Un fallo laboral para celebrar

Publicado el 16 de junio de 2009
Por Rodrigo López Oviedo

Mediante sentencia C-349, la Corte Constitucional acaba de ponerle cortapisas a la intención de Uribe y demás dueños del poder de convertir en mero decorado el contenido del artículo 56 de la Carta Constitucional. Este artículo nos garantiza a los trabajadores el derecho a respaldarnos en la huelga cada vez que necesitemos sobreponernos a las mezquindades patronales y procurarnos avances y mejoras en nuestras condiciones de trabajo.

Tan importante mecanismo de lucha ha sido objeto de repetidas burlas. Como presunto rector de los asuntos nacionales, el Gobierno debería asumir un papel neutral en los conflictos laborales, en lugar de evidenciarse representante del gran capital y ponerse a su servicio, como lo demuestran las innumerables huelgas que su Ministerio de la Protección Patronal ha declarado ilegales, además de que de tal derecho ha pretendido excluir a prácticamente todos los trabajadores del Estado, pese a que constitucionalmente solo están por fuera de él quienes participan de la prestación de los llamados, aunque nunca claramente definidos, servicios públicos esenciales.

Gracias a las resistencias sindicales, muchas de las cuales han motivado severos pronunciamientos de respaldo de la Organización Internacional del Trabajo, el Gobierno se vio obligado a revisar el autocrático papel jurisdiccional que venía cumpliendo y a presentarle al Congreso un proyecto de ley para, supuestamente, atender los reclamos de los trabajadores y las solidaridades de la OIT. Sin embargo, lo que realmente hizo fue maquillar ese papel al trasladarle a la justicia ordinaria la facultad de declarar la legalidad o ilegalidad de un paro, pero conservando para sí la potestad de ordenar su cesación cuando a juicio suyo afectare de manera grave “la salud, la seguridad, el orden público o la economía de la población”.

Como resultó evidente que la pretensión del Presidente era la de regalar la cobija para seguir arropándose con ella, tal iniciativa, que había sido convertida en Ley 1290 de 2008, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, según lo dio a conocer este Organismo mediante la ya mencionada sentencia C-349 de 2009, próxima a conocerse en su texto oficial.

Al salir en defensa de este importante derecho, la Corte Constitucional ha hecho con su fallo un valeroso alarde de independencia -el cual se hace impensable en el caso de un tercer mandato de Uribe-, pues bien sabe que de obrar de manera distinta solo estaría prestándose a acelerar el tránsito de lo que actualmente queda del Estado de Derecho hacia un Estado autocrático en el que los intereses ciudadanos quedarían sometidos, aún más, al capricho del gran capital y de quienes representen sus intereses en las altas dignidades del poder público, que es lo que Uribe quiere para Colombia.

Solo resta esperar los efectos que esta trascendental decisión generará en organismos como la Procuraduría General de la Nación, donde actualmente cursan numerosos procesos disciplinarios contra funcionarios públicos que participaron en huelgas que fueron declaradas ilegales, pese a que muchas de ellas, como ocurrió en el caso de las del SENA, no tenían más propósito reivindicativo que la defensa de las instituciones mismas. ¿Será que en aras de ponerse a tono con lo dicho por la Corte Constitucional, la Procuraduría ordenará el archivo de tales expedientes, socorriendo de paso a los trabajadores investigados con la aplicación de esta disposición jurisprudencial, que les resulta más favorable?

COOPERAMOS, UNA FRUSTRACIÓN DEFINITIVA

Por Rodrigo López Oviedo

El pasado 20 de marzo, le dirigí al Superintendente Solidario unas consultas relacionadas con la reactivación de Cooperamos. Hubiera sido ideal que la respuesta me hubiera llegado antes de la Audiencia de Acreedores Internos del 18 de abril, pero solo vine a recibirla dos meses y medio después de haberla requerido.

En su desaliñada respuesta, el Superintendente se amparó en el artículo 291 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y en los decretos 756 de 2000, 4030 de 2006, 1538 de 2007, 1533 de 2008 y 558 de 2009 para indicar que: “La aprobación del plan de reactivación requiere del 51 % del monto total de las acreencias internas” y que: “En el evento de fracasar la intención de reactivar la organización, por no cumplir con el quórum mínimo requerido (…) se deberá devolver los aportes a los asociados y aplicar, en caso de remanente, lo establecido en el artículo 121 de la Ley 79 de 1988”.

Esta respuesta coincide totalmente con lo que sostuve en mis discrepancias con la Agente Liquidadora y sus incondicionales de la Junta Asesora, pero no me alegro. Siempre defendí la reactivación, aunque era conciente de las inmensas dificultades que ella entrañaba, sobre todo por tener al frente a personas que decían defenderla mientras la obstaculizaban de hecho. De allí que no fueran aceptadas las propuestas que presenté, orientadas a preparar una Audiencia que contara con un quórum capaz de servir de presión al Supersolidario para que avalara la reactivación, y que, al contrario, resultaran contradichas por la propia Agente, quien argumentaba que con una reunioncilla de 300 personas era suficiente.

Con la respuesta del Superintendente quedó claro, como siempre lo advertí, que mediante decretos, por más que tuvieran origen en promesas presidenciales, no podían alterarse las exigencias de quórum señaladas por la Ley, y que tal quórum seguía siendo del 51 por ciento, pese a tales decretos. El no haberlo logrado en ninguna de las tres audiencias celebradas hace estéril toda esperanza de reactivación.

Es bueno agregar que, en concepto de la Superintendencia, “Existe una única audiencia de acreedores internos. En el evento que llegase a fracasar ésta, se deberá convocar asamblea general para que continúe el proceso de liquidación correspondiente”. Esto permite concluir que fue equivocada la actitud de la Agente Liquidadora de estarle agregando a cada Audiencia fracasada la convocatoria a otra, sin preocuparse siquiera de que la nueva sí cumpliera las exigencias de quórum. Para aclarar aún más este aspecto, el propio Superintendente señaló en su respuesta a mis consultas: “Lo que usted define como tercera audiencia de acreedores es realmente la segunda asamblea de asociados por el fracaso de la primera asamblea por no contar con el quórum requerido”, a lo cual le agregó: “la audiencia de acreedores internos es diferente a la asamblea general; en el sentido que, los objetos de cada una son distintos”.

Solo resta desear que, como los conceptos no obligan, el Superintendente se contradiga al evaluar la pasada Audiencia y avale la reactivación allí aprobada. Pero como de seguro en tal contradicción no incurrirá, debemos preguntarle a la Agente Liquidadora, quien ha de estar feliz con este ya definitivo fracaso: ¿Cuántos años más tendremos que agregarle a los nueve que lleva usted al frente del proceso liquidatorio? ¿Y a qué costo adicional?

EL EJEMPLO DE SINEDIAN

Por Rodrigo López Oviedo

¡Qué desvergüenza! En comentario de abril, hice mención al curioso hecho de que un artículo del Código Sustantivo del Trabajo, que era denegatorio de derechos laborales y que estaba próximo a cumplir 59 años, hubiera sido reglamentado por el Gobierno, pese a que con posterioridad al mismo se habían celebrado dos convenios con la OIT y expedido igual número de leyes, con los cuales, convenios y leyes, se daban algunos pasos a favor de los trabajadores respecto del contenido del referido artículo.

Pues bien, el propósito reglamentario quedó plasmado en el decreto 535 de 2009, y en él quedaron establecidos los procedimientos de concertación entre el Estado y sus trabajadores. Pero ahora resulta, y esto configura la desvergüenza anotada, que cuando los trabajadores manifestamos nuestra intención de hacer uso de tales procedimientos, el Gobierno se muestra reacio a darles cumplimiento. Los trabajadores no solo somos víctimas del pisoteo mediante disposiciones a través de las cuales se nos priva de derechos fundamentales, sino que lo poco que nos queda, para poderlo aprovechar, tenemos que pelearlo mediante múltiples formas de lucha, incluso a través de los tribunales.

