MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Por Rodrigo López Oviedo

Que cada pueblo se merezca el gobierno que tiene parece ser una sentencia plenamente confirmada en Colombia. Las mediciones de opinión respecto del gobierno de Uribe dan cuenta de una conformidad ciudadana tan extrema con él y con lo que hace que resultaría difícil equivocarnos al afirmar que es el que nos merecemos. Incluso hasta podríamos pensar que permaneceríamos conformes con cualquier cosa que hiciera, sin importar sus desaciertos, sus yerros ni desvergüenzas.

A los ciudadanos del común suele escuchársenos resonar como bafles, repitiendo al unísono, y casi sin desafinar, todo lo que le resulte conveniente a la continuidad de un régimen que cada día nos empobrece más, nos subyuga más y nos deja cada vez con menos futuro. Y resonamos como sapientísimos oráculos, sin percatarnos de que detrás de nosotros están los dueños del país manipulando nuestras conciencias y haciéndonos creer que lo que pensamos se origina en nuestros cerebros y no en los sofisticados laboratorios de propaganda ideológica y política en que se han convertido los grandes medios de comunicación de que son dueños.

Esto es lo que explica que, a pesar de que reconozcamos las muchas falencias de nuestro gobierno, de que nos escandalicemos con las largas uñas de muchos de sus funcionarios, con sus iniquidades y sus crímenes, y de que nos percatemos de sus artimañas para hacer del Estado un botín explotable a perpetuidad, nos mostremos dispuestos a permitir que continúen, período tras período, en su productivo oficio, sin que hagamos caso a las alternativas que ofrecen muchos otros colombianos, que entregan con desprendimiento lo mejor de sus vidas al propósito de construir un nuevo poder, capaz de proscribir tan aviesos métodos y de elevarnos moral y materialmente hacia estadios más dignos de la condición humana.

Que el pueblo se merezca el gobierno que tiene es, entonces, una afirmación que requiere revisarse. Los merecimientos de nuestro pueblo no pueden depender de lo que circunstancialmente piense o desee, pues lo que piensa y desea no es más que un producto derivado de años y años de sometimiento a una cultura dominante que no le es la propia, sino la de los grandes dueños de los medios de producción, la cual le ha sido impuesta, especialmente, a través de unos medios de comunicación que le informan y entretienen, pero que también le forman y deforman su entendimiento.

No. Los merecimientos reales del pueblo están en clara dependencia de lo que produce, que no es ni más ni menos que esa riqueza material y espiritual que solo puede crearse a través de su trabajo. Sobre la base de esos merecimientos debe edificar su propio gobierno, aunque para hacerlo deba demoler las estructuras del gobierno que le precede.

Siendo el monopolio sobre los medios de comunicación una de esas estructuras, y tal vez de las más importantes, su democratización es de gran importancia. Al pueblo no puede garantizársele el sagrado derecho a la información oportuna y objetiva si no se ponen en sus manos los instrumentos apropiados para lograrlo. A ese derecho debe supeditarse la supuesta libertad de prensa, que en Colombia solo ha significado la libertad de los monopolios de la comunicación a deformar los hechos, a tergiversar la realidad y a poner a la sociedad a pensar y obrar en contra de sus verdaderos intereses.

EL CAMINO A SEGUIR

Publicado el 30 de septiembre de 2009
Por Rodrigo López Oviedo

Lánguidas resultaron las consultas en que estuvieron comprometidos, entre otros, los partidos Liberal y Polo Democrático Alternativo. Lánguidas, pero también lamentables, y no tanto para el liberalismo, cuyos resultados alcanzados parecen confirmar que de este Partido solo va quedando algo más que un pequeño coro de militantes nostálgicos y anhelantes de que el país olvide que su colectividad comparte con el conservatismo la responsabilidad de los graves males que azotan hoy al país, pues lo ha acompañado en los oficios del poder desde el nacimiento mismo de la vida republicana.

Lamentable, sí, para el Polo, que no encontró la manera de sobreponerse a la campaña del establecimiento, harta, ésta sí, de recursos lícitos e ilícitos, puestos al servicio de hacer creer que con Uribe en la escena política nacional es más que suficiente y que todo esfuerzo por promover a otros protagonistas podría resultar inútil. Y esto, agravado para el Polo por los aberrantes casos de “voltearepismo”, de los que inexplicablemente fue víctima, y agregado a las deficiencias mismas de la campaña, en la que alguno de los bandos no quiso abandonar su propensión a la crítica malsana, produjo como resultado una abstención del 82 por ciento, si tomamos en cuenta los dos millones 600 mil votos de Gaviria en los últimos comicios presidenciales.

Ante tan alta abstención, quisiéramos pensar con el deseo y manifestar que ella puede ser también un indicativo del desinterés en que ha caído todo el electorado, y del cual también puede ser víctima el uribismo, lo que lo pondría en dificultades para superar el umbral necesario para quedarse con el referendo a su favor.

Se trata, por supuesto, de una conclusión no muy alejada de la realidad, pero que, para materializarla, debe adobarse con un trabajo capaz de seducir a ese 18 por ciento de polistas que estuvo en las urnas y que podría volcarse a la campaña contra el referendo en pos de una abstención que disuelva toda duda acerca de los anhelos nacionales de renovación política.

Ahora bien, habiendo sido Gustavo Petro el vencedor de la jornada en lo que hace relación al Polo, los analistas de la colectividad deberán descifrar si tal resultado puede interpretarse como una revisión de las conclusiones del Segundo Congreso y si lo que debe venir ahora es la búsqueda de acuerdos con Pardo, ganador de la consulta Liberal, y con las demás fuerzas no uribistas para ofrecerle al electorado una opción con posibilidades de triunfo en el enfrentamiento que se viene, ya contra Uribe en persona o ya contra su representante, o sí por el contrario habrá de esperarse hasta la segunda vuelta, como lo determinó el Polo en su Congreso.

En esta perspectiva, lo recomendable sería poner en manos de Petro la potestad de trazar el camino a seguir, siempre que no se dejen de lado los principios que la organización partidaria tiene establecidos en su ideario de unidad y en sus estatutos. Esclarecido el camino, debemos disponernos todos a caminar por él, en la intención de hacer del Polo un verdadero atractivo para las demás colectividades y los indecisos, todo dentro del propósito de librar al país de otro cuatrienio más de lo mismo y de forjar las bases para la construcción de una Colombia en la que quepamos todos sus hijos.

LA CONSULTA DEL POLO

Por Rodrigo López Oviedo

Nunca como en las calendas que corren se ha hecho sentir tanto la necesidad de que las fuerzas democráticas depongan muchas de sus discrepancias y cierren filas en torno a la recuperación de la esperanza en el futuro del país. No otra es la exigencia que plantea el ver desbocadas a las castas oligárquicas tras el aprovechamiento de unas condiciones que nunca le habían sido tan favorables a su propósito de configurar un Estado que responda más fielmente a sus intereses: letargo de las masas populares, debilidad del movimiento sindical, el Gobierno convertido en directorio político y, como si fuera poco, con dominio casi pleno sobre los grandes medios de comunicación y con ilimitadas posibilidades de modelar a su antojo la opinión ciudadana.

Esto les ha permitido ir desmontando lo positivo de la constitución de 1991, debilitar la oposición mediante procedimientos de guerra sucia, tomarse criminalmente las altas dignidades del Estado, legalizar prácticas políticas inmorales y recortar los derechos de los trabajadores, todo dentro del propósito de elevar las tasas de ganancia y eternizar sus privilegios.

