede conseguir con tantas privaciones es la violación sistemática de sus derechos, como viene ocurriendo, por ejemplo, con el derecho al trabajo. Los dueños del capital esperan obtener altas tasas de ganancia y eso les hace deseable que exista un ejército de desempleados capaz de generar entre los ocupados el temor a ser reemplazados si se dan a cuestionar las condiciones de empleo con que cuentan. Este temor propicia bajos niveles de organización y de lucha y altos grados de impunidad.

Tal vez por ello, el Polo plantea la conveniencia de una reforma a fondo de la justicia. No porque la justicia sea más importante que el empleo, la salud o los demás derechos, sino porque su carencia genera impunidad y autorización para nuevas violaciones. El Ideario de Unidad del Polo aboga por una administración de justicia imparcial, independiente, gratuita y eficaz, al servicio de todos los colombianos. Y así como defiende algunos mecanismos del sistema actual, insta a que sean enriquecidos con procedimientos que los hagan más efectivos.

La acción de tutela es uno de tales instrumentos, pero requiere acompañarse de una escala de castigos crecientes para que no se persista en el incumplimiento de derechos tutelados, como lo hacen, por ejemplo, el Gobierno y las EPS. Ambos saben que son pocos los ciudadanos que se atreven a tutelar, y saben también que de esa indiferencia ante el instrumento se derivan ganancias inmensas para él y para ellas. Establecida esa escala de castigos, el Gobierno quedaría obligado a incluir en el POS los procedimientos y medicamentos tutelados y las EPS a suministrarlos, pues lo contrario los haría objeto de castigos cada vez más severos.

PARA ABRIR CAMINOS DE PAZ

Por Rodrigo López Oviedo

Conocido el último informe de la Corporación Nuevo Arco Iris sobre la forma como ha evolucionado la violencia en Colombia durante los últimos diez años, los seguidores de la Seguridad Democrática deberían hacer un alto en su respaldo a esa política del Imperio y de las derechas en Colombia. Confrontar los decires del Gobierno y de los grandes medios con la realidad que nos presenta este informe los llevaría a comprender que los progresos alcanzados no han sido tantos como los que les han querido hacer ver, aunque sí muy costosos para el erario, para la tranquilidad ciudadana y para la paz.

Este estudio, que se basó en cifras oficiales y en una ardua investigación de campo, asegura que si bien el Gobierno ha tenido éxitos militares sobre las organizaciones ilegales, los mismos no han sido tan sostenidos como para impedirle a las FARC la recuperación de algunos territorios ni al ELN su restablecimiento. Los narcoparamilitares, por su parte, siguen en su accionar, y hoy generan más violencia que la guerrilla, además de que actúan con fines políticos e ideológicos bastante afines a los del uribismo, y han logrado “explayarse” en ciudades como Bogotá y Medellín.

Si exceptuamos el 2002, año durante el cual se dio un pico poco representativo, por lo exageradamente alto, de la tendencia general de las acciones bélicas de las FARC, cuyo promedio anual entre 1997 y 2007 llegó a 1004 acciones, del informe resulta revelador el que durante 2008, es decir, durante el sexto año del ascenso de Álvaro Uribe a la Presidencia, tales acciones bélicas hayan ascendido a un mil 354, es decir, el 35 por ciento por encima de ese promedio. Pero más revelador resulta aún que, con todo y ser el de 2008 un número ya de por sí alto, el de enero a octubre de 2009 supera en el 25 por ciento el de las acciones presentadas en igual período de aquel año.

Estas cifras dan entonces a creer que era cierta la afirmación de algunos analistas, quienes le señalaban a esta guerrilla el estar acudiendo a la estrategia del repliegue en respuesta a las acciones reforzadas de la fuerza pública de los últimos años; y que tal vez a ello, y solamente a ello, obedezca la recuperación que la fuerza pública ha hecho de parte del territorio nacional; recuperación que, según el mismo informe, solo ha llegado al 55 por ciento y a cerca de 700 municipios.

Señala Nuevo Arco Iris en su informe que los resultados militares de la Seguridad Democrática se han topado con “un techo” que deja al país ante dos alternativas: profundizar en la política de guerra o escoger la vía de la negociación. El pensamiento democrático desde hace mucho tiempo se pronunció por la vía de la negociación, y el informe comentado le confirma la razón en sus críticas al camino de la guerra. Ojalá ese pensamiento democrático, haciéndose mayoritario en la confrontación electoral que se avecina, pueda superar la criminal alianza narco-paramilitar de derecha que desde hace ya buen tiempo tiene copados importantísimos espacios de la vida nacional. Lo contrario es permitir que el país siga siendo empujado por el despeñadero en que desde hace más de 60 años está cayendo, pese a la resistencia de los mismos sectores democráticos.

ENTRE LAS PRESIONES Y LA INDISCIPLINA

Por Rodrigo López Oviedo

Al ministro de Agricultura, doctor Andrés Fernández, le cupo la suerte de entonar los cánticos de la victoria ante la fallida moción de censura que presentaron contra él los senadores de la oposición. Los votos que a su favor depositaron 41 senadores le fueron suficientes para quedar oficialmente absuelto de responsabilidades ante uno de los escándalos más bochornosos que hayamos conocido en nuestro largo historial de corrupciones.