La experiencia más reciente la sufrió el Sindicato Nacional de Empleados de la DIAN, SINEDIAN. Este Sindicato, en cumplimiento de directrices aprobadas en su Asamblea General del año pasado, le presentó a la DIAN un conjunto de solicitudes mediante las cuales buscaba la mejora de algunas condiciones de trabajo para sus afiliados. Curiosamente, la respuesta de la Entidad vino acompañada de notorias violaciones al contenido del Decreto 535, especialmente en lo relacionado con los procedimientos, etapas y términos en él consagrados, llegando al extremo de anticiparse a calificar de improcedentes las peticiones de los trabajadores, no obstante que ello solo podía plantearse en la etapa de concertación propiamente dicha.

Por supuesto que la DIAN trataba de desarrollar una táctica dilatoria que desalentara a las bases y procurara el debilitamiento de su respaldo a las peticiones presentadas. Resultaron tan flagrantes esos entorpecimientos que dieron lugar a que fácilmente se viera en ellos la prueba de la renuencia en que había caído la Entidad en el cumplimiento de sus obligaciones legales y a que el Presidente del Sindicato, en los primeros días del pasado mes de abril, se sintiera obligado a instaurar una Acción de Cumplimiento con el ánimo de hacer valer los contenidos de la normatividad vigente y procurar para los trabajadores el respeto al derecho garantizado en ella, en nada distinto a concertar con el patrón mejores condiciones de trabajo.

El resultado terminó siendo obvio. La DIAN tuvo que acatar la providencia judicial que le ordenaba proceder de manera perentoria a nombrar a sus representantes y a darle curso a la discusión del pliego de los trabajadores con los delegados sindicales.

El de SINEDIAN es un buen ejemplo para los trabajadores. De él se desprende la gran enseñanza de que los caminos de la lucha son variados, multiformes y complejos; y de que antes que renunciar a cualquiera de ellos, se debe evaluar y decidir con inteligencia cuál es el que más conviene a cada coyuntura. El de hoy fue el camino de los tribunales. El de mañana, mañana se proveerá. Pero cualquiera que él sea, deberá aderezarse con el más sabio instrumento conocido hasta ahora: el de la más sólida unidad.

ANTE ESAS ENCRUCIJADAS DEL ALMA

Por Rodrigo López Oviedo

Muy grandes deben ser los tormentos del presidente Uribe al ver cómo se le agota el tiempo para salir de la encrucijada en que humildemente confianza estar y a la que ha llegado por el deseo de sus admiradores de saberlo nuevamente ungido con la banda presidencial.

En por lo menos dos idiomas y muchas oportunidades, él ha dicho que no ve bien el perpetuarse en el poder y que sólo accedería a un tercer mandato en caso de presentarse una hecatombe. En esta afirmación ha resultado ser consecuente con lo afirmado en su primera campaña, cuando enfáticamente rechazaba la reelección.

Pero el Presidente es hombre que ama a su patria y eso lo ha llevado a mostrarse dispuesto a atenuar su alergia reeleccionista. Primero, accediendo a un segundo mandato para poder colocarle el moño a su casi coronada Seguridad Democrática. Y ahora, cuando está en la postrimería de los plazos, tendiendo una luz de esperanza sobre sus parciales al anunciarles su disposición a sacrificarse cuatro años más, sólo por la continuidad de sus programas.

No se trata de una decisión fácil. De dar el paso hacia el tercer mandato, su envidiable armonía familiar podría resentirse. Lina, Jerónimo y Tomás, ante esa vida llena de limitaciones que entraña el ser esposa y ser hijos del Presidente, podrían optar por buscarle una alternativa a tantas renunciaciones. Sobre todo Jerónimo y Tomás, a quienes debe de resultarles odioso que sus descomunales logros empresariales se vean menospreciados por el vulgo, que solo ve en ellos el efecto cascada del poder de su padre.

También el propio Presidente. Deseoso como está de ponerle fin a esa terrible responsabilidad que le impide tomar el canasto y, como cualquier parroquiano, echar pa´ la plaza tras la garrita de los fríjoles; que lo impele a ordenar chazadas y a sufrir falsos positivos; que lo arrastra a socorrer con zonas francas y demás gabelas tributarias a sus familiares y allegados; que lo empuja a favorecer con contratos y nóminas oficiales a quienes lo secundan en su amor a la patria; también el propio Presidente, digo, se vería afectado por su eutanásica resignación a aplazar por cuatro años más su condición de hombre que quiere vivir en libertad. ¡No hay derecho!

Para fortuna del Presidente y de su familia; de las Cortes, de los sindicatos, de la oposición y del periodismo independiente; y para infortunio de los “narcos” y los “paras” que han logrado sobreaguar en la impunidad; de tanto corrupto izado a las altas dignidades estatales; de los enemigos de los derechos laborales tumbados y por tumbar; en fin, para fortuna de unos e infortunio de otros, el Polo y el Partido Liberal están labrando acuerdos para que Uribe no sea castigado con la aprobación de un nuevo referendo, o para que, siéndolo, cada partido pueda salir a su rescate en la contienda presidencial, presentando un candidato propio, pero con el compromiso de unirse en la segunda vuelta en torno al que mayores votos saque en la primera. Sería deseable que por fuera de este acuerdo no se quedara nadie que quisiera ahorrarle al Presidente el sufrimiento de quedarse en el palacio de Nari, pudiendo dedicarse a disfrutar de esa felicidad de chalán que solo se vive en el Ubérrimo. Él se pondría feliz.

LEGALIDAD, ÉTICA Y MORAL

Por Rodrigo López Oviedo

Dejando al margen los intereses de clase, que son los determinantes del accionar parlamentario, expedir leyes que carezcan de vacíos, de contradicciones, de imprecisiones y de ambigüedades es la gran responsabilidad del Congreso. No se trata de nada fácil: Los muchos casos legislables que se presentan en la realidad hacen remota la posibilidad de que un cuerpo normativo los atienda todos y deje a los inescrupulosos sin un margen para la actuación indebida sin tener que infringir la ley.

Como leyes con tales características casi nunca se logran, su interpretación suele verse sometida a esfuerzos a través de los cuales el intérprete se ve obligado a analizar su letra en correspondencia con el espíritu que las encarnó, a establecer analogías y correspondencias con otras disposiciones, a traer a cuento jurisprudencias y doctrinas y, de vez en cuando, a dejar insatisfecho a uno que otro ciudadano con el resultado obtenido.

Pese a tales dificultades, los insalvables yerros siempre podrán hacerse menos dañosos si el esfuerzo se acompaña de una actitud sujeta a estrictos principios éticos y morales. No entenderlo así es lo que llevó al Ministro de Hacienda, doctor Oscar Iván Zuluaga, al desaguisado de marca mayor que cometió cuando, en compañía de otros ministros y funcionarios, rendía cuentas ante el Senado por las decisiones oficiales que condujeron a que un predio de los hijos de Uribe se revalorizara al diez mil por ciento.

En tal ocasión, el Ministro afirmó que “la ley es el único estándar para decidir si el funcionario público cumple con lo que le designó la sociedad”, que “la ética es la ley”, que “un funcionario no está para interpretar la ley sino para cumplirla” y que la Constitución solo le demanda responsabilidades a los funcionarios por infringir la Constitución y la ley. Lamentablemente olvidó que la misma Constitución pone a responder a las autoridades, además, por la omisión y la extralimitación en el ejercicio de sus funciones y las obliga a “ceñirse a los postulados de la buena fe”.

El Ministro bien sabía que ética y moralmente no podía salir avante en la defensa de su actuación permisiva ante el exagerado apetito de Simoncito y Jerónimo y optó por desconocer la importancia de tales imperativos y elevar la legalidad a la condición de “único estándar” de su comportamiento.

