DEBEN ABRIRSE LAS PUERTAS DEL DIÁLOGO

Por Rodrigo López Oviedo

El anuncio de las Farc de liberar a tres uniformados y dos civiles ha colmado de alegria a estos sufridos compatriotas, a sus familias y a los colombianos que verían complacidos que este nuevo ramillete de liberaciones se transformara en una luz de esperanza para el inicio de acercamientos de paz entre esta organización guerrillera y el Gobierno.

Para muchos de estos colombianos pareciera que tal luz hubiera sido reforzada por Juan Manuel Santos. El Presidente recuerda, y quiere evitar para sí, los bochornos sufridos por su antecesor cuando era recibido en los escenarios internacionales con sillas vacías y pancartas contra su gobierno. Por eso ha manifestado tener la mayor disposición a facilitar las cosas para que la ex Senadora Piedad Córdoba pueda cumplir la labor de intermediación solicitada por las FARC y propiciar a los liberados un retorno sin contingencias, eso sí, sin autorizar que su respuesta sea interpretada como un principio de intercambio humanitario.

En esto, el Presidente parece confundir la extrema obsecuencia que los colombianos evidenciamos ante los mandatarios de turno con una supina ignorancia que nos llevaría a confundir lo unilateral de la decisión que las FARC han anunciado con un acuerdo que ellas han buscado con casi siempre poca fortuna entre los mandatarios del pasado, pero con ninguna durante los últimos ocho años, en la mayoría de los cuales el hoy presidente de la República fungió como ministro.

De esa confusión debe salir pronto el Presidente Santos. Pero tan importante como salir de ella es que salga también de los prejuicios heredados de su antecesor respecto de los caminos que debe seguir para lograr al anhelado propósito de la paz, si efectivamente quiere llegar a ella. Él tiene claro que el camino de los fusiles y las botas no dió resultados cuando las entonces futuras FARC-EP eran apenas cuatro decenas de desarmados combatientes, ni los dará ahora cuando esas pocas decenas se han multiplicado por cientos y no propiamente de combatientes desarmados.

Lamentablemente, antes que la paz, lo que el Mandatario anhela es perpetuar la guerra. Así haya dicho en su posesión que las puertas del diálogo no están cerradas con llave, el no querer mostrar una que convenga a esos anhelos, sino otra cargada de claves, de condiciones y de impedimentos, ante la cual no sirve de ganzúa siquiera la decisión de estas nuevas liberaciones, hace infundado ver en la alegría que esta produce el principio de los acuerdos que conduzcan a la erradicación de todo tipo de violencia en las contiendas políticas y a la reconciliación sobre bases de justicia, equidad y bienestar para todos los colombianos.

MANUEL CEPEDA VARGAS: UN CRIMEN DE ESTADO

Por Rodrigo López Oviedo

Cumpliendo con lo dispuesto el pasado 26 de mayo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno nacional publicó la sentencia que profirió tan alto Organismo dentro del proceso seguido contra el Estado colombiano por la muerte de Manuel Cepeda Vargas, quien fue asesinado el 9 de agosto de 1994 cuando fungía como Senador de la República y director y columnista del Semanario Voz.

Tal sentencia, difundida el pasado 28 de noviembre a través de El Espectador, evidencia cuánta razón tenía el Senador al señalar que el genocidio a que estaban siendo sometidos el Partido Comunista y la Unión Patriótica, de los cuales el propio Manuel Cepeda era militante destacado, era el producto de una alianza entre los organismos de seguridad del Estado y el paramilitarismo, urdida con el fin de acabar con la oposición al régimen y preservar los intereses del gran capital.

Esta alianza adquirió características dantescas con la formulación y ejecución de lo que se conoció como “plan golpe de gracia”, el cual sirvió para poner bajo tierra a cinco mil militantes de izquierda, cancelar con broche de sangre los acuerdos de paz de La Uribe y sustraer de la acción política a miles de militantes tibios que prefirieron aplazar sus anhelos de paz y de cambio para tiempos de calma.

Al valorar los hechos, la Corte evidenció que Cepeda fue víctima de una ejecución extrajudicial con la que le castigaron su militancia en la oposición; que existió una estructura organizada que determinó, planificó y llevó a cabo su asesinato; y que en la ejecución participaron por lo menos dos miembros del Ejército Nacional, coordinados por mandos superiores y secundados por paramilitares.

No en vano se les negaba al Senador y demás miembros del Partido Comunista y de la Unión Patriótica la protección que tanto reclamaban ante las persistentes amenazas de que eran objeto. De allí que la sentencia señale que “la ejecución del Senador Cepeda Vargas fue propiciada, o al menos permitida, por el conjunto de abstenciones de varias instituciones y autoridades públicas de adoptar las medidas necesarias para proteger su vida”. En otras palabras, los crímenes cometidos como producto de ese nefasto “plan golpe de gracia”, entre las cuales está el de Manuel Cepeda, fueron crímenes de Estado.

Esta sentencia es un rotundo mentis a la propaganda oficial, que siempre ha negado la participación del Estado en los incontables episodios de muerte con que se nos ha lacerado a los colombianos. Pero es también un triunfo para quienes se dieron a la tarea de recuperar para la historia la imagen de uno de sus más importantes líderes.

LA JUSTICIA BURLADA

Por Rodrigo López Oviedo

Un gamonal venido a más, que ejerció recientemente como presidente de la República, acaba de sorprender al país con unas declaraciones mediante las cuales les insinuó el camino del asilo político a algunos personajes que, sometidos a investigación judicial, podrían ser llamados a responder por sus actos.

Siendo sus más cercanos colaboradores del pasado reciente los beneficiarios de tan sorprendentes declaraciones, estas resultan aún más sorprendentes si tenemos en cuenta que las hizo cuando aún la Fiscalía no les había imputado cargos. Según ellas, la justicia colombiana no está en condiciones de garantizarles un juicio justo a sus fieles escuderos, acusados hoy de padecer de tan extrema obsecuencia con los deseo del mandatario de perpetuarse en el poder que se prestaron a la vergonzosa tarea de desprestigiar y perseguir a quienes opinaran diferente y fueran obstáculo a su pretendida segunda reelección. Así las cosas, según el ex mandatario, no quedaba más camino que tomar las de Villa Diego a través de gobiernos cómplices.

¿Se trataba de una confesión de parte? Válido es pensar que sí. Como jefe directo de los afectados, el dicho personaje tenía que conocer de las culpas que pesaban sobre ellos, así como de las propias, pues a nadie más que a él le convenía valerse de su poder para apartarlos de la observancia del régimen legal, así como hoy le conviene instarlos para que acudan a los burladeros de las embajadas. En tales condiciones, el asilo concedido no solo es una afrenta para la justicia, sino un acto de autodefensa con el que el ex mandatario procura ponerse a salvo de las lenguas que puedan encenderse en los tribunales y chamuscarlo de manera grave.