Se trata, sin embargo, de un triunfo relativo. La absolución real, esa que solo puede impartirse con una razonable convicción de inocencia, no la obtuvo ni la podrá obtener de los ciudadanos de bien, y ni siquiera de estos 41 absolvedores de oficio. Ellos saben que el voto lo dieron a pesar de sus certezas en contra, ya que si bien no han visto al Ministro directamente involucrado en los actos que provocaron la propuesta de moción, ni tal cosa pretendieron comprobarla los proponentes, sobre él sí pesa la responsabilidad política derivada de su condición de escudero de los verdaderos protagonistas, Uribe y Andrés Felipe Arias, contra quienes resultan más que probatorias las desproporcionadas cifras con que terminaron beneficiados algunos individuos y familias, que si bien son de variada catadura moral, coinciden todos en su uribismo.

Con esta absolución, pero especialmente con los muñequeos hechos desde Palacio para lograrla, quedaron al desnudo los reales compromisos del Gobierno ante este vergonzoso flagelo, y en especial los anunciados por Uribe en sus anteriores campañas, incluida la del primer referendo: aprovecharse de él en la medida en que sirva al propósito de eliminar restricciones contrarias a los intereses oligárquicos y transnacionales.

Pero también el resultado hizo ver que de la aplanadora de ayer solo va quedando el reducido grupo de congresistas que coinciden con el Mandatario en sus intereses de clase. Los demás solo están dispuestos a concederle el respaldo que venga acompañado de halagos capaces de opacar esas reservas morales que los llevarían a dejarse seducir por los incontrovertibles argumentos de la oposición, como ocurrió con algunos al momento de esta votación.

Pero tampoco la oposición pudo ofrecer el balance deseable. Sus 30 votos pudieron haber sido más si se hubiera propuesto contrarrestar la amenaza de estigmatización que se cernía contra algunos de sus miembros por tener entre sus allegados a personas también beneficiadas con los programas motivo de la moción. Al aceptarse impedidos, no parece que hubieran estado concientes de que el problema no radicaba en recibir, pues nada de malo había en ello si se cumplían los requisitos, sino en las estrambóticas sumas que el Gobierno desvió hacia mafiosos, paramilitares y potentados o que pagó a delincuentes que estaban camuflados entre muertos y suplantados, con lo cual se protocolizaron actos que las autoridades muy seguramente llegarán a calificar de peculados.

Pero también la oposición careció de la disciplina que el caso requería. En momentos de tan suma importancia, no haber estado atenta a la votación la privó de un resultado que si bien pudo no ser suficiente para sancionar al Ministro, al menos sí le habría servido para salir fortalecida de una de las coyunturas más importantes que se hayan dado en el Congreso. Los senadores ausentes le deben una explicación convincente al país. Al menos eso esperamos en el Polo de Gustavo Petro y Gloria Inés Ramírez.

ESTRATEGIAS DE DIVISIÓN

Por Rodrigo López Oviedo

Los acontecimientos que siguieron a la Consulta del Polo Democrático Alternativo pareciera que se hubieran concertado con él para ayudarlo a salir de toda incertidumbre. Especialmente aclarada quedó la que le daba posibilidades a Gustavo Petro de poner su candidatura en una baraja con todos los demás candidatos opuestos a Uribe y a sus caniches, para sacar de ella el nombre de quien en representación de todos asumiera definitivamente la candidatura presidencial. Quienes se creía que podrían participar de tal escogencia optaron por dejarse contar en la primera vuelta y le facilitaron al Polo llegar a ella con su propio candidato, como lo decidió su II Congreso.

Siendo claro lo anterior para los grandes medios, y sabiendo que allí se agotó una veta que podían explotar para hacer ver al Partido como un escenario de contradicciones irreconciliables, ahora se obstinan en hacer ver como tales algunos forcejeos, como el que se está dando entre algunos aspirantes a llegar a su presidencia. Tales forcejeos resultan naturales en todas las organizaciones, y más en el Polo, que surgió de los anhelos de unidad de bastiones importantes de la vida nacional, pero también de una reforma política que habría dejado sin personería a sus fuerzas componentes si se hubieran empecinado en seguir cada cual por su lado.

Esas organizaciones tenían sus propias apreciaciones políticas, y algunas tal vez aún las conserven. Pero todas entendieron que solo actuando unidas podrían acercarse a la materialización de sus mayores propósitos. De allí que los desprendimientos que ha sufrido el Polo hayan resultado escasos y casi todos, por fortuna, susceptibles de enmienda. Y aunque pueden presentarse otros, lo importante es que lo que ha ido quedando es cada vez más consistente y esperanzador.

El deber de hoy no es otro que el de perseverar en el mantenimiento de esa esperanza, e iluminados por ella, ir atendiendo los requerimientos de cada hora, sin dejarles espacio a posiciones como las que encarnan ciertos personajes que desde siempre han sido defensores del statu quo, y ahora, por arte de birlibirloque, aparecen transformados en portaestandartes del bien ajeno.

Tales personajes se han dado a la tarea de impartir consejos a diestra y siniestra con el solo propósito de alimentar egos y reventar los logros alcanzados mediante tantos esfuerzos de unitadad. Con respecto a lo primero es posible que estén logrando algunos resultados. Con respecto a lo segundo, más les valdría reforzarse con nuevas estrategias, y bien sabemos que lo intentarán.

