SOBRE LA CRISIS DEL POLO

Por Rodrigo López Oviedo

Dice la gran prensa que el Polo Democrático Alternativo está en crisis. El Polo Democrático Alternativo, con tan solo cinco años de fundación, está viviendo las vicisitudes propias de todo organismo en desarrollo, pero de ellas no puede deducirse que esté en crisis. Las últimas evidencias de no estarlo son contundentes. Aprovechando su influencia en las organizaciones sociales, quiso dar respuesta al nefasto Plan de Desarrollo y a la agenda legislativa del presidente Santos, y todos fuimos testigos de la forma como las masas concurrieron a las marchas del siete de abril, que se convocaron para tal fin. Aprovechando esa misma influencia, convocó a una conmemoración en grande del Día Internacional de los Trabajadores, y también fuimos testigos de las multitudes que marcharon por pueblos y ciudades haciendo saber que en el seno popular bulle la inconformidad con un régimen que pretende darle continuidad a políticas fracasadas en el continente, pero también de manera particular en nuestro país.

No. El Polo Democrático Alternativo no está en crisis. No puede estarlo una organización política que, pese a haberse constituido en respuesta a una reforma política que amenazaba la existencia jurídica de todo partido que no contara con un respaldo electoral suficiente para garantizarse un umbral caprichosamente determinado por la aplanadora congresual del uribismo, supo sumar los elementos positivos de todas esas fuerzas y ofrecerle al país una plataforma ideológica clara, su Ideario de Unidad, en torno a la cual se han hecho cada vez más estrechos los lazos de las fuerzas coaligadas.

Es la gran prensa, en especial la que responde a los intereses de la oligarquía bogotana, la que ha querido hacer ver como una crisis las deserciones de uno que otro dirigente, así como la puesta entre rejas del senador Iván Moreno y la suspensión temporal del Alcalde de Bogotá, Samuel Moreno. Olvida esa gran prensa que hoy están en prisión decenas y decenas de ex congresistas del uribismo; que son muchos los ex funcionarios públicos de esa misma filiación que están siendo sometidos a investigaciones penales, y que con el burgomaestre bogotano también fueron suspendidos algunos cuantos funcionarios que no son del Polo, sino del uribismo. ¿Significará esto que, mientras tales detenciones y suspenciones ocurrían, el uribismo estaba en crisis? ¿Lo estará ahora? Pues esa gran prensa oligárquica no lo ha reconocido así, como sí, por el contrario, se empeña en reconocer de esa manera lo que ve en el Polo.

No, apreciados amigos. El Polo Democrático Alternativo no está en crisis. Lo que está en crisis es ese periodismo amañado que solo actúa en función de apuntalar los intereses del régimen oligárquico.

EL REFERENDO ECUATORIANO Y LA LIBERTAD DE PRENSA

Por Rodrigo López Oviedo

Muy intensas han sido las preocupaciones que a lo largo del continente han despertado los resultados del referendo ecuatoriano del pasado sábado, particularmente el relacionado con el visto bueno a la propuesta gubernamental de cancelar toda autorización a banqueros y similares para participar de la propiedad accionaria en los medios de comunicación. Como tal decisión ha hecho correr la especie de que esta medida atenta contra la libertad de prensa, vale la pena reflexionar un poco sobre sus fundamentos.

Cada vez es más evidente que en países socio-económicamente tan desiguales como los nuestros, los medios de comunicación son los defensores a ultranza de los sectores sociales que los patrocinan. Esto los lleva a defender intereses encontrados, aunque no es raro que se presenten eventuales coincidencias entre ellos, sobre todo cuando las condiciones políticas los obligan a participar mancomunadamente del juego defensivo de los intereses de la clase en la que están insertos.

La libertad de prensa en sí es defendida con especial ahínco por los dueños del capital, que son los principales beneficiarios del statu quo. Mientras más estable sea este, tanto mejor para ellos. Y si de evitarle alteraciones se trata, ellos están dispuestos a hacer lo que sea, incluso a utilizar la libertad de prensa para distorsionar la verdad de los hechos, acomodarlos a lo que más les convenga e, incluso, a movilizar a la masa en contra de los intereses de ella misma, pues siempre habrá una argucia para hacerle ver como favorable lo que en verdad la perjudica. Así está sucediendo, por ejemplo, con el problema de los bajos salarios, pues no es que con ellos el capitalista pueda acumular más capital, sino que él, noblemente, podrá generar más puestos de trabajo.

Antes que libertad de prensa, lo que conviene al pueblo es tener el derecho a estar informado de una forma oportuna, imparcial y veraz. Se trata, por cierto, de tres virtudes que solo puede garantizarlas el pueblo mismo. Pero requiere que esté organizado, que se eduque ideológica y políticamente y que esté dispuesto a aportar en el esclarecimiento de los fenómenos sociales que lo afectan. Solo sobre estas bases podrá contar con medios desde los cuales pueda trazar las orientaciones capaces de ayudarlo en la solución de los problemas del momento y en la construcción de derroteros para que el mañana sea mejor que el presente de miseria que les toca vivir a tantos y tantos. Así lo entendió el presidente Correa, y por ello buscó y encontró en las urnas, aunque con justificadas resistencias, los avales para que su Revolución Ciudadana adopte los cambios respectivos.

UNA SEGUIDILLA INJUSTA

Por Rodrigo López Oviedo

Es innegable que nuestras oligarquías están comprometidas en una lucha integral contra el movimiento armado. Ningún resquicio quieren dejarle abierto a sus protagonistas, y están en su derecho. Lo inaceptable es que tan extremo celo las haya llevado a excesos tan graves como el de perseguir a otros luchadores que, al igual que aquellos, enfrentan las injusticias del sistema e impulsan cambios revolucionarios, aunque utilizando, con grandes riesgos, los procedimientos legales.

Cuando en tiempos de Belisario Betancur el movimiento insurgente salio a la plaza pública a defender sus tesis, logró conquistar numerosos escenarios de representación popular en una inédita alianza que se conoció como la Unión Patriótica. El resultado final no pudo retratar mas claramente el carácter criminal del sector más derechista de esa oligarquía: los candidatos presidenciales de la UP, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, calleron asesinados por el paramilitarismo, al igual que ocho congresistas, 13 diputos, 70 concejales, 11 alcaldes y cerca de cinco mil militantes de base, firmemente ligados a organizaciones de masas.

Y con todo lo que de amargo hay en el cuadro anterior, en él no están todas las calamidades de la Unión Patriótica ni de las frustradas intensiones del movimiento armado de reintegrarse a la vida ciudadana. También miles de militantes de la UP tuvieron que buscar el exilio, sin que aún hoy haya dejado de pesar sobre ellos el peligro de perder la vida o la libertad, o la de sus familiares más cercanos.

Precisamente uno de ellos es el periodista Joaquín Pérez Becerra, a quien el Gobierno de Venezuela, en una decisión que le ha valido rechazos de todo el mundo, entregó a las autoridades colombianas, que lo sindican de ser el Canciller europeo de las FARC.

Pérez Becerra ejercía como concejal de la UP en el municipio caucano de Corinto cuando, a consecuencia del exterminio a que fue sometida esta organización, se vió obligado a buscar el exilio. Suecia no solo lo acogió, sino que, años después, al valorar sus actitudes ciudadanas, le confirió la nacionalidad. Resulta difícil imaginar a Joaquín Perez en actividades que fueran más allá de su condición de periodista y al gobierno de aquel país equivocarse en materia tan grave como la de otorgarle su nacionalidad sin merecerla. Su único pecado ha sido el de querer llenar desde Anncol la carencia de verdades objetivas que exhibimos en Colombia, donde lo que abunda es el periodismo sometido al régimen.

A Pérez Becerra ya le concedió la embajada sueca la asistencia jurídica necesaria. Eso habla bien de lo que él representa para su segunda patria. Igual debería representar para nosotros, sus compatriotas de nacimiento.

MOTIVOS PARA ESTE PRIMERO DE MAYO

Por Rodrigo López Oviedo

Para cuando se desarrollaron los acontecimientos de mayo de 1886, que fueron los que sirvieron de motivo para la designación de la fecha conmemorativa del Día Internacional de los Trabajadores, ya la masa obrera llevaba varias décadas de lucha en procura de reducir a ocho horas la jornada laboral y había logrado que se expediera la Ley Ingersoll, mediante la cual se estableció que tal jornada sería la que regiría para los trabajadores del Gobierno de Estados Unidos y del Distrito de Columbia.

La búsqueda de normas que extendieran esa jornada a la totalidad del sistema de contratación laboral llevó a que las marchas, concentraciones y paros obreros se volvieran noticia de todos los días, lo cual atrajo la represión combinada de autoridades y patronos, acompañada de las más descaradas provocaciones.

La que ocurrió en la plaza de Haymarket de la ciudad de Chicago el cuatro de mayo de aquel 1886 habría de tener una especial repercución histórica. Se realizaba una gigantesca movilización obrera en protesta por la masacre de seis trabajadores de la empresa McCormik cuando un mercenario, instruido para dárselas de ser el más radical de los revolucionarios, arrojó un artefacto explosivo contra un destacamento policial que reprimía la manifestación. Las consecuencias no pudieron ser más malas para la policía: siete muertos y 54 heridos; pero peores para los obreros, tras la refriega que vino después: ¡38 muertos y 115 heridos!

Por supuesto que la dirigencia obrera fue sometida a un juicio amañado que tuvo como testigos a los mismos miembros policiales que participaron de la refriega. Allí se condenó a pena de muerte por ahorcamiento a siete de sus líderes y a trabajos forzados por 15 años a Oscar Neebe. El 11 de noviembre de 1887 se consumó el ahorcamiento de August Spies, Albert Parsons, Adolf Fischer y George Engel. El de Louis Lingg no se llevó a cabo por suicidio del condenado.Y con respecto a Samuel Fielden y Michael Schwab, su pena les fue conmutada por la de cadena perpetua. A todos ellos, la clase obrera les ha reconocido el histórico título de “Mártires de Chicago” y en su honor se estableció el primero de mayo como Día Internacional de los Trabajadores.

También Colombia ha sido fertil para la represión, los montajes, la denegación de justicia, el asesinato de líderes sindicales y populares y muchas otras aberraciones antidemocráticas. Por eso saldremos este domingo a rendir honores a nuestros mártires, a manifestar nuestra convicción en un mundo mejor, a comprometernos con su conquista y a reiterar nuestras particulares exigencias como las que demandamos en la jornada del pasado siete de abril.

SANTOS, OBAMA Y EL TLC

Por Rodrigo López Oviedo

Los acuerdos suscritos entre Juan Manuel Santos y Barack Obama, en particular los relacionados con el TLC, han causado muchas expectativas, y eso está bien: el TLC es un instrumento que, de ser ratificado por el Congreso norteamericano, comprometerá muchos intereses, tanto a favor como en contra.

