UNASUR

Por Rodrigo López Oviedo

Sin suscitar mayores comentarios, mayo nos regaló uno de los acontecimientos más importante en la historia de América Latina: La firma del Acta Constitutiva de la Unión de Naciones Suramericanas –UNASUR-. Este hecho ocurrió en Brasilia con la concurrencia de los presidentes de los 12 países que conforman esta parte de nuestro continente y representa un gran paso en el proceso de integración que se había iniciado en la reunión presidencial de Cuzco, el 8 de diciembre de 2004, y continuado en las de septiembre de 2005, en Brasilia, y diciembre de 2006, en Cochabamba.

La integración es el único camino que nos permitirá superar el aislamiento ancestral y los enfrentamientos desmembrantes que nos han mantenido en condiciones de marginalidad en el concierto internacional. Para ponernos en él, se necesitó que emergieran personalidades como Hugo Chávez, Lula da Silva, Evo Morales y Néstor y Cristina Kirchner, que fueron capaces de ponerle un punto de quiebre a las condiciones de postración al Imperio en que se hallaban nuestros países.

Estaba previsto que la reunión aprobatoria del Acta Constitutiva se efectuara en marzo, en Cartagena de Indias, pero con la crisis desatada por la incursión militar de Uribe a territorio ecuatoriano, terminó celebrándose el 23 de mayo en Brasilia. Igual alteración ocurrió con la presidencia del Organismo, la cual debía quedar en manos de Colombia, pero por igual razón pasó a las de Michelle Bachelet, presidenta de Chile

Para que UNASUR entre en vigencia, requiere ser ratificada por los congresos de al menos nueve de los países miembros. Cinco años después de ello, podrá comenzar a estudiar adherencias de otros países latinoamericanos, ya que se pretende convertirla en el imán integrador más importante de América Latina y el Caribe, con lo cual nuestros pueblos ganarán presencia y voz ante otros interlocutores del mundo.

Las expectativas reinantes se orientan a que el nacimiento de UNASUR dé lugar a un Parlamento Suramericano, a unos mecanismos de defensa regional y a una ciudadanía y una moneda comunes a todos los países miembros, pero sobre todo a que de manera progresiva se extienda el reconocimiento de los derechos de cada pueblo a los nacionales de los demás países asociados, lo cual constituirá el principio del fin de las odiosas asimetrías reinantes en y entre nuestras naciones.

Un hecho desconcertante lo marcó la actitud del presidente Uribe. Tal vez por su necesidad de mejorar las relaciones con Venezuela -el primer cliente comercial de Colombia en productos no tradicionales- y con Ecuador -el tercero en todo sentido-, no se atrevió a marginarse de UNASUR, pero sí a respaldarlo de manera solo parcial, como lo evidenció al oponerse a la creación de uno de sus órganos, el Consejo Suramericano de Defensa. Asustado, muy seguramente, por las invocaciones a la soberanía y a la integridad e inviolabilidad territorial de los estados, adujo que “Colombia no tiene suficiente respaldo (…) al propósito de combatir el terrorismo”. Así reconoce lo sola que está en la región su concepción acerca del conflicto colombiano.

Por fortuna, esa oposición no significa la muerte de la iniciativa; pero si le introduce morosidades a un proceso que está urgido de echarse a andar, no tanto por la conveniencia de los capitales como por el bienestar de los pueblos y la necesidad de construirle alternativas multipolares al Imperio.

AVANZADA CONTRA EL PENSAMIENTO DEMOCRÁTICO

Por Rodrigo López Oviedo

Ya nos habíamos referido anteriormente a la extraordinaria suerte del presidente Álvaro Uribe. Cada día aparecen nuevas evidencias de ello, con el agravante de que todas coinciden en su propósito distractor y en su capacidad de impedir que los esfuerzos de los sectores democráticos puedan concentrarse en la tarea de una eficaz oposición.

De esa evidente suerte hacen parte los supuestos computadores de Reyes, ahora convertidos en una especie de Caja de Pandora, de los cuales podrá salir todo lo que se quiera utilizar contra el pensamiento democrático del país y los gobernantes vecinos, sin que se pueda esperar para el final el hálito de esperanza que quedó como contenido postrero de la consabida Caja.

En su última sacudida, de los computadores salieron supuestas referencias que comprometen con las FARC a un ex candidato presidencial, tres congresistas, tres periodistas y cuatro extranjeros. Lo cierto es que para tales sindicaciones no hacía falta ningún computador. Hubiera bastado con espulgar en los archivos oficiales y periodísticos para encontrar evidencias acerca de la participación de la mayoría de estas personalidades en procesos de paz o de intercambio humanitario, que es por lo que se les quiere criminalizar, y en los cuales estuvieron en compañía de funcionarios del Estado o con su previa autorización, o motivados por la labor que demandan el ejercicio congresual y el periodístico.

Obviamente que de la prensa o de los archivos oficiales no hubiera podido esperarse el impacto que se buscó mediante estos computadores, que –manipulados, según el informe escrito de INTERPOL, o no manipulados, según el informe verbal de su Secretario General- nadie podrá demostrar que pertenecieran realmente a Raúl Reyes y menos que de ellos no puedan salir cuantas “pruebas” se requieran para someter judicialmente a quienes le resulten incómodos al ejecutivo.

Tal vez los casos que resultan más aberrantes, precisamente por lo notoriamente contraevidentes, son el de la senadora Piedad Córdoba, el del ex candidato presidencial Álvaro Leyva Durán y el de Carlos Lozano Guillén, director del semanario Voz. Estas tres personalidades, en diversas oportunidades, han recibido encargos oficiales para acercarse a la guerrilla en temas relacionados con el conflicto. Con su ominosa vinculación no puede haber más propósito que el de elevar a delito la búsqueda del intercambio humanitario, criminalizar la lucha por la paz, como se ha criminalizado la lucha social y sindical, y seguir descolgando cortinas de humo ante los escándalos de la narcoparapolítica, agudizados ahora por las extradiciones con que se pretenden entrabar las delaciones de la cúpula paramilitar, pero también ante las escandalosas irregularidades presentadas en el trámite del acto legislativo que prorrogó la presencia de Álvaro Uribe en la Presidencia de la República a cambio de puestos y recursos oficiales.

El mundo entero bien conoce las consecuencias que puede traer una cacería de brujas como la que se insinúa si no se interpone la pronta cortapisa a sus instigadores. Esta búsqueda de chivos expiatorios nadie sabe a dónde puede llegar. De tal manera que lo mejor es que el pensamiento democrático se disponga a dar una nueva y noble batalla por la preservación y conservación para la lucha democrática de estas figuras que hoy están en el banquillo de los acusados. De paso, servirá para blindar de tan nefasta suerte a otros dirigentes populares igualmente valiosos.

NUEVOS MOTIVOS PARA LA CONSTITUYENTE

Por Rodrigo López Oviedo

Con la extradición de la cúpula narcoparamilitar se afectaron los desplazados, los familiares de los desaparecidos, las viudas, los huérfanos. En resumen, las víctimas de la violencia paramilitar. Todos quedarán burlados en sus esperanzas de verdad, justicia y reparación.