Para alcanzar tan torvos fines, ningún escrúpulo les ha impedido utilizar procedimiento alguno, por más retorcido que sea. Así, por ejemplo, las hemos visto cabalgar sobre el honor de las instituciones de seguridad del Estado, a las cuales han llevado a frecuentes escándalos por desapariciones forzadas, asesinatos fuera de combate de insurgentes y de civiles, chuzadas y tráfico de drogas, entre otras prácticas que desdoran el prestigio que las acompañaba en tiempos ya remotos.
Y si a lo anterior agregamos la violación a la soberanía de países hermanos y la entrega de la propia para que sea pisoteada por fuerzas extranjeras, nos encontraremos con un cuadro cargado de evidencias sobre lo sucios que son los torrentes que corren por nuestra institucionalidad y lo necesitado que está nuestro pueblo de responder con unidad.

Pasos hacia esa unidad son los que está dando el Polo Democrático Alternativo. La consulta que este próximo domingo les hará a los colombianos le permitirá escoger entre Carlos Gaviria Díaz, Gustavo Petro y Édison Lucio Torres al dirigente que enarbolará la candidatura del Partido a la Presidencia de la República en los próximos comicios. Cualquiera de ellos está en condiciones de emprender tan importante tarea, pero necesita aglutinar en torno a sí al mayor número de los colombianos susceptibles de formar fuerza común en la magna empresa de las transformaciones que requiere nuestro pueblo.

Como toda medición social es un procedimiento cuyos resultados influyen positiva o negativamente en el ánimo de los consultados, esta consulta le plantea un compromiso de singular importancia al movimiento democrático, el cual deberá volcarse sobre la ciudadanía en procura de lograr una amplia participación. Cada quien lo hará desde su particular perspectiva, pero todos procurando que sea un canto a la unidad el que se levante en esta jornada.

Yo, por mi parte, hago públicas y reitero mis preferencias por el maestro Carlos Gaviria Díaz y en su beneficio invito a votar a mis lectores. Sin embargo, ello no obsta para que anime también a los seguidores de Gustavo Petro y de Édison Lucio Torres para que hagan lo propio, pues lo que importa es que podamos mostrar un Polo dispuesto a responderle con unidad a esas castas que tan desvergonzadamente nos gobiernan.

LA CONVOCATORIA DE COOPERAMOS

Publicado el 15 de septiembre de 2009
Por Rodrigo López Oviedo

Para éste próximo sábado, 19 de septiembre, los asociados de Cooperamos en Ibagué hemos sido convocados a elegir a los delegados que habrán de reunirse en Asamblea General cuando se conozcan las decisiones de la Superintendencia de la Economía Solidaria respecto de la reactivación que se aprobó en la Audiencia de Acreedores Internos del pasado 18 de abril.

Convocatorias idénticas ya se surtieron en los municipios que cuentan con un número considerable de asociados, pero, en gracia a la objetividad, es bueno señalar que el resultado final de todas ellas no ofrece muchos motivos para la esperanza. La explicación es sencilla: En un reciente concepto, el doctor Enrique Valderrama Jaramillo, Superintendente Solidario, ha dicho que de acuerdo con lo establecido por el artículo 291 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y sus decretos reglamentarios, la aprobación de la reactivación de una cooperativa que ha estado en proceso de liquidación requiere de un quórum “del 51 % del monto total de las acreencias internas”.

En este pronunciamiento hay una coincidencia total con los planteamientos que formulé cuando se preparaba la Audiencia del 18 de abril. Desafortunadamente los aborregados miembros de la Junta Asesora atendieron sumisos los silbos de la Agente Liquidadora, doctora Ángela Parra, quien les hizo creer que con 300 asociados era más que suficiente para cumplir con los requerimientos de quórum establecidos, según ella, por los decretos 557 y 558 de 2009.

La importancia del concepto del Superintendente, además de ser de tan importante funcionario, radica en haber sido posterior a la expedición de los mencionados decretos 557 y 558, de los cuales Liquidadora y Junta creían que derogaban el quórum establecido por el Estatuto, pese a que éste tiene fuerza de ley. Esto hace esperar que, al evaluar los acuerdos de la Audiencia, el doctor Valderrama se mantenga en su criterio y, al constatar que allí no hubo nada que se parezca al quórum mencionado, le niegue su respaldo a la reactivación aprobada.

Se trata, por supuesto, de un presagio que no quisiéramos ver cumplido. Por eso necesitamos una asistencia masiva a la jornada del próximo sábado. A mayor número de asociados concurrentes, más favorablemente incentivada puede sentirse la Supersolidaria a pasar por encima de sus propios conceptos y a reconocer la validez de la reactivación, así solo sea por la fuerza de nuestro tardío respaldo a los acuerdos.

Desafortunadamente, esto no lo entendieron quienes dirigen el proceso. De allí el carácter casi clandestino que le dieron a la convocatoria, en lugar de aprovecharla para adelantar la más amplia campaña publicitaria, con la cual habrían estimulado la mayor participación de los asociados en la elección de sus delegados, haciéndoles sentirse a los elegidos verdaderos depositarios de la voluntad mayoritaria de las bases de la Cooperativa.

Pese a lo anterior, he resuelto presentar mi nombre a consideración de los asociados. Me lleva a ello la necesidad de ver que a la dirección de Cooperamos llegue un equipo idóneo, capaz de emprender todos los esfuerzos necesarios para la recuperación de la empresa, o de abocar las tareas conducentes al pronto pago de lo que pueda salvarse de los aportes sociales, todo con arreglo a la voluntad que exprese la Supersolidaria.

A propósito de la Supersolidaria, ¿por cuántas quincenas más tendremos que esperar su pronunciamiento sobre la reactivaciòn?

UNA TAREA DEMOCRÁTICA

Publicado el 8 de septiembre de 2009
Por Rodrigo López Oviedo

Estando a punto de desplomársenos la ya de por sí carcomida estantería seudodemocrática, a los colombianos nos cabe la responsabilidad de aprestarnos a sacudirla para acelerar su derrumbe o, al contrario, transformarla para que quede a la altura de las necesidades nacionales.

La más clara evidencia del cataclismo reinante la exhibe el Congreso. Hecho jirones por el manejo que le han dado los dueños del poder y sus partidos –tanto los de vieja como los de nueva denominación-, se ha mantenido impertérrito ante las dentelladas de que han sido objeto las instituciones y valores de la nación.

Tal vez las peores de esas dentelladas no sean las que provienen de los mismos congresistas, pero sí en casi todas su concurso ha sido enorme. Inspirados en la prevalencia de sus intereses, muchos han reducido su actuación a ver pasar impávidos esas otras dentelladas, las provenientes del Palacio de Nari, con tal que dejen canonjías suficientes para aceitar las maquinarias electorales que tienen atornillados a algunos a sus curules y las que podrían atornillar a otros.

No otra es la razón de que la gran mayoría de congresistas permanezcan sin espabilarse ante los humillantes ruegos de Uribe para que Estados Unidos le firme un TLC que pondrá en quiebra a quienes no figuren en la lista de los dueños del país.

O de que acepten, con un mutismo rayano en la estupidez, que tropas norteamericanas sean autorizadas para hollar nuestra soberanía y, desde nuestras bases militares, agredir países hermanos.

O de que permanezcan impasibles ante la desviación de los recursos de la salud, la educación y el agua potable hacia el asistencialismo, productor de votos, o hacia la guerra, generadora de muerte.

O de que permitan que las babosadas sobre seguridad democrática –sustentada en falsos positivos- y garantía inversionista –sin efectos sobre el empleo- sirvan de único argumento para que nuestros engatusables compatriotas sean sometidos a la engañosa idea de que solo Uribe puede manejar el país y que por eso debemos apoyarle su nuevo referendo reeleccionista.

Solo de un congreso así puede esperarse el silencio cómplice ante las actuaciones del llamado Cartel de las Tres Letras (léase DAS).

Sólo de un congreso así se podían esperar las trapisondas puestas en juego para lograr la aprobación del proyecto de referendo: complicidad ante la recolección de firmas con recursos de dudoso origen, irrespeto a la literalidad de lo firmado y a la voluntad de los firmantes, indiferencia ante los mayores desequilibrios que se generarán entre los poderes, asedios de ministros y ex ministros, cohechos, simulación de impedimentos, carrusel de habilitaciones y, para no alargar, vulneración de los derechos de la oposición a expresar sus motivos de rechazo al referendo.