Ya el Tratado cuenta con un principio de acuerdo entre estos dos Gobiernos, aunque más valdría decir que de imposición sobre el nuestro. Bien es sabido que el TLC cabalga sobre pautas neoliberales, las cuales, en lo concerniente a relaciones internacionales, se traducen en apertura económica de las fronteras de los países débiles mientras las de los fuertes permanecen herméticas.

Muchos de los trabajadores que se informan a través de Caracol y RCN ven el TLC como un inmenso mar de oportunidades para mejorar sus condiciones laborales -cuando no para salir del desempleo-, derribar las actuales barreras a la sindicalización -entre ellas las que imponen las prácticas de tercerización, propias de las mismas doctrinas neoliberales-, superar el miedo a asumir plenamente sus condiciones de liderazgo y, en fin, todo lo que pueda relacionarse con el oprobio en que vivimos los colombianos en materias tan importantes como derechos humanos, laborales y sindicales.

Lo que estos ingenuos compañeros parecen desconocer es que los compromisos a que se ha llegado en estos sentidos no harán parte del TLC. Esto quiere decir que no son vinculantes y que Santos podrá olvidarlos una vez el tratado sea ratificado, sin correr el riesgo de reclamos por parte de Obama, pues tales compromisos no están en su corazón, que por ser corazón de negro debería rezumar bondad, como la que rezumaban los corazones de Luther King y Nelson Mandela.

Y parecen ignorar también que el origen de esas recomendaciones, que en últimas será a lo que queden reducidas, está en las presiones salidas de la bancada del Partido Demócrata, del sindicalismo norteamericano que se expresa por solidaridad de clase y, fundamentalmente, de los empresarios estadounidenses, quienes no estiman suficientes las gabelas recibidas de nuestros anteriores gobiernos y quieren aumentar su competitividad en nuestro mercado obligando a los empresarios locales a encarecer sus costos de producción.

Por eso, quienes no tragamos entero seguiremos firmes en nuestro rechazo a esta imposición imperial. Así lo haremos sentir con nuestra participación en la conmemoración del Primero de Mayo, día internacional de los trabajadores, en la cual saldremos, además, a expresar el reconocimiento a nuestros mártires, a reclamar por un mundo más humano, a manifestar nuestro compromiso de ayudar a construirlo y a darle continuidad a las pasadas movilizaciones, en particular a la que realizamos el pasado siete de abril.

ENTRE RECHAZOS Y POPULARIDADES

Por Rodrigo López Oviedo

La jornada de protesta del pasado 7 de abril se cumplió con singular éxito. Pese a que su realización quiso impedirse por el Gobierno con propaganda en el sentido de que sería aprovechada por las guerrillas para actos terroristas, los ciudadanos se volcaron a las calles en número tan descomunal que si hubiera sido en Venezuela, Ecuador o Bolivia, los grandes medios habrían dicho que el respectivo régimen ¡tambalea!

Pero como las protestas ocurrieron en Colombia y su magnitud no permitía ocultarlas, utilizaron dos mecanismos para mermarles significación: de un lado, calificarlas tan solo de protestas orientadas a impedir la privatización de la educación y, de otro, acompañarlas de una supuesta medición de popularidad del presidente Santos en la que aparece con un índice superior al que en igual tiempo de mandato ostentaba un salgareño de poncho y perrero que ejerció parte del poder a altas horas de la noche, en malas compañías y en las trastiendas de la Casa de Nariño.

Lo cierto es que, con todo y lo importante que es la educación pública y lo significativa que fue la presencia de estudiantes y profesores, también en la jornada se expresaron los rechazos ciudadanos a aspectos tan lesivos como la entrega de nuevos beneficios a las trasnacionales minero-energéticas, la venta del patrimonio accionario de Ecopetrol, la pretensión de seguir elevando las edades de pensión para hombres y mujeres, la iniciativa de incrementarles siete o más veces el impuesto predial a los estratos uno, dos y tres, la mora en atender los problemas de desempleo y de ponerles coto a las cooperativas de trabajo asociado, en fin, aspectos mil de una agenda gubernativa orientada en beneficio de las castas dominantes y desmedro de quienes ponen su pecho en la tarea de creación de la riqueza.

¿Y lo de la alta popularidad? Pues de seguro que las mediciones estuvieron bien alejadas de las calles por las que transcurrían las marchas, pues en estas habrían encontrado resultados similares a los del referendo del mismo salgareño aquel, que no alcanzó el 20 por ciento de la votación total en más que uno solo de sus 18 puntos, el relacionado con el problema de la corrupción, cuyos efectos posteriores el país entero sabe cuales fueron.

Esta jornada puede servir para disuadir al Gobierno de seguir actuando sin consultar con la organizaciones sociales. De no ser así, se avecina la jornada del Primero de Mayo, a través de la cual los trabajadores no solo conmemoraremos nuestro día, sino que procuraremos convencerlo de la disposición en que estamos de impedir que su nefasta agenda gubernativa se imponga contra el querer popular.

EL SIETE DE ABRIL, PROTESTAS MIL

Por Rodrigo López Oviedo

La discusión del Plan Nacional de Desarrollo ha dado para generalizados rechazos, pero todos circunscritos a los recintos en que las organizaciones sociales y de izquierda suelen debatir. Se precisa sacarlos a la calle, y así lo han entendido la CUT, la Gran Coalición Democrática, Fecode, los diversos estamentos de la universidad pública y muchas otras comunidades organizadas, que ven en el Plan un conjunto de agresiones contra la ciudadanía y un justo motivo para expresar la protesta social. Por eso han convocado a la población a tomarse pacíficamente todas las capitales este jueves, siete de abril.

Pero no se trata solo de rechazar el PND. Con la jornada se busca reclamar una pronta solución al problema que siguen viviendo los cientos de miles de damnificados por la desidia oficial que se patentizó en la ola invernal pasada y elevar la voz de protesta por la upaquización que ha puesto el precio de nuestros combustibles en niveles superiores al de infinidad de países importadores, pese a ser el nuestro autosuficiente, además de exportador mediante las trasnacionales.

Se quiere también denunciar los graves problemas que nos está trayendo la locomotora de la minería, que viene sembrando de viudas las regiones mineras, acentuando las crisis de agua en ellas y empobreciendo su agricultura, todo en beneficio de las grandes trasnacionales, sin que quede ninguna contraprestación que justifique tan desproporcionados atentados.

Se pretende, igualmente, exigirle a Santos el cumplimiento de su promesa de solucionar el problema del desempleo sin acudir a las trilladas fórmulas de las cooperativas de trabajo asociado y de arrebatarles conquistas a los trabajadores, pues con ello no se ha creado ningún número significativo de nuevos empleos.

Se busca impedir la conversión de las universidades públicas en entidades con ánimo de lucro y de rechazar el acto legislativo que impone la regla fiscal, que solo servirá para supeditar toda inversión social al presupuesto que quede, después de garantizar a la banca privada lo que cuesta el servicio de la deuda y a los jinetes de la guerra los recursos que demanda su ejercicio de muerte.

Y para el caso de Ibagué, también se trata de aprovechar la ocasión para rechazar el abusivo incremento en las tarifas del impuesto predial.

Motivos como estos, y muchos más, son los que comprometen la presencia ciudadana en esta protesta. La de Ibagué saldrá a las diez de la mañana de la sede sindical del magisterio y culminará en el parque Murillo Toro. Todos los que sientan que hay abusos en su contra de parte de quienes manejan el poder deben vincularse a esta tarea con la mayor resolución.

UN JUSTO RECLAMO

Por Rodrigo López Oviedo

Dada la inmensa deuda que el Gobierno nacional ha acumulado con prácticamente todos los sectores sociales, el título de este comentario puede parecer de perogrullo, pero es necesario calificar de alguna forma el eterno reclamo elevado por los estamentos básicos de la universidad pública colombiana al mismo Gobierno. Precisamente por estos días cayó en mis manos un juicioso documento de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU), dirigido al Congreso de la República el 15 de octubre de 2009, a través del cual examinan normas, preceptos constitucionales, fallos de las Cortes, estadísticas y otros elementos que a su juicio constituyen plena prueba de los incumplimientos de los gobiernos central y territoriales con la educación superior.

Lo primero que llama la atención, aunque el documento no lo diga, es el alto grado de mentira oficial de que hemos venido siendo objeto los colombianos, pues con desbordada alharaca se ha pretendido hacernos creer que hay progreso en la universidad pública, según lo indican unos incrementos en su cobertura de no sé cuánta magnitud. Será posible tal progreso cuando lo que dicen otras estadísticas, las presupuestales, es que los recursos financieros se han desminuido en pesos constantes durante el período comprendido entre 2002 y 2010, precisamente el de mayor alharaca?

Claro que no es posible porque, con los recortes presupuestales sobrevinieron, el hacinamiento, el bajo rendimiento académico, la disminución de los espacios para la investigación, el arte, el deporte y la cultura y la mayor rotación de alumnos, dadas las altas tasas de deserción que el mismo Gobierno reconoce. Pero también, y esto es lo que más preocupa, el abandono de ese papel de primordial importancia que debe cumplir la universidad, cual es el de servir de faro a la sociedad para que no se distraiga por desechos que la separen de su humano norte, y al hombre para que alimente sus anhelos de utopías y encuentre los caminos para conquistarlas.

El sistema de educación superior está regulado por la ley 30 de 1992 y es la intensión del Gobierno nacional buscarle reemplazo mediante un nuevo estatuto normativo que, entre otros cambios, introduzca a la universidad pública en el universo de las entidades con ánimo de lucro. Esto agravaría la actual situación y por eso se han puesto en estado de alerta los estamantos universitarios básicos. La responsabilidad que a ellos les asiste en la presente coyuntura es inmensa, pues no solo deben aprovecharla para superar las limitaciones de la mencionada ley, sino también para evitar que al sistema se le meta chucha por guagua con argumentos que, más que evidenciar, encubren propósitos ajenos a las necesides de los colombianos.



CAMBIOS PARA EMPEORAR

Por Rodrigo López Oviedo

Con la reestructuración que se propone hacerle al sistema público de educación superior, el Gobierno nacional le dará una evidencia clara al país de que lo malo puede empeorar. En palabras del presidente Juan Manuel Santos, la mencionada reestructuración permitirá convertir a las universidades públicas en entidades con ánimo de lucro y facilitar el arribo a ellas de la inversión privada.

Lo que verdaderamente se esconde tras este anuncio es la intensión del Gobierno nacional de seguir debilitando el apoyo oficial a la formación superior y continuar por los fracasados caminos de las políticas neoliberales, en desmedro de los intereses de los más necesitados. No es una política nueva. En ella ha venido trabajando el establecimiento desde siempre. La historia recuerda, por ejemplo, los agresivos planes de principios de los años setenta, que obligaron al movimiento estudiantil a levantarse en defensa de lo que se conoció como el Programa Mínimo y al ministro de Educación del gobierno de Misael Pastrana, el doctor Luis Carlos Galán Sarmiento, a esgrimir el garrote que hábilmente escondería después para hacer más creíbles sus poses de demócrata.