En tal contexto, la pulcritud y el decoro no son valores de importancia para el Ministro mientras los límites de su inobservancia no se extiendan al Código Penal. De acuerdo con sus afirmaciones, al Ministro sólo le importa que un acto cumpla con la ley, o al menos que no la viole. A él le parece innecesario diferenciar lo correcto de lo incorrecto; lo justo de lo injusto; lo conveniente de lo que no lo es. A él le resulta normal que se actúe en desmedro de la moral y de las buenas costumbres, así los actos, las extralimitaciones y las omisiones correspondientes impliquen engaño, trampa o mentira, siempre y cuando nada tengan que ver con hechos punibles. Esto ilustra suficientemente sobre la condición ética y moral del Ministro y sobre lo que estaría dispuesto a hacer en caso de ser puesto ante tal necesidad por los imponderables de la vida.

Lo peor es que en esa filosofía lo acompañaron las mayorías uribista del Senado.

ENTRE ANGLOGOLD Y EL TOLIMA

Por Rodrigo López Oviedo

Bastó con una insinuación del presidente Uribe para que el Ministerio de Ambiente le permitiera a Anglogold Ashanti continuar en la violación del Código de Minas, pero ahora sin violación.

Anglogold Ashanti es una firma surafricana que desde 2007 viene trabajando en el proyecto aurífero de la Colosa, municipio de Cajamarca, pese a existir prohibición legal a toda actividad minera en zonas de Reserva Forestal, condición que pesa sobre las tierras en donde está ubicado este proyecto.

Al percatarse de tal violación, pero especialmente al considerar su fuerte impacto ambiental sobre la cuenca del río Coello, su distrito de riego y los habitantes de Espinal, Guamo, Coello, Ibagué y Cajamarca, Cortolima ordenó la suspensión de la exploración, que ya iba en su cuarta y última fase, hasta tanto no se autorizara sustraer de la condición de reserva forestal los terrenos del proyecto.

Iniciados los trámites de sustracción, Cortolima presentó al Ministerio su concepto sobre el estudio ambiental de Anglogold, advirtiendo “diversas inconsistencias y deficiencias” y señalando que carecía, por ejemplo, de la estimación de las tendencias pluviométricas y de estudios de demanda sobre el recurso hídrico en la zona de influencia; de las condiciones de adaptabilidad de las especies vegetales y animales; de la especificación de las especies amenazadas y vedadas y de la articulación del proyecto con los tratados internacionales, con el Plan Nacional de Desarrollo y con todos los demás instrumentos jurídicos orientados a encausar apropiadamente las políticas medioambientales del país.

Nada importó este concepto de Cortolima, pues, en últimas, lo que interesaba era la opinión autorizada de Uribe, expresada, eso sí, no en su calidad de vocero de los colombianos, sino de representante de las trasnacionales, entre las cuales hay que generar “confianza inversionista”.

Algunas personas consideran que el triunfo de Anglogold no fue mucho porque de las 515,75 hectáreas que solicitó en sustracción, el Ministerio sólo le aprobó 6,39. Aquí hay una apreciación equivocada porque la extensión aprobada no corresponde a una zona integrada, sino a una sumatoria de zonas que en buena parte están representadas en caminos, campamentos, helipuertos, plataformas y pozos de exploración que fueron construidos en las fases anteriores del proyecto. Esto da a pensar que con las 6,39 hectáreas simplemente se le está saneando a Anglogold la situación irregular de haber intervenido ilícitamente la reserva forestal. Falta ver si esta sustracción deja en el aire la investigación que el Ministerio le había abierto en diciembre de 2008 por tal irregularidad.

Pero bueno, el problema de fondo no es el de unas hectáreas de más o de menos, sino el de definir lo que pasará cuando se confirme la existencia de las riquezas que Anglogold está buscando. ¿Será que el Estado entonces sí asumirá la defensa de la reserva forestal y de lo que ella significa para los habitantes que dependen de las cuencas y micro cuencas que se verían afectadas con la explotación aurífera? ¿Será que sopesará los beneficios enormes con que se lucrará Anglogold con los escasos que en materia de empleo les llegará a los habitantes de la región y los invaluables daños ecológicos que producirá el cianuro, el mercurio y la explotación aurífera en general? ¿Será que el Gobierno hará prevalecer el interés general sobre el de Anglogold? Ese sí es el tema de discusión.

LOS HIJOS DE URIBE

Por Rodrigo López Oviedo

La extrema juventud de Tomás y de Jerónimo no ha sido óbice para que los colombianos reconozcamos en estos muchachos los dones y agallas que cualquiera necesita para alcanzar lo que se proponga, incluidas las altas dignidades estatales. De proponérselo, ellos podrían coronarlas.

La primera demostración la dieron al convertir un modesto almacencito de artesanías en una esplendida comercializadora internacional. Por eso resulta incomprensible que ahora nos sorprenda ver que la “confianza inversionista”, que en ellos ha depositado Uribe, la aprovechen para transformar una chagrita de 30 millones de pesos en una parcela industrial con todo y doble calzada, tren de cercanías y régimen de zona franca incluidos, y una valorización de tres mil milloncitos de pesos. ¡Qué envidia!

Tal vez lo único que justifique tanta incomprensión ante el desarrollo de ese predio, ¡que requirió de casi dos años para revalorizarse en solo un diez mil por ciento!, tal vez lo único que la justifique, además de la inevitable envidia, sea la aviesa conjetura de que los actos administrativos que condujeron a ello no se habrían producido si de por medio no hubieran estado los hijos del Presidente y algunos cuantos funcionarios dependientes de él o afines a sus banderas. De ser cierta esa conjetura, podríamos anticipar que tales actos administrativos no generarán consecuencia jurídica alguna a los implicados, y menos al Presidente, de quien todo podemos esperar, menos que haya sido un mero testigo de los hechos.

Dos casos que todavía el país recuerda con malestar, pero que los inconformes con lo aquí comentado podrían considerar irrelevantes, produjeron graves consecuencias históricas. El primero de ellos comprometió a López Pumarejo, quien tuvo que renunciar en su segundo mandato ante el escándalo protagonizado por su hijo Alfonso con los fideicomisos de la Handel. El segundo, a López Michelsen, quien, siendo presidente, tuvo que ver impotente cómo su partido perdía las elecciones presidenciales siguientes ante el escándalo suscitado por una carretera que su Gobierno extendió hasta la hacienda La Libertad, propiedad de sus hijos.

Esas eran otras épocas, por supuesto. El país de entonces, aunque sumido en mil problemas, no había caído aún en la pérdida de su dignidad como nación. El de hoy, deshonrado por tanto funcionario inescrupuloso, ha perdido incluso la noción del bien y del mal y asiste impávido a inmoralidades que en otras latitudes darían lugar a que los medios, sin ningún temor a provocar las consecuentes protestas ciudadanas, expusieran sus denuncias en forma esclarecedora, en lugar de opacarlas mediante la inteligente “combinación de todas las formas de duda”, como ocurre entre nosotros.

Por eso se hace necesario el relevo en el manejo de los destinos nacionales. Relevo que no solo implica el cambio de personajes y de actitudes morales, sino también el de intereses de clase, que es en últimas lo que puede garantizar el advenimiento de una democracia real y sólida, como solo puede serlo si se inspira en el propósito de resolver los problemas de las grandes mayorías.

El Polo Democrático Alternativo constituye para muchos la opción que se orienta a tal relevo. Pero solo podrá alcanzarlo si se acompaña del máximo de organización, de unidad y de controles que eviten que a las mieles del poder conquistado lleguen oportunistas que puedan sustituir el interés de las mayorías por sus propios intereses.

UN PRIMERO DE MAYO EN RESPUESTA A LA CRISIS

Por Rodrigo López Oviedo

Que los trabajadores seamos las primeras víctimas en los períodos de crisis es verdad sabida y por casi todos aceptada, además de deseada por los dueños del capital. Esta afirmación no entraña novedad alguna, pero sí demuestra la irracionalidad a la que llegan los capitalistas.