De un Congreso que ha actuado de semejante manera es posible esperarlo todo. Incluso que se dé sus mañas para que las exigencias de umbral que demande este referendo se hagan más favorables que las que hoy están vigentes. Incluso que a Uribe se le permita vestirse de triunfador sin necesidad de victoria. De no estar viviendo sus tiempos postrimeros, revocar este Congreso sería de urgente necesidad. Ojalá el que elijamos en los comicios de 2010 pueda liberarnos de tantas desvergüenzas y servir de complemento a los esfuerzos que desde la Presidencia liderará el maestro Carlos Gaviria Díaz para el bien de Colombia.

URIBE EN UNASUR

Publicado el 1o. de septiembre de 2009

Por Rodrigo López Oviedo

La escasa sensatez con que ha sido manejada la política exterior por parte del presidente Uribe, a consecuencia de la cual lo hemos tenido que ver enredado en un círculo sin fin de dimes y diretes con los países vecinos, nos ha permitido a los colombianos la suerte de tener un mandatario de sólo medio tiempo, pues el otro medio el propio Presidente ha tenido que distraerlo en la defensa de esas actuaciones.

El último episodio no pudo ser más vergonzoso. A raíz de la autorización que diera a Estados Unidos para que utilice siete de nuestras bases militares en reemplazo de la de Manta, Uribe tuvo que comparecer ante los presidentes de UNASUR a explicar los inexplicables motivos que tuvo para tan vergonzoso acuerdo. Era la oportunidad que necesitaba para sacudirse de la sindicación de lacayo del Imperio, que tan justamente le colgó como un inri el presidente Chávez, pero no pudo más que desaprovecharla, resignando su habilidad retórica al mero fruto de aplazar una condena a tan desvergonzada política y a dejarles servidos uno que otro argumentos deleznables a esos incondicionales de oficio que siempre verán un triunfo en cualquier resultado que el primer mandatario pueda entregarle al país, no importa lo mezquino, lo inocuo o lo dañino que sea.

Lo cierto es que al Presidente no podía irle bien. Cada vez son de mayor rechazo los supuestos apoyos militares de Estados Unidos, pues nunca han servido para hallarle salida a conflicto alguno, y mucho menos para acabar con el narcotráfico. Y si bien el rechazo a Uribe por motivos del acuerdo no se vio reflejado en una condena todo lo contundente que los presidentes Chávez, Correa y Morales deseaban, ello obedeció, antes que a la falta de razones, que nunca fueron pocas, a la extrema generosidad de los demás mandatarios, quienes prefirieron aplazarle ese trago amargo para cuando los cancilleres y ministros de Defensa de los países miembros evalúen la letra menuda del acuerdo y confirmen su inconveniencia para Colombia, pero también para los demás países suramericanos.

En esa decisión quedó retratada la extrema condescendencia de nuestros vecinos, que ven en la repetida historia de desaciertos del Presidente Uribe el motivo para un tácito “pobrecito”, antes que una ocasión para caerle encima, sobre todo después de verlo tan reiterado en su actitud de humilde peticionario de perdones. Parece que ignoraran que su contrito corazón jamás le ha dado cabida al propósito de la enmienda que tanto recomendaba el padre Astete. Por el contrario, convencido de que es preferible tener que pedir perdón después que antes permiso, a nuestro Presidente habremos de verlo repetirse en tal actitud, no importa que sea la amada patria la que tenga que pasar la vergüenza de ver a su hijo predilecto otra vez genuflexo ante los mismos de siempre y por motivos parecidos a los de siempre.

A los colombianos nos queda la responsabilidad de recuperar la dignidad nacional, tan suciamente manoseada en provecho de intereses que no son los de nuestro pueblo. Dejar que con ella se siga trapeando, como lo viene haciendo Uribe desde su ascenso a la Presidencia de la República, no nos deparará más que rechazos en el vecindario y el dedo acusador de nuestra propia historia. En las propuestas del Polo está la mejor solución.

UN BALANCE NEFASTO

Publicado el 25 de agosto de 2009

Por Rodrigo López Oviedo

En reciente debate al Ministro de Agricultura, el senador Jorge Robledo, del Polo Democrático Alternativo, demostraba la justeza de las posiciones del sector democrático cuando, ad portas de la apertura económica, denunciaba la crisis que sobrevendría ante la avalancha de productos extranjeros que sustentaban sus precios en altos subsidios oficiales, en aprovechamiento óptimo de los avances tecnológicos y biotecnológicos, en amplia disponibilidad de capitales y de créditos para atender sus costos y en un clima político y social mucho más satisfactorio que el nuestro. Hoy, 18 años después, las 700 mil toneladas de alimentos que importábamos se nos han convertido en nueve millones ochocientas mil.

La situación es tan grave que ni siquiera los cafeteros están a salvo. Pese a que el precio internacional del grano está excepcionalmente alto, los beneficios no han llegado a sus parcelas, pues han tenido que lidiar con un peso revaluado que les encarece los costos de producción, amén de que las últimas cosechas han perdido considerable volumen. Como si ello fuera poco, últimamente han venido sufriendo, al igual que los algodoneros, de la hasta hace poco impensable pérdida de buenas porciones del mercado interno ante la competencia de granos llegados de otros países.

También es delicada la situación de los productores de leche, de oleaginosas y de panela, pero particularmente la de los arroceros, agravada por un contrabando de proporciones tan descomunales que solo puede darse con la complicidad de las autoridades.

Ahora al Gobierno le ha dado por expedir una serie de medidas supuestamente orientadas a defender la salud de los colombianos, pero con las que realmente ha llegado en socorro de los monopolios que se lucran del campo. Tal es el propósito de prohibir el mercadeo de la leche con personas distintas a los pasteurizadores y las exigencias de que los mataderos y los trapiches paneleros luzcan, respectivamente, como salas de cirugía y chocolaterías suizas, según lo señalado por el mismo senador Robledo.

Por supuesto que el Gobierno no ignora que las carencias viales en inmensas zonas del país impiden el arribo de los pesados carrotanques de las pasteurizadoras, ni que los problemas de crédito, de asistencia técnica, de comercialización, de carestía de los insumos, de concentración y especulación con la tierra, de violencia, etcétera, hacen imposible que la inmensa mayoría de nuestros campesinos puedan acudir a los mercados con una producción tan limpia como la que ahora se les está exigiendo.

Lo que según Robledo sí parece ignorar el mismo Gobierno es que, dada la estructura de nuestra balanza comercial alimentaria, si se presentaran fenómenos que impidieran el ingreso al país de trigo, maíz y cebada, nos veríamos en calzas prietas para consumir tales productos, pero también pollo y cerdo, que se alimentan con productos derivados de maíz importado.

En un país como el nuestro, en el que el 75 por ciento de los trabajadores rurales no alcanza a devengar el mínimo legal y el 27 por ciento está en la indigencia, y en el que la leche se bota para preservar su precio mientras hay niños muriendo de hambre, requerimos de unas políticas agropecuarias más centradas en los intereses del grueso de la población, antes que en los monopolios de la producción de alimentos, en los grandes especuladores de la tierra y en los megaproyectos de las transnacionales.

AUNQUE SOLO SEA MONCAYO

Publicado el 18 de agosto de 2009
Por Rodrigo López Oviedo

Ya perdí la cuenta del tiempo transcurrido desde cuando las FARC ofrecieron liberar sin contraprestaciones a dos miembros de la fuerza pública que se hayan en su poder, el Cabo Pablo Emilio Moncayo y el soldado profesional Josué Daniel Calvo Sánchez, y entregar el cuerpo de un tercero que murió en cautiverio. Hasta el sol de hoy, tan esperanzadores anuncios no han podido materializarse por la oposición del presidente Uribe, quien desde un comienzo señaló que lo que el país reclamaba era la liberación de todos los cautivos, no entregas por cuentagotas.