Con Juan Manuel Santos esas mismas políticas se seguirán imponiendo, solo que ahora, a partir de esta reestructuración, de una forma más cínica y desbordada, toda vez que ante cada intensión de reclamo de presupuesto para la universidad podrá dar respuestas relacionadas con eficiencia, eficacia, rentabilidad o cualquiera otra de las variables tan en boga en la empresa privada, pero que resultan sofísticas y agresivas si se le lanzan a una población que, como la que carece de recursos para cursar su formación en la universidad privada, espera con justa razón que sea la pública la que le atienda en tan sentida necesidad.

El capitalista privado que quiera tantear posibilidades de rentabilidad en la educación superior tiene un escenario extenso para hacerlo en las actuales universidades privadas. Es más, si estas no le ofrecen suficiente retorno, puede crear nuevas universidades. Incluso, si lo que le está picando es un avispón verdaderamente altruista, también puede invertir en la universidad pública, pero sin que pretenda tener injerencia en el manejo de los destinos de la universidad, sin que su inversión implique que el centro superior tenga que perder su condición de entidad sin ánimo de lucro y sin que la autonomía de este se vea afectada en lo más mínimo. Mientras no sean tales las condiciones que estén en condiciones de aceptar los inversionistas privados, lo mejor es que ellos y sus mandaderos del alto Gobierno desistan de sus intensiones si no quieren que vuelva la comunidad universitaria a izar las banderas de un Nuevo Programa Mínimo.

POR UNA NUEVA POLÍTICA PETROLERA

Por Rodrigo López Oviedo

Aunque las crisis políticas de los países árabes no han sido utilizadas aún por nuestro Gobierno para justificar una nueva alza en los combustibles, no demorará en hacerlo. Para ello cualquier pretexto es bueno y estas crisis lo son más.

Nuestra política petrolera está diseñada para que, pase lo que pase en los mercados internacionales, el precio interno suba. En primer lugar, porque si este se incrementa en el exterior, el gobierno no puede dejar de percibir lo que recibiría si el combustible de producción nacional se vendiera fuera de las fronteras nacionales. Y, en segundo lugar, y esto es lo que hace aberrante tan curiosa política, porque si cae el precio en aquellos mercados, el gobierno tampoco puede permitir que por tal caída entren en déficit el Fondo de Estabilización para los Precios de los Combustibles (FEPC) y el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP). Lo cierto es que ninguno de tales fondos ha servido para estabilizar nada. A lo sumo, para paliar el creciente déficit fiscal.

En el párrafo anterior hice alusión al precio del consumo interno porque otra perla de esta política es que la venta del crudo que se les hace a las trasnacionales para su distribución en el exterior es a precios inferiores a los que pagamos los colombianos en los expendios, ya que apenas incluyen variables que resultan apenas razonables, como son los costos de exploración y extracción, los fletes internos, los impuestos y un margen razonable de ganancias, aunque estos dos últimos tienen un carácter ciertamente leonino.

Para el consumo interno hay en cambio otras variables adicionales que no merecen otro calificativo que el de expoliantes ya que corresponden a costos que jamás se presentan, como es el caso de los fletes desde las costas de Estados Unidos a puerto colombiano, los seguros marítimos y reaseguros y los aranceles de importación. Con la inclusión de estos factores, el Gobierno pretende hacernos creer que lo que se está haciendo es eliminar los subsidios a los estratos medio y alto de la población, que son los que tienen carro, cuando todos sabemos que finalmente los precios de los combustibles caen en cascada sobre los artículos de la canasta familiar de todo el mundo, tengase o no vehículo.

Con semejante política, Ecopetrol liquidó utilidades en el año 2010 por 8.3 billones de pesos, pero por razón de la pasada venta del diez por ciento de su patrimonio accionario, 830 mil millones tendrán que pasar a manos privadas. Pese a ello, el Gobierno sacará al mercado otro diez por ciento. Así de grande es la angurria de los conmilitones del régimen.



TODOS CON LIBIA

Por Rodrigo López Oviedo

En contraste con el silencio actual del gobierno colombiano, que terminará por convertirse en postración a los designios norteamericanos, los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América Latina –ALBA-, en una declaración que no es de extrañar en ellos, pero que tampoco tiene muchos antecedentes, resolvieron rechazar los intentos de Estados Unidos y la OTAN de pescar en el río revuelto de las convulsiones de Libia y, con pretextos humanitarios, tomarse por asalto la soberanía de ese país para ponerlo bajo el mando de un gobierno títere. Además de su rechazo, los países del Alba proponen conformar una comisión internacional de paz que ayude al pueblo libio a salir del trance actual.

La situación de Libia es muy compleja. Desde hace 42 años viene siendo gobernada por Muamar Al Gadafi, un líder beduino que, con 27 años de edad, logró movilizar a su pueblo hacia el derrocamiento de un monigote, el rey Idris, impuesto por Inglaterra y Francia, lo cual posibilitó la expulsión de las fuerzas coloniales, la recuperación de las ingentes riquezas del subsuelo patrio, el impulso de la nación hacia grados de desarrollo y nivel de vida antaño impensables y la inauguración del camino a lo que denominó socialismo islámico, un híbrido entre Islam, socialismo y democracia directa a través de los Consejos Populares. Ese mismo líder lamentablemente viró años después hacia políticas neoliberales y coqueteos con occidente, buscando ciertas satisfacciones narcisistas de reconocimiento internacional, con las cuales perdió parte de los afectos conquistados en sus primeros años de poder y dio motivos al imperio para azuzar el actual levantamiento.

Pero coincidiendo con estas revueltas sociales, las grandes cadenas internacionales de comunicación se han dado a la tarea de exagerar el drama, al punto de obligar a un gobierno, el ruso, a desmentir la ocurrencia de supuestos bombardeos a poblaciones civiles, pues tales hechos, de haberse presentado, habrían sido detectados desde sus satélites, lo cual nunca ocurrió. Estamos, entonces, ante un plan concebido para vencer anticipadamente cualquier resistencia que pudiera darse ante el desarrollo de políticas de invasión.

Definitivamente, al lado del mundo real existe un mundo mediático creado al impulso de las necesidades del imperio. Ello eleva la importancia del pronunciamiento de los países del Alba y hace imperiosa la necesidad de que cerremos filas en rechazo a este proyecto invasivo, cualquiera que sea el criterio que tengamos de Gadafi, pues es a los libios a quienes corresponde dirimir sus diferencias. Que no ocurra en Libia lo que ya hemos visto en Irak, Afganistán y otros países, donde las fauces del imperio se abren, primero, para justificar y, luego, para engullir.

BALANCE DE UNA JORNADA

Por Rodrigo López Oviedo

Pese a la carencia de recursos con que contó la Veeduría Cívica contra el Predial para financiar la movilización del pasado jueves, al silencio de los medios de comunicación, salvo el Canal 20 de Global TV, y a la apatía con que la convocatoria misma fue acogida por organizaciones sociales que tradicionalmente han sido motor de la protesta ciudadana, los habitantes de Ibagué pudimos rechazar los incrementos exagerados que se le han hecho a tan lesivo impuesto, al igual que a todos los servicios públicos.

Claro, no se trató de una participación que generara parálisis (no se trataba de eso), pero sí suficiente para hacer ver que todavía hay quienes defienden los derechos de la ciudadanía de las absurdas imposiciones de un Alcalde y un Concejo municipal que solo parecen reconocer sus propios intereses.

No se trató de una participación que causara grandes traumatismos, pero sí suficiente para notificarle a la administración municipal que sin recursos, sin la participación de los medios, y aún con la apatía de muchas organizaciones sociales, la Veeduría tiene audiencia y un poder de convocatoria que puede ir en ascenso si siguen sordos los administradores de la cosa pública al clamor ciudadano.

En fin, no se trató de una participación siquiera proporcional a la magnitud del problema que se denunció, pero sí suficiente para que los organizadores se sientan estimulados en el papel que vienen jugando y convencidos de que el caudal que se vio en esta jornada, aunque pequeño, seguirá creciendo y cada vez con mayores posibilidades de éxito, máxime en una temporada electoral como la actual, en la que muchos politiqueros de pacotilla, especialmente los actuales concejales, comienzan a sentir de nuevo la necesidad del apoyo ciudadano.

Lo que viene ahora no es otra cosa que la continuidad en la lucha. El camino legal para el desmonte del dañino incremento no es otro que el que sirvió para imponerlo. El señor Alcalde debe enmendar su error presentándole al Concejo municipal un proyecto de acuerdo que establezca unas tarifas menos lesivas para los años venideros y una política de descuentos por pronto pago que pueda ser efectivamente aprovechada por la ciudadanía.

Pero para que así suceda, el mismo Alcalde debe ser estimulado por una Veeduría igual de activa, pero más sintonizada con la realidad social de Ibagué, mejor concertada con las organizaciones sociales y más dispuesta a trabajar en alianza con ellas. Solo así podrá garantizar que el Burgomaestre y sus concejales de bolsillo sientan el justificado enojo de una ciudadanía que, para poder atender las exacciones a que ellos la someten, tiene que negarle el pan a sus hijos.

CONCIENCIA POR CONTAGIO

Por Rodrigo López Oviedo

Nunca nadie imaginó que los incidentes de Túnez irían a reproducirse, aunque de manera desigual, en la casi totalidad de los demás estados árabes. Sin embargo, así ocurrió. Tampoco nadie creyó nunca que después de ocho años de domesticación a base de melaza y perrero, una parte de nuestros compatriotas, los camioneros, irían a levantarse de su postración a reclamar ser tenidos en cuenta en la toma de decisiones estatales relacionadas con su gremio y a exigir la derogatoria de un decreto que los dejaba sin tablas oficiales de fletes y a expensas de los monopolios del transporte.

Estas son claras manifestaciones de un despertar que encuentra plena ratificación en los contornos latinoamericanos, donde varios pueblos se han venido levantando en procura de lograr profundas transformaciones sociales que los rediman de siglos de privaciones. Lo inconcebible es que, después de ocurridas las cosas, todavía sigamos actuando como si no hubieran sucedido, o como si creyéramos aún que los ejemplos implícitos en ellas no pudieran irradiarse y generar contagios.

Así parece estar pensando el doctor Jesús María Botero, alcalde de la ciudad, a quien nada le han enseñado las anteriores experiencias. Él bien sabe que su administración le ha infligido un doble atropello a la ciudadanía: Primero, el de haberle impuesto una actualización catastral que le costó al municipio más de cinco mil millones de pesos y que dobló, y algunas veces triplicó o cuadruplicó, el avalúo de muchos predios. Segundo, el de haber tramitado de manera paralela y satisfactoria para él, pero no para la ciudadanía, un proyecto de acuerdo por medio del cual el Concejo le aprobó unas nuevas tarifas del impuesto predial, con las cuales se les cuadruplicó, quintuplicó y hasta sextuplicó a muchos ciudadanos el tributo a pagar por tal concepto.

Ante tan desconsiderada exacción, lo primero que debería hacer nuestro burgomaestre es llamar a la veeduría ciudadana constituida contra este impuesto y procurar conciliar con ella el texto de un proyecto de acuerdo que compense con menores tarifas parte de lo que la ciudadanía ha perdido con estos desaguisados impositivos. No de otra manera podría salvarse de ver llegar a los hogares ibaguereños, expresado en plazas y calles, el contagio de lo que nos traen los vientos de oriente, convertido en protesta ciudadana.