El Gobierno ha creído fácil convencernos de que su decisión se fundamentó en la necesidad de impartirles castigo a estos socios, que seguían delinquiendo o no colaboraban con la justicia o se negaban a resarcir a sus víctimas. Pero si tenemos en cuenta la enorme deuda de estos extraditados por crímenes de lesa humanidad, que es incomparablemente superior a la que tienen por tráfico de drogas, la retórica de castigo resulta falsa. Y resulta más falsa todavía al considerar que existía el camino, más disuasivo aún, de excluirlos de la Ley de justicia y paz y someterlos a la justicia ordinaria.

En verdad, el primer propósito del Gobierno fue el de recordarles a los protegidos con la ley de impunidad que los acuerdos que condujeron a ella y a la desmovilización posterior tenían implícita una cláusula de confidencialidad que debía inhibirlos de las delaciones que hoy lo atormentan. Pretendía alejarse así del peligro de verse en las mismas en que hoy están 65 amigos del Congreso, a quienes se les ha abierto causa judicial y a 33 las rejas carcelarias, sindicados de nexos con los que hoy pretende acallar.

Y el segundo propósito fue el de sacar de la escena a la Corte Suprema de Justicia y al aparato judicial, que con sus pesquisas estaban acercándose peligrosamente a la Casa de Nariño y a algunos de sus habituales visitantes. Como bien lo dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), refiriéndose a la extradición, “este acto interfiere con los esfuerzos por determinar los vínculos entre agentes del Estado y estos líderes paramilitares”.

Con esta decisión, el Presidente de los colombianos pasó a convertirse en deudor de la justicia, si es que no tenía ya algunas cuentas con ella. Sin consideración alguna con su condición de jefe de estado, descendió a la posición de mero y simple cancerbero de su propia libertad, y aprovechó las potestades de su cargo para acallar a quienes pudieran dar razón de sus pecaminosos nexos.

Las ganancias son entonces del Gobierno y de sus cómplices. Puestas las cabezas del paramilitarismo en lejana picota, donde sufrirán investigaciones por asuntos distintos a los que aquí motivaban sus enredos, será muy poco lo que puedan decir en perjuicio de quienes les patrocinaron en su criminal tarea. ¿Puede haber mayor justificación para esta torcida extradición?

¿Que es que los narcoparamilitares sí pagarán después sus crímenes de lesa humanidad? Es posible. ¿Pero hasta cuándo habrá que esperar? ¿Hasta que nos venza el olvido?

¿Que las víctimas pueden estar pendientes de lo que ocurra en los tribunales de Estados Unidos? También puede ser; ¿pero a qué costo, por cuenta de quién y con qué garantías de que les paren bolas?

No; definitivamente la extradición se está utilizando para poner tierra de por medio entre los ejecutores de los crímenes y sus cómplices y determinadores. Y para, de paso, dejar supeditada nuestra justicia a la de Norteamérica y reducida a condiciones meramente residuales. Ante semejante situación, solo una Asamblea Nacional Constituyente puede trazarnos el camino que nos devuelva la esperanza.

UNA REFLEXION NECESARIA

Por Rodrigo López Oviedo

Engalanada con la desbordada inteligencia de un ramillete de lúcidos pensadores salidos del mundo de la academia, de la Justicia, de la política y de algunas ONG, durante los pasados 8 y 9 del corriente mayo de 2008, se celebró en la deslucida Aula Máxima de la Universidad del Tolima la “Jornada de Reflexión sobre los Derechos Humanos – Una visión crítica”.

Lo primero que llama la atención de esta Jornada es que haya sido convocado, no por directivos universitarios o gremiales, sino por dos resueltas estudiantes de Ciencias Sociales, Gina Jiménez y Ximena Mesa, quienes, impactadas por la sistemática violación de los derechos humanos en Colombia, se dieron a la tarea de sensibilizar sobre ellos.

Desfilaron por el Evento el siempre prolífico escritor y académico Julio César Carrión y los luchadores sociales Norma Constanza Acosta, Jaime Bernal y Darío Gómez. Estuvieron también los doctores Eduardo Jaramillo, fiscal jefe de la Unidad Seccional de Delitos contra la Administración Pública; Francisco Taborda, decano de derecho de la Universidad de Ibagué y ex defensor del pueblo, y Ricardo Sánchez, prestigioso profesor, escritor y líder socialista. El resumen de cierre estuvo a cargo del académico Ramiro Gálvez.


El Evento fue, en esencia, un desfile de percepciones no siempre coincidentes, pero más por razón de la indiscutible complejidad del tema que como evidencia de que faltara maduración en los conceptos de los expositores. Allí pudo percibirse la angustia de quien ve en los derechos humanos un conjunto de enunciados que ha servido para justificar la intromisión de unos Estados en los asuntos de otros bajo el pretexto de garantizar su aplicación.

También pudimos reconocer la tragedia de quienes son burlados en sus derechos bajo el sofisma de que ellos también los burlan y el salvajismo de quienes violan los de los demás pretextando la defensa de los propios. Allí se hizo sentir la desesperanza del expositor que cuestiona la posibilidad de defender en Colombia los derechos humanos desde el Estado y exige asumir como política judicial la concesión del máximo de ventajas a las víctimas y el máximo de garantías para los victimarios en respuesta a la asimetría existente entre las víctimas y los victimarios del conflicto colombiano.

Dada la profundidad y la naturaleza de los temas tratados, nada más congruente con la Jornada que, al finalizar, se haya aprobado respaldar la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que busque salidas a la crisis de nuestras instituciones, y que se haya invitado a las organizaciones populares a hacer lo propio.

Pero igualmente consecuente con el tema resulta señalar que el Evento fue conmocionado con la noticia de que el doctor Agustín Angarita Lezama -reconocido hombre cívico, médico, columnista, profesor universitario, director del Observatorio de Derechos Humanos, director del ciclo de conferencias “Ciudadanos del Mundo” y animador dentro del Polo Democrático de la línea civilista en la lucha política- está siendo judicializado por supuestos vínculos con organizaciones guerrilleras.

El caso Angarita Lezama se asemeja al de Carlos Lozano Guillén, destacada personalidad nacional dedicada a la paz y al cambio social y miembro del Grupo de Notables, al que alguna vez el Gobierno le encomendara importantes gestiones orientadas a la paz, sobre quien hoy se adelanta la más vergonzosa campaña con miras a encauzarlo bajo iguales sindicaciones.

¡Cuánta falta nos hacen eventos como el comentado!

LOS TEMAS DE LA CONSTITUYENTE

Por Rodrigo López Oviedo

El interés que está cobrando la propuesta de una nueva Asamblea Nacional Constituyente demanda definiciones prontas sobre la manera de activar su convocatoria y garantizarle una representación adecuada a los sectores populares, pero especialmente sobre el temario que debe avocar para que efectivamente contribuya a la superación de los problemas que obligan a su realización.