Agravando lo anterior, el Presidente sentenció que en la respectiva diligencia no habría espacio para Piedad Córdoba ni para comitiva alguna; que debía garantizarse la máxima discreción a fin de evitar toda publicidad que pudiera derivar en beneficios políticos para los participantes, y que en lugar de la Senadora, la única persona autorizada para establecer contacto con las FARC sería, ¡vaya sorpresa!, el guerrillero fariano Yesid Arteta.

Aguzando un poco la memoria, ya han transcurrido cuatro meses desde aquel anuncio, y de las esperanzas de libertad para Moncayo y compañía solo van quedando desengaños. El país ha asistido impávido al show de intransigencias de un mandatario que no ve bien que se vayan extinguiendo los motivos de nuestro conflicto, así sea por goteo. A Uribe lo seduce la guerra, y más ahora que ha creído comprobar que lo que le conviene de ella no es ganarla, sino convencer a la tribuna de que la está ganando, mientras la perpetúa con sus irresponsables gestos de vaquero del oeste americano, todos contrarios a cualquier iniciativa que tienda así solo sea a su morigeración, pues de paso se perpetúa él.

Yesid Arteta purgó diez años de cárcel por actos de rebelión; jamás desertó ni se acogió a los programas de Justicia y Paz. Al asignarle a él el papel de intermediación con las FARC, que venía desempeñando con tanto éxito Piedad Córdoba, el presidente Uribe quiso bajar de ese escenario a la Senadora para restarle influencia ante una opinión nacional e internacional que veía con buenos ojos su gestión humanitaria en beneficio de todos los colombianos que por causa del conflicto se hallan en cautiverio, tanto en las selvas como en las cárceles, y que vería bien la liberación de tan solo Moncayo y compañía, mientras llega la posibilidad de un acuerdo más totalizante.

Lo que nunca imaginó el Presidente fue que Arteta recordara el conjunto de barullos presentados en pasadas liberaciones, de los cuales pudieron salir airosos los comisionados de entonces sólo por las altas dignidades que ellos encarnaban, por la condición de representantes de países extranjeros que algunos tenían, y por la presencia vigilante de muchos medios de comunicación independientes. Esa memoria, combinada con malicia guerrillera, hizo que Arteta le escurriera el cuerpo a semejante encargo, que más parecía una condena a muerte, y prefiriera seguir a la espera de una oportunidad mejor para servirle a un país por el que pagó caro sus acciones revolucionarias del pasado.

Mientras tanto, Moncayo y Calvo siguen sufriendo las penalidades del cautiverio en una selva inhóspita y una anciana madre se muere en la desesperanza de no poder disponer del cuerpo de su hijo para darle cristiana sepultura. Cosas del corazón que no puede entender quien corazón no tiene.

POR UNA POLÍTICA EXTERIOR DECENTE

Publicado el 11 de agosto de 2009
Por Rodrigo López Oviedo

En medio del unanimismo que trata de imponérsenos a través de los grandes medios de comunicación, se ha venido generando la intención de insuflarnos la creencia de que, en política exterior, sólo sobre los hombros de Álvaro Uribe recaen las facultades de representación de los colombianos.

Son tan enfáticos algunos comentaristas en la defensa de la anterior apreciación que en ocasiones me han llevado a desear que sea el Presidente quien nos represente, por ejemplo, en las confrontaciones con la selección argentina. En caso tal, ya muy seguramente tendríamos en el olvido aquel fabuloso 5 a 0 que tenemos gravado entre ceja y ceja, pues resultados mejores y más repetidos nos habría traído nuestro Primer mandatario.

En materia de política exterior, ese unanimismo nos ha llegado debidamente adobado con abundantes dosis de patrioterismo, que es uno de los tantos instrumentos ideológicos bajo los cuales se enmascaran los intereses oligárquicos, en muy poco coincidentes con los intereses populares. De allí que hayamos terminado aplaudiendo a un intrépido comando paramilitar que con el silencio cómplice del Gobierno incursionó en tierras de Venezuela con el fin de producir el asesinato del presidente Hugo Chávez. O también el secuestro en las mismas tierras de Rodrigo Granda con el fin de traerlo a purgar sus penas por terrorismo.

En medio de esos sonoros aplausos, olvidamos que el secuestro ha sido tenido por elemento delictivo constitutivo de terrorismo. ¿Será que por haber cohonestado con tan censurable delito extra fronteras, alguna vez veremos sometido al ex presidente Álvaro Uribe Vélez a un juicio por terrorismo internacional? ¿Será que algo de evitar tan extremas consecuencias fue lo que condujo al mandatario a aceptarle al presidente de Francia la petición de liberar al guerrillero fariano sin confesar por qué?

Casos como el del comando paramilitar y el secuestro de Granda no son más que dos botones de muestra en el abundante inventario de indecencias que se han presentado en la ya larga vida pública de nuestro hoy presidente Uribe y en los siete años de su Gobierno. Quien quiera ahondar más en los ejemplos puede buscar en su memoria los aplausos de Juan Manuel Santos ante el golpe de Estado a Chávez; la defensa de los postulados de la guerra preventiva y el bombardeo al Ecuador; los soldados llevados a la guerra de Afganistán y la autorización a Estados Unidos para utilizar como suyas no ya tres, ni cinco, sino siete bases militares colombianas.

Desafortunadamente, los desarreglos en política exterior adquieren un cariz más vergonzoso y reprobable, tal vez por ser la patria misma la que con ellos se desluce al punto de haber tenido que soportar cómo se vacían escenarios internacionales cuando a nuestro Presidente le llega el turno en el uso de la palabra. De allí la necesidad de levantar una gran cruzada por adecentar nuestra política exterior. Habiendo entrado el gobierno de Uribe en su recta final, nos corresponde a los trabajadores, al pensamiento democrático y a las congregaciones de izquierda, pero particularmente al Polo Democrático Alternativo, adelantar una gran campaña dilucidadora en estos aspectos, a fin de evitar que el cuatrienio que se nos avecina pueda seguir siendo más de lo mismo, con el mismo, o con el comodín que el mismo ponga para seguir desarrollando su misma política de vergüenzas.

EL ESTATUTO DOCENTE

Publicado el 4 de agosto de 2009
Por Rodrigo López Oviedo

Si tenemos en cuenta la singular importancia de las conclusiones del II Encuentro Nacional por el Estatuto Único Docente y el haber sido alcanzadas en medio de la más fraternal y madura discusión, este evento, que se celebró en Bogotá durante los pasados 30 y 31 de julio a instancias de FECODE y al cual concurrieron más de 500 docentes de todo el país, habrá de convertirse en el más importante referente para las luchas del magisterio durante los próximos meses.

Aunque prácticamente se lograron todos los cometidos previstos para el Encuentro, su logro más importante lo constituye el respaldo que alcanzó el proyecto de Ley por medio de la cual se establece el Estatuto Único de la Profesión Docente, instrumento legal que para el magisterio colombiano adquiere tanta significación como la que tiene para el conjunto de los trabajadores colombianos el tantas veces aplazado Estatuto del Trabajo a que alude el artículo 53 de la Constitución Nacional. Sin embargo, y a diferencia de éste, el Estatuto Único Docente ya tiene andado el camino de la amplia discusión entre las bases, además del importante respaldo de las bancadas congresuales del Polo Democrático Alternativo y del Partido Liberal, a las cuales han mostrado disposición de sumarse algunos sectores del uribismo que quieren marchar a tono con las conveniencias nacionales antes que seguir sirviendo al exclusivo capricho del Presidente.

Con este Estatuto, se pretende obtener un instrumento normativo que reivindique la dignidad magisterial, le restablezca al gremio la estabilidad laboral, que resultara tan severamente lesionada con la expedición del decreto 1278 de 2002, y le procure una salvaguarda efectiva a derechos laborales tan importantes como el de tener una carrera docente con claras normas sobre condiciones de ingreso, permanencia y retiro; traslados, ascensos y promociones; régimen disciplinario, actualización profesional, salario digno y demás condiciones académicas y laborales que contribuyan a la elevación de la calidad de vida de los docentes y sustraigan su actividad de la condición de cenicienta que hoy tiene en el universo profesional del país.