Y precisamente, para medir los síntomas del contagio, la veeduría mencionada ha programado para este jueves, a partir de las nueve de la mañana, y desde el parque Andrés López de Galarza, una marcha y plantón contra el incremento exagerado del citado impuesto. De la participación ciudadana depende que el señor Alcalde entre en razón y atienda los llamados ciudadanos.

BOTERO QUIERE SU TAHRIR

Sorda al clamor ciudadano, la Administración municipal no ha querido dar marcha atrás en su política de llenar las arcas del municipio a costa del hambre de la infinita mayoría de los ibaguereños, que tendrá que sacrificar el pan de sus hijos para atender el pago de los exorbitantes cobros del impuesto predial.

Esta Administración parece no haber entendido que con sumarle este impuesto a las elevadas tarifas que estamos pagando por los ya casi totalmente privatizados servicios públicos lo que está haciendo es convertir en un sufrimiento ese lujo que representa para muchos la posesión de, incluso, la más humilde vivienda.

Y parece que tampoco viera claro el nuevo signo de los tiempos. El de los alzamientos en países que, como los árabes, parecían resignados a un destino de infamia; o como el de varios latinoamericanos, donde nada parecía poder alterar el statu quo. Incluso, sin salir de la frontera, podría revisar las vigorosas protestas de los camioneros que, levantados en un paro que no debió ocurrir, pero que ocurrió por la intransigencia del Gobierno, le hicieron suspender a este la aplicación de un decreto que eliminaba las tablas de fletes, lo obligaron a retroceder en el empeño de imponerles otras políticas y a concertar otras acciones, todo con la mira puesta en el propósito de impedir la expedición de normas que expulsen del gremio a los pequeños y medianos propietarios en beneficio exclusivo de tres o cuatro monopolios.

El alcalde Botero debería dejarse inspirar por estos ejemplos, entrar por los caminos de la sensatez y llamar a la Veeduría Cívica del Impuesto Predial a concertar el texto de un proyecto de acuerdo que reduzca los nefastos impactos producidos, de una parte, por la actualización catastral que hizo el Instituto Agustín Codazzi y que en muchos casos triplicó, cuadruplicó y hasta quintuplicó el avalúo de muchos predios; y de la otra, por la elevación de las tarifas del impuesto aprobadas por el Concejo Municipal a instancias del mismo Alcalde.

Esto debería pensarlo el Alcalde si no quiere sentirse vecino de una Plaza de Bolívar que, al igual que la de Tahrir, resulte escenario de protestas que lo lleven a cambiar por las malas un rumbo que podría cambiar por las buenas.

A propósito de lo anterior, la Veeduría Cívica y otras fuerzas de la ciudad están organizando para este jueves, a partir de las 9 de la mañana, un desfile de protesta que partirá del parque López de Galarza y culminará en un plantón frente a la Alcaldía. Ojalá que haya una concurrencia que disuada de su política a nuestro Mandatario. Por allí se empieza.

Polo Democrático Alternativo – Comité de Base – Comuna 10

LOS NUEVOS ACENTOS DEL POLO

Por Rodrigo López Oviedo

La historia del Polo Democrático Alternativo ha evidenciado que, aunque es difícil desarrollar la unidad de la izquierda, también es difícil destruirla cuando ha alcanzado una consolidación basada en el hallazgo de más puntos que unan a los integrantes comprometidos que los que puedan separarlos.

Algunos creían que, con el lamentable retiro de Gustavo Petro, en el Partido se produciría una diáspora. Muy por el contrario, lo que evidenció la pasada reunión de su Dirección Nacional es el elevado grado de consolidación que ha alcanzado. Sólo 20 de los 250 directivos nacionales no concurrieron, sin que pueda decirse que faltaran por solidaridad con el que se fue. Y si hubo retiros de la plenaria final, quienes lo hicieron dejaron en claro su deseo de seguir defendiendo en el Polo el ideario de unidad y los estatutos, aunque reclamando consenso en la toma de decisiones y mayor vigilancia del Partido sobre los miembros elegidos a cargos de representación popular.

En conclusión, el Polo se consolida. Y no solo porque haya mantenido la unidad derivada de los acuerdos que le dieron nacimiento o ratificado su carácter de izquierda y de oposición al régimen oligárquico. También porque pudo fijar sus nuevos acentos en la movilización social y en el acercamiento a organizaciones que tienen por propósito elevar la conciencia y el grado de organización y de lucha de la población, lo cual compromete al Polo a convertirse en animador constante de referendos, cabildos, huelgas, paros cívicos, etcétera, así como en defensor de instituciones que hasta hoy han jugado un importante papel, como la tutela y las acciones de cumplimiento y de reparación.

Y si lo anterior puede decirse de los compromisos de la Dirección Nacional, lo mismo debe señalarse localmente. Entre nosotros son numerosos los problemas que deben estudiarse en las direcciones Departamental y Municipales para sacar de ellos unas plataformas de movilización que hagan sentir a los tolimenses que el Polo está sintonizado con sus problemas. La Colosa, los túneles de la Línea y Melgar, el puente del Tigre, los graves problemas de carreteras, la malla vial de todos los municipios y la falta de recursos para hospitales y centros educativos son solo algunos de los muchos ejemplos. Y paralelo a ellos, debe agitarse también el gran reclamo contra la reforma política que, al modificar el censo electoral, dejó por fuera de él a quienes se abstuvieron en las elecciones de junio del 2010, como lo hizo el propio Polo.

Solo estrechando relaciones con su pueblo podrá el Polo recuperar el segundo puesto que tuvo en las preferencias políticas nacionales y convertirse en auténtica alternativa de poder.

LOS DÍAS DE LA IRA

Por Rodrigo López Oviedo

No ha sido solo el viernes de la ira; han sido muchos los días durante los cuales tan justificado sentimiento ha movilizado, y de qué manera, a varios de los países árabes, de los cuales pocos hubiéramos esperado una explosión social como la que vienen mostrándole al mundo, que los observa con indecible interés.

En los inicios fue Túnez. Este valiente pueblo solo requirió 29 días de luchas intensas para poner de patitas en el extranjero al dictador Ben Alí, quien durante 23 años dejó por fuera de los escenarios del poder a las mayorías de su país. Y aunque Destourien, su partido de gobierno, todavía permanece a la sombra, tiene en frente a un pueblo que, izando jazmines y pagando el inmenso precio de doscientos mártires, recuperó la confianza en sí mismo como protagonista de su destino y la certeza de que sabrá sacar adelante los programas que originaron su alzamiento.

También han sido los pobladores de Yemen, de Jordania, de Argelia, de Marruecos y de Siria. En algunos de estos lugares más que en otros, pero definitivamente en todos, ha venido desfogándose la impaciencia contenida por muchos años, tras malestares de pobreza, desempleo, inseguridad, represión y malos ejemplos de los usurpadores del poder, quienes lo han aprovechado para convirtir en suyo lo que está llamado a utilizarse en la solución de los graves problemas de la sociedad.

Y también ha sido Egipto, país en el que las convulsiones han adquirido mayor fuerza, como mayor ha sido la expectativa generada por su desarrollo, sobre todo por ser su presidente, Hosni Mubarak, el principal aliado de Estados Unidos e Israel en el norte del África, lo cual le confiere una especial importancia, pero también por ser el país más poblado de la comunidad árabe. 80 millones de egipcios dependen, para bien o para mal, de los logros que alcancen ellos mismos con su alzamiento, los cuales afectarán, acentuando o atenuando, las demandas de los otros pueblos hermanos.

Hasta dónde resulten victoriosos estos alzamientos es prematuro afirmarlo. Pero ellos debieran constituir una voz de alerta para nuestras oligarquías, que no han querido entender que también entre nosotros se necesita un cambio que recomponga las relaciones de poder y vierta sobre la sociedad todo el cúmulo de felicidad con el que soñaba el Libertador Simón Bolívar. De lo contrario, a nosotros también nos llegarán los días de la ira. También nosotros saldremos del embrujo en que nos sumergió un encantador de serpientes y, concertados en unidad, generalizaremos ese reclamo por la vida digna que ya levantan el Polo Democrático Alternativo y sus potenciales aliados del espectro social.

¡SE NOS FUE RAÚL ARROYAVE!

Por Rodrigo López Oviedo

Nos referimos a Raúl Arroyave Arango, un dirigente que, a base de tesón y disciplina, y de fidelidad a sus principios, supo ganarse el corazón de los trabajadores y orientarlos en la defensa de sus intereses desde la trinchera sindical. Un abnegado combatiente que desde siempre estuvo buscando caminos que condujeran a la unidad de las mayorías, pues consideraba que solo sobre la base de la unidad podría alcanzarse la emancipación nacional, la democracia, la superación del atraso y la conquista de las más caras reivindicaciones populares. Raúl Arroyave Arango acaba de morir en Bogotá con apenas 57 años.

Siendo muy joven, Raúl Arroyave Arango se vinculó en Antioquia a la ennoblecedora actividad del magisterio, en la que confirmó como docente las limitaciones que ya había percibido como estudiante para que en el país hubiera una auténtica “educación nacional, científica y de masas”. Las condiciones de líder que le irían a convertir en un destacado ejemplo para los luchadores colombianos comenzarían a aflorar entonces, y a pulirse en su vínculo con otros dirigentes de la región, de quienes aprendió las primeras letras de la lucha política.

Esas simpatías con el ideario social, pero especialmente con la ideología del proletariado, le ganaron el rechazo de la clase dirigente antioqueña, que rápidamente se las cobraron con el despido. Se desplazó entonces al departamento del Cesar. Allí conquistó una nueva plaza en el magisterio, la cual le permitió continuar su quehacer revolucionario y ganarse el reconocimiento de sus nuevos compañeros, quienes pronto lo pusieron al frente de su organización sindical y lo promovieron a la dirección nacional de Fecode.

También tempranamente se vinculo al MOIR, organización desde la cual contribuyó a desarrollar los procesos unitarios que se intentaron con la creación de la UNO, con el Frente por la Unidad del Pueblo y con otras coaliciones que buscaban consolidar frentes populares orientados a romper el monopolio liberal conservador y a darles esperanza de redención a las sufridas masas. Fue elegido a la Asamblea Departamental del Cesar en 1994 y su participación en la creación, impulso y consolidación del Polo Democrático Alternativo le fue siempre objeto de amplio reconocimiento.

Al momento de su muerte, Raúl Arroyave Arango ocupaba la Secretaría de Asuntos Internacionales de la CUT, era integrante del Comité Ejecutivo de la Confederación Sindical de América, CSA, respondía por el trabajo sindical ante la Dirección Nacional del Moir y, en representación de esta organización, hacía parte de la Dirección Nacional del Polo Democrático Alternativo. En las últimas elecciones, su candidatura al Parlamento Andino obtuvo más de 100 mil votos.