El país desde hace rato debería estar en pié reclamando respeto para su institución judicial. Desafortunadamente, a la derecha no le conviene que tal institución se active ahora contra sus personeros, sobre los cuales no siempre se ha dejado sentir con todo su peso, a diferencia de lo sucedido a los sectores de oposición, e incluso a los solo independientes del pensamiento oficial, contra quienes casi invariablemente ha procurado alcanzar su mayor aunque torcida eficacia. Eso hace que los reclamos que desde la izquierda deberían hacerse se escuchen hoy pero mañana no, sin que nunca hayan hecho parte de exigencias más imperiosas.

Sin embargo, hoy vale la pena ser más enfáticos en esta defensa; sobre todo después de las experiencias de los últimos años en las cuales vimos a las Cortes salir al amparo de la sociedad y de su Carta Magna, pese a las múltiples agresiones de que fueron objeto por no plegarse a los caprichos del Ejecutivo.

LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE SANTOS

Por Rodrigo López Oviedo

Así como cada año trae su navidad, cada nuevo gobierno viene con sus primeros 100 días. Ha sido tradicional que cumplido tal período, la gestión del mandatario de turno sea sometida al análisis, aun a sabiendas de que en tan escaso tiempo apenas sí logra vislumbrarse el grado de cumplimiento que será valido esperar de lo que fueron las promesas de campaña.

En el caso del gobierno de Juan Manuel Santos, el análisis no se ha podido hacer con la debida severidad, y varios son los factores que lo han impedido. El primero de ellos, y tal vez el más importante, el estado de iliquidez en que lo dejó su amado predecesor, pese a saber este la clase UNO A de escudero que tuvo en Juan Manuel mientras lo acompañó en el Gobierno.

El segundo, la obligación de destinar esfuerzos a remendar con urgencia las relaciones internacionales, y sobre todo las comerciales, con los dos socios más importantes después de Estados Unidos, las cuales fueron rotas en manifestación de los ánimos más belicistas de que tengamos noticia en la historia reciente del país. Pero también a reparar las relaciones con las Cortes, las cuales fueron víctimas de amenazas a su independencia, de persecuciones directas a sus integrantes, de chuzadas y demás vejámenes solo propios de regímenes totalitarios.

El tercero, las ollas podridas que se descubrieron en diversas entidades, incluida alguna adscrita al Ministerio de la Defensa, del cual fue cabeza visible el propio Juan Manuel Santos antes de manifestar su aspiración a la candidatura presidencial por el Partido de la U.

Y la cuarta, sin que la y quiera significar que el listado ha quedado agotado, los graves desastres generados por una naturaleza que parece desquitarse por lo poco que hacemos por preservarla y lo mucho por extinguirla.

Todos estos factores confluyen para hacer que la valoración de los primeros cien días del presidente Santos no pueda hacerse con toda la rigurosidad que fuera de esperarse. Sin embargo, sí puede decirse sin ambages que, más allá de un importante cambio de estilo, que permitió airear un tanto la política nacional, sustrayéndola del espíritu camorrista en el que la tuvo asfixiada durante ocho años el pasado gobierno, no existe ningún indicio que nos señale orientaciones socioeconómicas hacia paradigmas diferentes al mercado, a la apertura, al desarrollo de la confianza inversionista, a la supresión de derechos a los trabajadores y de garantía sociales a los colombianos, al desarrollo a ultranza de la guerra y a tantas otras políticas que nos vienen acercando a las condiciones de vida de nuestros hermanos de Haití.

¡Ojalá que despertemos pronto!

EL RÉGIMEN DE SALUD DEL MAGISTERIO

Por Rodrigo López Oviedo

Con las denuncias del magisterio del pasado jueves, realizadas al calor de la jornada nacional que efectuara en defensa de sus derechos, y particularmente de su régimen especial de salud, ha quedado claro que tampoco es buena la prestación de este servicio a tan respetable gremio. También a los docentes les demoran las remisiones a especialistas; también a ellos les quedan debiendo medicamentos, pues nunca los hay suficientes para atender completamente sus fórmulas; también ellos tienen que deambular por laboratorios y clínicas por falta de centros hospitalarios donde puedan recibir una atención integral; en fin, también a ellos se les procura someter a las condiciones que afectan a los usuarios del servicio regulado por la Ley 100, pese a ser la salud uno de los derechos sobre los cuales nuestra Carta ordena al Estado especial protección y a depender de ella el derecho por excelencia, que es el derecho a la vida.

Sin embargo, no obstante tantas limitaciones, son muchas las ventajas que el magisterio ha logrado preservarle a su régimen especial. Gracias a sus luchas, los prestadores del servicio, al atender las necesidades de los docentes, no pueden formular reparos pretextando, por ejemplo, poca antigüedad del afiliado o preexistencia de la enfermedad con respecto al momento de la afiliación. En este sistema son inaceptables las discriminaciones en la prestación del servicio, y más aún por nivel salarial o clase de vínculo laboral. Este régimen protege al cónyuge y a los hijos menores de 26 años, o a los padres si el docente es soltero. Y en el caso de las parejas, uno puede afiliar a los hijos y otro a los padres que carezcan de seguridad social.

Además de lo anterior, a los docentes no se les cobran los copagos ni las cuotas moderadoras a que fuimos sometidos los demás colombianos so pretexto de reducir la presión que sobre el servicio ejercían muchos trabajadores supuestamente alentados, pero deseosos de calmar sus guayabos en los consultorios médicos. Lo que la experiencia ha demostrado es que la carga siguió igual, pero sí se excluyó del servicio a quienes no pueden sufragar las nuevos pagos.

Con el proyecto de reforma al sistema de salud que presentó la senadora Dilian Francisca Toro, los docentes están ante el grave riesgo de que desaparezcan las ventajas que en este campo aún conservan. La protesta del pasado jueves fue una buena respuesta. Sin embargo, falta más. Y falta, precisamente, sumar esfuerzos con el resto de los colombianos para que, si va a haber nivelación del servicio, esta se haga elevando la calidad del malo, y no acabando con el regular.

LA LEY DE VÍCTIMAS

Por Rodrigo López Oviedo

Con mucha expectativa marcha en el Congreso el proyecto de Ley de Víctimas. Como está redactado, lo que finalmente saldrá será un remedo de Ley que no garantizará reparación ni justicia a sus beneficiarios, y sí un estímulo para nuevas violencias.