Desde hace más de diez años, la educación en Colombia ha venido trasegando por un azaroso camino que la ha llevado a que sus presupuestos se conviertan en instrumento para corregir los desajustes fiscales de los distintos gobiernos. Tal fue el propósito del acto legislativo 001 de 2001, por medio del cual se le puso freno al mejoramiento presupuestal que con noble interés había sido acordado por los constituyentes del 91. El resultado ha sido el desmedro de los derechos de la niñez y de la juventud a una educación que los haga partícipes del progreso científico técnico alcanzado por la humanidad y beneficiarios de las mejores condiciones de vida que tal progreso podría traer consigo si no se lo apropiaran los dueños del gran capital. Pero también, a consecuencia de la misma política, los maestros han visto cómo se deterioran sus condiciones laborales, personales y sociales, al igual que las del personal administrativo ligado al aparato educativo.

A corregirle el rumbo a tales políticas está orientado este Estatuto, pero su aprobación requerirá una vez más de la demostrada combatividad del magisterio colombiano y de la solidaridad en que debemos comprometernos todos los que reconozcamos en la educación el instrumento más valioso que pueda emplearse en la construcción de un mundo mejor.

CASTILLOS POR EL SUELO

Publicado el 28 de julio de 2009
Por Rodrigo López Oviedo

Para mayor claridad del electorado, poco a poco han ido cayendo, como castillos de arena, los llamados procesos de la farc-política que ciertos personajillos del alto Gobierno montaron contra destacados periodistas y dirigentes de la oposición política. Si de algo pudieran ser sindicadas estas personalidades, es de haber ofrendado lo mejor de sus vidas a la tarea de hallarle solución al mar de iniquidades que las clases oligárquicas han ido derramando sobre la geografía colombiana a lo largo de su historia.

Lo característico de todos estos procesos judiciales, tanto los que cayeron ante los refrescantes vientos de la resistencia democrática como los que caerán bajo los mismos influjos, es que fueron concebidos como una retaliación ante la caída en manos de la justicia de decenas de barones del uribismo, entre los cuales fue fácil encontrar a una que otra baronesa, e incluso al propio primo del Presidente, luego de evidenciarse que estaban untados de nexos mutuamente ventajosos con el narco-para-militarismo.

Pero también resulta característico que los sindicados sean destacados defensores y animadores de los anhelos de paz que bullen en el corazón de la mayoría de los colombianos.

Y esa es, precisamente, una de las marcas más odiosas que tiene el proceso de violencia que nos ha tocado sufrir: que son precisamente los luchadores por la paz quienes terminan acusados de ser enemigos de ella, proclives al terrorismo y militantes de la farcpolítica. Así se procura espantar de los contingentes que buscan un acuerdo negociado a quienes vean necesario superar esta etapa de violencia para poder concretar otros cambios que requiere el país.

La primera exonerada de responsabilidades en este malhadado piélago de acusaciones fue la senadora del Polo Gloria Inés Ramírez. De la aparición de su nombre en los computadores de Reyes, la Corte dijo que solo probaba sus esfuerzos en procura de la paz. Parecidos pronunciamientos de la Fiscalía favorecieron a Carlos Lozano, director del Semanario Voz y directivo del Polo, y al ex ministro conservador Álvaro Leyva Durán. Se espera que con argumentos de igual tenor se cierren los expedientes que amargan injustamente la vida de los congresistas Jorge Enrique Robledo y Wilson Borja, así como los que cursan contra el concejal de Bogotá Jaime Caicedo, todos del Polo, y contra la senadora liberal Piedad Córdoba y el periodista Holman Morris, entre otros, lo cual serviría para dejar sin dudas los argumentos del movimiento democrático en el sentido de que los supuestos registros tomados de los computadores de Raúl Reyes y de otros miembros de la guerrilla más parecen ser montajes de los organismos de inteligencia del Estado.

Y mientras lo anterior ocurre, algunos comunicadores, seguramente pedaleados por sus casas patronales, andan procurando incendiar nuestras fronteras con supuestos videos que probarían la participación económica de las FARC en la campaña que llevó a Rafael Correa a la presidencia del Ecuador. Muy seguramente que estos periodistas y medios no cuentan con patrocinadores que se afecten con los dañosos resultados que una mala relación con nuestros vecinos tendría sobre la balanza comercial; o tal vez le están haciendo el mandado a los carteles de las armas, que jugoso negocio harían en medio de una confrontación armada; o tal vez preferirían que los dineros del grupo guerrillero no se distrajeran de la guerra. Vaya uno a saber.

MICHELETTI: POR LOS CAMINOS DEL GORILATO

Publicado el 21 de julio de 2009
Por Rodrigo López Oviedo

Honduras está cumpliendo la tercera semana del golpe de Estado que depuso al presidente constitucional, doctor José Manuel Zelaya Rosales, sin que las grandes movilizaciones de rechazo que tal hecho ha generado y el total desconocimiento de la comunidad internacional a la nueva cúpula hayan servido para mover a los golpistas de sus aviesos propósitos.

Manuel Zelaya, hombre de privilegiado origen socio económico, quiso virar las naves del Estado hacia posiciones más favorables a los sectores populares, pero temprano hubo de chocar con las infranqueables limitaciones que la Constitución ofrecía a tales propósitos, comenzando por el hecho de que la Constitución misma solo permite cambios meramente cosméticos, con el agravante de no poderlos hacer a través de la voluntad popular, sino mediante el Congreso.

No solo lo anterior. Para garantizar su validez, las reformas debían contar con un respaldo no inferior al de las dos terceras partes del Congreso y ser ratificadas en la legislatura siguiente por un número de congresistas no inferior al inicial.

Tamañas dificultades quisieron ser sorteadas por Zelaya en las elecciones venideras, para lo cual apelaría a una cuarta urna, en la que el pueblo libremente indicaría su complacencia o no con la citarción a una Asamblea Constituyente para reformar la Carta. Solo fue manifestar esto para que la peor reacción de derecha conformara una trinca con lo más oscuro del Congreso, la Corte Suprema y las Fuerzas Armada, depusiera al Presidente y lo pusiera de patitas y en pijama en tierras extranjeras.

Lo curioso es que a esta trinca golpista y al presidente del Congreso, doctor Roberto Micheletti, hoy amanuense de gorilas y presidente de facto, les ha tocado jugar solos en el concierto internacional, ya que lo insólito del golpe, supuestamente originado en un fallo de los tribunales de justicia, y lo impresentable de su ejecución, no les dejó espacio a las derechas internacionales para ofrecer la más mínima solidaridad. Esto no implica, desde luego, que quienes simpatizan con el golpe no estén haciendo lo posible para que salga avante. Solo que buscan no verse comprometidos en un respaldo que puede ser más lo que les quite, si termina fracasado el golpe, que lo que éste les dé con su triunfo.

La hasta hoy infructuosa Mesa de Negociaciones que se desarrolla a instancias del desteñido Óscar Arias, presidente de Costa Rica, es una prueba de ello. Quienes llegaron a ella a nombre del golpismo lo hicieron con el claro propósito de darle largas a la discusión y atemperar el rechazo. En primer lugar, ni siquiera aceptaron que se instalara en suelo hondureño, pues por tales tierras, dicen, el presidente Zelaya solo puede acercarse a responder ante los jueces por las 10 sindicaciones delictivas de que lo acusan los golpistas. Y en segundo lugar, solo puede haber acuerdos sobre la base de que Zelaya renuncie a su investidura y desista de la intención plebiscitaria.