Por eso, el Polo debe procurar ponerles sordina a las desafortunadas críticas que también dentro de él se lanzan contra algunos de sus dirigentes, tal vez en respuesta a los conceptos de inexplicable encomio que repetidamente dan sobre determinadas políticas oficiales. Aunque es cierto que tales conceptos no le permiten mostrarse claramente como el partido de oposición que quiere ser y le dan pábulo al equívoco de hacerlo ver como una congregación susceptible de amoldarse a propuestas contrarias a su Ideario de Unidad, criticarlos con la acidez que utilizan algunos militantes solo sirve para hacerles el juego a esos propósitos divisionistas y distraerlo de las dos tareas más importantes del momento: conformar el más amplio frente contra el referendo uribista y llevar a las urnas a los millones de colombianos que coinciden con él en los anhelos de cambio.

UN ACUERDO CONTRA NUESTROS PAÍSES

Por Rodrigo López Oviedo

Buena maña se dieron los negociadores del Acuerdo que comprometió a Colombia a permitir que Estados Unidos utilizara siete bases militares y otras más. Buena maña para que su redacción fuera suficientemente enmarañada en cuanto a los propósitos de fondo, pero clara respecto de los beneficios concedidos al país del norte.

Lo que se suponía iría a ser un instrumento contra el terrorismo y el narcotráfico y estaría circunscrito a lo que pudiera hacerse dentro de nuestras fronteras, terminó siendo un “Acuerdo complementario para la Cooperación y la Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad”, inspirado en la intención de “fortalecer la relación estratégica de seguridad entre las Partes” y de “enfrentar las amenazas comunes a la paz, la estabilidad, la libertad y la democracia”.

Quien quiera entenderlo que lo entienda: defensa, seguridad, paz, libertad y democracia son palabras mayores. Al utilizarlas, se rebasaron los publicitados propósitos antinarcóticos y antiterroristas y Colombia quedó casada con el bando estadounidense para cuando quiera que se presenten fenómenos que, a juicio de este, afecten los intereses que se esconden tras tales palabras. Con el Acuerdo se protocolizó una entrega más de nuestra soberanía y se extendió una patente de corso contra nuestros vecinos latinoamericanos y caribeños, especialmente contra los que han demostrado no ser muy amigos de las políticas estadounidenses.

Salvo una cláusula inocua que obliga a las tropas norteamericanas a rendirles a las nuestras las debidas cortesías cuando por motivos del Acuerdo algunos miembros de estas traspasen sus fronteras, son los norteamericanos los únicos favorecidos en todas las esencias generales del Acuerdo, pero también en las particulares. Sus operadores y familiares a cargo tendrán para sí un sinnúmero de derechos, de los cuales, a manera de ejemplo, mencionemos el de la inmunidad penal; el de la exoneración del pago de tasas, aranceles y tributos; el del otorgamiento de visas preferenciales y de cortesía, y el de no tener que permitir la inspección de sus equipos de transporte y de los bienes que estén registrados en sus declaraciones de aduana.

Claro que algunas personas quedaron exceptuadas de tantos beneficios: los operadores colombianos, civiles y militares.

Rechazo especial merece el que los operadores extranjeros no se considerarán residentes o domiciliados en Colombia. Esto significa que los ingresos económicos que aquí perciban no estarán sometidos a ningún gravamen. Pero también merece seria crítica el que se les haya concedido autorización para que establezcan estaciones receptoras y difusoras de radio y televisión por satélite sin necesidad de tramitar licencias y sin que ello genere costos para Estados Unidos.

Una de las mayores críticas que antecedieron al Acuerdo estuvo relacionada con lo tardíos que resultarían para Colombia los informes sobre las operaciones realizadas. En respuesta, el Gobierno manifestó que, al contrario, los procedimientos se diseñarían de tal forma que podría conocer de tales operaciones en tiempo real. Leído el Acuerdo, la razón terminaron teniéndola los críticos, pues el texto señala claramente que las partes operativas “podrán” presentar a sus gobiernos un informe de las labores realizadas y logros alcanzados con una periodicidad… ¡anual! Es decir, que ni siquiera “tendrán” que presentarlos, y en caso de hacerlo, lo harán cuando ya todo pataleo resulte inútil.

Ante semejante Acuerdo, cualquier país digno llevaría ante los tribunales al gobernante que tan vergonzosamente lo entrega a intereses extranjeros.

DISCRECIONALIDADES INCONVENIENTES

Por Rodrigo López Oviedo

Muchos comentarios provocó la decisión tomada por la Dimayor ante la agresión sufrida por un juez de línea en Pasto. Ya el equipo local tenía prácticamente asegurada la victoria cuando alguien descargó un guijarro sobre uno de estos servidores. De inmediato, el árbitro decretó la suspensión del juego, lo cual acarreó que los tres puntos pasaran a manos del visitante, pese a no saberse con cuál equipo simpatizaba el vándalo.