Habiendo expertos en tácticas y estrategias, dejémosles a ellos los dos primeros puntos y concentrémonos en el temario, no sin antes reconocerle al doctor Carlos Gaviria Díaz, presidente del Polo Democrático Alternativo, el cabezazo de esta propuesta, pues ella representa la única salida posible a la desbordada crisis en que cayeron nuestras instituciones al no querer sacudirse de sus ancestrales lacras de corrupción y politiquería y ser copadas por los carteles de la droga y el paramilitarismo.

Semejante crisis no puede ser sorteada por el Congreso, ya que es el organismo que más comprometido está con ella, dada la elevada presencia de votos mal habidos en la elección de sus miembros, al igual que en la del presidente Álvaro Uribe. De tal imposibilidad da cuenta el actual proyecto de reforma política, del cual solo quedarán unas sillas vacías y un umbral que dificultará más la expresión democrática de las minorías.

Esta Constituyente debe orientarse a erradicar los nexos de la política con el narcotráfico y a impedir la influencia de éste en las instituciones estatales; a buscarle fin a la violencia y a sembrar la paz. En tales aspectos, Uribe solo muestra fracasos; y los seguirá mostrando si se empecina en su autismo, en desacreditar la lucha de la Cortes contra la narcoparapolítica y en perseverar en su guerrerismo extremo, que solo le ha servido para golpear a la oposición y construirse una falsa imagen de triunfos contra el terrorismo.

Por eso la Constituyente debe atenuarle las exageradas prerrogativas al presidencialismo en Colombia. Para atender los temas de paz y de política internacional, por ejemplo, deben crearse organismos plurales de alto nivel, capaces de auscultar el pensamiento nacional sobre tan espinosos temas y fijar políticas de Estado.

En el campo electoral se precisa erradicar toda práctica que afecte la libertad ciudadana o que contribuya a la alteración de los resultados electorales. Se deben proscribir definitivamente los dineros privados en las campañas y establecer una jurisdicción electoral con tribunales y dientes suficientes para disuadir a quienes se sientan tentados a participar en tales prácticas, además de ordenar la expedición de una legislación que reglamente la suspensión de personerías a los partidos, la revocatoria de mandatos a todo nivel y la devolución de dietas y recursos electorales recibidos del Estado.

Igual necesidad hay de regular la información oficial que se brinda a la ciudadanía. Todas las potestades relacionadas con este tema deberían centralizarse en un organismo que no dependa del ejecutivo y que administre y difunda la información de todos los entes estatales, incluidos los de defensa y seguridad del Estado. No de otra forma se puede poner fin al cúmulo de fraudes informativos que, a través de falsos positivos, de mentirosas ejecutorias y de encuestas de opinión, enajenan la conciencia ciudadana y la llevan a respaldar gestiones que más merecen una revocatoria.

En fin, hay muchos aspectos más que esta Constituyente podría conocer, pero para hablar de ellos necesitaremos otras 555 palabras.

EL PRIMERO DE MAYO Y LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE

Por Rodrigo López Oviedo

Ante las características, ya vergonzosas, que ha ido adquiriendo la crisis de legitimidad introducida por la parapolítica a la institucionalidad colombiana, va creciendo el interés en la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.

No es para menos. Ya son 63 los congresistas sindicados de tener o haber tenido nexos con el narcoparamilitarsmo y, ante las muestras de independencia que ha mostrado la justicia, muchos otros atisban con horror hacia los estrados judiciales.

Se trata de un grave problema para el Congreso, al cual no solo se le ve carente de moral e iniciativa, sino con serias dificultades hasta para hacer quórum, además de que algunas de sus comisiones, en especial las que tienen responsabilidades en la reforma política, no pueden reunirse porque parte de sus miembros están impedidos para discutir sobre tales asuntos, dados esos mismos nexos.

Agravando el problema, con la detención de Yidis Medina llegarán a la Corte Suprema de Justicia suficientes evidencias de irregularidades en el trámite del acto legislativo que consagró la reelección presidencial, las cuales pondrán en aprietos penales a altísimas dignidades del Estado, incluido Uribe.

Para peor tormento, a nuestros dirigentes solo se les ocurren insulsas propuestas, como la silla vacía o el perdón y el olvido para los parapolíticos, que solo pueden generar más impunidad y el riesgo de que tales conductas se vuelvan recurrentes.

De allí el interés que ha despertado la propuesta de una Constituyente. Sin embargo, el camino no está despejado. Quienes creen tener algo que perder con ella han comenzado a pelar las muelas. El rechazo de la bancada uribista, secundada por Uribe, es buena muestra de ello.

Esto ha hecho pensar al Polo Democrático Alternativo que el único camino para sacar adelante esta iniciativa es el de ventilarla de cara al pueblo, para que sea éste el que, con su presión, comprometa al Congreso en su aprobación. A ello debe vincularse el pensamiento democrático, y la celebración del Día Internacional de los Trabajadores es el momento indicado para dar el primer paso. Esta celebración debe ser aprovechada para iniciar la agitación de la Constituyente ante los colombianos. Es lo menos que puede hacerse si se pretende no solo encontrarle salidas a la crisis presente, sino también blindar nuestras instituciones para que no vuelvan a caer en manos y en mañas como las actuales.

Pero también la agitación por la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente debe incluir algunas banderas que sean capaces de movilizar a la gran masa popular. Por eso, nos veremos con los trabajadores, en el desfile del Primero de Mayo, con consignas que eleven nuestros reclamos por el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a la vivienda y a una remuneración justa; por la paz y el intercambio humanitario; y por la recuperación del camino desandado con las contrarreformas que se le han introducido a la actual Constitución, y con las cuales el país fue retrotraído, en materia de derechos, al estado en que se hallaba en los inicios del Siglo XX.

Todas estas consignas nos ponen a tono con el presente y nos iluminan el camino a la creación de ese Estado en el cual el hombre sea su eje central, y no el capital, como ocurre en esta sociedad de capitalismo salvaje.

HACIA UNA NUEVA CONSTITUYENTE

Por Rodrigo López Oviedo

Las declaraciones de la ex congresista Yidis Medina, concedidas por su propia iniciativa al tele-noticiero Noticias Uno y aparentemente motivadas en la necesidad de la ex Representante de blindarse ante amenazas contra su integridad personal, han puesto en evidencia la gravedad de la crisis moral que afecta la institucionalidad colombiana.

Dice Yidis Medina que cuando en la Cámara de Representantes se discutía el Acto Legislativo que permitió la reelección del presidente Uribe, el Secretario General de la Presidencia, en la propia Casa de Nariño, le ofreció “lo que necesite” a cambio de desempantanar con su voto afirmativo la enmienda constitucional que permitiría esa reelección. Tal oferta le fue ratificada en esa misma oportunidad por el propio presidente Uribe, quien le reiteró que las promesas le serían cumplidas.

Al aceptar la oferta, la entonces Representante tradujo “lo que necesite” en la petición de “el SENA Regional, el Seguro Social, la Red de Solidaridad”, además de un consulado, todo lo cual, le aseguraron, le sería cumplido. Este cumplimiento no pasó de las palabras, pues, a la postre, solo resultó favorecida con la dirección de la Clínica del Seguro Social en Barrancabermeja, aunque por un tiempo que, por su cortedad, hizo que se agravara la insatisfacción de la Congresista.