¡Flores en su tumba y honor a su memoria!



SERES QUE DEJAN HUELLA

Por Rodrigo López Oviedo

En su eterna brega por construir futuro, los pueblos han dado a la posteridad entrañables ejemplos de vida y de heroísmo que, si bien son harto conocidos en su ambiente íntimo, no lo son tanto más allá de sus linderos.

En reciente visita a las bellas tierras del Casanare, pude conocer la historia de uno de esos hombres, Luis María Jiménez, y de su tragedia: Fue por diez veces consecutivas concejal del también hermoso municipio de Aguazul, concejero intendencial, primer alcalde por elección popular y una de las primeras víctimas mortales que esta comarca le aportó al torrente de sangre en que desde tiempo atrás había devenido la política nacional.

De los orígenes de este entrañable líder, además de unas pocas pilatunas, se sabe muy poco: Que nació en Toca, Boyacá; que sufría de las mismas penalidades de nuestros campesinos, y que, al igual que ellos, soñaba con “un mundo verde, de interminables cosechas” como bellamente lo dijo Néstor Mauricio Niño Cuenza en el hermoso libro que este escritor de poética prosa escribió sobre la vida y la muerte de Luis María. Un barrio en Yopal lleva su nombre, como también la moderna y espléndida alcaldía de Aguazul, ennoblecida con su busto

Llegó al Casanare en 1964 sin aún ser conciente de su impresionante capacidad para movilizar grandes masas ni de que su honestidad congénita le impediría comprender que “cinco mil hectáreas” pudieran ser “de una misma persona”. Puesto en la búsqueda de explicaciones, se encontró con los mismos ideales que cobrarían la vida a miles de luchadores de la Unión Patriótica que pugnaban por una Colombia sin injusticias ni inequidades. El que Luis María Jiménez haya corrido igual suerte, pese a no pertenecer a esa organización política, demuestra que son en últimas los ideales y la fidelidad a ellos, y no tanto la bandera a que se pertenezca, los que determinan el veredicto de muerte que suelen dictarse en los directorios del crimen de nuestras oligarquías.

Luis María Jiménez, en su búsqueda incesante de la bandera partidista que mejor interpretara su eterna vocación por la defensa de los intereses populares, estuvo en contacto con organizaciones como el M-19 y El Moir; y si la vida no le hubiera sido arrancada de manera tan infame a solo unos meses de haber terminado su gestión en la alcaldía, hoy seguramente lo tendríamos dentro del Polo Democrático Alternativo, o en acuerdos con él, ayudando a construir ese gran frente nacional de unidad popular que de manera tan natural y exitosa constituyó en Aguazul.

Al morir, no contaba con una sábana de más con la cual cubrir su cadáver.

SOLIDARIDAD CON CUBA

Por Rodrigo López Oviedo

Trasegar hacia la soberanía, la dignidad, la equidad, la cultura, la justicia, la democracia y cuantos ideales más puedan ennoblecer a un pueblo, y hacerlo con la firmeza que lo hace ese ejemplo indoblegable que es Cuba, le ha granjeado a los cubanos el cariño de todos los que creemos que es posible construir un mundo distinto al cargado de oprobio que se diseña en Washington.

Nada de raro tiene, entonces, que entre ese abanico inmenso de querendones amigos de la revolución cubana haya quienes tengan suspendida el alma por lo que pueda venir a raíz de los cambios a que obligan las condiciones del presente. Sin embargo, ninguno de ellos da para tanta preocupación. Ni siquiera los que más temor podrían ofrecer, como son el de suspender el 25 por ciento de los cargos de la nómina oficial y el de autorizar a quienes los desempeñan a transitar hacia actividades inspiradas en la iniciativa personal.

Aunque ninguna de estas decisiones implica suspención de los beneficios básicos conquistados en 52 años de socialismo, salvo algunas gratuidades que benefician a quienes no las necesitan, sin duda afectarán a corto plazo la forma de vida de muchos cubanos. Sin embargo, se hacen necesarias para resolver la maligna combinación de los efectos provocados por el bloqueo norteamericano, las graves crisis por las que pasan casi todos los países europeos y los desastres ocasionados por los embravecidos vientos caribeños.

Algunos cubano-norteamericanos, otros cubanos que posan de disidentes en la Isla, pero que son financiados generosamente desde Washington y Miami, y otros no cubanos que han visto en Cuba un peligroso ejemplo para el despertar del continente tienen su esperanza puesta en que las dificultades presentes permitan materializar el viejo sueño de ponerle término al régimen de propiedad social, restablecer el capitalismo, abrir las fronteras a las fuerzas del mercado imperial y revertir todo a las ignominiosas condiciones de cuando los cubanos, además de neocolonia, eran tenidos por pródigos satisfactores de las más lascivas necesidades del turismo gringo.

Son ilusiones vanas, por supuesto, y no deben preocuparnos. Ninguna de las medidas tomadas podrá verse como el principio del fin de un proceso que ha hecho del pueblo cubano uno de los más altamente politizados del mundo y el más amoroso y comprometido con su revolución. Ellos sabrán defenderla; pero podrán cumplir mejor su deber si encuentran entre sus amigos la disposición suficiente para brindarles la solidaridad que requieran; solidaridad que, por cierto, será infinitamente más poca que la que ellos mismos han brindado a nuestros pueblos. A esa solidaridad debemos comprometernos quienes tenemos en el proceso cubano el faro que nos inspira.

Santos y las privatizaciones

Por Rodrigo López Oviedo

Muy desafortunada resulta la decisión del Gobierno de continuar por el camino de las privatizaciones, así el motivo sea el de conseguir los 12 billones de pesos que costará la recuperación de las zonas y poblaciones afectadas por la ola invernal, aunque sería más objetivo decir que afectadas por el abandono en que se ha dejado a la naturaleza para que la explote y degrade el capital privado.

Y vuelve a tocarle el turno a Ecopetrol. Un nuevo 10 por ciento de su patrimonio saldrá a la venta, y con ello se dará un paso más hacia la pérdida de la soberanía energética del país que está representada en esta estratégica empresa.

Abusando de la “viveza” de los colombianos, como sugiriendo que es lo mismo ocho que ochenta, el Gobierno ha dicho que en la operación solo habrá un cambio de activos, pues lo obtenido no se destinará a atender las necesidades de los damnificados, sino exclusivamente a la recuperación de las infraestructuras afectadas por el invernal fenómeno. Podríamos preguntarnos entonces, por vía de ejemplo, cuánto es lo que le produce al Estado cualquiera de las vías con que cuenta el país, incluidas las que están en concesión. Y no es que no se crea importante que exista una malla vial, unos diques y, en general, unas infraestructuras a la altura de las necesidades. Es que, simplemente, nunca hemos tenido infraestructuras a la altura de las necesidades, ni le han reportado al Estado los recursos que sí ha recibido de Ecopetrol.

Ahora bien: ¿No habrá mejor forma de atender esta emergencia que la de quitarle al Estado otra parte de su patrimonio más preciado? ¿Por qué para tan impostergable solución no se acude a los dividendos que obtuvo la Empresa durante los años 2008, 2009 y 2010, que en total sobrepasaron los 32 billones de pesos? ¿Por qué no mirar hacia las utilidades acumuladas de otras entidades, por ejemplo las del Banco de la República, que además tiene un buen saldo de dólares en reserva, los mismos que ha venido comprando para garantizarles a los exportadores unas más altas tasas de ganancia? ¿Porqué no recuperar los siete billones que anualmente quedan en manos de las multinacionales por concepto de exenciones tributarias? ¿Por qué no reducirle siquiera un 20 por ciento al presupuesto de guerra?

La venta de este nuevo paquete accionario debería alertarnos a todos. Lo que Santos está haciendo es utilizar de pretexto la tragedia invernal para continuar en el cumplimiento de los requerimientos de la banca mundial y seguir en los postulados de Estado pequeño que emanan del Consenso de Washington. ¡Ojalá pudiéramos impedirlo!

¿PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA?

Por Rodrigo López Oviedo

Bien pronto han debido comenzar a desvanecerse las esperanzas que encendió el presidente Juan Manuel Santos cuando, en su discurso de posesión, se comprometió a buscar la prosperidad para todos los colombianos. Su reciente decreto de incremento al salario mínimo debió recibirse como una campanada de alerta, si es que ya no se habían percibido las alertas propinadas por otras disposiciones igualmente negativas en su impacto social, como la reforma a la salud y la ley de víctimas, o en su efecto sobre las finanzas de las regiones, como la ley de regalías.

En ese discurso de posesión, al señalar la esencia de su política de Prosperidad Democrática, el presidente Santos anunció llegada la hora en que “los bienes naturales (…) que los colombianos hemos multiplicado con ingenio y sabiduría, no sean el privilegio de unos pocos, sino que estén al alcance de muchas manos”. Visto este incremento, pareciera que el ingenio y la sabiduría no requirieran materializarse a través del trabajo, ni que las manos de los trabajadores merecieran recibir los bienes que él dice estar dispuesto a poner en muchas otras.

Con el incremento de 15 mil pesos mensuales, un trabajador escasamente podrá atender el mayor valor del transporte urbano, previsto en 12 mil pesos mensuales. ¡Ah, ¿qué para atender ese incremento está el mayor valor del subsidio de transporte? Pues entonces agreguémosles a estas cuentas los exiguos dos mil cien pesos en que se incrementó y quedaremos en las mismas!

Esta es solo una evidencia de lo que serán las políticas de “salario y prestaciones justas”, de “bienestar básico, con tranquilidad económica” y de “desafío de la pobreza” a que hizo referencia el Mandatario en su posesión. Las demás muestras las encontraremos, ya como prueba, en su Ley de Formalización Laboral y Primer Empleo, en cuyo contenido vemos claro que lo único que se busca es reforzar las inmejorables condiciones que tienen los verdaderos dueños del país para seguir acumulando capital.

Es hora de repensar el papel de las Centrales Obreras en de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Tal participación ha resultado inveteradamente inocua, pues se asiste a ella a enfrentar, sin mayores posibilidades de éxito, las tradicionales mesquindades de los empresarios, consecuentemente respaldadas por el Gobierno en la férrea defensa del abaratamiento de las nóminas como prerrequisito para la obtención de más altas tasas de plusvalía.

Mientras la presencia de los representantes de las Centrales Obreras en esa Comisión no se acompañe con acciones organizadas de masas, es decir, con la movilización beligerante de los trabajadores en calles y empresas, la concertación no pasará de ser más que un embeleco.

UN MAL BALANCE

Por Rodrigo López Oviedo

El presente año dejó un balance malo para todos, salvo para los dueños del gran capital. La ninguna redistribución del excelente crecimiento económico, y más bien sí su apropiación oligosómnica, hace presagiar que los balances de fin de ejercicio de las grandes empresas quedarán adornados con unas nuevas cifras patrimoniales que colmarán de satisfacción a sus propietarios, así entrañen más concentración de la riqueza, más agudización de los problemas sociales y mayor incentivo para que quienes carecen de todo salgan de su marasmo.