Comparando a burgueses y proletarios, o digamos, más bien, a burgueses y asalariados, para que no se resientan algunos proletarios vergonzantes que preferirían ser vistos como burgueses; comparando a burgueses y asalariados, repito y mitigo, nos encontramos con que los primeros explotan a los segundos no solo a través de la plusvalía que les arrebatan en el proceso productivo, sino también mediante las tasas de ganancia que les sustraen en el mercado. Y si el asalariado corre la suerte de caer en el desempleo, continuará siendo explotado como consumidor, pues en tal condición deberá atender al pago de no solo los costos de producción de lo que consuma, sino también de los correspondientes márgenes de utilidad.

A nadie le conviene más que a los burgueses que haya suficiente capacidad de compra en el mercado, porque si bien es en el proceso productivo donde se genera la ganancia, es en el mercado donde la hacen efectiva. Ocupando como consumidores una posición minoritaria en el mercado, a ellos les conviene que los demás demandantes ostenten un poder compra que se pueda traducir en grandes ganancias. Estando ese poder de compra ligado, fundamentalmente, al valor de los salarios que pagan, una actitud sensata sería la de garantizar salarios decorosos, con lo cual estimularían la demanda, activarían el aparato productivo, generarían nuevos puestos de trabajo y, con la llave del salario, abrirían las compuertas del mercado a nuevos consumidores.

Claro que ese círculo virtuoso lo entiende bien cada capitalista por separado; sin embargo, cada quien aspira a que sean los demás los que se decidan a mejorar los salarios de sus trabajadores, que para los propios ya habrá tiempo. Mientras tanto, la destorcida económica avanza en medio de un desfallecimiento social que las presentes generaciones apenas comenzamos a conocer, pero que la historia de los primeros años 30 del siglo XX nos pinta con caracteres dramáticos para todos, aunque muy especialmente para los trabajadores.

En este próximo Primero de Mayo debemos dar evidencias renovadas de nuestro compromiso a no dejar que se descargue el peso de la actual crisis sobre nuestras espaldas. La presente coyuntura exige como nunca antes del tesón y de la disposición de lucha de todos los trabajadores, además de que demanda el fortalecimiento de nuestras organizaciones, no solo a través del crecimiento numérico de sus afiliados sino también mediante el acato más entusiasta de sus directrices.

En homenaje a los mártires de Chicago, debemos reforzar nuestra unidad en torno a la defensa y conquista del derecho a un empleo digno, a salarios justos, a educación, a salud y a la paz; también a un gobierno sintonizado en los intereses de las mayorías, defensor de los derechos humanos, que propugne por una democracia real y que aproveche las coyunturas para elevar la calidad de vida de los ciudadanos o, si es del caso, para evitar que se deteriore. En fin, en este Día Internacional de los Trabajadores tenemos muchos motivos para manifestarnos en la calle. Que nadie falte.

LA EUTANASIA

Por Rodrigo López Oviedo

Si usted, amable lector, está convencido de que la muerte es solo un paso que lo llevará a un paraíso donde podrá encontrar compensación a los sufrimientos que tuvo en vida o seguir en el disfrute aumentado de sus dichas terrenales; si cree que los dolores de la muerte solo representan un costo que vale la pena pagar para merecer el cielo eterno, la eutanasia puede no serle un tema de interés. Pero si considera que no hay vida después de la muerte y que vida y muerte son fenómenos naturales que usted debe afrontar de manera personal e intransferible; si le repugna el poder ser objeto de un "ensañamiento terapéutico" que le alargue su agonía sin quererlo e injustificadamente, pues considera que la vida solo está hecha para el racional disfrute, muy seguramente le parecerá que a los seres humanos debería reconocérsenos algún grado de autonomía para decidir lo que hayamos de hacer con nuestra vida si ella nos pone en condiciones de insoportable sufrimiento.

Precisamente a eso se orientan las acciones de quienes luchan por la eutanasia: al reconocimiento del derecho del ciudadano a decidir, con arreglo a la voluntad que se derive de sus personales creencias, lo que crea conveniente hacer, y permitirle hacer a su médico, en caso de que la edad, la enfermedad o una lesión lo pongan a las puertas de la muerte y en condiciones de insoportable padecimiento. La eutanasia es, entonces, una decisión del paciente, aunque suele creerse que lo es del médico, tal vez por ser este el que tiene que sufrir las consecuencias penales que puedan presentarse en caso de desenlaces de muerte que no resulten claros a los familiares del paciente.

La literatura sobre el tema distingue entre la eutanasia activa y la eutanasia pasiva. Mediante la activa, el paciente le permite al médico orientar su servicio profesional a facilitarle la muerte que lo alivie de padecimientos ya incurables e irreversibles; mediante la pasiva, lo autoriza para que se desentienda de aplicarle tratamientos que se sepan inútiles y se limite simplemente a hacerle más amables los últimos momentos de su ya ingrata vida. Para cualquiera de los dos casos, el médico debiera contar con autorización de la ley para actuar conforme a la voluntad del paciente sin verse comprometido por ello en procesos judiciales.

En Colombia no existe tal posibilidad. Nuestra ley tipifica tales conductas como homicidio por piedad y las castiga con prisión de seis meses a tres años. Sin embargo, no dice nada respecto de las que se orientan con saña a diferir la muerte, pese a no haber posibilidad ninguna de derrotarla.

***
Como no podemos pasar por alto la noticia de la reactivación de Cooperamos, dejemos para después el redondeo final de tan mortuorio tema y pasemos a la celebración. Efectivamente, la reactivación se aprobó el pasado sábado en una audiencia a la que concurrieron aproximadamente 280 personas en representación de mil 465 acreedores internos y de mil 212 millones de pesos en acreencias. La decisión fue unánime (un solo asociado en contra), lo cual puede favorecer el proceso de reconocimiento que deberá abocar la Superintendencia de Economía Solidaria. Pese a las dudas de legalidad, nos alegra esta decisión, que por tercera vez se toma, y quedamos a la espera de su ratificación oficial.

ESTE 18 DE ABRIL, TODOS A LA AUDIENCIA DE COOPERAMOS

Por Rodrigo López Oviedo

A la Agente Liquidadora de Cooperamos, doctora Ángela Parra, No hubo poder humano que la hiciera mover de su empeño en realizar, este 18 de abril, la Audiencia de Acreedores Internos de Cooperamos.

Siendo el propósito manifiesto de ésta Audiencia el de lograr que los 68 mil 529 asociados de la Cooperativa se pronuncien por su reactivación, el evento debió estar antecedido de un intenso plan propagandístico capaz de estimular el interés de los gremios, de las organizaciones sindicales, de los líderes sociales, de los medios y, en general, de cuantas personalidades e instituciones, públicas y privadas, pudieran influir sobre tantos asociados y estimularlos hacia su participación efectiva.

Para la ejecución de tal plan se requería de por lo menos un par de meses de propaganda orientada a ambientar la realización de seis asambleas de asociados en los municipios donde Cooperamos conserva oficinas abiertas. Estas asambleas deberían desembocar en la Gran Audiencia de Ibagué, donde se analizarían las conclusiones municipales y se tomarían las decisiones definitivas. Desafortunadamente la doctora Parra, sin ninguna explicación, cerró su entendimiento a estas propuestas, tal vez porque nunca ha sido de su interés el garantizarle sólidos respaldos a las decisiones relacionadas con la reactivación, y ni siquiera el quórum mínimo que les exige el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y lo reiteran los decretos 4030 de 2006, 1533 de 2008 y 557 y 558 de 2009.