Se trata, por supuesto, de un acto de corrupción frecuente, cuyas promesas de erradicación le representaron a Uribe una buena cantidad de votos en la campaña presidencial de 2002. Se suponía por aquel entonces que, bajo su batuta, tales prácticas pasarían a la historia. Lamentablemente no solo no han desaparecido sino que ahora, ¡oh sorpresa!, es el propio Presidente, él mismo en persona, el que incurre en ellas, con el agravante de que deja burladas a las víctimas de su oferta punible y ante el riesgo de ser sometidas a una sindicación igual a la que él mismo como oferente merece y que en nuestro Código Penal aparece bautizada como cohecho.

Si recordamos que con motivo de este Acto Legislativo no hubo solo yidis sino también teodolindos, y que en las dos últimas contiendas electorales los votos arrancados mediante las malas artes de la parapolítica fueron miles y miles, no nos queda más remedio que reconocer la ilegitimidad de Uribe al frente del Estado y que se quedan cortos quienes reclaman únicamente la revocatoria del Congreso: También el mandato del Presidente debe ser revocado.

Pero se quedan mucho más cortos aún los que creen que con una simple reforma que deje vacías en el Congreso las sillas de los parapolíticos se resolverán estos graves problemas. El país está urgido de una verdadera transformación institucional que blinde al Estado de estas aberrantes prácticas. Ello implica, entre otras cosas, elevar las penas contra el cohecho que se origina en el Ejecutivo, sancionar el tráfico de cuotas burocráticas, proscribir la financiación privada de las campañas electorales, hacer imperativa la participación ciudadana en la escogencia de los candidatos a toda elección popular y, para atraer el interés colectivo, recuperar el camino desandado con las reformas que han desvirtuado el carácter progresista de la Constitución del 91.

Todos estos cambios solo pueden esperarse de una Asamblea Nacional Constituyente. Esta iniciativa viene ganando terreno en la conciencia ciudadana y a garantizarle respaldo popular debe concentrarse el pensamiento democrático del país. Sin ella, solo queda esperar la hecatombe.

A PROPÓSITO DE GAITÁN

Por Rodrigo López Oviedo

Si el propósito de los grandes medios fuera el de mantener debidamente informada a la ciudadanía, el sexagésimo aniversario del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán hubiera dado lugar a que se volcaran a recuperar para la memoria de las actuales generaciones unos acontecimientos que hablan mal de la forma como nuestras clases dirigentes han orientado los asuntos públicos.

No fue así. El papel de tales medios se determina en los directorios de las corporaciones oligárquicas y eso los pone en pugna con la verdad. Con motivo de esta conmemoración, realizaron un esfuerzo encomiable que quedó plasmado en importantes páginas de diarios y revistas y en algunas películas de televisión. De ellas habría sido mucho lo que hubiéramos podido aprender si los énfasis los hubieran puesto en las esencias causales de tan dramáticos acontecimientos y no tanto en anécdotas meramente circunstanciales.

En los programas de televisión, por ejemplo, fue mucho más el esfuerzo dedicado a mostrar las miserias espirituales de algunos, no pocos, que se dedicaron a saquear y conseguir beneficios personales en medio de este desgarrador infortunio, que el destinado a mostrar las causas de una hecatombe que encontró su detonante en la muerte del mártir, pero que ya venía acuñándose en la insoportable pobreza que provocaban los egoísmos oligárquicos, y cuyas causas pretendieron disimularlas con el azuzamiento del sectarismo partidista.

Contra ese azuzamiento fratricida se alzaban los impactantes discursos del caudillo, a través de los cuales buscaba la unidad de los pobres contra las castas oligárquicas liberales y conservadoras. En las películas de televisión estaba su voz, pero no su propósito de unidad. Esa voz allí resonaba, pero más a la manera de fondo musical y con la intención de acentuar el dramatismo del programa que como instrumento de denuncia ante la infamia de su asesinato o como estímulo al conocimiento de su pensamiento.

En fin. Con el papel que jugaron en esta celebración, como en muchas otras veces, los grandes medios quedaron en deuda. Ellos están obligados por la Constitución a cumplir la insoslayable tarea de garantizar el derecho de la sociedad a una información limpia, libre y razonable, con todo lo que ello implica en cuanto a sujeción a la objetividad y a la exclusión de cualquier segunda intención que los ponga en riesgo de entrar en riña con la verdad. El servicio que todos estamos en el derecho de esperar de ellos debe estar inspirado en ese deber ético, ya que sin él es imposible que podamos considerarnos en ejercicio del derecho constitucional a estar bien informados.

El pensamiento de Gaitán conserva inmensa vigencia. El bebió en las fuentes del socialismo, pero ni siquiera sus reclamos a favor de la paz y de los humildes han podido concretarse en soluciones que hagan innecesaria su inclusión en la agenda de las reivindicaciones sociales. Pareciera que aquel nueve de abril, con todas las pérdidas que significó en vidas, en bienes y en caos institucional, no hubiera servido a nuestros dirigentes para sacar las lecciones correspondientes. Antes por el contrario, muchas veces más han reincidido en crímenes de parecida significación, como los que cegaron la vida de los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro León-Gómez, o la de tantos otros que se atrevieron a alzar su voz en defensa de los humildes.

CANALES DE ENTENDIMIENTO

Por Rodrigo López Oviedo

El interés por la supervivencia de algunos retenidos de las FARC ha rebasado tantos límites que ya ha llegado a sugerirse que entre las víctimas del conflicto colombiano hay rehenes de primera, de segunda y de otras categorías. La evidencia más reciente la tenemos en la misión médica que desplazó el gobierno de Francia con el supuesto fin de atender a todos los retenidos por la guerrilla: ¿Habría llegado tal misión si entre los cautivos no estuviera Ingrid Betancourt?

La respuesta negativa al anterior interrogante puede servir para confirmar la veracidad de la crítica en cuanto hace a nuestro alto Gobierno y a la comunidad internacional; pero no así a la organización guerrillera y a sus miembros, para quienes resulta indiferente que los cautivos se llamen Ingrid o José o que su nacionalidad sea criolla o extranjera. No de otra manera se explica que hayan permanecido imperturbables ante las gigantescas campañas a favor de la colombo francesa mientras que a los reclamos de libertad de otros rehenes de menos campanillas sí han respondido favorablemente.

El mayor interés de las FARC por los cautivos está fundamentado en la posibilidad de aprovecharlos para sacar de las prisiones a sus combatientes y retornarlos a las filas. Es entendible que, en ese propósito, solo quieran el regreso de quienes conserven intacto su compromiso revolucionario, para lo cual les resulta insoslayable el procedimiento del intercambio consensuado antes que las liberaciones unilaterales que maliciosamente Uribe les ofrece. Ese intercambio solo puede lograrse a través de apropiados canales de comunicación.

El desafortunado fracaso de la misión médica también confirma la necesidad de que exista ese canal. Además de provocar un justificado pesar por el desperdicio de recursos que implicó, y que bien aprovechados hubieran servido para aligerar los dolores de algunos cautivos y para mermarle decibeles a la vocinglería guerrerista, ese fracaso debería motivar la apertura de una discusión franca acerca de la conveniencia de activar tal canal, de manera que sirva para establecer contactos cada vez que se haga inaplazable llegar a algún grado de entendimiento, como el que demandó esta coyuntura.