El Polo Democrático Alternativo ha sido el único partido en manifestarse opositor al proyecto. No se trata, por supuesto, de una oposición abstracta y estéril. Por el contrario, fiel a sus propósitos, ha señalado objetivamente sus limitaciones para que los derechos de las víctimas resulten finalmente reivindicados. De allí que haya remitido al presidente Santos sus criterios respecto de esas limitaciones y de la forma de corregirlas.

Además de criticar la carencia de consultas a los afectados para que el proyecto pudiera enriquecerse con algunos conceptos que debilitaran cualquier prejuicio en su contra, el Polo ha cuestionado que se confunda lo que es la reparación integral con simples medidas asistencialistas, de las cuales el país quedó saturado luego de ocho años de un mandato que no tuvo mejores argumentos que la limosna pública para mantener su popularidad.

Pero peor que lo anterior es que se haya incluido dentro del texto lo previsto en el proyecto de acto legislativo conocido como Regla Fiscal, que someterá la inversión social a las políticas de equilibrio fiscal establecidas por el Gobierno. La reparación quedará convertida, entonces, en mera expectativa, sin mandamiento imperativo que la haga cumplir.

Muy por el contrario, el Polo exige garantizar la reparación patrimonial integral a las víctimas y asegurar su efectiva asistencia jurídica a través de un Sistema Nacional de Representación Judicial integrado por una Defensoría del Pueblo fortalecida en sus recursos y por una nueva unidad de Policía Judicial de apoyo técnico a la Fiscalía General de la Nación. Esta nueva unidad de Policía Judicial estaría destinada exclusivamente a la persecución de bienes originados en el despojo, con los cuales se incrementarían los recursos del Fondo de Reparación.

Aspectos fundamentales de las propuestas del Polo son los relacionados con la formación de una Comisión de la Verdad que se dedique “al esclarecimiento de las estructuras económicas de los aparatos criminales”, el reforzamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la exigencia al Gobierno nacional para que cumpla su obligación de gestionar la entrega de los bienes de personas extraditadas que hayan sido responsables de violaciones a los derechos humanos.

Con aportes como estos, el Polo pretende hacer de su papel de oposición una acción reivindicativa. Los frutos, sin embargo, solo se verán si refuerza su acción parlamentaria con la presión de masas. Y ello requiere del compromiso de toda la militancia.

¡GRACIAS, LULA! ¡BIENVENIDA, DILMA!

Por Rodrigo López Oviedo

Con la elección de Dilma Rousseff, llegan a su fin los dos períodos presidenciales de Luiz Inacio Lula da Silva, el hombre que ha desempeñado con mejores logros el más alto cargo público que la constitución y el pueblo brasileños pueden permitirle ejercer a un ciudadano de su país: La Presidencia de la República.

A su paso por tan importante dignidad, Lula da Silva, un obrero de los más altísimos quilates, educado en las canteras del mundo sindical, fue capaz de llenar de particularísimas significaciones la historia política brasileña, pero también de coronar con valiosos logros su empeño en restarle protagonismo al gran capital en la toma de las decisiones oficiales, con lo cual pudo llevar al centro de ellas al hombre del común, pero especialmente al que vive del trabajo, y al que había necesidad de transformarle en hechos concretos su teórico derecho al pan, al techo, al médico, al aula, al salario, a la recreación y a la cultura. 28 millones de brasileños que durante su mandato lograron salir de la extrema pobreza son el mejor resumen de todo su esfuerzo y la causa de esas voces agradecidas que hoy lo despiden con el 80 por ciento de favorabilidad entre sus compatriotas.

Pero también fueron muchos sus méritos en política internacional. Para señalarlos basta con el ejemplo del ALCA, gracias a cuyo rechazo, valientemente reforzado por Chávez, nuestra América Latina se salvó de verse reforzada en su condición de colonia del Imperio. Y si al ALCA fracasado han seguido los tratados bilaterales de libre comercio, la responsabilidad recae sobre los mandatarios signatarios, que no a la falta de caminos trazados, como este que sabiamente nos iluminaron los dos dirigentes mencionados.

Para fortuna de los brasileños y de América Latina, el proceso no termina con la entrega del gobierno a Dilma Rousseff. Por el contrario, las expectativas señalan que con ella se consolidará, ya que cuenta con un amplio grado de compromiso popular, como lo demostró a su paso por el gabinete de Lula, dentro del cual brilló con luz propia, pero también durante su particular trayectoria, buena parte de ella vivida en abierta contradicción con los cánones seudodemocráticos establecidos en Brasil, sin excluir largos períodos de vida clandestina y guerrillera, por los cuales tuvo que pagar con tortura y reclusión.

Se trata, entonces, de un relevo presidencial que, por lo que atañe a los protagonistas, deja a salvo el legado de Lula en manos de Dilma Rousseff. Ella sabrá podarlo de las limitaciones que tuvo y reexpresarlo con nuevos contenidos, siempre en bien del sufrido pueblo brasileño y de sus vecinos latinoamericanos y caribeños.

EL POLO Y LOS CARRUSELES DE CONTRATACIÓN

Por Rodrigo López Oviedo

Tal vez muy delicadas resultarán dentro del Polo las consecuencias del escándalo suscitado por Gustavo Petro a raíz de lo que él considera un carrusel de contratación en el Distrito Capital. La primera de ellas puede ser la de severos cuestionamientos al propio Petro por saltarse de nuevo las bardas del Partido y acudir al escándalo público para dirimir sus contradicciones con otros miembros de la colectividad.

Para fortuna del Polo, el propio Alcalde distrital se ha dirigido a todos los órganos competentes para que investiguen su conducta. Él bien sabe que, como ordenador del gasto, le toca administrar con unas normas que favorecen a los contratistas más poderosos, dadas las exigencias de capital y experiencia señaladas en tales normas. Resolver esa aberrante situación requiere de un drástico cambio legislativo que haga más democráticas las posibilidades de contratación con el Estado, al tiempo que invista a la ciudadanía de poderes reales para participar en la definición de las soluciones que se requieren, en la asignación de los recursos necesarios y en el ejercicio de controles para que los dineros no se pierdan.

De seguro, las investigaciones llevarán a la conclusión de que Samuel Moreno simplemente ha sido víctima de unos carteles de la contratación que tienen la sartén por el mango y que en su relación con ellos no ha habido ilicitud alguna. A su vez, tales conclusiones serán la prueba de que el Polo está siendo víctima de una bien urdida trama orientada a obstaculizar los procesos de unidad que desde hace cinco años, próximos a cumplir, se obstina en desarrollar.