Algo parecido ocurrió en el Senado el pasado 27 de octubre. Desde hacía algunos días, el país venía conociendo indignado cómo los recursos del programa Agro Ingreso Seguro se estaban repartiendo por millonadas entre terratenientes afines al Presidente Uribe y al ex ministro Andrés Felipe Arias. Ante semejante expoliación, la bancada del Polo Democrático Alternativo había citado al ministro de Agricultura, doctor Andrés Fernández, para que respondiera por tales hechos, pero lo que se esperaba fuera un encendido debate terminó convertido en la acción abortiva más repugnante que hayamos conocido: inmediatamente después de que una de las figuras más cimeras del Senado, el polista Jorge Enrique Robledo, desnudara el hecho corrupto, cayó sobre el hemiciclo una salva de aplausos que dio pie a que el presidente de la Corporación -el antes no, pero hoy sí uribista doctor Javier Cáceres- aprovechara para levantar la sesión y salvar al Ministro de la vergüenza de no poder responder a los argumentos del Senador.

Lo cierto es que, igual a lo ocurrido en Pasto, aquí no se supo de quién fue la iniciativa de las palmas. Si nos atenemos al motivo, fácil sería pensar que fue de los polistas. Pero si examinamos lo ocurrido a la luz de lo que suele darse en las células legislativas, donde es sabido que las barras no pueden acompañar las intervenciones de los congresistas con vítores ni vituperios, la conclusión ya no resulta fácil. Al igual que en aquella ciudad, bien podría haberse dado el hecho de que algunos partidarios de unas bancadas se camuflaran entre las contrarias para desencadenar contra estas el castigo establecido por unas normas solo recordadas en aquel momento por quienes incitaban a su violación.

Pero dejemos el campo de las elucubraciones y preguntémosle al Doctor Cáceres: Señor Presidente: ¿habría usted levantado tan abruptamente la sesión si con tal decisión se hubieran afectado los intereses de su jefecito, el presidente Uribe? ¿Lo habría hecho en las sesiones aquellas en que se definía, ya contra el reloj, la suerte del referendo? ¿No teme que con este antecedente, salido de su vocación autoritaria, se vuelva costumbre el camuflar amigos entre enemigos para que con vítores se busque impedir que se aprueben algunas decisiones que resulten estorbosas?

Este caso debería hacernos pensar en lo urgidos que estamos de algunas reformas a un cuerpo congresual en el cual no importa la calidad de los argumentos, sino la bancada a la que se pertenece, aunque bien sabemos de la disposición de algunos congresistas a patear contra su propio arco con tal de no dejarse ver tan comprometidamente cómplices de hechos de corrupción tan monumentales como el que generó este debate.

Pero particular interés debería despertarnos la necesidad de ponerle cortapisa a las muchas discrecionalidades de que están investidos los presidentes de estas corporaciones, a fin de evitar tentaciones totalitarias como ésta, en la que cayó el doctor Cáceres.

COOPERAMOS: UN TRIUNFO CON BEMOLES

Por Rodrigo López Oviedo

En su Asamblea del pasado 24 de octubre, Cooperamos obtuvo un triunfo de características mayúsculas al protocolizar su reactivación. La región podrá contar nuevamente con la más importe empresa que se haya levantado con el esfuerzo de los tolimenses y sus casi 60 mil afiliados podrán volver a sus oficinas a disipar las penas de sus bolsillos y a disfrutar de los muchos otros servicios allí dispuestos para atenderles.

Se trata, por supuesto, de un hito que nos regocija, pero del cual no podemos olvidar que se hizo posible gracias a unos cuantos ciudadanos que se dedicaron con denuedo a concretarlo, no obstante que algunos ni siquiera eran asociados. Los tiempos que vienen recuperarán sus nombres para rendirles el homenaje que aún hoy no tenemos conciencia de deberles.

Pero tampoco podemos dejar que esta experiencia pase sin que nos percatemos de que se concretó sin haber resuelto algunos problemas presentados durante el proceso, los cuales pudieron haberse convertido en escollos insalvables de no haber sido por la Superintendencia de Economía Solidaria. Esta Entidad eludió pronunciarse sobre las irregularidades de las tres audiencias de acreedores internos que antecedieron a la Asamblea, no obstante que la ley solo autorizaba la realización de una sola y que ninguna se dio con el quórum exigido por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

No haber aprendido de esa experiencia nos llevó a nuevos errores, de los cuales tal vez el más craso haya sido el de cambiar el objeto social. Cooperamos no seguirá siendo la cooperativa de “ahorro y crédito” que todos conocimos, sino la de “aporte y crédito” que algunos equivocadamente creyeron que tenía que ser.

Esta decisión transgrede el contenido del decreto 557 de febrero de 2009, el cual señala: “Solo aquellas cooperativas con actividad financiera que se encuentren en liquidación y se sometan al procedimiento de reactivación previsto en el presente decreto, podrán ejercer nuevamente el objeto social que venían desarrollando con anterioridad a la orden de disolución y liquidación”. Esto quiere decir que solo las cooperativas que ejercían el objeto social de “aporte y crédito” podrán ejercer nuevamente ese objeto; no así Cooperamos, ya que el que ejercía era el de “Ahorro y crédito”. De este nuevo error solo podrá salvarnos la Supersolidaria, haciéndose nuevamente la de la vista gorda.