Bajo tal panorama, lo único sensato que las actuales circunstancias permiten es el ultimátum de la comunidad internacional orientado al restablecimiento del Presidente constitucional en el poder, so pena de iniciar un abierto boicot en todos los órdenes a las acciones de gobierno de los golpistas. Con tal bandera de presión debe orientarse el movimiento democrático internacional, que ya el pueblo hondureño está haciendo lo suyo.

UN PROBLEMA DE SOBERANÍA

Publicado el 14 de julio de 2009
Por Rodrigo López Oviedo

Si se requiriera una prueba de lo inútiles que resultan para los países anfitriones las bases militares que Estados Unidos instala en territorios extranjeros, bastaría con recordar que Ecuador fue agredido militarmente por Colombia, sin que la base de Manta, allí emplazada desde hacía 10 años, advirtiera del hecho al gobierno de Rafael Correa o hiciera algo para impedirlo, en lugar de hacerse cómplice del agresor al confundirse con él en repugnante alianza. En respuesta, nuestro vecino país acudió a la comunidad internacional en procura de instrumentos que le permitan resarcirse del golpe, al tiempo que le notificó al compinche norteamericano que las autorizaciones que le permitían actuar desde Manta ya no serían renovadas.

Resulta inaudito que con tamaño antecedente, y sin tener la autorización del Congreso, Uribe ande buscando extenderle al gobierno del norte las autorizaciones necesarias para que continúe con las actividades de dominación imperial y de apoyo a las oligarquías locales que ya no podrá seguir atendiendo desde la base ecuatoriana. Se trata, por supuesto, de una autorización mejorada, ya que ahora podrá contar, no con uno, sino con cinco emplazamientos militares, y con posibilidad de otear no solo sobre la región andina y la cuenca del Pacífico, sino también sobre el Caribe.

Muchos creen, o dicen creer aunque crean lo contrario, que no se trata del traslado de la base de Manta a territorio colombiano. Y lo dicen dejándonos ver de ella solo un conjunto de instalaciones materiales sólidamente adheridas a un territorio, como resulta ser lo que las apariencias nos muestran. Pues es obvio que un traslado de tal naturaleza no puede darse. Sólo que una base militar, más que una infraestructura física y sofisticados equipos, es un conjunto de permisos para que tropas extranjeras se emplacen y circulen más o menos libremente por un territorio en procura de desarrollar labores de inteligencia que terminan desnudando las esencias nacionales del anfitrión. Por eso se hace necesario rechazar acuerdos tan nefastos para nuestra soberanía, y más aún si ellos llevan implícita la posibilidad de agredir a países con los cuales compartimos fronteras y en los cuales se desarrollan procesos de alto interés para sus pueblos y para la región.

Claro que hablar de soberanía no es más que una forma de expresar nuestro rechazo. Bien sabemos lo comprometida que ella ha mantenido desde los albores mismos de nuestra historia republicana. En el caso que comentamos, el gobierno de Uribe solo está reeditando viejas prácticas de nuestras clases dirigentes, y todo para congraciarse con un Obama al que confundió con el enemigo cuando estaba en campaña presidencial, pero de quien ahora necesita su respaldo para sacar adelante el TLC y de su vista gorda para que no se le vea contrario a un tercer mandato.

Lo grave es que los costos se están haciendo excesivamente gravosos: la reciente autorización para que un contingente militar se desplace a Afganistán fue solo una primera cuota. Resulta más grave aún que la segunda cuota se quiera pagar con autorizaciones como éstas, que de consumarse, no solo comprometerían la autonomía operativa de nuestras bases militares, sino que seguirían afectando, además de nuestra soberanía, el respeto de países hermanos, que se confirmarían en su derecho a vernos como la punta de lanza del Imperio contra sus procesos de cambio.

EL SENA Y SUS PROGRAMAS

Publicado el 7 de julio de 2009
Por Rodrigo López Oviedo

Quiero poner punto final a estos comentarios sobre el SENA refiriéndome al uso que debe dárseles a sus recursos. Estos, como dije anteriormente, no provienen del Gobierno, tampoco de remesas ni de créditos y mucho menos de donaciones internacionales. Son parte del subsidio familiar a la que nos vimos obligados a renunciar los trabajadores, dada la resistencia que hace 52 años opusieron Gobierno y patronos a la iniciativa obrera de fundar un establecimiento que impartiera formación profesional a la masa laboral colombiana. Las luchas obreras que vinieron después de la fundación, permitieron que esos recursos se doblaran, completando los dos puntos porcentuales sobre la nómina, con los cuales hoy sobrevive y se desarrolla la Entidad.

Ese historial de renunciaciones y luchas permitía esperar que al SENA se lo considerara patrimonio de los trabajadores y que sus actividades giraran exclusivamente en torno a los propósitos para los cuales había sido fundada. Para que ello ocurriera se hacía necesario que su dirección quedara en manos de sus fundadores, los propios trabajadores, pero desafortunadamente a la defensa de tal propósito nunca fuimos capaces de ponerle la suficiente entereza. Hoy el SENA tiene su dirección en manos del Presidente de la República, de cuatro ministros, de todos los gremios económicos, del sector campesino y de la Iglesia Católica, y, para que dejen constancias en sus reuniones, de dos representantes de las Centrales Obreras, quienes actúan en nombre de los trabajadores.

Visto lo anterior, ¿qué de raro puede tener entonces que los recursos de la Entidad se destinen a atender problemas de déficit fiscal y a financiar costosos programas que nada tienen que ver con la misión para la que fue creada? Por eso la hemos visto comprometida en acciones del DRI, del Plan Nacional de Rehabilitación, de Descentralización Administrativa, de Erradicación de la Pobreza Absoluta, de atención a desplazados, a desmovilizados y a población vulnerable, entre muchos otros, así como financiando actividades que nada tienen que ver con su quehacer pedagógico y sí mucho con el beneficio exclusivo de los empresarios, como ha sido el caso de los programas de competitividad empresarial, investigación, ciencia y desarrollo tecnológico, metrología y mesas sectoriales para la elaboración de normas de competencia laboral.

Dentro de este abanico de compromisos ajenos a los propósitos fundacionales y a la misión de la Entidad, es bueno mencionar por separado el caso del Fondo Emprender, ya que resuelve una inquietud formulada por el doctor Hernando Bocanegra en su análisis de la situación del SENA.

El Fondo Emprender fue constituido con recursos del SENA para, supuestamente, financiar las iniciativas empresariales de sus egresados. La angurria de nuestras clases dirigentes quiso que los recursos de este Fondo se “democratizaran”, y Gobierno y gremios, desde la Dirección Nacional de la Entidad, decidieron abrirlo a los egresados de las universidades públicas y privadas. En apariencia esto es bueno para los trabajadores, pero en la práctica no ha sido mucho lo que a ellos les ha servido. Valdría la pena que los resultados de todos estos programas se evaluaran a la luz de sus verdaderos beneficiarios, pues no está bien que a la Entidad se la sustraiga de su compromiso capacitador y se la destine a tantas actividades, incluidas estas de fomento, que deben ser del resorte de otros organismos oficiales y privados.

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL SENA

Publicado el 30 de junio de 2009
Por Rodrigo López Oviedo

En mi último comentario dejé mordido un tema de primera importancia para los trabajadores. Me refiero al origen de los recursos del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y a la utilización que la Entidad debería darles.

Este tema surgió a raíz de una columna del doctor Hernando Bocanegra Aldana en la cual manifestaba su preocupación por la tendencia de los egresados de la Entidad a emigrar en busca de mercados laborales, a despecho de los empresarios del país, que es en donde han recibido su capacitación.

El propio doctor Bocanegra manifestaba sus dudas respecto de si los recursos del SENA provenían de los impuestos nacionales, de las regalías, de empréstitos o de donaciones exógenas. Por toda respuesta, debemos informarle que “ninguna de las anteriores”.

El SENA se financia con “aportes parafiscales”, es decir, un tipo de recursos que son constituidos por sectores específicos de la población para financiar servicios que si bien pueden beneficiar a la comunidad, solo se ofrecen a sus aportantes directos.