Los ciudadanos honestos no podemos caer en estas desorientaciones. Al contrario, debemos aprovechar la ocasión para destacar el gran papel que, desde los diferentes cargos que han estado bajo su desempeño, el Polo ha podido cumplir, especialmente en bien de la educación, la salud, la alimentación, la atención a los desplazados y la solución de los problemas de movilidad, pese a los temporales trancones. Pero particularmente, los militantes debemos insistir en el reclamo de apoyo ciudadano para que podamos ampliar el espectro de tan importantes soluciones a otros campos de la problemática social.

Lo anterior no significa que no debamos estar también actuantes y vigilando lo que ocurra dentro de nuestro partido. Por eso es inaplazable la tarea de desarrollar las conclusiones del II Congreso en lo relacionado con la conformación de los Comités de Base. Solo un partido enraizado en su pueblo puede garantizarse su conversión en opción de poder. Solo un pueblo sólidamente organizado en torno a un partido puede garantizarse que ese poder se ponga a su servicio.

EUROPA SE MOVILIZA

Por Rodrigo López Oviedo

Con inmensa satisfacción entre los sectores obreros de los cinco continentes, los trabajadores europeos han venido librando durante el presente año las más hermosas batallas en defensa de las conquistas sociales y sindicales con que han sido favorecidos luego de duras faenas reivindicativas, y que hoy les pretende arrebatar esa santa alianza que conforman el gran capital, las multinacionales del crédito y los gobiernos lacayos de uno y otras.

Especialmente combativas han sido las movilizaciones en Portugal, Grecia, España y Francia, donde los más diversos destacamentos obreros, incluidos los del transporte y los hidrocarburos, se han visto obligados a combinar las más variadas formas de lucha, desde las movilizaciones callejeras, en las cuales han participado contingentes calculados en más de tres millones y medio de trabajadores, hasta las discusiones directas con los gobiernos y los empleadores, y aún hasta la huelga general, como la que se realiza hoy en Francia.

Lo característico de todas estas luchas, y también lo que las unifica al punto de que ya se hable de resistencias globales al gran capital, es que están originadas en los propósitos oligárquicos de imponer políticas neoliberales a través de las cuales puedan descargar sobre los trabajadores el peso de las crisis a que cíclicamente se ve abocado el capitalismo, elevar las tasas de ganancia y garantizar el pago del servicio de la deuda a las multinacionales del crédito. Por eso, arrecian contra los derechos de los trabajadores e imponen decisiones en procura de disminuir el déficit fiscal, aún a costa de la inversión social.

No es de extrañar, entonces, que esas políticas se manifiesten através de agresivas intentonas orientadas a abaratar el costo de las nóminas públicas y privadas y a reducir la participación de los impuestos directos en la financiación del presupuesto público, mientras se incrementan los indirectos (especialmente el IVA) y el peso de la deuda. Lo que todo esto deja en evidencia es el gran lastre que significan las multinacionales y los entes internacionales de crédito para la soberanía de los pueblos.

Es de destacar la amplia participación de la juventud en las jornadas que se comentan. Tal vez ello obedezca a la dramática combinación de factores representados en la sistemática ampliación del tiempo que separa a cada trabajador de su justo retiro, la incertidumbre de poderlo alcanzar en condiciones dignas y la menor disponibilidad de empleo para los jóvenes que ello entraña. Esto les ha hecho imperiosa la necesidad de vincularse a las luchas que hoy libran sus mayores por preservar sus conquistas. Así lo han entendido los hermanos europeos y poco a poco lo iremos entendiendo en estas tierras de América.

SOLIDARIDADES QUE ESTORBAN

Por Rodrigo López Oviedo

Ante la destitución e inhabilitación por 18 años para el ejercicio de funciones públicas con que la Procuraduría General de la Nación sancionó al ex secretario general de la Presidencia Bernardo Moreno, el ex presidente Álvaro Uribe, con un cinismo que no es de extrañar, le anunció a los colombianos que asume como propia la responsabilidad que pueda corresponderle a este ex funcionario, siempre y cuando lo que haya hecho no sea lo que le mereció tal sanción, sino simplemente el “averiguar al DAS y a la UIAF por las denuncias que medios de comunicación habían formulado sobre posible penetración de presuntos narcotraficantes en asuntos de algunos magistrados”.

Semejante declaración, aplaudida por muchos como una evidencia de la responsabilidad con que el ex mandatario asume sus actos y los de sus colaboradores, en la práctica no es más que una prueba de lo contrario, pues contiene un mensaje de “sálvese quién pueda”, dirigido a quienes fueron sus compañeros de andanzas, con el cual deja en claro que los acompañará solidario…, pero solo hasta el momento en que sus compañías no le impliquen riesgos políticos, jurídicos o personales que vayan más allá de su propio interés. Esto es como decir hasta nunca jamás.

Pero ha dicho también el ex mandatario que si la actuación del doctor Moreno estuvo encasillada dentro de esos exclusivos parámetros de averiguación, se pone a disposición del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia. Tal parece que al doctor Uribe alguien tendrá que recordarle que su disposición para comparecer ante esos organismos no puede estar limitada a lo que según su parecer pueda limitarse, sino que debe ser plena, pues en últimas son ellos los que definen si lo llaman o no, aunque los indicios que hay, especialmente en el Congreso, y particularmente en la Cámara, son los de que tal cosa jamás ocurra, o al menos por ahora, mientras no sientan la presión de la Corte Penal Internacional.

Lo de extrañar es que haya callado sobre el grado de acompañamiento que podría ofrecerles a los ex funcionarios del DAS y de otras dependencias, comprometidos directamente con los casos de las interceptaciones telefónicas y los seguimientos a magistrados, periodistas y personalidades de la oposición. Es de creerse que permanezca en ese mutismo, y hasta mejor para estos señores, pues solidaridades como la demostrada con su amanuense Moreno son un verdadero estorbo.

***

A propósito del contrato que firmaron el Partido Verde y Sergio Fajardo para que este fuera fórmula de Muckus, ¿será que aquello de que “Aquí vine porque quise. A mí nada me pagaron” es cierto solo para los militantes de base?

LAS LECCIONES DEL ECUADOR

Por Rodrigo López Oviedo

Numerosas enseñanzas nos deja el intento de golpe de Estado ocurrido en el Ecuador. La primera nos muestra a unas oligarquías dispuestas a no soltar ningún privilegio. Nuestro hermano pueblo, liderado por Rafael Correa, se ha puesto en la tarea de darse una serie de cambios políticos orientados a garantizarse parte de lo que en justicia le pertenece, pero esas oligarquías, como lo hacen las del resto del continente, tratan de impedirlo, siempre con el apoyo estadounidense, y acudiendo incluso a intentonas golpistas como esta.