Lo lamentable es que ese error no solo es jurídico. Ahora los asociados, muchos de ellos de salario mínimo o desempleados, solo podrán conservar su condición si aceptan privarse de un bocado, mes a mes, para poder entregarle a Cooperamos, como aporte, el cinco por ciento de ese salario.

Ahora bien, quienes vimos a la Agente Liquidadora deseosa de perpetuarse en la dirección de la Cooperativa perdimos toda duda. Hizo circular por internet la idea de que el período del gerente fuera de cuatro años. Afortunadamente, a la Asamblea no se le presentó esa idea, que de haber sido aprobada habría puesto a la Entidad en alto riesgo.

Tristemente, su propuesta de disminuir el Consejo de Administración a cinco miembros sí fue discutida y aprobada. ¡Felicitaciones! Para redondear semejante esperpento antidemocrático, solo le faltó agregar que fueran cinco miembros incondicionales, como los que tuvo en la pasada Junta Asesora, con la sola excepción de la señora Margarita Enciso.

¡Lástima que esta alegría nos llegue con tantos bemoles!

CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD

Por Rodrigo López Oviedo

La corrupción que hemos sufrido bajo la batuta de Álvaro Uribe será conocida por la historia como la de los mayores índices, pero también como la de mayor tolerancia social. Ni siquiera bajo Turbay este fenómeno alcanzó los niveles que hoy tiene ni los grados de permisividad que ostenta. Un buen ejemplo en contra es el que nos ofrece la sociedad española, donde recientemente viene dándose una formidable batalla contra tan aborrecible fenómeno, y más concretamente contra un caso al que se le conoce como la trama Gürtel.

La trama Gürtel se originó a raíz de una serie de contrataciones, tanto públicas como con el Partido Popular, que estuvieron antecedidas por untadas de mano de parte de un personaje al que le gusta que lo llamen don Vito, seguramente para inspirar los sentimientos que despertaba el Vito Corleone de Puzo. Aunque los corrompidos, 71 en total, eran todos militantes del Partido Popular, el mismo de Aznar, y alcanzaron a recibir dineros y regalos que en suma ascendieron aproximadamente a 16 mil millones de nuestros pesos, alteraron a tal grado el sentimiento íntimo de los españoles que ya muchos han sido destituidos de sus cargos y retirados del Partido

Notarán los lectores que esos casos ofrecen unas diferencias abismales, comparados con los que ocurren en Colombia. No solo por la cuantía sino también por los efectos: un desmedro del patrimonio público de 16 millardos de pesos no conmovería a nadie en nuestro país. La Fiscalía, la Procuraduría y el Zar Anticorrupción han coincidido en afirmar que este fenómeno nos cuesta a los colombianos cuatro billones de pesos anuales, y la cifra no ha despertado los merecidos pronunciamientos ciudadanos, pese a saberse que los autores, utilizando las más sorprendentes triquiñuelas, quedan sin castigo en unos altísimos porcentajes.

El ejemplo más reciente es el del programa Agro Ingreso Seguro. Este programa sirvió para que se feriara entre algunos amigos de las campañas de Álvaro Uribe y Andrés Felipe Arias buena parte de los multimillonarios recursos que estaban supuestamente destinados a prevenir y subsanar los destrozos que sobre las economías de los pequeños y medianos campesinos iría a producir el TLC. Pues bien, ya el Gobierno, gestor del programa y de su reglamentación y culpable de su mal uso, encontró que la forma de ganarse la impunidad era endosándole la culpa a otros o haciéndose pasar por víctima de supuestos tramposos, como lo viene haciendo.

Si al caso de Agro Ingreso Seguro le agregamos lo perdido en nóminas paralelas, sobrevaloración de predios afectados por la construcción de obras públicas, reconocimiento de obligaciones inexistentes por parte de jueces venales, establecimiento de zonas francas a la medida de determinados personajes, tráfico de subsidios y suplantación de beneficiarios, inauguración de obras inexistentes, fraccionamiento de contratos, sobreprecios y demás violaciones a las normas de contratación pública, en fin, si hacemos una sumatoria de todos estos tipos de anomalías, al igual que de muchas otras que se omiten por razónes de espacio, y los comparamos con los 16 millardos, la diferencia resulta tan abismal que la corrupción española parecería ser hechura de las hermanitas vicentinas.

Esto debe convencernos de que las luchas contra la corrupción y la impunidad deben ocupar los primeros lugares en las prioridades programáticas de los sectores democráticos. Con tales flagelos no hay futuro.

EL NOBEL PARA OBAMA

Por Rodrigo López Oviedo

El premio Nobel que le fue otorgado al presidente Obama ofende la conciencia del mundo democrático. Estados Unidos ha sido la encarnación de los mayores apetitos expansionistas, el burlador por excelencia de la soberanía de los pueblos y, con Alemania, el principal protagonista de las guerras de agresión que en el mundo ha habido. El gran gendarme ha vivido dedicado a dejar sin aliento a quien quiera que en el mundo intente poner en riesgo un solo dólar de cualquier gringo o limitarle la posibilidad de apropiárselo. Hoy, como siempre, amenaza a los pueblos que quieran organizarse de una forma distinta a la suya, y nada de eso cambiará. Al menos no por la voluntad de Obama, quien, en estos nueve meses en el poder, no ha mostrado ningún interés práctico en hacerlo.