Desafortunadamente el Gobierno ha resultado ser el menos interesado. Solo piensa en montar talanqueras de hecho cuando de palabra anuncia lo contrario. Nuestro mal llamado Comisionado de Paz, el doctor Luis Carlos Restrepo, sirve de ejemplo. No solo resolvió enterrar definitivamente cualquier posibilidad de despeje de Florida y Pradera con el argumento absurdo y populachero de que no se les puede entregar a las FARC “la vida y los bienes de unos ciudadanos”, sino que prácticamente vetó la participación de todo mundo en los esfuerzos de paz, pues, según lo dijo en un rechazo expreso a Piedad Córdoba, que debe entenderse extendido a todos los demás colombianos, "el manejo del proceso de paz es competencia del Gobierno” y “un ciudadano, por más importante que sea, no puede estar arrogándose funciones que están en cabeza del Presidente”.

Se trata, por supuesto, de argumentaciones con las cuales el uribismo busca ponerse a salvo de acercamientos con la guerrilla que lo pongan en peligro de tener que abandonar las armas con las cuales se comprometió a terminar un conflicto que bien sabe él que con ellas solo se perpetúa, y al cual los ciudadanos debemos buscarle otros caminos si queremos que, por el contrario, termine.

EL DECRETO DE INTERCAMBIO HUMANITARIO

Por Rodrigo López Oviedo

Luego de conocido el llamado decreto de intercambio humanitario, muchas son las ilusiones que han surgido entre algunos colombianos. Tal decreto parece expresión de ese apuro que todo colombiano siente por la libertad de Ingrid Betancourt ante la precaria salud que padece, si es que los terribles diagnósticos que de ella se han conocido no resultan tan infundados como parece que fueron los de la del ex senador Gechen Turbay. De todas formas, ciertos o no, la sociedad toda debe darse prisa en su propósito de recuperar para la libertad y para la vida a tan valiosa mujer y a todos sus compañeros.

Lamentablemente, las ilusiones que el decreto crea prontamente pasarán a convertirse en un nuevo desengaño. En primer lugar, porque no por aludirse en él a “un acuerdo que se dará por aceptado con la sola liberación de los retenidos” podremos dar por hecho que hubo tal acuerdo. De haberse efectivamente dado, no estaríamos viendo cómo se repiten en él casi las mismas iniciativas gubernamentales de siempre, con los mismos micos que siempre le han sido colgados para impedir su concreción.

En segundo lugar, porque eso de que si ustedes liberan primero nosotros lo haremos después, como lo dice el decreto aunque con otras palabras, ya lo hemos oído antes y no ha contado con ninguna credibilidad. Recordemos que la credibilidad del Gobierno quedó deshonrada desde cuando a las FARC se les incumplió el compromiso del Caguán de darles 48 horas para que se resguardaran en caso de que aquel proceso fracasara.

En tercer lugar porque aquello de que la liberación de los guerrilleros operará si éstos se comprometen a no volver a las armas también se ha oído y las guerrillas no lo han aceptado. De seguro que ahora tampoco lo aceptarán por una razón muy simple: Ellas saben que haber abandonado sus viejos rechazos al secuestro les ha causado un grave daño en su imagen como organización política y que lo único que las resarciría en parte de tal daño sería algún logro en el propósito de recuperar para su organización militar a los combatientes que han caído en manos del Estado. Suponer que las guerrillas puedan aceptar que sus efectivos presos sean liberados con el compromiso de no tomar nuevamente las armas es confundirlas con la organización filantrópica que no son.

Y finalmente, ni se piense que puedan aceptar la expatriación de los guerrilleros liberados. Convenir con este planteamiento, que de hecho significa para el Estado el reconocimiento de su incapacidad para garantizarles la seguridad, sería peor para las FARC que comprometerse a que los liberados no se reincorporen a filas, pues implicaría aceptar que tampoco se puedan reintegrar a sus familias.

Si a todo lo anterior le agregamos que con el Decreto sobrevino una visita presidencial al Guaviare, donde supuestamente está Ingrid Betancourt, con todo lo que ello implica en movimiento de tropas; si vemos que Uribe ha renovado su insistencia a las tropas para que localicen a los retenidos con el fin de emprender “una acción humanitaria en su favor”; si observamos su reiteración de ofertas económicas para que los guerrilleros deserten con rehenes, si todo eso viene ocurriendo, debemos evitar, entonces, hacernos ilusiones con este decreto del Gobierno, que más parece una extensión de sus simulaciones y triquiñuelas.

EN LUGAR DE MARCHAS PROVOCADORAS

Por Rodrigo López Oviedo

Luego de movilizar a medio país contra las FARC, los señores de la derecha, nuevamente a través de Facebook, quieren que los colombianos vayamos a las selvas del Guaviare a rescatar a quienes están retenidos por la organización guerrillera. La convocatoria deja ver claro que solo se trata de una nueva provocación, con la cual buscan exacerbar aún más las pasiones y justificar las reticencias del Gobierno a buscar la paz.

Su título es más que diciente: “Colombia y FaceBook vs. las FARC”. También lo es su finalidad: “(…) rescatar las personas que aún permanecen secuestradas en poder de la delincuencia de las FARC”. Ni qué decir de la ruta: “Que la comunidad se desplace desde Villavicencio (…) hacia la zona selvática del Guaviare, (…) para contactarse con los delincuentes al margen de la ley”.

Sí, toda la convocatoria es una provocación y ya está recibiendo el apoyo de los grandes medios. El pensamiento democrático debe salirle al paso y evitar que derive en mayores riesgos para la vida de los retenidos. El mejor camino es proponerle algunos ajustes que la exorcicen de ese peligro y la conviertan en realmente útil al propósito libertario literalmente enunciado entre tantos sones de guerra.

Lo primero que se me ocurre es sugerir que no se marche al Guaviare a reclamar liberaciones unilaterales que nunca se lograrán a las malas. Más bien, sí, a Pradera y Florida a exigir que el Gobierno y las FARC pacten un armisticio para que esa zona, sin necesidad de despeje, se convierta en escenario de discusión del Intercambio Humanitario.

El Gobierno puede dar un primer paso en prueba de su interés concretando, antes de la marcha, su reciente ofrecimiento de liberar a algunos guerrilleros que están condenados por crímenes de lesa humanidad. Esto implica publicar la lista de los beneficiados con la promesa de entregarlos a las FARC en la zona bajo armisticio si la organización guerrillera se compromete a hacer lo propio con un nuevo grupo de rehenes.

Obviamente que esta iniciativa requeriría de unas filigranas operativas capaces de garantizarle resultados congruentes con el esfuerzo que demanda. Para diseñarlas, podría acudirse a países amigos -incluso Venezuela, con cuyo Gobierno se han producido importantes acercamientos a raíz de los buenos oficios que desplegó con motivo de la crisis con Ecuador- y desplazar hacia uno de ellos a algunos voceros del Gobierno, de las FARC y de los organizadores de la marcha con el fin de ultimar detalles relativos a la seguridad en la zona, al ejercicio de la autoridad en la misma, al establecimiento de la Mesa de Intercambio y a todo lo demás que demande tan trascendental propósito.