La segunda enseñanza indica que esas oligarquías viven siempre dispuestas a aprovechar el más mínimo atisbo de inconformidad, justificada o no, para procurar la sublevación de los inconformes contra las fuerzas del cambio.

En el caso ecuatoriano, los policias rebeldes, que no fueron todos, parece que nunca hicieron cuentas de los muchos beneficios alcanzados bajo el actual gobierno, y se dejaron confundir por los sectores más retrogrados de esas oligarquías, las cuales les mostraron como negativa una ley que, antes que perjudicar a las mayorías, las favorecía, así recortara algunos privilegios con los que practicamente solo se beneficiaban algunos sectores minoritarios. Tal ambiente de desconocimiento fue aprovechado por esas oligarquías para convertir a los cuerpos policíales mas confundidos en punta de lanza contra el proceso de cambios, contra la libertad y la vida del Presidente y contra el mismo pueblo al que en teoría deberían defender.

La tercera enseñanza es para los propios gobernantes. Si se tienen propósitos de cambio, estos deben reforzarse con diálogo permanente para que la sociedad comprenda sus alcances, formule sus reparos y defienda lo que deba defenderse. Esto significa mayor democracia. Muy seguramente que si hubiera existido ese diálogo, los rebeldes no habrían sido tantos ni tan graves los traumatismos que produjeron.

Los pueblos deben asimilar estas enseñanzas. Si las oligarquías no están dispuestas a ceder en sus privilegios y viven preparadas para lo que sea con tal de defenderlos, y si parte de su fortaleza está en el desconocimiento popular de los cambios que tienen que impulsar, la respuesta no puede ser otra que la de sobreponerse a ello mediante lo que sería una cuarta enseñanza.

Y esa cuarta enseñanza no es otra que la de fortalecerse en la más sólida organización. Organización que implica democracia en la formulación de sus propósitos, unidad y disposición para defenderlos y educación política para evitar ser pasto de las confusiones que se generan desde los grandes medios. Solo así se ha garantizado la supervivencia de los procesos revolucionarios que se viven en Cuba, Venezuela y Bolivia; y solo así podrá sobrevivir el proceso de nuestro hermano pueblo ecuatoriano.

LA PAZ ES MENOS CARA

Por Rodrigo López Oviedo

Según los datos conocidos, la muerte de Jorge Briceño, segundo al mando de las FARC, ocurrió en una operación militar en la que participaron 400 hombres, 30 aviones y 27 helicópteros, y se utilizaron 50 bombas y siete toneladas de explosivos. Con semejante despliegue, lo que en justicia puede decirse es que allí no hubo propiamente un combate que permitiera cantar victoria, y más bien sí un desborde de recursos y tecnología nunca antes conocido en nuestro país y contra el cual ningún poder humano hubiera podido hacer nunca nada.

Ignorante como soy en presupuestos bélicos, no me atrevería a señalar una cifra de costos de esta operación, pero sí podría aventurarme a conjeturar que si iguales fueran los montos que se requirieran para abatir al resto del estado mayor de esta guerrilla, necesitaríamos varios presupuestos anuales de educación o de salud para lograrlo, sin que con ello quedaran resueltos los problemas de la guerra, pues esta se encuba en los cinturones de miseria de los centros urbanos; en las laderas sin agua, sin luz y sin abono de las pocas parcelas que aún quedan en manos campesinas; en el creciente número de cambuches de desplazados y, en general, en todas las manifestaciones de pobreza que sufre nuestro pueblo.

Cuando la Corte Constitucional se manifestó imperativa sobre la necesidad de nivelar el POS subsidiado con el contributivo para eliminar la odiosa discriminación en salud que sufrimos los colombianos, el candidato Juan Manuel Santos se apresuró a incluir tal compromiso entre sus promesas de campaña. Sin embargo, por continuar sumiso ante los dictados imperiales, que son los que han impuesto sobre la paz las prioridades de la guerra, el hoy Presidente no tuvo empacho en hacerle el quite a ese compromiso, respecto del cual ha dicho que sí lo cumplirá, pero dentro de cinco años.

Por eso, en lugar de aprovecharse de este costosísimo golpe para prolongar una guerra en la cual se han utilizado las más sofisticadas armas con resultados favorables apenas sí esporádicos, Santos debería demostrar que efectivamente tiene en sus manos la llave de la paz y que puede utilizarla, pero no para exigir la rendición incondicional de una guerrilla que ha demostrado no tener ningún interés en proceder a ella, sino para tender puentes de acercamiento hacia la paz, aprovechando las reiteradas ofertas de la Iglesia, de los sectores democráticos y de la comunidad internacional. De seguro que estos caminos son menos caros en vidas y recursos y más efectivos en logros, si se abordan con sinceridad, con propósitos previamente concertados y sin las trampas que hicieron fracasar los diálogos del Caguán.



AQUELARRE NO DEBE MORIR

Por Rodrigo López Oviedo

De acuerdo con lo dicho por el profesor Julio César Carrión, director del Centro Cultural de la Universidad del Tolima y por nueve años editor de la revista AQUELARRE, esta importante publicación, de inmensa acogida en los medios académicos del país, ha sido condenada a desaparecer por las directivas universitarias. Los recursos financieros requeridos para su publicación no solo no le están llegando, sino que están en riesgo de no volverle a llegar, lo cual la pondría definitivamente por fuera de la retina de quienes, por tener una proximidad más o menos estrecha con los programas culturales de la Universidad, ya nos hemos acostumbrado a sus rigurosos contenidos.

El número de las publicaciones periódicas que desaparecen es elevado. Incluso resulta infinito el de las que no sobreviven a su primera edición, y no sería de preocuparnos por un caso más. Sin embargo, por ser Aquelarre la única en asumir la enorme responsabilidad de irradiar brillo a nombre de una universidad que, como la del Tolima, está obligada a responder a los desafíos que la ciencia y la cultura le plantean a la región, esa desaparición, luego de 18 ediciones, sí que debe preocuparnos.

Sus páginas han servido para ponernos en contacto con personajes comprometidos con el arte, la filosofía, la sociología, la política y cuantas manifestaciones del espíritu más hayan exacervado el interés del ser humano. No ha sido raro encontrar en ellas la coexistencia de seres tan disímiles como Sócrates, Keynes o Borges; tampoco tan próximos a nuestras entrañas como Luis Fernando Rozo, Benhur Sánchez o Vargas Celemín; ni tan de otras latitutudes y tiempos como Hipatia o Sócrates; o desarrollos de temas tan variados como Eros y política, por Rafael Gutiérrez Girardot, o Marcos y los zapatistas, por Ángela Patricia Salamanca Garzón.