Lo peor es que seguirán abiertos los caminos del enriquecimiento desbordado para unos pocos y el empobrecimiento sin talanquera para los demás. Los que van por la senda ancha lograron imponer un presidente que si bien no tiene el detestable talante de su antecesor, les garantiza el logro de los propósitos que venían cumpliendo desde cuando comenzaron a imponernos sus políticas neoliberales. Con Juan Manuel Santos quedaron aseguradas las estrategias de Estado pequeño, de bajos costos laborales, de bajas tributaciones directas para el capital, de altos impuestos indirectos, de reducciones sistemáticas en la inversión social y de todo lo que implique seguir con el modelo que ha fracasado en el continente.

En los campos de la paz y de los derechos económicos, políticos, sociales y humanos el año pudo no haber sido peor que los anteriores, pero tampoco fue nada mejor. Aunque descendió el número de opositores asesinados, tal número sique siendo alto; y a los sobrevivientes, mientras lo han sido, se les ha sometido a las más apabullantes persecuciones judiciales, lo cual ha obligado a muchos de ellos a sustraerse de sus luchas para poder defenderse y garantizarse la libertad que les permita después continuar en sus compromisos. Piedad Córdoba, Jorge Enrique Robledo, Gloria Inés Ramírez, Carlos Lozano y David Ravelo son solo algunos ejemplos sacados de un largo listado de líderes revolucionarios que han sido sometidos a infames e injustas judicializaciones, e incluso, como en el caso de Ravelo, a privaciones de la libertad.

Los problemas invernales no pudieron ser peores, sin que pueda el Estado ocultar sus culpas, pues detrás de cada gobierno hay una inmensa cuota de incuria que lo hace responsable de la tragedia que viven millones de colombianos.

En fin, son muchas las cosas que pueden decirse de este año, pero todas malas dentro de lo público. Ojalá que el que llega esté acompañado del despertar de los 20 millones de pobres, de los dos millones de desempleados, de los ocho millones de subempleados y de los siete millones de indigentes que tenemos en Colombia, pues solo ellos, unidos a los asalariados, pueden protagonizar los cambios que necesitamos.

SOLIDARIDAD Y VIGILANCIA

Por Rodrigo López Oviedo

Habla muy bien de un país el ver a sus habitantes desplegados en solidaridad. Tal fue el comportamiento del nuestro el pasado fin de semana, cuando tuvo que salir en ayuda de las víctimas de la tragedia invernal, a la cual no hay que buscarle más causas que los continuados abusos cometidos contra el planeta por todos nosotros, pero muy especialmente por las grandes empresas capitalistas, nacionales y extranjeras, que son las mayores emisoras de CO2, las principales alteradoras del ciclo climático y las responsables del efecto invernadero.

La solidaridad financiera superó la cifra de los 15 mil millones de pesos, pero a ella hay que agregar los aportes hechos en otras especies. Tales apoyos solo pueden ser ofrendados por almas muy nobles, sobre todo porque casi todos salieron de hogares en los que hubo de posponerse la satisfacción de necesidades básicas en aras de ser oportunos y generosos en el socorro a los damnificados.

Esa solidaridad no puede ser flor de un día, pues el sufrimiento que la motiva no solo es duro sino también duradero, y salir de él demandará recursos que las víctimas no están en capacidad de sortear por sí solas. Es esta una tarea en cuya realización también deben comprometerse las organizaciones populares, las cuales deben poner a su servicio toda la capacidad física, organizativa y humana de que dispongan y estimular a sus afiliados y amigos para que hagan lo propio, al tiempo que presionan al Estado por prontas, efectivas y definitivas soluciones.

Pero así como esta solidaridad habla muy bien de los colombianos, el que las tragedias presentadas hayan adquirido las magnitudes que hemos visto horrorizados por televisión habla muy mal de nuestros gobiernos. El invierno causante, el más intenso de los últimos 40 años, fue avizorado con suficiente anticipación; pero los gobernantes, que bien pudieron hacer algo para prevenir estas terribles consecuencias, se mantuvieron en la incuria de siempre. Por eso resulta inaudito verlos con la totuma extendida lastimeramente tanto a la caridad de los compatriotas nacionales como a la de los gobiernos y pueblos extranjeros, o deseosos de acudir al expediente de la emergencia económica y social, como lo hizo el presidente Santos al dictar su decreto 4580.

Los colombianos debemos estar prevenidos. Nada tiene de raro que el Gobierno quiera aprovechar la consternación del momento y su decretada emergencia para ampliar el cuatro por mil, extender el IVA a nuevos productos o imponer otros tributos indirectos, supuestamente temporales, pero que a la larga se volverán definitivos en la medida que sirvan para descargarle impuestos al capital. Esta tragedia debe fortalecer nuestra solidaridad, pero también aguzar nuestra vigilancia.

DEBEN ABRIRSE LAS PUERTAS DEL DIÁLOGO

Por Rodrigo López Oviedo

El anuncio de las Farc de liberar a tres uniformados y dos civiles ha colmado de alegria a estos sufridos compatriotas, a sus familias y a los colombianos que verían complacidos que este nuevo ramillete de liberaciones se transformara en una luz de esperanza para el inicio de acercamientos de paz entre esta organización guerrillera y el Gobierno.

Para muchos de estos colombianos pareciera que tal luz hubiera sido reforzada por Juan Manuel Santos. El Presidente recuerda, y quiere evitar para sí, los bochornos sufridos por su antecesor cuando era recibido en los escenarios internacionales con sillas vacías y pancartas contra su gobierno. Por eso ha manifestado tener la mayor disposición a facilitar las cosas para que la ex Senadora Piedad Córdoba pueda cumplir la labor de intermediación solicitada por las FARC y propiciar a los liberados un retorno sin contingencias, eso sí, sin autorizar que su respuesta sea interpretada como un principio de intercambio humanitario.

En esto, el Presidente parece confundir la extrema obsecuencia que los colombianos evidenciamos ante los mandatarios de turno con una supina ignorancia que nos llevaría a confundir lo unilateral de la decisión que las FARC han anunciado con un acuerdo que ellas han buscado con casi siempre poca fortuna entre los mandatarios del pasado, pero con ninguna durante los últimos ocho años, en la mayoría de los cuales el hoy presidente de la República fungió como ministro.

De esa confusión debe salir pronto el Presidente Santos. Pero tan importante como salir de ella es que salga también de los prejuicios heredados de su antecesor respecto de los caminos que debe seguir para lograr al anhelado propósito de la paz, si efectivamente quiere llegar a ella. Él tiene claro que el camino de los fusiles y las botas no dió resultados cuando las entonces futuras FARC-EP eran apenas cuatro decenas de desarmados combatientes, ni los dará ahora cuando esas pocas decenas se han multiplicado por cientos y no propiamente de combatientes desarmados.

Lamentablemente, antes que la paz, lo que el Mandatario anhela es perpetuar la guerra. Así haya dicho en su posesión que las puertas del diálogo no están cerradas con llave, el no querer mostrar una que convenga a esos anhelos, sino otra cargada de claves, de condiciones y de impedimentos, ante la cual no sirve de ganzúa siquiera la decisión de estas nuevas liberaciones, hace infundado ver en la alegría que esta produce el principio de los acuerdos que conduzcan a la erradicación de todo tipo de violencia en las contiendas políticas y a la reconciliación sobre bases de justicia, equidad y bienestar para todos los colombianos.

MANUEL CEPEDA VARGAS: UN CRIMEN DE ESTADO

Por Rodrigo López Oviedo

Cumpliendo con lo dispuesto el pasado 26 de mayo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno nacional publicó la sentencia que profirió tan alto Organismo dentro del proceso seguido contra el Estado colombiano por la muerte de Manuel Cepeda Vargas, quien fue asesinado el 9 de agosto de 1994 cuando fungía como Senador de la República y director y columnista del Semanario Voz.

Tal sentencia, difundida el pasado 28 de noviembre a través de El Espectador, evidencia cuánta razón tenía el Senador al señalar que el genocidio a que estaban siendo sometidos el Partido Comunista y la Unión Patriótica, de los cuales el propio Manuel Cepeda era militante destacado, era el producto de una alianza entre los organismos de seguridad del Estado y el paramilitarismo, urdida con el fin de acabar con la oposición al régimen y preservar los intereses del gran capital.

Esta alianza adquirió características dantescas con la formulación y ejecución de lo que se conoció como “plan golpe de gracia”, el cual sirvió para poner bajo tierra a cinco mil militantes de izquierda, cancelar con broche de sangre los acuerdos de paz de La Uribe y sustraer de la acción política a miles de militantes tibios que prefirieron aplazar sus anhelos de paz y de cambio para tiempos de calma.

Al valorar los hechos, la Corte evidenció que Cepeda fue víctima de una ejecución extrajudicial con la que le castigaron su militancia en la oposición; que existió una estructura organizada que determinó, planificó y llevó a cabo su asesinato; y que en la ejecución participaron por lo menos dos miembros del Ejército Nacional, coordinados por mandos superiores y secundados por paramilitares.

No en vano se les negaba al Senador y demás miembros del Partido Comunista y de la Unión Patriótica la protección que tanto reclamaban ante las persistentes amenazas de que eran objeto. De allí que la sentencia señale que “la ejecución del Senador Cepeda Vargas fue propiciada, o al menos permitida, por el conjunto de abstenciones de varias instituciones y autoridades públicas de adoptar las medidas necesarias para proteger su vida”. En otras palabras, los crímenes cometidos como producto de ese nefasto “plan golpe de gracia”, entre las cuales está el de Manuel Cepeda, fueron crímenes de Estado.

Esta sentencia es un rotundo mentis a la propaganda oficial, que siempre ha negado la participación del Estado en los incontables episodios de muerte con que se nos ha lacerado a los colombianos. Pero es también un triunfo para quienes se dieron a la tarea de recuperar para la historia la imagen de uno de sus más importantes líderes.

LA JUSTICIA BURLADA

Por Rodrigo López Oviedo

Un gamonal venido a más, que ejerció recientemente como presidente de la República, acaba de sorprender al país con unas declaraciones mediante las cuales les insinuó el camino del asilo político a algunos personajes que, sometidos a investigación judicial, podrían ser llamados a responder por sus actos.

Siendo sus más cercanos colaboradores del pasado reciente los beneficiarios de tan sorprendentes declaraciones, estas resultan aún más sorprendentes si tenemos en cuenta que las hizo cuando aún la Fiscalía no les había imputado cargos. Según ellas, la justicia colombiana no está en condiciones de garantizarles un juicio justo a sus fieles escuderos, acusados hoy de padecer de tan extrema obsecuencia con los deseo del mandatario de perpetuarse en el poder que se prestaron a la vergonzosa tarea de desprestigiar y perseguir a quienes opinaran diferente y fueran obstáculo a su pretendida segunda reelección. Así las cosas, según el ex mandatario, no quedaba más camino que tomar las de Villa Diego a través de gobiernos cómplices.