Los empresarios han constituido fondos parafiscales, como los de retención cafetera, que administra la Federación Nacional de Cafeteros; pero tal vez los más ampliamente conocidos son los que aportan los trabajadores con destino el ICBF, a las Cajas de Compensación y al SENA, a los cuales se les ha introducido el remoquete de “impuestos a la nómina” con el fin de desorientar y justificar su eliminación para elevar las tasas de plusvalía.

Para el caso del SENA, el nacimiento de esta parafiscalidad se remonta al año 1957. Por aquel entonces, los trabajadores habíamos conquistado ya el derecho al subsidio familiar, con el cual nacieron las Cajas de Compensación, y se adelantaba una gran movilización por la conquista del derecho a la capacitación.

Lo de esperarse hubiera sido que en tal propósito capacitador coincidieran también los patronos, pues mientras mayor sea la capacitación de los trabajadores, mejores serán los aportes a la producción de que podrán disfrutar los empresarios.

Sin embargo, desatendiendo esa lógica, los empresarios se aliaron con el Gobierno de entonces e hicieron insuficientes todos los esfuerzos de los trabajadores por quedarse con esta nueva conquista, y los obligaron a financiar por sí mismos el nacimiento y desarrollo del deseado instituto de capacitación, utilizando para ello uno de los cinco puntos porcentuales en que antes estaba tasado el subsidio familiar.

La conversión de ese inicial uno por ciento en el dos por ciento que hoy recibe el SENA en aportes parafiscales fue el producto de nuevas luchas de los trabajadores, empeñados como estaban en elevar sus conocimientos, habilidades y destrezas para el trabajo.

Esto es lo que le da plena validez a esa consigna que suele escucharse en las concentraciones obreras: “El SENA es de los trabajadores y los trabajadores lo defienden”. Y si bien es cierto que son los empresarios los que giran el cheque, se trata de un giro que tendría que hacérsele directamente a los trabajadores, a través de mayores cifras de subsidio familiar, si el SENA no existiera. Existiendo, nos corresponde a los trabajadores atrincherarnos en su defensa. A trabajar con nosotros en esa defensa, invitamos muy cordialmente al doctor Bocanegra.



Nos queda pendiente el tema de los usos que la Entidad debería darles a estos recursos, pero ello tendrá que ser tema de otro comentario.

EL SENA, ¿AL SERVICIO DE QUIÈN?

Publicado el 24 de junio de 2009
Por Rodrigo López Oviedo



El doctor Hernando Bocanegra Aldana, en reciente comentario que le publicó El Nuevo Día, nos dio a conocer su complacencia al enterarse de las altas cifras de capacitación que el SENA reportó por los canales locales de televisión, pero también la incertidumbre en que se le transformó dicha satisfación al saber que buen número de los egresados de la Entidad toman las de Villadiego y ponen pies en países extranjeros para ofrecer allí los conocimientos acá recibidos.



La voz angustiada del doctor Bocanegra vino acompañada de algunos interrogantes en torno a la Entidad, que en esencia coinciden con los que se formulan muchos compatriotas, y que podríamos resumir así: ¿Por qué estamos capacitando a nuestros jóvenes para que se vayan a generar riqueza a otras latitudes? ¡Por qué no invertir parte de esos recursos en capital semilla para que los capacitados creen empresas en nuestro país? ¿Qué recibimos a cambio de la capacitación que esos egresados se llevan al exterior?



Podríamos pensar que se trata de inquietudes válidas, sobre todo si consideramos que el SENA se ha venido preocupando en los últimos tiempos por lograr acuerdos internacionales para que las vacantes que no puedan cubrirse fácilmente con los nacionales en el exterior les sean ofrecidas a los trabajadores colombianos que estén inscritos en los Servicios Públicos de Empleo de la Entidad.



Sin embargo, la validez de esas inquietudes se esfuma al comprobar la carencia de respuestas efectivas de parte de los países a los que el SENA ha llegado con sus planteamientos. Tal vez ello obedezca al chovinismo que se ha exacervado como consecuencia del actual proceso recesivo y pese a los cantos que postulan una apertura total en tiempos de globalización y neoliberalismo. La excepción ha sido España, país en el que mejor se han atendido los llamados de la Entidad, pero cuyas vacantes no han logrado cubrirse como es lo deseable, dadas las grandes diferencias presentadas entre los perfiles de desempeño requeridos y los que ofrecen nuestros candidatos.



Estos aspectos no han permitido que los resultados alcanzados correspondan a los esfuerzos hechos, lo cual, para contento del doctor Bocanegra, hace que las fugas de nuestros cerebros made in SENA no tengan en verdad toda esa magnitud que a él le aflige.



De suerte que valdría la pena encontrar alguna razón para los anuncios de tanto enganche laboral en el extranjero. La única que podría ocurrírseme es que ellos solo representen un componente entre las estrategias propagandísticas orientadas a alimentar los índices de favorabilidad del Gobierno de Uribe, los cuales, según los promotores del tercer mandato, no solo son altos sino que jamás decrecen.


Qué bueno sería que los elementos nutricios de la alta acogida de Álvaro Uribe tuvieran origen en su real desempeño como Primer Mandatario, y no en los resultados de entidades que, como el SENA, jamás reciben nada de su Gobierno. Estos resultados no puede utilizarlos para abrillantar los deslucidos resultados alcanzados en otros frentes, pero este aspecto sólo puedo dejarlo servido como introito a la resolución de otra inquietud del doctor Bocanegra, la relacionada con las fuentes y usos de los recursos del SENA, que me tocará dejar en salmuera para otra oportunidad, pues las 555 palabras en que tengo tasado el tamaño de estos comentarios ya se han agotado

Un fallo laboral para celebrar

Publicado el 16 de junio de 2009
Por Rodrigo López Oviedo

Mediante sentencia C-349, la Corte Constitucional acaba de ponerle cortapisas a la intención de Uribe y demás dueños del poder de convertir en mero decorado el contenido del artículo 56 de la Carta Constitucional. Este artículo nos garantiza a los trabajadores el derecho a respaldarnos en la huelga cada vez que necesitemos sobreponernos a las mezquindades patronales y procurarnos avances y mejoras en nuestras condiciones de trabajo.

Tan importante mecanismo de lucha ha sido objeto de repetidas burlas. Como presunto rector de los asuntos nacionales, el Gobierno debería asumir un papel neutral en los conflictos laborales, en lugar de evidenciarse representante del gran capital y ponerse a su servicio, como lo demuestran las innumerables huelgas que su Ministerio de la Protección Patronal ha declarado ilegales, además de que de tal derecho ha pretendido excluir a prácticamente todos los trabajadores del Estado, pese a que constitucionalmente solo están por fuera de él quienes participan de la prestación de los llamados, aunque nunca claramente definidos, servicios públicos esenciales.

Gracias a las resistencias sindicales, muchas de las cuales han motivado severos pronunciamientos de respaldo de la Organización Internacional del Trabajo, el Gobierno se vio obligado a revisar el autocrático papel jurisdiccional que venía cumpliendo y a presentarle al Congreso un proyecto de ley para, supuestamente, atender los reclamos de los trabajadores y las solidaridades de la OIT. Sin embargo, lo que realmente hizo fue maquillar ese papel al trasladarle a la justicia ordinaria la facultad de declarar la legalidad o ilegalidad de un paro, pero conservando para sí la potestad de ordenar su cesación cuando a juicio suyo afectare de manera grave “la salud, la seguridad, el orden público o la economía de la población”.

Como resultó evidente que la pretensión del Presidente era la de regalar la cobija para seguir arropándose con ella, tal iniciativa, que había sido convertida en Ley 1290 de 2008, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, según lo dio a conocer este Organismo mediante la ya mencionada sentencia C-349 de 2009, próxima a conocerse en su texto oficial.