El Comité del premio, al advertir la inconformidad que su decisión levantaría, señaló la imposibilidad de que la distinción recayera siempre en “personas que están luchando (por la paz) y son idealistas”. Detrás de estas palabras solo hay el reconocimiento de que en Obama no hay un idealista ni un luchador por tan sentido ideal; tal vez sí un hombre cargado de buenas intenciones, pero sometido a la maquinaria bélica que domina en el Pentágono, del cual dependen las acciones guerreristas de Estados Unidos y de cuyas garras no aspira a liberarse. Esto es lo que hace desmoronables las ilusiones de quienes ven en el premio un estímulo al Obama de la campaña electoral, para que, poniéndose al servicio del desarme nuclear y de la protección del medio ambiente, actúe en consonancia con sus discursos altermundistas.

Tal parece que el Comité no supiera que las políticas medioambientales de Bush siguen intactas y que Obama ni siquiera le ha dado el gusto a la comunidad internacional de comprometerse con los protocolos de Kioto. Da la impresión de desconocer que cuando Obama rechaza el armamentismo no hace referencia al del estado que él gobierna, sino al de Venezuela, cuyos costos resultan minúsculos comparados con los que él conciente en que su país incurra para atender los agresivos conflictos en que se halla comprometido. Este Comité parece que no supiera que el propio Obama ha seguido adelante en el propósito de activar la IV Flota para infundirles miedo a los países centroamericanos y del Caribe, que han resuelto organizarse de una manera distinta a la usanza norteamericana y da la impresión de que no reconociera en las siete bases militares que el galardonado ocupará en Colombia una amenaza para los anhelos independentistas que bullen al sur del continente. Ni parece advertir su silencio respecto del anhelo cubano de recuperar a cinco valerosos héroes que purgan en mazmorras estadounidenses su pecado de enfrentar “en las entrañas del monstruo” las bandas terroristas allí desatadas contra la Isla.

En fin, el Comité parece no haber advertido que estos nueve meses no han sido suficientes para corroborar la sinceridad de los discursos de campaña de Obama ni tampoco la solidez de sus intenciones de materializarlos. Si pensó que con el premio instaría al Presidente al cambio, todas las señales que el presente muestra deberían servirle de mal presagio a lo que encontrará al finalizar su mandato. Pero el ojo ya está afuera y nada puede hacerse por el prestigio del premio.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Por Rodrigo López Oviedo

Que cada pueblo se merezca el gobierno que tiene parece ser una sentencia plenamente confirmada en Colombia. Las mediciones de opinión respecto del gobierno de Uribe dan cuenta de una conformidad ciudadana tan extrema con él y con lo que hace que resultaría difícil equivocarnos al afirmar que es el que nos merecemos. Incluso hasta podríamos pensar que permaneceríamos conformes con cualquier cosa que hiciera, sin importar sus desaciertos, sus yerros ni desvergüenzas.

A los ciudadanos del común suele escuchársenos resonar como bafles, repitiendo al unísono, y casi sin desafinar, todo lo que le resulte conveniente a la continuidad de un régimen que cada día nos empobrece más, nos subyuga más y nos deja cada vez con menos futuro. Y resonamos como sapientísimos oráculos, sin percatarnos de que detrás de nosotros están los dueños del país manipulando nuestras conciencias y haciéndonos creer que lo que pensamos se origina en nuestros cerebros y no en los sofisticados laboratorios de propaganda ideológica y política en que se han convertido los grandes medios de comunicación de que son dueños.

Esto es lo que explica que, a pesar de que reconozcamos las muchas falencias de nuestro gobierno, de que nos escandalicemos con las largas uñas de muchos de sus funcionarios, con sus iniquidades y sus crímenes, y de que nos percatemos de sus artimañas para hacer del Estado un botín explotable a perpetuidad, nos mostremos dispuestos a permitir que continúen, período tras período, en su productivo oficio, sin que hagamos caso a las alternativas que ofrecen muchos otros colombianos, que entregan con desprendimiento lo mejor de sus vidas al propósito de construir un nuevo poder, capaz de proscribir tan aviesos métodos y de elevarnos moral y materialmente hacia estadios más dignos de la condición humana.

Que el pueblo se merezca el gobierno que tiene es, entonces, una afirmación que requiere revisarse. Los merecimientos de nuestro pueblo no pueden depender de lo que circunstancialmente piense o desee, pues lo que piensa y desea no es más que un producto derivado de años y años de sometimiento a una cultura dominante que no le es la propia, sino la de los grandes dueños de los medios de producción, la cual le ha sido impuesta, especialmente, a través de unos medios de comunicación que le informan y entretienen, pero que también le forman y deforman su entendimiento.

No. Los merecimientos reales del pueblo están en clara dependencia de lo que produce, que no es ni más ni menos que esa riqueza material y espiritual que solo puede crearse a través de su trabajo. Sobre la base de esos merecimientos debe edificar su propio gobierno, aunque para hacerlo deba demoler las estructuras del gobierno que le precede.