¿Se trataba de una confesión de parte? Válido es pensar que sí. Como jefe directo de los afectados, el dicho personaje tenía que conocer de las culpas que pesaban sobre ellos, así como de las propias, pues a nadie más que a él le convenía valerse de su poder para apartarlos de la observancia del régimen legal, así como hoy le conviene instarlos para que acudan a los burladeros de las embajadas. En tales condiciones, el asilo concedido no solo es una afrenta para la justicia, sino un acto de autodefensa con el que el ex mandatario procura ponerse a salvo de las lenguas que puedan encenderse en los tribunales y chamuscarlo de manera grave.

El país desde hace rato debería estar en pié reclamando respeto para su institución judicial. Desafortunadamente, a la derecha no le conviene que tal institución se active ahora contra sus personeros, sobre los cuales no siempre se ha dejado sentir con todo su peso, a diferencia de lo sucedido a los sectores de oposición, e incluso a los solo independientes del pensamiento oficial, contra quienes casi invariablemente ha procurado alcanzar su mayor aunque torcida eficacia. Eso hace que los reclamos que desde la izquierda deberían hacerse se escuchen hoy pero mañana no, sin que nunca hayan hecho parte de exigencias más imperiosas.

Sin embargo, hoy vale la pena ser más enfáticos en esta defensa; sobre todo después de las experiencias de los últimos años en las cuales vimos a las Cortes salir al amparo de la sociedad y de su Carta Magna, pese a las múltiples agresiones de que fueron objeto por no plegarse a los caprichos del Ejecutivo.

LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE SANTOS

Por Rodrigo López Oviedo

Así como cada año trae su navidad, cada nuevo gobierno viene con sus primeros 100 días. Ha sido tradicional que cumplido tal período, la gestión del mandatario de turno sea sometida al análisis, aun a sabiendas de que en tan escaso tiempo apenas sí logra vislumbrarse el grado de cumplimiento que será valido esperar de lo que fueron las promesas de campaña.

En el caso del gobierno de Juan Manuel Santos, el análisis no se ha podido hacer con la debida severidad, y varios son los factores que lo han impedido. El primero de ellos, y tal vez el más importante, el estado de iliquidez en que lo dejó su amado predecesor, pese a saber este la clase UNO A de escudero que tuvo en Juan Manuel mientras lo acompañó en el Gobierno.

El segundo, la obligación de destinar esfuerzos a remendar con urgencia las relaciones internacionales, y sobre todo las comerciales, con los dos socios más importantes después de Estados Unidos, las cuales fueron rotas en manifestación de los ánimos más belicistas de que tengamos noticia en la historia reciente del país. Pero también a reparar las relaciones con las Cortes, las cuales fueron víctimas de amenazas a su independencia, de persecuciones directas a sus integrantes, de chuzadas y demás vejámenes solo propios de regímenes totalitarios.

El tercero, las ollas podridas que se descubrieron en diversas entidades, incluida alguna adscrita al Ministerio de la Defensa, del cual fue cabeza visible el propio Juan Manuel Santos antes de manifestar su aspiración a la candidatura presidencial por el Partido de la U.

Y la cuarta, sin que la y quiera significar que el listado ha quedado agotado, los graves desastres generados por una naturaleza que parece desquitarse por lo poco que hacemos por preservarla y lo mucho por extinguirla.

Todos estos factores confluyen para hacer que la valoración de los primeros cien días del presidente Santos no pueda hacerse con toda la rigurosidad que fuera de esperarse. Sin embargo, sí puede decirse sin ambages que, más allá de un importante cambio de estilo, que permitió airear un tanto la política nacional, sustrayéndola del espíritu camorrista en el que la tuvo asfixiada durante ocho años el pasado gobierno, no existe ningún indicio que nos señale orientaciones socioeconómicas hacia paradigmas diferentes al mercado, a la apertura, al desarrollo de la confianza inversionista, a la supresión de derechos a los trabajadores y de garantía sociales a los colombianos, al desarrollo a ultranza de la guerra y a tantas otras políticas que nos vienen acercando a las condiciones de vida de nuestros hermanos de Haití.

¡Ojalá que despertemos pronto!

EL RÉGIMEN DE SALUD DEL MAGISTERIO

Por Rodrigo López Oviedo

Con las denuncias del magisterio del pasado jueves, realizadas al calor de la jornada nacional que efectuara en defensa de sus derechos, y particularmente de su régimen especial de salud, ha quedado claro que tampoco es buena la prestación de este servicio a tan respetable gremio. También a los docentes les demoran las remisiones a especialistas; también a ellos les quedan debiendo medicamentos, pues nunca los hay suficientes para atender completamente sus fórmulas; también ellos tienen que deambular por laboratorios y clínicas por falta de centros hospitalarios donde puedan recibir una atención integral; en fin, también a ellos se les procura someter a las condiciones que afectan a los usuarios del servicio regulado por la Ley 100, pese a ser la salud uno de los derechos sobre los cuales nuestra Carta ordena al Estado especial protección y a depender de ella el derecho por excelencia, que es el derecho a la vida.

Sin embargo, no obstante tantas limitaciones, son muchas las ventajas que el magisterio ha logrado preservarle a su régimen especial. Gracias a sus luchas, los prestadores del servicio, al atender las necesidades de los docentes, no pueden formular reparos pretextando, por ejemplo, poca antigüedad del afiliado o preexistencia de la enfermedad con respecto al momento de la afiliación. En este sistema son inaceptables las discriminaciones en la prestación del servicio, y más aún por nivel salarial o clase de vínculo laboral. Este régimen protege al cónyuge y a los hijos menores de 26 años, o a los padres si el docente es soltero. Y en el caso de las parejas, uno puede afiliar a los hijos y otro a los padres que carezcan de seguridad social.

Además de lo anterior, a los docentes no se les cobran los copagos ni las cuotas moderadoras a que fuimos sometidos los demás colombianos so pretexto de reducir la presión que sobre el servicio ejercían muchos trabajadores supuestamente alentados, pero deseosos de calmar sus guayabos en los consultorios médicos. Lo que la experiencia ha demostrado es que la carga siguió igual, pero sí se excluyó del servicio a quienes no pueden sufragar las nuevos pagos.

Con el proyecto de reforma al sistema de salud que presentó la senadora Dilian Francisca Toro, los docentes están ante el grave riesgo de que desaparezcan las ventajas que en este campo aún conservan. La protesta del pasado jueves fue una buena respuesta. Sin embargo, falta más. Y falta, precisamente, sumar esfuerzos con el resto de los colombianos para que, si va a haber nivelación del servicio, esta se haga elevando la calidad del malo, y no acabando con el regular.

LA LEY DE VÍCTIMAS

Por Rodrigo López Oviedo

Con mucha expectativa marcha en el Congreso el proyecto de Ley de Víctimas. Como está redactado, lo que finalmente saldrá será un remedo de Ley que no garantizará reparación ni justicia a sus beneficiarios, y sí un estímulo para nuevas violencias.

El Polo Democrático Alternativo ha sido el único partido en manifestarse opositor al proyecto. No se trata, por supuesto, de una oposición abstracta y estéril. Por el contrario, fiel a sus propósitos, ha señalado objetivamente sus limitaciones para que los derechos de las víctimas resulten finalmente reivindicados. De allí que haya remitido al presidente Santos sus criterios respecto de esas limitaciones y de la forma de corregirlas.

Además de criticar la carencia de consultas a los afectados para que el proyecto pudiera enriquecerse con algunos conceptos que debilitaran cualquier prejuicio en su contra, el Polo ha cuestionado que se confunda lo que es la reparación integral con simples medidas asistencialistas, de las cuales el país quedó saturado luego de ocho años de un mandato que no tuvo mejores argumentos que la limosna pública para mantener su popularidad.

Pero peor que lo anterior es que se haya incluido dentro del texto lo previsto en el proyecto de acto legislativo conocido como Regla Fiscal, que someterá la inversión social a las políticas de equilibrio fiscal establecidas por el Gobierno. La reparación quedará convertida, entonces, en mera expectativa, sin mandamiento imperativo que la haga cumplir.

Muy por el contrario, el Polo exige garantizar la reparación patrimonial integral a las víctimas y asegurar su efectiva asistencia jurídica a través de un Sistema Nacional de Representación Judicial integrado por una Defensoría del Pueblo fortalecida en sus recursos y por una nueva unidad de Policía Judicial de apoyo técnico a la Fiscalía General de la Nación. Esta nueva unidad de Policía Judicial estaría destinada exclusivamente a la persecución de bienes originados en el despojo, con los cuales se incrementarían los recursos del Fondo de Reparación.

Aspectos fundamentales de las propuestas del Polo son los relacionados con la formación de una Comisión de la Verdad que se dedique “al esclarecimiento de las estructuras económicas de los aparatos criminales”, el reforzamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la exigencia al Gobierno nacional para que cumpla su obligación de gestionar la entrega de los bienes de personas extraditadas que hayan sido responsables de violaciones a los derechos humanos.

Con aportes como estos, el Polo pretende hacer de su papel de oposición una acción reivindicativa. Los frutos, sin embargo, solo se verán si refuerza su acción parlamentaria con la presión de masas. Y ello requiere del compromiso de toda la militancia.

¡GRACIAS, LULA! ¡BIENVENIDA, DILMA!

Por Rodrigo López Oviedo

Con la elección de Dilma Rousseff, llegan a su fin los dos períodos presidenciales de Luiz Inacio Lula da Silva, el hombre que ha desempeñado con mejores logros el más alto cargo público que la constitución y el pueblo brasileños pueden permitirle ejercer a un ciudadano de su país: La Presidencia de la República.

A su paso por tan importante dignidad, Lula da Silva, un obrero de los más altísimos quilates, educado en las canteras del mundo sindical, fue capaz de llenar de particularísimas significaciones la historia política brasileña, pero también de coronar con valiosos logros su empeño en restarle protagonismo al gran capital en la toma de las decisiones oficiales, con lo cual pudo llevar al centro de ellas al hombre del común, pero especialmente al que vive del trabajo, y al que había necesidad de transformarle en hechos concretos su teórico derecho al pan, al techo, al médico, al aula, al salario, a la recreación y a la cultura. 28 millones de brasileños que durante su mandato lograron salir de la extrema pobreza son el mejor resumen de todo su esfuerzo y la causa de esas voces agradecidas que hoy lo despiden con el 80 por ciento de favorabilidad entre sus compatriotas.

Pero también fueron muchos sus méritos en política internacional. Para señalarlos basta con el ejemplo del ALCA, gracias a cuyo rechazo, valientemente reforzado por Chávez, nuestra América Latina se salvó de verse reforzada en su condición de colonia del Imperio. Y si al ALCA fracasado han seguido los tratados bilaterales de libre comercio, la responsabilidad recae sobre los mandatarios signatarios, que no a la falta de caminos trazados, como este que sabiamente nos iluminaron los dos dirigentes mencionados.