Un armisticio así logrado no podría verse como derrota para ninguna de las partes, pues aunque tendría lugar en Florida y Pradera no implicaría ningún despeje. Sería, más bien un escenario donde ambas partes compartirían el triunfo de ver en libertad a los colombianos que injustamente se encuentran privados de ella.

NOTA: Después de redactado el anterior comentario, recibí un mensaje del Observatorio de la Juventud de la Universidad del Tolima donde me cuentan que, después de la marcha del 6 de Marzo, las Águilas Negras decidieron amenazar a las organizaciones estudiantiles y a funcionarios de esta Alma Mater ¿Qué dirán los organismos de seguridad?

PARA QUE NO PERDAMOS EL ALMA

Por Rodrigo López Oviedo

¿Estaremos perdiendo el alma? No solo los grandes medios y muchos de sus lectores alaban la aparición de un asesino que porta una mano de una de sus víctimas, sino que el Fiscal General de la Nación le notifica al país que el criminal podría quedar exento de responsabilidad, ya que pudo actuar bajo “un miedo insuperable, un error invencible o un estado de necesidad excluyente”, además de que sus víctimas hacían parte de una organización “donde la vida no vale nada”. De sobremesa, el mismo Fiscal le ampara el derecho al criminal a reclamar cinco mil millones de pesos que habían sido ofrecidos a quien suministrara información que condujera al abatido. Sí, pareciera que estuviéramos perdiendo el alma.

Resulta curioso que en un país en el que un pleito por cuatro palos puede dar para varios años de controversias judiciales, este funcionario, que debería ser garante de cumplida justicia, haya resuelto de un tirón tan espinoso tema, sin apercibirse de que con la revisión de dos o tres mandatos constitucionales, en especial los referidos a la igualdad ante la ley y a la protección de la vida, hubiera podido encontrar una solución más cristalina y lógica: rechazarle al peticionario el requerimiento y ordenar su encausamiento, en lugar de denegarle justicia a sus víctimas.

Fue tan flagrante el exabrupto del Fiscal que, para enmendarle la plana, el Gobierno tuvo que decir que la plata se pagará, sí, pero no toda, y no por la cabeza del guerrillero ni por su mano, sino por el computador que el asesino le decomisó para entregárselo a las autoridades como prueba de que la traición no era solo contra su jefe, sino contra todos sus compañeros del pasado.

Hay quienes dicen que de no pagarse la recompensa, se desestimularía este tipo de colaboraciones criminales. Pues precisamente por ser criminales, tales colaboraciones deben ser rechazadas. No hacerlo le daría rango de auxiliar de la justicia al homicidio y lo legitimaría como mecanismo para lavar culpas y llenar bolsillos, además de que representaría para el Estado una renuncia a su monopolio en la administración de justicia, pues a partir de allí, cualquier particular podría ejercerla incentivado por la recompensa, así tuviera que asumir por propia mano la proscrita pena de muerte, y no solo contra el presunto criminal, sino también contra quien quisiera y pudiera impedirla, como parece haberle ocurrido a la compañera del Comandante guerrillero.

En este caso, como en todos, la justicia tiene que intervenir, no solo por ser esa su obligación constitucional, sino por la necesidad adicional de aclarar suspicacias en el sentido de que el asesino contó con apoyos oficiales, pues no de otra forma podría explicarse su fácil movilización por unos campos que estaban copados por el ejército y menos que hubiera podido coronar su periplo con la entrega de la macabra mano.

El pensamiento democrático del país ha comenzado a movilizarse para impedir el pago por este crimen y para exigir el encausamiento del criminal con todos sus cómplices y determinadores. Ya se han presentado algunas acciones judiciales en tal sentido, y solo resta que la presión ciudadana, unida a la probidad de los jueces, disuadan del empleo del crimen como instrumento de justicia y le hagan volver el alma al cuerpo de nuestra nación.

INFAMIA Y SUERTE

Por Rodrigo López Oviedo

Luego de la crisis diplomática que desatara la violación de la soberanía ecuatoriana el pasado primero de marzo y de los agites a que diera lugar tan deplorable hecho, el presidente Uribe debe darse por bien servido. Tras ordenar la invasión y saberse descubierto, nuestro Mandatario creíase merecedor a una censura afrentosa de parte de la OEA y del Grupo de Río, pero no hubo tal. Su defensa en los salones de la diplomacia, que más bien debió ser en los estrados judiciales, solo dejó un par de resoluciones en contra de su Gobierno. Con razón lo vimos exultante, como si celebrara un triunfo, en medio de unos cuantos aplausos, fáciles de conseguir por cierto en ese ambiente de hipocresía institucionalizada que llamamos diplomacia.
Al Presidente Ecuatoriano, por el contrario, los resultados alcanzados, especialmente el de la Cumbre, han debido resultarle deprimentes. Pero no por no haber logrado que el colombiano pidiera perdón por su falta y se comprometiera a no perseverar en ella, o porque los demás países no hubieran reconocido la justeza de su queja, que todos estos fueron objetivos plenamente alcanzados, sino por haber descubierto la desvergüenza con que un mandatario, hasta hace poco amigo, exhibía en soledad, pero cínicamente, la canallada de una traición. Al presidente Uribe ha debido quedarle estampada la impresión de que cuando el mandatario Correa le dio la espalda no fue para que le tomara medidas para un vestido, sino para reiterarle con absoluta franqueza que él, Correa, iría a conservar hasta la tumba su indignación por la infamia cometida contra su pueblo.
Si ha habido coincidencias entre los muchos comentarios que salieron de la Cumbre, tal vez la más destacable sea la de la sorpresa que produjo el intempestivo viraje de un evento que tenía todas las trazas de quererse alargar en los dimes y diretes del presidente Uribe con la mayoría de los demás presidentes, que se mostraban solidarios con Ecuador. Un discurso de Hugo Chávez, inusualmente conciliatorio pero como de ajedrecista, justificado solamente por la necesidad de ponerle pronto fin a un impasse que ya causaba grandes pérdidas a modestos comerciantes fronterizos y detrás del cual se hallaba la mano del Imperio, hizo que se le pusiera punto final a la discusión y que ni siquiera se abordara la propuesta del propio Chávez de conformar una comisión internacional que, al estilo de la de Contadora, asumiera la tarea de buscar entendimientos entre Uribe y las FARC con miras a encontrarle una salida consensuada al conflicto colombiano.
La conformación de esa Comisión sí que hubiera coronado éste Evento con un castigo justo para la canallada de un Uribe que, empecinado en negar la existencia del conflicto y en llevar a la guerrilla a su exterminio a cualquier costo, ha generado el actual escalamiento del conflicto, con todo el negativo impacto que empieza a percibirse en las fronteras vecinas.
Sí, Uribe es una persona definitivamente suertuda: Su osadía quedó disimuladamente impune, además de que sus hombres dieron de baja a Raúl Reyes y un desertor asesinó a Iván Ríos. Por fortuna, todos estos acontecimientos no lograron distraernos del compromiso de la marcha del seis de marzo y nuestro pueblo logró cumplirlo más que decorosamente, demostrando que aún le quedan muchas reservas democráticas y que la anhelada paz es posible.