En fin, son muchos los motivos que nos harían ver una gran pérdida en la desaparición de Aquelarre, así como inmensa la responsabilidad de quienes pudiendo evitar la ocurrencia de tan deplorable suceso no hiciéremos lo debido por impedirlo.

Por eso debemos acoger como nuestras las preocupadas voces del profesor Carrión, que claman solidaridad para con la revista, e instar a las directivas de la Universidad a que desistan de lo que el propio Carrión ha denominado una “acción persecutoria, revanchista y falaz” contra ella. Necesitamos garantizar que se sigan dando esos orgiásticos rituales de brujas y hechiceros que periodicamente nos traen sus páginas y que podamos seguir en su disfrute los que, amigos impenitentes de las utopías, no aceptamos que la sociedad pueda caer bajo los dictados del pensamiento único, cuyos defensores parecen ser los que se esconden tras estas amenazas.

EL DESANGRE DEBE CESAR

Por Rodrigo López Oviedo

Durante el gobierno de Juan Manuel Santos, ya casi medio centenar de miembros de la fuerza pública han visto declinar su existencia a manos de la guerrilla, pero tan lamentable hecho no ha sustraído al Mandatario de su actitud de siempre, la de mirar el conflicto como si este fuera una historieta del Lejano Oeste en la cual hay que jugar al vaquero que más indios mate. Ni siquiera parece percatarse del horror a que están sometidas tanto sus fuerzas como las contrarias y, con unas y otras, sus respectivas familias.

Que el intercambio humanitario no pueda realizarse porque ello sería tanto como equiparar a valerosos servidores públicos con forajidos sin corazón es cosa que nadie entiende. Quien entrega lo malo para a cambio recibir lo bueno está haciendo un gran negocio. Por eso resulta absurdo que Santos se niegue al intercambio, sobre todo cuando sabe que los hombres que tendría que entregar están seguros, aunque hacinados, en las cárceles del país, mientras que sus propios servidores están padeciendo cautivos los horrores de la guerra en las profundidades de la selva.

Ni siquiera un imperativo moral de tan trascendental importancia como es el agradecimiento presiona al Gobierno a favor del intercambio: Con él se le pagaría una enorme deuda a esos compatriotas que están purgando el pecado de haberse comprometido a defender con su vida un orden que muchos, por considerarlo injusto, quisiéramos ayudar a cambiar, aunque por métodos diferentes a los de la guerrilla. Ese imperativo sería suficiente para mover el corazón del Mandatario, pero no nos hagamos ilusiones: de desarreglos morales está llena la historia de nuestros dirigentes.

Los colombianos necesitamos de una política de paz que nos ponga en condiciones de poder aprovechar las potencialidades que se vienen desperdiciando en esta guerra ya cincuentenaria. Las muchas declaraciones hechas en tal sentido, incluidas las de las nuevas autoridades eclesiásticas, así como la reciente de Alfonso Cano, deberían someterse a examen bajo la luz de esa conveniencia patria, pero, sobre todo, poniéndolas en el contexto del anuncio del presidente Juan Manuel Santos de querer impulsar un paquete de reformas, como la relacionada con el problema de la tenencia de la tierra, en la cual está representada una de las banderas fundamentales de los alzados en armas.

De ser cierto ese deseo reformista, allí habría una veta temática en torno de la cual podrían iniciarse conversaciones entre guerrilla y Gobierno, las cuales, adobadas con el intercambio, podrían acercarnos al fin del conflicto. Lamentablemente Santos anda comprometido en reconstruir su imagen, y no serán la paz ni las reformas las que lo separen de tan importante objetivo.

LA PROTESTA NOS ESPERA

Por Rodrigo López Oviedo

Quienes han venido creyendo que el mandato de Santos le reportará al país los beneficios que serían de esperar de un gobierno inspirado en los intereses populares han debido encontrar frustrante la experiencia del pasado 31 de agosto en el Senado de la República, pero tambien confirmatoria de las razones que le asisten al Polo Democrático Alternativo para mantenerse en la oposición.

En la sesión de ese 31 de agosto estaba previsto un debate sobre la responsabilidad oficial en hechos que han conmosionado a la opinión pública, pero en particular el de la fosa común de la Macarena, en la que se supone la existencia de cerca de dos mil cadáveres, correspondientes a “falsos positivos”.

Fue tan flagrante la falta de garantías para que pudiera realizarse ese debate que a la Senadora citante, la profesora Gloria Inés Ramírez, ni siquiera se le facilitaron los servicios técnicos y de televisión necesarios. Esto hacía inocua toda intervensión, pues tampoco asistieron las bancadas de gobierno en número siquiera significativo y ni qué decir de los ministros citados, el de Defensa y la de Relaciones Exteriores, ambos con excusas que nunca se corroborarán.

Pero no es la oposición la que pierde con estas actitudes cómplices con el crimen de quienes deberían ser ejemplo de decoro en el ejercicio del control político. El que pierde es el país al ponerse en desmedro la confianza en una institución congresual que, según el parecer de algunos ingenuos, estaba hecha para redimirse de ese estado de ignominia en que terminó de sumirse durante las últimas legislaturas. El que pierde es el país al permitir que se siga diluyendo la confianza en el futuro que podría construirse con una dirigencia que, a diferencia de la actual, no andubiera tan comprometida en lo que pueda reportarle réditos personales como en el cumplimiento de sus responsabilidades como constructora de nación.

El actual Congreso tiene que abocar una agenda legislativa que incluye las leyes de víctimas y de tierras. Por su relación directa con los intereses de quienes han visto vulnerados sus derechos en los más recientes conflictos, sería de esperar de estos proyectos una discusión juiciosa y ajustada a esas necesidades. Sin embargo, los síntomas indican que la discusión quedará reducida a litros de babas, a no ser que el accionar de la oposición en el Congreso lo acompañemos con una entusiasta movilización ciudadana, como la que han convocado FECODE y la CUT para este próximo nueve de septiembre en defensa del régimen especial de salud del magisterio y otras reivindaciones de carácter más general. Si las calles no se quedan esperándonos, estaremos aportando nuestra valiosa contribución.

¿RESPETO A LOS PARAFISCALES?