Pero bueno, la suerte está echada y hoy estamos ante un evento de cuyo fracaso no solo la Liquidadora sería culpable, sino también todos los que habiendo podido hacer algo para impedirlo no lo hicimos. Solo queda buscar la manera de que ese fracaso no se dé, y en caso de darse, que quede tan bien disimulado que la Superintendencia de la Economía Solidaria pueda encubrir su propio disimulo al revisar el acta respectiva e impartirle su conformidad a los acuerdos en ella registrados, si es cierto, como dicen por ahí, que lo único que le importa al Superintendente es ver reactivada a Cooperamos, sin que le interese el cómo.

Quien como yo ha estado interesado como el que más en esta reactivación, no puede menos que hacer nudos con sus dedos y procurar que las conclusiones de este 18 de abril garanticen de la mejor manera la más pronta reapertura de Cooperamos. Me pondré al servicio de que lo que suceda en tal evento contribuya a ese fin, e invitaré a todos los asistentes a la Audiencia a asumir una actitud igual, incluyendo a los asociados que no estén de acuerdo con la reactivación por preferir que se les devuelvan sus aportes. También a estos asociados conviene el transito ordenado de las deliberaciones e, incluso, la aprobación de la reactivación, pues ello traería consigo la conformación de un Consejo de Administración que, a diferencia de la actual Junta Asesora, sí les podría atender su decisión de retiro y la cancelación de la parte de los aportes no afectada por las pérdidas.

Eso sí, habrá que procurar que este último grupo de asociados sea lo más pequeño posible, pues nada nos ganaríamos con la reactivación si ella viniera acompañada de una avalancha de retiros. Esto solo haría de la Cooperativa, ahora reactivada, un triste remedo de lo que antes fue.

DECRETO 535: MACHACANDO SOBRE EL ENGAÑO

Por Rodrigo López Oviedo

Resulta curioso: Mediante el decreto 535 del 24 de febrero de 2009, el Gobierno nacional reglamentó un artículo del Código Sustantivo del Trabajo, el 416, que está próximo a cumplir, ríanse, ¡59 años de existencia! 59 años que dan una idea de lo paquidérmicas que son nuestras instituciones, pero también de lo dispuestos que están a defender los intereses de las castas oligárquicas quienes los representan en ellas.

El 416 es un artículo esencialmente denegatorio de derechos laborales. Su contenido excluye a los empleados públicos de las posibilidades de presentar pliegos de peticiones, de celebrar convenciones colectivas y de declarar la huelga, que sí son reconocidas a los demás trabajadores, aunque se los reprime con saña cada vez que hacen uso de ellas.

También resulta curioso que en el decreto se hayan invocado las leyes 411 de 1997 y 524 de 1999. Estas leyes fueron expedidas con la intención de incorporar formalmente a nuestra legislación laboral los Convenios 151 y 154 de la OIT, y son mucho más favorables a la actividad sindical en el sector público. Sin embargo, tal invocación es un engaño. No tiene más propósito que distraer a la opinión pública con supuestas buenas intenciones, pues bien se sabe que una norma reglamentaria no puede ir más allá de lo autorizado por la reglamentada, siendo ésta la que le marca la pauta al funcionario reglamentador. Si las intenciones del Gobierno hubieran sido realmente buenas, hubiera hecho más reglamentando las leyes 411 y 524, con lo cual habría dejado superado el lesivo marco del mencionado artículo 416.

¿Qué pretendió el Gobierno con esta reglamentación? Indudablemente, debilitar la resistencia ofrecida por la bancada demócrata del Congreso estadounidense a la aprobación del TLC, induciéndola al error de creer que está dispuesto a sepultar en el pasado las prácticas antisindicales que lo han caracterizado y que ahora le resultan un obstáculo para la aprobación del Tratado.

Pero también buscó recordarles a los trabajadores estatales la existencia de una norma que los ha excluido de todo derecho a negociar con su patrón, y ahora especialmente en aspectos relacionados con “la estructura organizacional, las plantas de personal, las competencias de dirección, administración y fiscalización del Estado, los procedimientos administrativos y el principio del mérito como presupuesto esencial de la carrera administrativa”, pues ya sobre aspectos salariales y prestacionales estaba excluida, por otras normas, toda posible discusión.

Sobre lo demás, si algo queda, sí se podrá concertar, siempre que existan disponibilidades presupuestales y no se contradigan los lineamientos del CONPES. Si hay acuerdo, lo acordado se elevará a ley entre las partes, pero si no, a los trabajadores les quedará el recurso de acudir, por toda acción reivindicativa, a la lectura de la “respuesta motivada de las razones por las cuales (el Gobierno) no accede a la petición”.

Este Decreto es solo un elemento más de la dictadura hacia la cual el uribismo ha ido empujando al país y de los disimulos que se toma para hacerlo. Por estos días, expidió otro par de decretos con el supuesto fin de facilitar la reactivación de las cooperativas que están en liquidación, pero solo reafirmó con ellos las dificultades que existían para hacerlo desde ante de su expedición. Estamos, entonces, ante una estrategia engañosa que ojalá no dejemos convertir en maña.

PROPUESTA PARA LA REACTIVACIÓN DE COOPERAMOS

Por Rodrigo López Oviedo

Los amigos que amablemente me socorren con la lectura de estos comentarios me perdonarán que vuelva sobre el tema de Cooperamos, pero creo que debo hacerlo, sobre todo cuando estamos a un paso de sacar la Cooperativa de las cenizas, o de permitir que esa esperanza languidezca ante la indiferencia general.

El pasado 26 de marzo, en una reunión que me resultará grato olvidar, presenté a la Agente Liquidadora y a la Junta Asesora una propuesta para garantizar que la Asamblea prevista para el 18 de abril no vuelva vanos los esfuerzos realizados para la reactivación. Lamentablemente, no fue discutida en esa reunión, que más pareció un juicio de responsabilidades contra el suscrito, ni lo será después. Por eso la presento públicamente, animado por la ilusión de que algunos líderes sopesen la conveniencia de presionar su ejecución.

La propuesta apela a los 7730 asociados que poseen aportes sociales individuales superiores a un millón de pesos, los cuales totalizan 12 mil 345 millones de pesos y representan el 48,12 por ciento de los aportes totales. Este aparente sesgo antidemocrático tiene una razón muy sencilla. El artículo 291, numeral 19, del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero exige que la reactivación sea votada por un número de asociados que represente, mínimo, el 51 por ciento de las acreencias internas. Así lo dicen también los decretos reglamentarios 4030 de 2006 y 1533 de 2008, y lo ratifican los recientemente expedidos 557 y 558 de 2009.

La forma más realista de cumplir con semejante quórum es acudiendo al sector mencionado, pues resultarían imposibles de resolver las complicaciones logísticas de reunir a los otros 60 mil 799 asociados. Sin embargo, esto no debe entenderse como una exclusión, pues lo deseable es el concurso de todos, ya que ello le garantizaría una más pronta estabilización y desarrollo a la renacida Cooperamos. Además, se necesita de tal sector para cubrir el vacío creado por los asociados “pudientes” que no escuchen el llamado y para completar el 48,12 por ciento de acreencias internas que estos representan.

La propuesta consiste en aprovechar que el decreto 1538 de 2007 permite reunir el quórum en audiencias sucesivas. En nuestro caso, las realizaríamos en los municipios donde aún quedan oficinas de la Cooperativa, garantizando que en ellas participen, por presencia física o mediante poder, los mencionados asociados con más de un millón de pesos en aportes. Esto implicaría reunir, como mínimo, 1850 asociados en Espinal, 541 en Chaparral, un mil 648 en Mariquita, 390 en Purificación, 256 en Saldaña y tres mil 45 en Ibagué,

En estas audiencias se votaría el programa de reactivación, y se elegirían y conferirían poderes a los representantes de los asociados del respectivo municipio, quienes concurrirían a la Gran Audiencia de Ibagué, donde se recogerían los criterios de los municipios y se decidiría, ojalá favorablemente, la reactivación.