Para fortuna de los brasileños y de América Latina, el proceso no termina con la entrega del gobierno a Dilma Rousseff. Por el contrario, las expectativas señalan que con ella se consolidará, ya que cuenta con un amplio grado de compromiso popular, como lo demostró a su paso por el gabinete de Lula, dentro del cual brilló con luz propia, pero también durante su particular trayectoria, buena parte de ella vivida en abierta contradicción con los cánones seudodemocráticos establecidos en Brasil, sin excluir largos períodos de vida clandestina y guerrillera, por los cuales tuvo que pagar con tortura y reclusión.

Se trata, entonces, de un relevo presidencial que, por lo que atañe a los protagonistas, deja a salvo el legado de Lula en manos de Dilma Rousseff. Ella sabrá podarlo de las limitaciones que tuvo y reexpresarlo con nuevos contenidos, siempre en bien del sufrido pueblo brasileño y de sus vecinos latinoamericanos y caribeños.

EL POLO Y LOS CARRUSELES DE CONTRATACIÓN

Por Rodrigo López Oviedo

Tal vez muy delicadas resultarán dentro del Polo las consecuencias del escándalo suscitado por Gustavo Petro a raíz de lo que él considera un carrusel de contratación en el Distrito Capital. La primera de ellas puede ser la de severos cuestionamientos al propio Petro por saltarse de nuevo las bardas del Partido y acudir al escándalo público para dirimir sus contradicciones con otros miembros de la colectividad.

Para fortuna del Polo, el propio Alcalde distrital se ha dirigido a todos los órganos competentes para que investiguen su conducta. Él bien sabe que, como ordenador del gasto, le toca administrar con unas normas que favorecen a los contratistas más poderosos, dadas las exigencias de capital y experiencia señaladas en tales normas. Resolver esa aberrante situación requiere de un drástico cambio legislativo que haga más democráticas las posibilidades de contratación con el Estado, al tiempo que invista a la ciudadanía de poderes reales para participar en la definición de las soluciones que se requieren, en la asignación de los recursos necesarios y en el ejercicio de controles para que los dineros no se pierdan.

De seguro, las investigaciones llevarán a la conclusión de que Samuel Moreno simplemente ha sido víctima de unos carteles de la contratación que tienen la sartén por el mango y que en su relación con ellos no ha habido ilicitud alguna. A su vez, tales conclusiones serán la prueba de que el Polo está siendo víctima de una bien urdida trama orientada a obstaculizar los procesos de unidad que desde hace cinco años, próximos a cumplir, se obstina en desarrollar.

Los ciudadanos honestos no podemos caer en estas desorientaciones. Al contrario, debemos aprovechar la ocasión para destacar el gran papel que, desde los diferentes cargos que han estado bajo su desempeño, el Polo ha podido cumplir, especialmente en bien de la educación, la salud, la alimentación, la atención a los desplazados y la solución de los problemas de movilidad, pese a los temporales trancones. Pero particularmente, los militantes debemos insistir en el reclamo de apoyo ciudadano para que podamos ampliar el espectro de tan importantes soluciones a otros campos de la problemática social.

Lo anterior no significa que no debamos estar también actuantes y vigilando lo que ocurra dentro de nuestro partido. Por eso es inaplazable la tarea de desarrollar las conclusiones del II Congreso en lo relacionado con la conformación de los Comités de Base. Solo un partido enraizado en su pueblo puede garantizarse su conversión en opción de poder. Solo un pueblo sólidamente organizado en torno a un partido puede garantizarse que ese poder se ponga a su servicio.

EUROPA SE MOVILIZA

Por Rodrigo López Oviedo

Con inmensa satisfacción entre los sectores obreros de los cinco continentes, los trabajadores europeos han venido librando durante el presente año las más hermosas batallas en defensa de las conquistas sociales y sindicales con que han sido favorecidos luego de duras faenas reivindicativas, y que hoy les pretende arrebatar esa santa alianza que conforman el gran capital, las multinacionales del crédito y los gobiernos lacayos de uno y otras.

Especialmente combativas han sido las movilizaciones en Portugal, Grecia, España y Francia, donde los más diversos destacamentos obreros, incluidos los del transporte y los hidrocarburos, se han visto obligados a combinar las más variadas formas de lucha, desde las movilizaciones callejeras, en las cuales han participado contingentes calculados en más de tres millones y medio de trabajadores, hasta las discusiones directas con los gobiernos y los empleadores, y aún hasta la huelga general, como la que se realiza hoy en Francia.

Lo característico de todas estas luchas, y también lo que las unifica al punto de que ya se hable de resistencias globales al gran capital, es que están originadas en los propósitos oligárquicos de imponer políticas neoliberales a través de las cuales puedan descargar sobre los trabajadores el peso de las crisis a que cíclicamente se ve abocado el capitalismo, elevar las tasas de ganancia y garantizar el pago del servicio de la deuda a las multinacionales del crédito. Por eso, arrecian contra los derechos de los trabajadores e imponen decisiones en procura de disminuir el déficit fiscal, aún a costa de la inversión social.

No es de extrañar, entonces, que esas políticas se manifiesten através de agresivas intentonas orientadas a abaratar el costo de las nóminas públicas y privadas y a reducir la participación de los impuestos directos en la financiación del presupuesto público, mientras se incrementan los indirectos (especialmente el IVA) y el peso de la deuda. Lo que todo esto deja en evidencia es el gran lastre que significan las multinacionales y los entes internacionales de crédito para la soberanía de los pueblos.

Es de destacar la amplia participación de la juventud en las jornadas que se comentan. Tal vez ello obedezca a la dramática combinación de factores representados en la sistemática ampliación del tiempo que separa a cada trabajador de su justo retiro, la incertidumbre de poderlo alcanzar en condiciones dignas y la menor disponibilidad de empleo para los jóvenes que ello entraña. Esto les ha hecho imperiosa la necesidad de vincularse a las luchas que hoy libran sus mayores por preservar sus conquistas. Así lo han entendido los hermanos europeos y poco a poco lo iremos entendiendo en estas tierras de América.

SOLIDARIDADES QUE ESTORBAN

Por Rodrigo López Oviedo

Ante la destitución e inhabilitación por 18 años para el ejercicio de funciones públicas con que la Procuraduría General de la Nación sancionó al ex secretario general de la Presidencia Bernardo Moreno, el ex presidente Álvaro Uribe, con un cinismo que no es de extrañar, le anunció a los colombianos que asume como propia la responsabilidad que pueda corresponderle a este ex funcionario, siempre y cuando lo que haya hecho no sea lo que le mereció tal sanción, sino simplemente el “averiguar al DAS y a la UIAF por las denuncias que medios de comunicación habían formulado sobre posible penetración de presuntos narcotraficantes en asuntos de algunos magistrados”.

Semejante declaración, aplaudida por muchos como una evidencia de la responsabilidad con que el ex mandatario asume sus actos y los de sus colaboradores, en la práctica no es más que una prueba de lo contrario, pues contiene un mensaje de “sálvese quién pueda”, dirigido a quienes fueron sus compañeros de andanzas, con el cual deja en claro que los acompañará solidario…, pero solo hasta el momento en que sus compañías no le impliquen riesgos políticos, jurídicos o personales que vayan más allá de su propio interés. Esto es como decir hasta nunca jamás.

Pero ha dicho también el ex mandatario que si la actuación del doctor Moreno estuvo encasillada dentro de esos exclusivos parámetros de averiguación, se pone a disposición del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia. Tal parece que al doctor Uribe alguien tendrá que recordarle que su disposición para comparecer ante esos organismos no puede estar limitada a lo que según su parecer pueda limitarse, sino que debe ser plena, pues en últimas son ellos los que definen si lo llaman o no, aunque los indicios que hay, especialmente en el Congreso, y particularmente en la Cámara, son los de que tal cosa jamás ocurra, o al menos por ahora, mientras no sientan la presión de la Corte Penal Internacional.

Lo de extrañar es que haya callado sobre el grado de acompañamiento que podría ofrecerles a los ex funcionarios del DAS y de otras dependencias, comprometidos directamente con los casos de las interceptaciones telefónicas y los seguimientos a magistrados, periodistas y personalidades de la oposición. Es de creerse que permanezca en ese mutismo, y hasta mejor para estos señores, pues solidaridades como la demostrada con su amanuense Moreno son un verdadero estorbo.

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A propósito del contrato que firmaron el Partido Verde y Sergio Fajardo para que este fuera fórmula de Muckus, ¿será que aquello de que “Aquí vine porque quise. A mí nada me pagaron” es cierto solo para los militantes de base?

LAS LECCIONES DEL ECUADOR

Por Rodrigo López Oviedo

Numerosas enseñanzas nos deja el intento de golpe de Estado ocurrido en el Ecuador. La primera nos muestra a unas oligarquías dispuestas a no soltar ningún privilegio. Nuestro hermano pueblo, liderado por Rafael Correa, se ha puesto en la tarea de darse una serie de cambios políticos orientados a garantizarse parte de lo que en justicia le pertenece, pero esas oligarquías, como lo hacen las del resto del continente, tratan de impedirlo, siempre con el apoyo estadounidense, y acudiendo incluso a intentonas golpistas como esta.

La segunda enseñanza indica que esas oligarquías viven siempre dispuestas a aprovechar el más mínimo atisbo de inconformidad, justificada o no, para procurar la sublevación de los inconformes contra las fuerzas del cambio.

En el caso ecuatoriano, los policias rebeldes, que no fueron todos, parece que nunca hicieron cuentas de los muchos beneficios alcanzados bajo el actual gobierno, y se dejaron confundir por los sectores más retrogrados de esas oligarquías, las cuales les mostraron como negativa una ley que, antes que perjudicar a las mayorías, las favorecía, así recortara algunos privilegios con los que practicamente solo se beneficiaban algunos sectores minoritarios. Tal ambiente de desconocimiento fue aprovechado por esas oligarquías para convertir a los cuerpos policíales mas confundidos en punta de lanza contra el proceso de cambios, contra la libertad y la vida del Presidente y contra el mismo pueblo al que en teoría deberían defender.

La tercera enseñanza es para los propios gobernantes. Si se tienen propósitos de cambio, estos deben reforzarse con diálogo permanente para que la sociedad comprenda sus alcances, formule sus reparos y defienda lo que deba defenderse. Esto significa mayor democracia. Muy seguramente que si hubiera existido ese diálogo, los rebeldes no habrían sido tantos ni tan graves los traumatismos que produjeron.

Los pueblos deben asimilar estas enseñanzas. Si las oligarquías no están dispuestas a ceder en sus privilegios y viven preparadas para lo que sea con tal de defenderlos, y si parte de su fortaleza está en el desconocimiento popular de los cambios que tienen que impulsar, la respuesta no puede ser otra que la de sobreponerse a ello mediante lo que sería una cuarta enseñanza.

Y esa cuarta enseñanza no es otra que la de fortalecerse en la más sólida organización. Organización que implica democracia en la formulación de sus propósitos, unidad y disposición para defenderlos y educación política para evitar ser pasto de las confusiones que se generan desde los grandes medios. Solo así se ha garantizado la supervivencia de los procesos revolucionarios que se viven en Cuba, Venezuela y Bolivia; y solo así podrá sobrevivir el proceso de nuestro hermano pueblo ecuatoriano.