RAÚL REYES: EL MUERTO QUE NO ERA

Raúl Reyes: El muerto que no era
Por Rodrigo López Oviedo
Sin medir el daño que finalmente causó a su imagen y a nuestras relaciones internacionales, las Fuerzas Armadas de Colombia incursionaron en territorio ecuatoriano con el fin de dar de baja a un grupo guerrillero, dentro del cual se encontraba Raúl Reyes, miembro del Secretariado de las FARC.
Se trató, por cierto, de un acto de extremismo guerrerista que hizo volcar hacia el hermano pueblo la solidaridad de varios países, especialmente la contundente de Venezuela, mientras que a Colombia ni siquiera le han llegado los consuelos del fiel amigo de su Gobierno, el señor Bush.
La situación ha evolucionado en términos tan desfavorables para Uribe que sus ministros y altos funcionarios han tenido que irse turnando ante los micrófonos para rectificar el uno al otro, como en el caso del Canciller al Min Defensa, o para echarle leña al fuego, como en el del general Naranjo, quien presentó unas supuestas pruebas de contubernio entre el presidente Correa y Raúl Reyes, las cuales ya fueron objeto de reparos por parte del Viceministro de Defensa ecuatoriano.
Todas estos hechos deberían llenarnos de vergüenza: Los guerrilleros fueron dados de baja mientras dormían, la masacre ocurrió con invasión territorial al vecino país, la opinión pública fue objeto de burla por parte de unos funcionarios que le falsearon los hechos y hasta nuestro propio Presidente fue tachado de mentiroso, lo cual no es la primera vez que ocurre. ¡Qué vergüenza!
Claro que a muchos esto no parece importarles. Sobre todo a quienes han sido victimizados con ese ablandamiento de conciencia a que han sido sometidos desde los grandes medios con el fin de neutralizarlos ante cualquier iniciativa que pueda desembocar en el intercambio humanitario y la paz. Por eso andan complacidos con la desaparición de Raúl Reyes.
Si bien se examinan las cosas, Raúl Reyes era la voz de las FARC que más hablaba de intercambio humanitario y de negociaciones de paz. Raúl Reyes era al que veíamos preocupado por el éxito del proceso del Caguán y el que salió por Europa a buscarle respaldo internacional. Fue él quien lideró desde la orilla guerrillera la conquista de escenarios para un acuerdo humanitario y quien anunció las entregas unilaterales realizadas hasta hoy. Raúl Reyes era, entonces, la voz de la paz dentro de la guerrilla. Su muerte es la del muerto equivocado y solo pueden celebrarla Uribe y los de su caverna.
Los colombianos estamos en la obligación de exigirle al Gobierno un replanteamiento en esa posición guerrerista que amenaza con dejarnos convertidos en un gran cementerio y sin quien nos llore en el vecindario. La marcha del seis de marzo es una gran oportunidad para que nos hagamos sentir. En ella debemos estar los que creemos que hay que imponerle límites al poder oligárquico y exigirle sinceras acciones de paz, como son las encarnadas en las consignas que enarbolan sus organizadores. Junto a la reparación que demandan las víctimas de la violencia paramilitar y de los crímenes de Estado y el castigo a sus autores, exigiremos el intercambio humanitario y la paz. Pero también demandaremos como constituyentes primarios que se imponga la armonía como propósito de las relaciones con nuestros vecinos en lugar de estar incendiando las fronteras. Así de importante es la marcha del próximo seis de marzo.

EL ADIOS DEL QUE NO PUEDE IRSE

Por Rodrigo López Oviedo

Tal vez la noticia internacional más difundida recientemente haya sido la de la supuesta renuncia de Fidel Castro a la Presidencia de Cuba. La verdad es que Fidel jamás renunció a tal dignidad, pues desde julio de 2006 había dejado de ejercerla. Todo lo que hizo fue manifestar su intención de no aceptar una nueva postulación para tan importante cargo, tras reconocer con humildad que ya su aliento no le alcanza para atender tan inmensa responsabilidad.

Fidel Castro comenzó a ser noticia desde cuando emprendió, con solo 27 años, el asalto a los cuarteles Moncada y de Céspedes con el fin de devolverle al pueblo cubano la dignidad de un país que había caído a la penosa condición de prostíbulo de Estados Unidos. Lejos estaba de imaginar que con aquella frustrada gesta realmente estaba emprendiendo el camino de asalto a las páginas de la historia.

Su temple ya comenzaba a notarse a sus doce años de edad, cuando le envió una carta, en inglés, al presidente norteamericano Franklin Roosevelt. También a los 21, cuando se vinculó a las luchas del pueblo guatemalteco contra la dictadura de Rafael Trujillo. Cómo extrañar entonces que a los 33 estuviera convertido en Primer Ministro de su querida Cuba y emprendiera tan radical transformación como la que adelantó a favor de su pueblo.

Con Fidel al frente, los cubanos elevaron sus índices de salud, de educación, de cultura y de deportes al punto de convertirlos en referencia obligada de las estadísticas mundiales. Ni el atentado personal, ni la agresión política, económica o militar, ni el más rastrero macartismo, con el que el Imperio y sus lacayos pretenden hacer ver la luminosa utopía comunista como cosa del infierno, le impidieron poner a Cuba a la cabeza de los países en vías de desarrollo en la promoción de todos esos derechos y rebasar a algunos de los países desarrollados en estadísticas tan importantes como las de mortalidad infantil y expectativas de vida.

Lo más admirable fue que extendió a otros pueblos los beneficios de esos programas. En una clara evidencia de internacionalismo, 18 mil médicos y 19 mil paramédicos cubanos prestan su solidaridad en 79 países del tercer mundo. En alianza con el gobierno de Hugo Chávez, un millón de pacientes esparcidos por Asia, África y Latinoamérica han recuperado la vista en manos de médicos cubanos. También dos millones 700 mil personas, en 22 países, han recibido apoyo de Cuba para salir del analfabetismo y en las universidades cubanas hay becados por Cuba cerca de 30 mil estudiantes de 121 países.

Liderada por Fidel, la política exterior cubana adquirió connotaciones de gran potencia. En los escenarios internacionales, la voz de Cuba estremece el sentimiento popular y hace ver posible el camino de la soberanía y deseable el socialismo, no obstante el traspié europeo.

El trasegar de Fidel siempre estuvo pletórico de reconocimientos. A esto contribuyó la hondura moral que siempre le imprimió a sus actos, sin importar que con ellos se afectaran, incluso, sus más íntimos intereses. Así lo demostró al expedir una de sus primeras leyes, la de Reforma Agraria, que ordenaba el paso al patrimonio público de las tierras de más de 420 hectáreas, y disponer que la primera expropiación fuera la del latifundio de su propia familia.