La efectividad de esta propuesta dependerá de que la Asamblea se posponga dos meses para desarrollar una fuerte campaña orientada a convencer a los asociados de la importancia de su participación y a que los asociados con aportes superiores al millón de pesos reconozcan su responsabilidad en el proceso. Ah, y dependerá también de la presión ciudadana, ya que la Liquidadora está convencida de que una reunioncilla de 300 asociados es suficiente para lograr la reactivación.

CONMEMORACIÓN Y TRIUNFOS

Por Rodrigo López Oviedo

Comencemos por la conmemoración. ¡Y qué conmemoración! Hoy, 24 de marzo de 2009, FECODE, la Federación Colombiana de Educadores, arriba, con sobrados motivos para el orgullo, a su primer medio siglo de existencia.

Es este un onomástico importantísimo como el que más, pues viene cargado de profundos significados para un sector de los trabajadores, tal vez el más importante entre todos, el de los trabajadores de la educación, que ha visto, por cincuenta años, en su Organización Sindical, al más insobornable, denodado y competente orientador de las constantes luchas que ha tenido que librar para mejorar la calidad de vida de sus asociados.

Pero de igual significación resulta para el resto de colombianos, que hemos sido testigos de las gestas que FECODE ha emprendido por la defensa de la calidad, cobertura y gratuidad de la educación pública, así como de su compromiso inclaudicable con el desarrollo del país, con la defensa de los escasos elementos de democracia que aún nos quedan, con la paz y con los cambios sociales que reclama un pueblo como el nuestro, que está sometido a los intereses y dictados del Imperio y del gran capital.

A FECODE y a todos los educadores, nuestro más rendido y sentido homenaje.

Y hablemos también de los triunfos. ¡Y qué triunfos!

En la minga que realizaron las comunidades indígenas durante los meses de octubre y noviembre del año pasado, y que recorrió trochas y senderos hasta llegar a la capital del país, una de las banderas que con más fuerza se corearon fue la relacionada con la derogatoria de dos disposiciones legales: la Ley Forestal y el Estatuto de Desarrollo Rural. Estas leyes habían sido expedidas con claro desconocimiento de mandatos constitucionales que obligan a consultar los criterios de las comunidades indígenas, y a concertar con ellas, cada vez que se quieran expedir normas que de alguna forma puedan afectar su plena soberanía sobre las tierras que habitan.

Pues bien, mediante sentencia expedida el pasado 18 de marzo, la Corte Constitucional aprobó la ponencia de inconstitucionalidad que contra el Estatuto Rural había presentado el magistrado Jaime Córdoba Triviño, con lo cual se hizo consecuente con otro fallo de la misma Corte que ya antes había declarado lo mismo con relación a la Ley Forestal. El júbilo que despertó este segundo pronunciamiento entre las comunidades indígenas es indicativo de lo mucho que les representa la soberanía sobre sus tierras y el estímulo que recuperarla les ofrece para sus nuevas luchas.

Pero para la otra corte, la de los incondicionales a Uribe, comenzando por Andrés Felipe Arias, responsable de la expedición de las normas que cayeron y del asalto a Carimagua, esta nueva decisión representa un traspié y una lección. Ellos creen que basta con que nuestro Fujimori levante la voz, o que con algunas cuantas gabelas reedite su estratégica yidispolítica, para llevar a igual grado de incondicionalidad a los demás miembros de las otras ramas del poder público. Lo que acaba de mostrar la Corte Constitucional es algo distinto. Con su fallo evidenció que aún le quedan arrestos para defender los derechos que aún consagra la Constitución, no importando los intereses que haya que afectar ni las soberbias que precise doblegar. Ojalá le alcancen esos arrestos para cuando tenga que estudiar los articulitos rereeleccionistas que están por llegarle.

PAÑUELOS BLANCOS POR COOPERAMOS

Por Rodrigo López Oviedo

Con motivo de la publicación de algunos hechos críticos presentados en el proceso de reactivación de Cooperamos, envié al editor de la página económica de El Nuevo Día, el distinguido periodista Óscar A. Varón B., una carta en la que me congratulaba y agradecía tal despliegue, dado lo estimulante que resultaba para una Cooperativa como Cooperamos -que cuenta con 68 mil 529 asociados- toda la difusión que pudiera evitar que su reactivación resultara afectada por la indiferencia con que hace nueve años fue recibida su orden de defunción.


Claro que, como lo dije en misiva enviada al Comité Departamental de Empleo, no todo lo que se difunde redunda en beneficio de la causa buscada, ni toda indiferencia vencida se convierte en apoyo. En lo que atañe a mis columnas, reconozco el desaliento que pudo haber causado entre los amigos de la reactivación la que titulé “Cooperamos: Nubarrones y esperanzas”. Allí formulé algunos señalamientos que hubiera preferido dejar recluidos en el que debería ser el escenario natural de tales discrepancias, es decir, la Junta Asesora de Cooperamos, pero el haber sido excluido de esa instancia me llevó a la desagradable decisión de hacer uso de tal columna para ocuparme del tema.


Sin embargo, considero que en la Junta también hay campo para la sensatez, y que muchos de sus miembros coincidirán conmigo en que el bien que buscamos se merece no solo los mayores esfuerzos, sino también un ánimo dispuesto a reconocer que la realidad social no puede ser vista desde una sola óptica; que las contradicciones que en ella se dan hay que procurar sortearlas con arreglo a los principios democráticos, y que con tales principios conjuga tanto la tolerancia como riñe la exclusión.


Hoy podríamos decir que Cooperamos está en las postrimerías de una oscura noche que duró nueve años, y que la aurora que se le anuncia, con toda la luminosidad que la acompaña, contiene también algunos nubarrones de los que conviene estar concientes a fin de evitar que se precipiten convertidos en borrascosa tempestad capaz de arrasar con lo que quedó de la víspera. En procura de evitarlo, debemos estar listos todos los que esperamos anhelantes ese renacer.


Por eso vuelvo a reclamar mi puesto en la Junta Asesora, pero no porque crea ser indispensable, como algunos podrían pensar, sino porque encarno una decisión de Asamblea que se debe respetar, un compromiso de no hacer nada que no contribuya al avivamiento del ánimo social que se necesita para la reactivación y una visión del proceso que si no se la tiene en cuenta lo puede hacer cojear.


Quisiera contribuir a la ejecución del plan de audiencias municipales que propuse en diciembre pasado, pues considero que las actividades allí planteadas, no obstante los decretos 557 y 558 de 2009, aún se hacen necesarias, aunque con algunos ajustes, si queremos garantizar que a la Audiencia de reactivación concurra el quórum exigido por el decreto 4030 de 2006 y sus modificatorios; pero más importante que ello, que las decisiones de esas audiencias salgan robustecidas con el respaldo del mayor número posible de asociados, que es la única manera de garantizar que sus decisiones efectivamente contribuyan a reeditar esas páginas de grandeza que Cooperamos escribió en el pasado. Posponer la convocatoria de abril 18 sería un buen comienzo.

CARTA DIRIGIDA AL COMITE DE EMPLEO DEL TOLIMA

Ibagué, 16 de marzo de 2009

Respetados señores:


Dada la responsabilidad que ustedes han asumido ante el crónico problema del desempleo y viendo el favorable impacto que a su solución podría causarle la reactivación de Cooperamos, como miembro suplente de la Junta Asesora de esta Cooperativa quiero hacerles llegar algunos comentarios.


Comenzando 2007, el doctor Alberto Bejarano Ávila puso en circulación un importante documento al que denominó “Mi lectura del caso de Cooperamos”. Conocer ese texto me hizo conciente de lo ligeros que fuimos en el Tolima ante la suerte de una empresa que directamente comprometía el sueño y los intereses de 68 mil 529 asociados, e indirectamente el de incalculable número de personas más. Desde entonces, he procurado aprovechar el generoso espacio que me brinda El Nuevo Día para hacer públicas mis preocupaciones sobre el tema, procurando evitar que se repita con el actual proceso de reactivación la vergonzosa indiferencia con que hace nueve años recibimos su orden de defunción.