Por Rodrigo López Oviedo

Dentro del proceso de reconstrucción de imagen en que está empeñado el presidente Santos, su último paso lo orientó a garantizar ente las Centrales Obreras que las rentas parafiscales no serían desmontadas. Este es un tema de mucha importancia para los trabajadores, ya que las Entidades que se administran con tales rentas, especialmente el SENA y las Cajas de Compensación, han sido el producto de sus más enconadas luchas.

Particularmente útil resulta recordar la historia del SENA, pues, contrario a lo que se piensa, esta entidad no fue el resultado de acuerdos entre Gobierno, empresarios y trabajadores, sino de una lucha en la cual los primeros rechazaron la iniciativa de los trabajadores, y estos, para concretarla, tuvieron que desviar la quinta parta de lo que por entonces recibían por concepto de subsidio familiar hacia la fundación y desarrollo del organismo de capacitación hoy representado en el SENA.

De allí que podamos asegurar que el SENA se financia con plata de los trabajadores, y que no resulta honrado que sus recursos sean objeto de la rapiña a que los somete el sector empresarial, el cual los desvía, con la complicidad del Gobierno, hacia programas de desarrollo tecnológico, competitividad, investigación en ciencia y tecnología y demás actividades de beneficio empresarial, de las que nadie discute su importancia ni la necesidad de que se desarrollen, pero no con la plata de los trabajadores administrada por el SENA.

Similar origen en las luchas obreras tienen las Cajas de Compensación. Pero igual que el SENA, también ellas, en diferentes etapas, han tenido que ver cómo sus recursos se han desviado hacia actividades de salud, educación, vivienda y otras actividades, cuando su idea generatriz fue la de procurar el desarrollo de planes de integración, descanso y vacancia para los trabajadores.

Resulta, pues, poco satisfactorio este compromiso del presidente Santos. Más importante hubiera sido que les garantizara a estas entidades el respeto a su autonomía administrativa para que, a la vez, sus directivos pudieran orientar la totalidad de los aportes parafiscales a los propósitos que generaron su creación. Y mejor aún, que se hubieran concertado pasos para que el manejo de estas entidades pasara definitivamente a manos de los trabajadores, como corresponde al hecho de ser ellos sus financiadores.

Por eso tampoco resultan plausibles las manifestaciones de satisfacción de los dirigentes de las Centrales Obreras ante ese compromiso. No queremos ni pensar siquiera que también ellos estén contagiados de la inexplicable amnesia colectiva que parece ver en el Presidente de hoy a un Santos diferente al nefasto de anteriores gobiernos, responsable de la agudización de la violencia y la generalización de la pobreza

FORMALIZACIÓN LABORAL Y PRIMER EMPLEO

Por Rodrigo López Oviedo

Los graves problemas de desempleo y subempleo que tenemos en Colombia se podrían atenuar grandemente si a los trabajadores se les garantizara la estabilidad laboral, pues ha sido precisamente la carencia de este derecho la que ha obligado a los hijos del trabajador a salir a competir con su padre por un puesto de trabajo cada vez que este, por haberlo perdido, ha tenido que abandonar sus obligaciones hogareñas. Desafortunadamente, no es tal el propósito al que está orientado el proyecto que cursa actualmente en el Congreso, con el cual se busca expedir la Ley de Formalización y Primer Empleo y del cual no es razonable esperar ningún resultado significativo.

La prueba de lo inocuo del proyecto la da el artículo tercero, cuyo título habla de los incentivos concedidos para la formalización del empleo. Este artículo señala que en tres meses el Gobierno diseñará, evaluará y ajustará programas de desarrollo empresarial dirigidos a la promoción de la formalización. ¿Será que para decir semejante babosada se requiere una ley?

Y señala también que las empresas informales que se inscriban en el Registro Mercantil dejarán de pagar el ciento por ciento del impuesto de renta, de parafiscales, Fosyga y Fondos de Pensiones durante los dos primeros años y el cincuenta por ciento en el tercero. ¿Será que tales beneficios sí entusiasmarán a tantos empresarios informales que nunca han pagado un peso de impuestos? ¿O acaso las de parecido corte relacionadas con el Registro Mercantil?

Ahora bien, ¿será que la inscripción de un empresario en el Registro Mercantil es garantía para que a sus trabajadores se les formalice? ¿No son precisamente las empresas inscritas en tal Registro las más proclives al uso de contratos de prestación de servicios, de outsourcing, de cooperativas de trabajo asociado y demás mecanismos a través de los cuales se informalizan los vínculos con los trabajadores y se violan sus derechos?

Y si el proyecto no sirve para la formalización de 500 mil puestos de trabajo, menos servirá para generar dos millones y medio más. Y tampoco servirá para ello la “generosa” renuncia gradual que han aceptado hacer los gremios de la producción a las deducciones tributarias sobre la inversión en activos fijos. Estas deducciones están actualmente en el 30 por ciento, pero lo más probable es que ya hayan sido aprovechadas en porcentajes tan altos que resulte irrelevante la cacareada renuncia. Ahora bien, tratándose de un beneficio que estaba vigente desde el primero de enero de 2007, podríamos preguntarnos: ¿Será que si el empleo no se impactó positivamente mientras la norma estuvo vigente, tampoco se impactará ahora, y negativamente, con su paulatina desaparición?

EL FORO DE SAO PAULO

Por Rodrigo López Oviedo

Esta semana sesionará en Buenos Aires el XVI Encuentro del Foro de Sao Paulo. Asistirán representantes de partidos de izquierda y organizaciones sociales de 33 países de América Latina y el Caribe.

Tal vez ningún momento sea más oportuno que este para su realización, y tal vez ninguno haya estado más necesitado que el actual de los análisis que en su seno se suelen producir. Los avances alcanzados por algunas democracias de nuestra región, en las que se han propiciado progresos en aspectos de tanta relevancia como la cohesión social, la educación, la salud, el deporte y la cultura, hacen que veamos en sus experiencias una fuente en la que es conveniente beber, y para ello el Foro de Sao Paulo es un escenario ideal.