Siendo el monopolio sobre los medios de comunicación una de esas estructuras, y tal vez de las más importantes, su democratización es de gran importancia. Al pueblo no puede garantizársele el sagrado derecho a la información oportuna y objetiva si no se ponen en sus manos los instrumentos apropiados para lograrlo. A ese derecho debe supeditarse la supuesta libertad de prensa, que en Colombia solo ha significado la libertad de los monopolios de la comunicación a deformar los hechos, a tergiversar la realidad y a poner a la sociedad a pensar y obrar en contra de sus verdaderos intereses.

EL CAMINO A SEGUIR

Publicado el 30 de septiembre de 2009
Por Rodrigo López Oviedo

Lánguidas resultaron las consultas en que estuvieron comprometidos, entre otros, los partidos Liberal y Polo Democrático Alternativo. Lánguidas, pero también lamentables, y no tanto para el liberalismo, cuyos resultados alcanzados parecen confirmar que de este Partido solo va quedando algo más que un pequeño coro de militantes nostálgicos y anhelantes de que el país olvide que su colectividad comparte con el conservatismo la responsabilidad de los graves males que azotan hoy al país, pues lo ha acompañado en los oficios del poder desde el nacimiento mismo de la vida republicana.

Lamentable, sí, para el Polo, que no encontró la manera de sobreponerse a la campaña del establecimiento, harta, ésta sí, de recursos lícitos e ilícitos, puestos al servicio de hacer creer que con Uribe en la escena política nacional es más que suficiente y que todo esfuerzo por promover a otros protagonistas podría resultar inútil. Y esto, agravado para el Polo por los aberrantes casos de “voltearepismo”, de los que inexplicablemente fue víctima, y agregado a las deficiencias mismas de la campaña, en la que alguno de los bandos no quiso abandonar su propensión a la crítica malsana, produjo como resultado una abstención del 82 por ciento, si tomamos en cuenta los dos millones 600 mil votos de Gaviria en los últimos comicios presidenciales.

Ante tan alta abstención, quisiéramos pensar con el deseo y manifestar que ella puede ser también un indicativo del desinterés en que ha caído todo el electorado, y del cual también puede ser víctima el uribismo, lo que lo pondría en dificultades para superar el umbral necesario para quedarse con el referendo a su favor.

Se trata, por supuesto, de una conclusión no muy alejada de la realidad, pero que, para materializarla, debe adobarse con un trabajo capaz de seducir a ese 18 por ciento de polistas que estuvo en las urnas y que podría volcarse a la campaña contra el referendo en pos de una abstención que disuelva toda duda acerca de los anhelos nacionales de renovación política.

Ahora bien, habiendo sido Gustavo Petro el vencedor de la jornada en lo que hace relación al Polo, los analistas de la colectividad deberán descifrar si tal resultado puede interpretarse como una revisión de las conclusiones del Segundo Congreso y si lo que debe venir ahora es la búsqueda de acuerdos con Pardo, ganador de la consulta Liberal, y con las demás fuerzas no uribistas para ofrecerle al electorado una opción con posibilidades de triunfo en el enfrentamiento que se viene, ya contra Uribe en persona o ya contra su representante, o sí por el contrario habrá de esperarse hasta la segunda vuelta, como lo determinó el Polo en su Congreso.

En esta perspectiva, lo recomendable sería poner en manos de Petro la potestad de trazar el camino a seguir, siempre que no se dejen de lado los principios que la organización partidaria tiene establecidos en su ideario de unidad y en sus estatutos. Esclarecido el camino, debemos disponernos todos a caminar por él, en la intención de hacer del Polo un verdadero atractivo para las demás colectividades y los indecisos, todo dentro del propósito de librar al país de otro cuatrienio más de lo mismo y de forjar las bases para la construcción de una Colombia en la que quepamos todos sus hijos.

LA CONSULTA DEL POLO

Por Rodrigo López Oviedo

Nunca como en las calendas que corren se ha hecho sentir tanto la necesidad de que las fuerzas democráticas depongan muchas de sus discrepancias y cierren filas en torno a la recuperación de la esperanza en el futuro del país. No otra es la exigencia que plantea el ver desbocadas a las castas oligárquicas tras el aprovechamiento de unas condiciones que nunca le habían sido tan favorables a su propósito de configurar un Estado que responda más fielmente a sus intereses: letargo de las masas populares, debilidad del movimiento sindical, el Gobierno convertido en directorio político y, como si fuera poco, con dominio casi pleno sobre los grandes medios de comunicación y con ilimitadas posibilidades de modelar a su antojo la opinión ciudadana.

Esto les ha permitido ir desmontando lo positivo de la constitución de 1991, debilitar la oposición mediante procedimientos de guerra sucia, tomarse criminalmente las altas dignidades del Estado, legalizar prácticas políticas inmorales y recortar los derechos de los trabajadores, todo dentro del propósito de elevar las tasas de ganancia y eternizar sus privilegios.

Para alcanzar tan torvos fines, ningún escrúpulo les ha impedido utilizar procedimiento alguno, por más retorcido que sea. Así, por ejemplo, las hemos visto cabalgar sobre el honor de las instituciones de seguridad del Estado, a las cuales han llevado a frecuentes escándalos por desapariciones forzadas, asesinatos fuera de combate de insurgentes y de civiles, chuzadas y tráfico de drogas, entre otras prácticas que desdoran el prestigio que las acompañaba en tiempos ya remotos.
Y si a lo anterior agregamos la violación a la soberanía de países hermanos y la entrega de la propia para que sea pisoteada por fuerzas extranjeras, nos encontraremos con un cuadro cargado de evidencias sobre lo sucios que son los torrentes que corren por nuestra institucionalidad y lo necesitado que está nuestro pueblo de responder con unidad.