Claro que no todo lo que se dice redunda en beneficio de la causa buscada, ni toda indiferencia vencida se convierte en apoyo. En lo personal, siempre he procurado que mis afirmaciones periodísticas respecto a Cooperamos giren alrededor de aspectos que aglutinen su base social y no que la dispersen o distraigan de la reactivación. Por eso quiero señalar que si en mi columna del pasado 17 de febrero, “Cooperamos: Nubarrones y esperanzas”, me salí de tal línea y puse en conocimiento público problemas que hubiera preferido dejar circunscritos al ámbito de la Junta Asesora, lo hice obligado por el hecho de haber sido antidemocráticamente excluido de ésta.

Pero necesitamos volver a la calma. Los ruidos evidenciados a través de esa columna, al igual que de los dichos recogidos en la edición de El Nuevo Día del pasado 12 de marzo, no contribuyen al avivamiento del ánimo social que se necesita para reactivar la Empresa. Simpatizante que soy como el que más en el propósito de reeditar ese Cooperamos vital que tantas páginas de empresarismo solidario escribió para orgullo de sus asociados, me comprometo a mantenerme militante dentro del espíritu de no hacer nada que no se oriente a lograrlo. Y ello hace necesario que ustedes, honorables miembros del Comité de Empleo, intervengan ante la Agente Liquidadora, doctora Ángela Parra, a fin de ser restituido a la Junta Asesora, que es donde mis opiniones y propuestas pueden resultar efectivamente útiles, siempre que sean recibidas con mente abierta y entendiendo que la realidad hay que aprender a verla desde distintos enfoques, muchos de los cuales no resultan coincidentes.

Pero más urgente que lo anterior es aplazar la Audiencia de Acreedores Internos prevista para el 18 de abril, ya que por disposición del decreto 4030 de 2006, ésta no puede hacerse sin que el aviso que la convoca se publique dos veces por lo menos en un diario nacional y una vez en uno local y sin que transcurra por lo menos un mes entre la última de tales publicaciones y la fecha de la Audiencia. No habiendo tiempo para cumplir con estos términos, cualquier cosa que se haga terminará viciando el proceso y haciendo inane cualquier esfuerzo.

Respetados señores: Ojalá podamos contar con todos ustedes en este cometido tan importante para el Tolima.

Cordialmente,

Rodrigo López Oviedo

CARTA AL SEÑOR ÓSCAR A. VARÓN B., EL NUEVO DIA

12 de marzo de 2009

Respetado don Óscar:

Quiero manifestarle mi complacencia, al igual que mi agradecimiento, por el amplio despliegue que le dio en el día de hoy al tema de Cooperamos. Desde que el doctor Alberto Bejarano Ávila, por allá en febrero de 2007, puso en circulación un importante texto al que denominó “Mi lectura del caso de Cooperamos”, he procurado hacer públicas mis preocupaciones por la suerte de ésta Empresa. Entre tales preocupaciones tal vez la que más me haya agobiado sea la de la casi total indiferencia con que se afrontó hace nueve años su proceso de liquidación. Por eso, el amplio despliegue proporcionado hoy por usted contribuye a atenuar la indiferencia que también afecta al proceso actual y a disponer favorablemente la voluntad colectiva para que los esfuerzos que se realizan con las miras puestas en la reactivación de la empresa puedan llegar a buen puerto.

El hecho casual que hace diez meses me llevó al seno de la Junta Asesora de Cooperamos me ha permitido conocer más cabalmente lo que está sucediendo en torno a la reactivación, y me ha motivado a aprovechar el generoso espacio que cada martes me brinda El Nuevo Día para opinar, de vez en cuando, en torno a este proceso, corriendo el riesgo de que los lectores puedan verme reiterativo en el tratamiento de este tema.

Pero algo que sí he procurado es hacer que mis manifestaciones periodísticas giren alrededor de aspectos que aglutinen a la base social y no que la dispersen o distraigan de tan encomiable objetivo. Por eso quiero señalar que si en mi columna del 17 de febrero de este año, “Cooperamos: Nubarrones y esperanzas”, me salí de tal comportamiento, lo hice obligado por la circunstancia de haber sido antidemocráticamente excluido del escenario donde solía opinar y proponer: la Junta Asesora, que es donde mis opiniones y propuestas pueden resultar más útiles.

Hoy necesitamos volver a la calma porque ese clima de enfrentamiento, que puede deducirse de mi mencionada columna y de lo que las circunstancias lo obligaron a usted a publicar en el día de hoy, no redunda en el avivamiento del ánimo social que se necesita para garantizar que prevalezcan los intereses de los 68 mil 529 asociados de Cooperamos, los cuales solo podrían favorecerse si les ofrecemos escenarios que les permitan reconstruir la que fue la Empresa más importante que se haya construido con el esfuerzo exclusivo de los hijos del Tolima.

Dicho lo anterior, quiero invitarlo a usted a convertirse en animador de este proceso de reactivación a través de un acompañamiento más cotidiano de lo que ocurre en torno a él.

Quiero invitar también a la doctora Ángela Parra y a la Junta Asesora a recibir con ánimo menos reactivo mis desinteresadas críticas y mis modestos aportes, pues considero que la realidad hay que aprender a verla desde distintos enfoques, muchos de los cuales no resultan coincidentes.

Por mi parte, me comprometo a seguir aportando al propósito de lograr lo que más les conviene a los asociados y, en general, a los tolimenses: un Cooperamos vital y dispuesto a reeditar esas páginas de empresarismo solidario que tanto orgullo despertaron entre todos nosotros. De seguro que en ello resultará ganando el Tolima.

Cordialmente,

Rodrigo López Oviedo

LA ASAMBLEA DE COOPERAMOS

Por Rodrigo López Oviedo

Gracias a la visita a Ibagué del ministro Juan Lozano, volvió a reunirse la Junta Asesora de Cooperamos, aunque según parece, de una manera informal. A esta reunión tampoco fui invitado, pese a ser Asesor Suplente, pero sirvió para conocer la conformidad de sus miembros y de la Agente Liquidadora, doctora Ángela Parra, con los decretos 557 y 558 de 2009, cuyos contenidos están relacionados con la promesa del presidente Uribe de colaborar en la reactivación.

Se trata de una conformidad errónea porque estos decretos no resuelven la mayor dificultad de la reactivación, consistente en la exagerada exigencia del decreto 4030 de 2006, modificado por el 1533 de 2008, el cual autoriza la reactivación siempre que se haga con un quórum representativo de por lo menos el 51 por ciento del capital social de la empresa. Esto significa una carga enorme para Cooperamos, que cuenta con 68 mil 529 asociados.

Con la expedición de los decretos 557 y 558 de 2009, La Junta Asesora y la doctora Parra creyeron cumplido el compromiso presidencial, pero están equivocadas. El 557, por ejemplo, establece que los decretos 4030 y 1533 “no serán aplicables si no se logra el quórum necesario para la reunión de acreedores internos”. Esto quiere decir que solo habrá reactivación si se reúne un número de asociados que represente el 51 por ciento del capital social

Por su parte, el 558 ratifica que la audiencia de acreedores internos deberá convocarse “de acuerdo con lo previsto en el decreto 4030 de 2006 y las normas que lo modifiquen o adicionen. Si no se logra reunir el quórum necesario para el efecto, o no se acoge el programa de reactivación, deberá convocar a la asamblea de asociados. En dicha asamblea se podrá nombrar uno o varios liquidadores para continuar la liquidación de la cooperativa”.

Como podemos observar, el 558 ratifica nuevamente los contenidos del 4030 y del 1533 y precisa que la asamblea que se convoque por no haber habido quórum en la audiencia de acreedores será para “continuar la liquidación de la cooperativa”, lo cual es distinto a “continuar la reactivación de la cooperativa”, que es precisamente lo que estábamos esperando.