Todos esos ingredientes hacen que los cubanos se mantengan fieles a la causa socialista y que asuman con madurez el retiro de Fidel de los puestos de mando. Bien saben que su ejemplo los ha dejado sólidamente fortalecidos para continuar en la construcción soberana de su destino.

Fidel sabe que sale del Gobierno, pero no del corazón de su pueblo, que no es solo el pueblo de Cuba, sino el gran pueblo de los trabajadores del mundo. En esos corazones se seguirá cantando, como en los años sesenta, esta hermosa copla:
Si las cosas de Fidel
Son cosas de comunistas,
Que me apunten en la lista,
Que estoy de acuerdo con él.

UNA MARCHA DE GENTE DECENTE

Por Rodrigo López Oviedo

Si para que se retiren las talanqueras que el Gobierno viene atravesándole con disimulo a la marcha del seis de marzo hay que decir que ella no es contra los soldados y policías de la patria, como lo exigió cínicamente el ministro Santos, los organizadores, sin pensarlo dos veces, deberían decirlo. A los millones de colombianos que estamos dispuestos a marchar en esa fecha nunca se nos ha ocurrido señalarlos como los causantes de la bárbara noche que tanto nos aflige. Los culpables están en los grandes salones oligárquicos, que es donde se trazan las estrategias de perpetuación del statu quo y desde los cuales se han orientado los crímenes que se quieren denunciar en la marcha.

No son pues nuestros soldados y policías los que serán objeto del señalamiento, sino quienes los han llevado a desconocer el deber de proteger la vida de los colombianos y les han impuesto el principio de la obediencia debida para que consientan o participen, en connivencia con las hordas paramilitares, en ejecuciones extra judiciales, en la apertura de fosas comunes, en la desaparición de líderes populares, en el hostigamiento a demócratas, a sindicalistas y a periodistas independientes, en el desplazamiento forzado de comunidades enteras y en falsos positivos que sirven tanto para ocultar verdaderos crímenes de Estado como para magnificar inexistentes éxitos contra el terrorismo.

Los convocantes de la marcha, agrupados en el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia, han señalado que la marcha será un homenaje a las víctimas del paramilitarismo. El paramilitarismo fue creado por grandes burgueses y terratenientes con el apoyo del narcotráfico y de algunos inversionistas actuales y potenciales de megaproyectos estratégicos. Entre sus víctimas hay más de 3 millones de desplazados, más de 3.500 familias con parientes descuartizados y una congregación política, la Unión Patriótica, salvajemente exterminada, además de más de 5000 exiliados políticos de cuya existencia nadie se acuerda.

La presencia del paramilitarismo llega hasta las más altas esferas del poder político, y compromete a funcionarios de todas las ramas del poder público, incluidos miembros de los organismos de seguridad del Estado, lo cual hace que sus más apetecidas víctimas se encuentren en las filas de la oposición al régimen. Por eso, la mayor parte de sus crímenes merecen el justo calificativo de crímenes de Estado.

Al decir que no son los soldados y policías los que serán señalados en la marcha, no se está desconociendo la participación de muchos de ellos en la comisión de muchos de los crímenes denunciados ni se está negando que se les deba hacer objeto de una cumplida justicia. Simplemente se está elevando el dedo acusador hasta el trono mismo de los autores intelectuales, que son mucho más culpables que los ejecutores materiales por ser determinadores de crímenes que afectan la existencia misma de la sociedad.

Como bien se comprende, la marcha no está programada para que en ella participe todo el mundo. Siendo un acto de protesta contra crímenes que comprometen al Estado y al paramilitarismo, no se verá bien allí a quienes apestan a motosierra ni a quienes han consentido con sus crímenes por acción o por omisión. Por eso los santos y los obdulios no necesitan justificar su ausencia. Allí no los necesitamos. Esta será una marcha de solo gente decente

CARIMAGUA Y EL SEIS DE MARZO

Por Rodrigo López Oviedo

Tal parece que los intereses que se mueven en torno a Carimagua son de una importancia tal que su defensa amenaza con deteriorar las imágenes del Ministro de Agricultura y de la Presidenta del Congreso.

Carimagua es una propiedad de 17 mil hectáreas que estaba destinada a reparar de tierras a uno de los grupos campesinos que han sido desplazados de las suyas. Contrariando elaborados estudios, el ministro Andrés Felipe Arias resolvió que Carimagua no les serviría a los campesinos, dados sus excesos de acidez y sus carencias de infraestructura, y en cambio sí a unos cuantos potentados del agro, que no tendrían ningún reparo en aceptarla, pese a esos factores supuestamente tan adversos al interés de los campesinos desplazados.

Siendo evidente que esta decisión representaba un nuevo despojo para los desplazados, la Contraloría y la Procuraduría ordenaron al ministro Arias mermarle a sus insaciables apetitos, o a los de sus amigos, y retornar Carimagua a sus iniciales propósitos. Lo que hubiera sido de esperarse es que el Ministro acogiera con respeto esta determinación, pero al contrario, decidió simplemente suspender con carácter provisional sus trámites de concesión mientras una comisión de amigos suyos, y de sus amigos, avalaba su sapiente decisión.

Esta inescrupulosa estrategia de Arias quiso ser denunciada al Congreso por la bancada del Polo Democrático Alternativo al considerarla causal suficiente para una moción de censura, pero desgraciadamente todo se quedó en deseos. La presidenta del Senado, Nancy Patricia Gutiérrez, se las ingenió para ignorar la bancada del Polo y decidir que entre los citantes del debate solo figuraran los conservadores copartidarios del Ministro. ¿No será esto una burla a la Constitución del 91, que estableció la censura, y a los colombianos en general que esperan que funcionen los pesos y contrapesos del Estado, como ingenuamente lo creen quienes piensan que nuestra dictadura oligárquica es una democracia?

Que sea una burla, es bien sabido; solo que a veces nos gusta evadir nuestra responsabilidad mirando para el otro lado. Pero lo traigo a colación simplemente para significar la importancia que tiene el ojo vigilante de la ciudadanía. Si nuestros gobernantes se sienten libres de inspección y avalados en todas sus decisiones, ellos mismos se creerán dueños de prerrogativas infinitas y terminarán utilizándolas en su beneficio. Ya ni siquiera el criterio de clase les determinará límites. Serán sus apetitos personales los que les definan el carácter de su actuación.

Por eso es tan importante que los ciudadanos tomemos las riendas del control como constituyentes primarios y asumamos con nuestra movilización cívica la defensa del interés colectivo. La marcha del seis de marzo es una gran oportunidad para hacernos sentir. Allí estaremos los que creemos que al poder oligárquico hay que imponerle límites y frenos y también prioridades, como ésta de la reparación a las víctimas de la violencia paramilitar y de los crímenes de Estado. Estaremos también para manifestar que siguen vigentes las exigencias de paz negociada y de intercambio humanitario, a las cuales no nos pueden obligar a renunciar. Pero esa marcha es también la ocasión para demandar de Hugo Chávez y de Piedad Córdoba su continuidad en las gestiones para que las FARC no abandonen sus exitosas liberaciones unilaterales mientras encontramos la forma de imponer el intercambio humanitario y la paz con justicia social.