Pasos hacia esa unidad son los que está dando el Polo Democrático Alternativo. La consulta que este próximo domingo les hará a los colombianos le permitirá escoger entre Carlos Gaviria Díaz, Gustavo Petro y Édison Lucio Torres al dirigente que enarbolará la candidatura del Partido a la Presidencia de la República en los próximos comicios. Cualquiera de ellos está en condiciones de emprender tan importante tarea, pero necesita aglutinar en torno a sí al mayor número de los colombianos susceptibles de formar fuerza común en la magna empresa de las transformaciones que requiere nuestro pueblo.

Como toda medición social es un procedimiento cuyos resultados influyen positiva o negativamente en el ánimo de los consultados, esta consulta le plantea un compromiso de singular importancia al movimiento democrático, el cual deberá volcarse sobre la ciudadanía en procura de lograr una amplia participación. Cada quien lo hará desde su particular perspectiva, pero todos procurando que sea un canto a la unidad el que se levante en esta jornada.

Yo, por mi parte, hago públicas y reitero mis preferencias por el maestro Carlos Gaviria Díaz y en su beneficio invito a votar a mis lectores. Sin embargo, ello no obsta para que anime también a los seguidores de Gustavo Petro y de Édison Lucio Torres para que hagan lo propio, pues lo que importa es que podamos mostrar un Polo dispuesto a responderle con unidad a esas castas que tan desvergonzadamente nos gobiernan.

LA CONVOCATORIA DE COOPERAMOS

Publicado el 15 de septiembre de 2009
Por Rodrigo López Oviedo

Para éste próximo sábado, 19 de septiembre, los asociados de Cooperamos en Ibagué hemos sido convocados a elegir a los delegados que habrán de reunirse en Asamblea General cuando se conozcan las decisiones de la Superintendencia de la Economía Solidaria respecto de la reactivación que se aprobó en la Audiencia de Acreedores Internos del pasado 18 de abril.

Convocatorias idénticas ya se surtieron en los municipios que cuentan con un número considerable de asociados, pero, en gracia a la objetividad, es bueno señalar que el resultado final de todas ellas no ofrece muchos motivos para la esperanza. La explicación es sencilla: En un reciente concepto, el doctor Enrique Valderrama Jaramillo, Superintendente Solidario, ha dicho que de acuerdo con lo establecido por el artículo 291 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y sus decretos reglamentarios, la aprobación de la reactivación de una cooperativa que ha estado en proceso de liquidación requiere de un quórum “del 51 % del monto total de las acreencias internas”.

En este pronunciamiento hay una coincidencia total con los planteamientos que formulé cuando se preparaba la Audiencia del 18 de abril. Desafortunadamente los aborregados miembros de la Junta Asesora atendieron sumisos los silbos de la Agente Liquidadora, doctora Ángela Parra, quien les hizo creer que con 300 asociados era más que suficiente para cumplir con los requerimientos de quórum establecidos, según ella, por los decretos 557 y 558 de 2009.

La importancia del concepto del Superintendente, además de ser de tan importante funcionario, radica en haber sido posterior a la expedición de los mencionados decretos 557 y 558, de los cuales Liquidadora y Junta creían que derogaban el quórum establecido por el Estatuto, pese a que éste tiene fuerza de ley. Esto hace esperar que, al evaluar los acuerdos de la Audiencia, el doctor Valderrama se mantenga en su criterio y, al constatar que allí no hubo nada que se parezca al quórum mencionado, le niegue su respaldo a la reactivación aprobada.

Se trata, por supuesto, de un presagio que no quisiéramos ver cumplido. Por eso necesitamos una asistencia masiva a la jornada del próximo sábado. A mayor número de asociados concurrentes, más favorablemente incentivada puede sentirse la Supersolidaria a pasar por encima de sus propios conceptos y a reconocer la validez de la reactivación, así solo sea por la fuerza de nuestro tardío respaldo a los acuerdos.

Desafortunadamente, esto no lo entendieron quienes dirigen el proceso. De allí el carácter casi clandestino que le dieron a la convocatoria, en lugar de aprovecharla para adelantar la más amplia campaña publicitaria, con la cual habrían estimulado la mayor participación de los asociados en la elección de sus delegados, haciéndoles sentirse a los elegidos verdaderos depositarios de la voluntad mayoritaria de las bases de la Cooperativa.

Pese a lo anterior, he resuelto presentar mi nombre a consideración de los asociados. Me lleva a ello la necesidad de ver que a la dirección de Cooperamos llegue un equipo idóneo, capaz de emprender todos los esfuerzos necesarios para la recuperación de la empresa, o de abocar las tareas conducentes al pronto pago de lo que pueda salvarse de los aportes sociales, todo con arreglo a la voluntad que exprese la Supersolidaria.

A propósito de la Supersolidaria, ¿por cuántas quincenas más tendremos que esperar su pronunciamiento sobre la reactivaciòn?