Pero dice también el mismo 558 que si en esta asamblea tampoco hay quórum, se convocará una nueva asamblea “en la cual se podrá decidir válidamente con cualquier número de asociados, para efectos de la aprobación de la rendición de cuentas del liquidador saliente y nombramiento del nuevo liquidador”, lo cual también es distinto a “continuar la reactivación de la cooperativa”, respecto de lo cual hay silencio.

En síntesis, el 557 y 558 son un fiasco y hacen estéril cualquier asamblea que no cumpla con el quórum establecido en los decretos 4030 y 1533. Lograr tal quórum solo puede ser consecuencia de un plan como el que propuse en diciembre pasado, al cual no se le ha querido dar discusión y para cuyo desarrollo se requiere de un plazo que vaya más allá del 17 de abril, fecha de la nueva asamblea, según lo dijo Uribe en Chaparral.

Mientras tanto, sigo reclamando para que no se burlen más las decisiones de la asamblea que me eligió Asesor Suplente. No por pensar distinto a la Agente Liquidadora se pueden desconocer los desinteresados aportes que puedo hacerle al proceso.

EL II CONGRESO DEL POLO

Por Rodrigo López Oviedo

Con un rotundo éxito, y con los que son, terminó el II Congreso del Polo Democrático Alternativo. También con orientaciones claras acerca de los comportamientos que debe tener al Partido en medio de esta nube espesa en que, a pesar de su estado apenas incipiente, ya está convirtiéndose el debate por el relevo o la continuidad presidencial: El Congreso decidió participar con candidato propio, el cual será escogido en una consulta abierta en fecha próxima a definirse.

Resultaron lamentables las ausencias de Lucho Garzón y de María Emma Mejía, al igual que el retiro de Gustavo Petro cuando las deliberaciones tocaban a fin. Estas actitudes desentonaron con el pasado de lucha de estos dirigentes y, aunque no los dejan por fuera del Partido, sí ponen en evidencia su incomprensión del fenómeno político que está protagonizando el Polo, así como la pérdida de coincidencias entre los propósitos del Partido y sus intereses personales.

Habiendo sido conservar la unidad el mayor propósito del Congreso, sus resultados no pueden calificarse de derrota para nadie. Pero eso sí, hubo un gran vencedor: Carlos Gaviria Díaz. Todas las actuaciones de este dirigente, previas al Congreso, estuvieron orientadas a evitar convertirse en factor de división, y por ello su reiterada invocación para que su nombre no girara más en torno a presidencias partidarias o a candidaturas presidenciales. Esto lo entendieron bien las bases; pero también entendieron que el Partido no podía darse el lujo de semejante desperdicio y que la mejor manera de garantizarse su mayor unidad era precisamente reconociéndole al Maestro sus grandes dotes de conductor; de allí que lo haya ratificado como Presidente de la Colectividad, sin que ello lo inhabilite al momento de escoger, mediante consulta abierta, el candidato presidencial para el 2010.

Y aceptando esta decisión, Gaviria dio muestras adicionales de respeto a esa democracia que muchas veces le impone a quien se reclama demócrata el sometimiento de sus personales inclinaciones a los designios de las mayorías, así esos designios le roben su derecho a recluirse tranquilamente en los cuarteles de invierno.

Otra fue la actitud de Petro, quien prefirió retirarse, casi en solitario, a tener que aceptar que sus muchos aciertos como senador no le fueran suficientes para granjearse la voluntad de las bases y, con ella, una candidatura que hasta el momento solo ha gravitado en su propia cabeza. Ojalá que las amarguras que suelen acompañar este tipo de frustraciones no lo lleven a marginarse de este proyecto político, al que tantos esfuerzos le ha consagrado y del que solo es posible esperar resultados tangibles para el pueblo en la medida en que esté inspirado en un programa que, como el que se ha venido construyendo, conduzca al establecimiento de un nuevo poder, que ponga en manos de todos los miembros de la sociedad los satisfactores de sus múltiples necesidades materiales y espirituales, siempre en un marco de paz, democracia, justicia y armonía.

Semejante proyecto solo será posible sacarlo adelante con el concurso desinteresado de todos los colombianos que quieran comprometerse a construirlo de la mano de dirigentes desinteresados como muchos lo han sido, y como aspiramos a que vuelvan a serlo las mariaemmas, los luchos y los petros. Mientras tanto, otros siguen en la brega, y de qué manera, como el Maestro Carlos Gaviria Díaz.

REFLEJOS DE LO QUE SOMOS

Por Rodrigo López Oviedo

Doña Margarita Enciso de Rangel es una destacada magíster en filosofía y educación que por más 30 años socorrió a las juventudes tolimenses con la impronta de su magisterio universitario y de bachillerato y al Tolima con los invaluables servicios que ha prestado desde importantes entidades, como el Instituto Ibaguereño de Cultura -del cual fue directora-, la Academia de Historia del Tolima –de la cual hace parte-, la Corporación Folclórica del Tolima, el Consejo de Cultura de Ibagué, la Corporación de Organizaciones Culturales del Tolima y la Asociación de Egresados de Ciencias Sociales de la Universidad del Tolima, de la cual es cofundadora.

Conocí a doña Margarita Enciso por la afortunada circunstancia de haber sido elegido a una junta de la cual ella hacía y hace parte. Esa misma circunstancia me permitió reconocer también en esta destacada hija del Tolima su incansable entrega al estudio de nuestra realidad social, de lo cual son sobrada evidencia sus numerosos artículos de prensa y la coautoría de un estudio sobre los contenidos filosóficos de nuestras leyendas folclóricas, pero muy especialmente la reciente edición de su robusto libro Estudio del Folclor: un proyecto de identidad regional.

Hoy, conocida esa obra en sus líneas generales, vista la importancia del tema tratado y la profundidad y calidad alcanzadas por la autora, me siento llamado a invitar a su estudio, sobre todo por los muchos beneficios que es dable esperar de una obra que, como la suya, nos acerca tanto al conocimiento de nuestra realidad.

Como bien puede deducirse de su título, el libro está orientado a desenmarañar el intrincado tema del folclor en el Tolima; sin embargo, la autora ha evitado incurrir en el olvido de que la región está inserta en una realidad nacional, de la cual recibe múltiples contagios y a la cual le transmite, por el camino del retorno, sus particulares influencias. De allí que nos pasee por los diversos parajes culturales de la nación, entresacando de ellos, con singular prolijidad, sus más características manifestaciones, sin descuidar los efectos derivados de las particularidades étnicas que se esconden tras ellas.

A manera de ejemplo podríamos observar cómo la autora destaca los dejos de melancolía y queja que suelen encontrarse en las diversas expresiones culturales de los pueblos del Litoral Pacífico, a los cuales les encuentra causa en “un proceso histórico nefasto (…) que ellos (los pueblos) hacen evidente a través de sátiras, formas irónicas, canto y la afirmación de una cultura que les ha permitido permanecer y proyectarse como etnia a pesar de las situaciones de dominación y exclusión vividas”.

Pero claro: el énfasis fundamental está puesto en el Tolima. Por esta razón, quienes quieran saber de sus raíces culturales y de la manera como se evidencian a través de las danzas, de los cantos, de los dichos; quienes quieran conocer de las esencias que le dan encanto a sus mitos y leyendas; quienes vean en el folclor la manifestación más terrígena de nuestra identidad y le reconozcan vigor suficiente para impulsar a nuestro pueblo hacia mejores estadios podrán encontrar en este hermoso paneo por nuestras manifestaciones culturales la sabia vital que hace estremecer las esencias del pueblo tolimense. Con razón Carlos Orlando Pardo calificó el libro de doña Margarita Enciso de Rangel como “Un texto iluminador sobre nosotros mismos”.