Al salir en defensa de este importante derecho, la Corte Constitucional ha hecho con su fallo un valeroso alarde de independencia -el cual se hace impensable en el caso de un tercer mandato de Uribe-, pues bien sabe que de obrar de manera distinta solo estaría prestándose a acelerar el tránsito de lo que actualmente queda del Estado de Derecho hacia un Estado autocrático en el que los intereses ciudadanos quedarían sometidos, aún más, al capricho del gran capital y de quienes representen sus intereses en las altas dignidades del poder público, que es lo que Uribe quiere para Colombia.

Solo resta esperar los efectos que esta trascendental decisión generará en organismos como la Procuraduría General de la Nación, donde actualmente cursan numerosos procesos disciplinarios contra funcionarios públicos que participaron en huelgas que fueron declaradas ilegales, pese a que muchas de ellas, como ocurrió en el caso de las del SENA, no tenían más propósito reivindicativo que la defensa de las instituciones mismas. ¿Será que en aras de ponerse a tono con lo dicho por la Corte Constitucional, la Procuraduría ordenará el archivo de tales expedientes, socorriendo de paso a los trabajadores investigados con la aplicación de esta disposición jurisprudencial, que les resulta más favorable?

COOPERAMOS, UNA FRUSTRACIÓN DEFINITIVA

Por Rodrigo López Oviedo

El pasado 20 de marzo, le dirigí al Superintendente Solidario unas consultas relacionadas con la reactivación de Cooperamos. Hubiera sido ideal que la respuesta me hubiera llegado antes de la Audiencia de Acreedores Internos del 18 de abril, pero solo vine a recibirla dos meses y medio después de haberla requerido.

En su desaliñada respuesta, el Superintendente se amparó en el artículo 291 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y en los decretos 756 de 2000, 4030 de 2006, 1538 de 2007, 1533 de 2008 y 558 de 2009 para indicar que: “La aprobación del plan de reactivación requiere del 51 % del monto total de las acreencias internas” y que: “En el evento de fracasar la intención de reactivar la organización, por no cumplir con el quórum mínimo requerido (…) se deberá devolver los aportes a los asociados y aplicar, en caso de remanente, lo establecido en el artículo 121 de la Ley 79 de 1988”.

Esta respuesta coincide totalmente con lo que sostuve en mis discrepancias con la Agente Liquidadora y sus incondicionales de la Junta Asesora, pero no me alegro. Siempre defendí la reactivación, aunque era conciente de las inmensas dificultades que ella entrañaba, sobre todo por tener al frente a personas que decían defenderla mientras la obstaculizaban de hecho. De allí que no fueran aceptadas las propuestas que presenté, orientadas a preparar una Audiencia que contara con un quórum capaz de servir de presión al Supersolidario para que avalara la reactivación, y que, al contrario, resultaran contradichas por la propia Agente, quien argumentaba que con una reunioncilla de 300 personas era suficiente.

Con la respuesta del Superintendente quedó claro, como siempre lo advertí, que mediante decretos, por más que tuvieran origen en promesas presidenciales, no podían alterarse las exigencias de quórum señaladas por la Ley, y que tal quórum seguía siendo del 51 por ciento, pese a tales decretos. El no haberlo logrado en ninguna de las tres audiencias celebradas hace estéril toda esperanza de reactivación.

Es bueno agregar que, en concepto de la Superintendencia, “Existe una única audiencia de acreedores internos. En el evento que llegase a fracasar ésta, se deberá convocar asamblea general para que continúe el proceso de liquidación correspondiente”. Esto permite concluir que fue equivocada la actitud de la Agente Liquidadora de estarle agregando a cada Audiencia fracasada la convocatoria a otra, sin preocuparse siquiera de que la nueva sí cumpliera las exigencias de quórum. Para aclarar aún más este aspecto, el propio Superintendente señaló en su respuesta a mis consultas: “Lo que usted define como tercera audiencia de acreedores es realmente la segunda asamblea de asociados por el fracaso de la primera asamblea por no contar con el quórum requerido”, a lo cual le agregó: “la audiencia de acreedores internos es diferente a la asamblea general; en el sentido que, los objetos de cada una son distintos”.

Solo resta desear que, como los conceptos no obligan, el Superintendente se contradiga al evaluar la pasada Audiencia y avale la reactivación allí aprobada. Pero como de seguro en tal contradicción no incurrirá, debemos preguntarle a la Agente Liquidadora, quien ha de estar feliz con este ya definitivo fracaso: ¿Cuántos años más tendremos que agregarle a los nueve que lleva usted al frente del proceso liquidatorio? ¿Y a qué costo adicional?

EL EJEMPLO DE SINEDIAN

Por Rodrigo López Oviedo

¡Qué desvergüenza! En comentario de abril, hice mención al curioso hecho de que un artículo del Código Sustantivo del Trabajo, que era denegatorio de derechos laborales y que estaba próximo a cumplir 59 años, hubiera sido reglamentado por el Gobierno, pese a que con posterioridad al mismo se habían celebrado dos convenios con la OIT y expedido igual número de leyes, con los cuales, convenios y leyes, se daban algunos pasos a favor de los trabajadores respecto del contenido del referido artículo.

Pues bien, el propósito reglamentario quedó plasmado en el decreto 535 de 2009, y en él quedaron establecidos los procedimientos de concertación entre el Estado y sus trabajadores. Pero ahora resulta, y esto configura la desvergüenza anotada, que cuando los trabajadores manifestamos nuestra intención de hacer uso de tales procedimientos, el Gobierno se muestra reacio a darles cumplimiento. Los trabajadores no solo somos víctimas del pisoteo mediante disposiciones a través de las cuales se nos priva de derechos fundamentales, sino que lo poco que nos queda, para poderlo aprovechar, tenemos que pelearlo mediante múltiples formas de lucha, incluso a través de los tribunales.

La experiencia más reciente la sufrió el Sindicato Nacional de Empleados de la DIAN, SINEDIAN. Este Sindicato, en cumplimiento de directrices aprobadas en su Asamblea General del año pasado, le presentó a la DIAN un conjunto de solicitudes mediante las cuales buscaba la mejora de algunas condiciones de trabajo para sus afiliados. Curiosamente, la respuesta de la Entidad vino acompañada de notorias violaciones al contenido del Decreto 535, especialmente en lo relacionado con los procedimientos, etapas y términos en él consagrados, llegando al extremo de anticiparse a calificar de improcedentes las peticiones de los trabajadores, no obstante que ello solo podía plantearse en la etapa de concertación propiamente dicha.

Por supuesto que la DIAN trataba de desarrollar una táctica dilatoria que desalentara a las bases y procurara el debilitamiento de su respaldo a las peticiones presentadas. Resultaron tan flagrantes esos entorpecimientos que dieron lugar a que fácilmente se viera en ellos la prueba de la renuencia en que había caído la Entidad en el cumplimiento de sus obligaciones legales y a que el Presidente del Sindicato, en los primeros días del pasado mes de abril, se sintiera obligado a instaurar una Acción de Cumplimiento con el ánimo de hacer valer los contenidos de la normatividad vigente y procurar para los trabajadores el respeto al derecho garantizado en ella, en nada distinto a concertar con el patrón mejores condiciones de trabajo.

El resultado terminó siendo obvio. La DIAN tuvo que acatar la providencia judicial que le ordenaba proceder de manera perentoria a nombrar a sus representantes y a darle curso a la discusión del pliego de los trabajadores con los delegados sindicales.

El de SINEDIAN es un buen ejemplo para los trabajadores. De él se desprende la gran enseñanza de que los caminos de la lucha son variados, multiformes y complejos; y de que antes que renunciar a cualquiera de ellos, se debe evaluar y decidir con inteligencia cuál es el que más conviene a cada coyuntura. El de hoy fue el camino de los tribunales. El de mañana, mañana se proveerá. Pero cualquiera que él sea, deberá aderezarse con el más sabio instrumento conocido hasta ahora: el de la más sólida unidad.