Pero también el Foro será ocasión para que los pueblos que han sido menos afortunados en sus conquistas se encuentren con sus pares del continente, pues no exige menos el oscuro cuadro de iniquidades existente en él. En el Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2009-2010, la CEPAL señaló, por ejemplo, que la región experimentó un crecimiento promedio del 4,5 por ciento durante los años 2008-2009, con el cual se sobrepuso a un decrecimiento del 1,9 por ciento en 2007. No obstante, tan satisfactoria recuperación no repercutió en el mejoramiento de la calidad de vida de la población, pues han permanecido inalterables la pobreza y las desigualdades, cuando no es que la riqueza se ha seguido concentrando, sin que siquiera se noten avances sustanciales en los programas que hacen parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

El Encuentro de este año abocará el tema: "Colonialismo en nuestra América, análisis, perspectivas y solidaridad". Esperamos que sus conclusiones sean suficientemente iluminadoras dado el hecho de la cada vez más militarizada presencia de Estados Unidos al sur de sus fronteras y del evidente peligro que ello representa para la estabilidad de algunos gobiernos que se han manifestado dispuestos a transitar caminos distintos a los del Imperio.

~~~

A propósito de eventos, no podemos dejar que pase inadvertida la lindísima celebración del Día Internacional del Cooperativismo que la Asociación de Cooperativas del Tolima (Confecoop-Tolima) realizó el pasado 13 de agosto.

Se trató de una concurrida reunión en la que fueron pocos, pero muy sentidos, los discursos pronunciados y mucha la complacencia de los cooperativistas asistentes.

Especialmente digna de mención es la dedicatoria de esta celebración a las mujeres comprometidas con el mundo solidario y la exaltación que merecidamente se hizo al nombre de varias de ellas.

Para su organizador, el doctor Hernán Osorio, y demás directivos de Confecoop-Tolima, nuestras sinceras felicitaciones.

NO NOS HAGAMOS ILUSIONES

Por Rodrigo López Oviedo

Algo característico de los candidatos oligárquicos es que en campaña actúan como si fueran de oposición. Alaban lo que hace el mandatario en ejercicio, pero anuncian que lo que habrán de hacer cuando estén en el poder será muy distinto. Esos candidatos son conscientes de que, así las encuestas favorezcan al mandatario, el problema de la olla sin hueso se hará sentir en las urnas, y ellos se comprometen a resolverlo. O al menos, estando en campaña, necesitan hacer creer que se resolverá. Por eso, terminan habiendo tantas coincidencias entre las demagógicas promesas oligárquicas y las propuestas de la oposición; y por eso los discursos de posesión de los oligarcas electos no pasan de ser un sartal de mentiras, que la gente necesita oír para hacerse a la ilusión de que hubo un verdadero relevo y de que ahora sí cesarán las privaciones en las que siempre han tenido que vivir.

El discurso de Santos fue precisamente eso: un inventario de las cosas que se han dejado de hacer, especialmente durante los más recientes mandatos. Siendo tan largo ese listado, pero especialmente, tratándose de cosas que tienen que ver con la satisfacción de las necesidades más apremiantes de los colombianos y de su cohesión social, resultaría inexplicable la popularidad con que terminó Uribe si no fuera por el inmenso apoyo que recibió de los medios de comunicación. Lo peor es que al igual que todos los discursos de posesión de los anteriores mandatarios, el de Santos también pasará a la historia como una lista más de promesas incumplidas y, al igual que tales mandatarios, también él contará con la absolución de esos grandes medios.

En lo que sí parece que habrá novedades es en el estilo de gobernar. O al menos hagámonos esa ilusión, pues resultaría inaguantable que el estilo pendenciero de estos ocho años tuviéramos que sufrirlo por otros cuatro más. De esa necesidad es consciente el propio Santos, y así se lo dijo a Uribe, como disculpándose: “a veces podemos diferir en la forma de llegar”. Eso, en plata blanca, significa que el puerto de los propósitos oligárquicos siempre es el mismo; lo distintos son los caminos que utilizan para arribar, aunque algunas veces se les entrecruzan por complicidades, como lo están los de Santos y Uribe.

En lo demás, no nos hagamos ilusiones. Por más que la ceremonia de posesión del presidente Juan Manuel Santos haya dejado entrever otra cosa, durante los próximos cuatro años, que ojalá no se nos vuelvan ocho, seguiremos viendo cómo los mismos de siempre siguen repartiéndose la hacienda pública y utilizando los resortes gubernamentales en su exclusivo beneficio.

ENTRE LA TUZODEZ Y EL FRACASO

Por Rodrigo López Oviedo

Calificar las dos presidencias de Uribe es imposible sin alguna dosis de apasionamiento. El propio mandatario fue un apasionado en el cumplimiento de las tareas que se propuso desde cuando sus discrepancias con el plan de paz de Pastrana lo hicieron sentirse llamado a “corregir” los destinos de la nación.

El primer acierto del ahora saliente presidente fue el de haber sabido interpretar las coincidencias entre sus propósitos personales y los de la derecha. Para este sector era inaplazable la necesidad de ponerle fin a un proceso de paz que semanalmente reunía en el Caguán a cientos de compatriotas que reclamaban soluciones urgentes a sensibles problemas de décadas. También a Uribe le preocupaba que culminara felizmente el mismo, pues intuía los castigos que podría traer consigo, tanto para las hordas paramilitares que se ensañaban con la población, como para quienes las habían apoyado desde los despachos oficiales. En tales condiciones, la alianza era inevitable. A respaldarla adudieron presurosos los grandes grupos econòmicos y los medios masivos de comunicación, sin importar que las primeras encuestas favorecieran al candidato en ciernes con un escaso dos por ciento. Lo importante era que este lanzafuegos oligárquico demostraba, cual Hopalong Cassidy, arrestos suficientes para granjearse los aplausos del más exigente de los rodeos mientras les garantizaba la continuidad en el disfrute de sus intereses.

Uribe llegó a la Presidencia dispuesto a acabar en pocos meses con las FARC. El que ocho años después continúe en ese intento, sin eximirse siquiera de buscar a sus cabecillas en los países vecinos, demuestra la tozudez de que se deja embargar cuando de sacar adelante sus propósitos se trata; pero también de su ostensible fracaso en esa política. Hoy las FARC, pese a que han sufrido algunos duros golpes (aunque no tantos como dice el Gobierno, pues hay que restar de sus cuentas los crímenes mal denominados falsos positivos), todavía están en condiciones de dar sensibles golpes a la fuerza pública y de hacer imperativa la presencia de esta en las carreteras para que todos podamos cantar: “¡Vive Colombia, viaja por ella!”.

Se trata  entonces de un fracazo,  junto al cual Uribe  le quedó debiendo al país  soluciones relacionadas con desplazamientos,  terrorismo  de estado  y de los paramilitares,  watergates, impunidad , derechos  humanos, persecución a quienes piensan diferente, corrupción, desempleo, quiebra de la salud y de la educación, crisis fiscal,  concentración  del   ingreso,  destrucción   del  agro,  cinturones  de  miseria,  soberanía  y  relaciones interrnacionales. En  lo  que  sí  no  fracasó  fue  en hacer  del país  un paraíso fiscal para los poderosos y en conservar el apoyo de los medios para mantener en alto su popularidad.